Pedro Chavez Flores
Expediente 400/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Pedro Chavez Flores
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y atento a su contenido, se le tiene comunicando que tuvo por recibido los autos originales del juicio de amparo 400/2016-1A, promovido por PEDRO CHÁVEZ FLORES, del índice de este órgano jurisdiccional, así como que aceptó la competencia legal declinada y se avocó al conocimiento del citado asunto. CALIFICACIÓN DEL CUADERNILLO Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso PEDRO CHÁVEZ FLORES, mediante el cual cumple con lo solicitado en proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, y manifiesta que al momento de la suspensión de su cargo, se encontraba adscrito como agente de la Policía Estatal Preventiva en la ciudad de Ensenada, Baja California. Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 36, Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de las hipótesis invocadas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Sirve de apoyo a lo anterior, encuentra sustento en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 1265, Tomo XX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse." Ahora, la parte quejosa señala sustancialmente como acto reclamado lo siguiente: La discusión, aprobación, refrendo, publicación y aplicación de los artículos 144 y 150, segundo párrafo, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Todo lo actuado en el expediente IA/190/2014, tramitado ante la autoridad responsable Unidad de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. El acuerdo de inicio de procedimiento de separación definitiva, dictado en el expediente CDP/032/2016, el ocho de junio de dos mil dieciséis, por la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, por medio del cual se ordenó la suspensión preventiva de su cargo como agente de la Policía Estatal Preventiva en Ensenada, Baja California, sin goce de sueldo. De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama el procedimiento que llevó a cabo el departamento de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, el cual dio origen a la investigación administrativa número IA/190/2014, que culminó con el inicio de procedimiento de separación definitiva en contra del quejoso Pedro Chávez Flores, de su cargo como agente de la Policía Estatal Preventiva, adscrito a la ciudad de Ensenada, Baja California. Así como, el acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, por medio del cual se dio inicio al procedimiento de separación definitiva, dictado en el expediente CDP/032/2016, por la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Dicho lo anterior, es claro que las consecuencias jurídicas que derivan del acto de reclamo, tendrán que ser acatadas en el lugar donde la parte quejosa presta sus servicios -Ensenada, Baja California-, pues es ahí en donde se llevó a cabo la suspensión de dicho trabajador, y es donde en su caso, tendrá efectos la separación definitiva de su cargo, si eso llegara a ocurrir. En esas condiciones, y toda vez que en el escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se desempeña como agente de la Policía Estatal Preventiva en Ensenada, Baja California, luego, será en dicha ciudad en la que en su caso, habrán de producirse los efectos y consecuencias de los efectos reclamados. En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla establecida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deben acatarse las consecuencias del acto de reclamo, lo cual, en su caso, tendrá verificativo en la ciudad de Ensenada, Baja California, pues es en dicho lugar laboraba el quejoso, por lo que resulta competente el Juez de Distrito en turno en Ensenada, Baja California. Determinación que respeta el principio de territorialidad que justifica la creación de órganos jurisdiccionales en los diversos circuitos en que se divide la República Mexicana y, por ello, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia y la plena ejecución de sus resoluciones. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 142, parte VIII, del apéndice 1985, Séptima Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." En consecuencia, se declina la competencia a favor de un Juez de Distrito en Turno, con residencia en Ensenada, Baja California, que conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un Órgano Jurisdiccional de esa Entidad que ejerce jurisdicción territorial en el Municipio de Ensenada, Baja California. Por tanto, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí determinado y remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Ensenada, Baja California, a fin de que comunique a éste Juzgado lo que en derecho corresponda, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, sin que sea el caso realizar la notificación en términos de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, toda vez que dicha notificación le corresponde al juez que en su caso le toque conocer del presente sumario, Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia registrada bajo el número 1002874, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ochocientos noventa y siete, Tomo: II, Séptima Época, cuyo rubro dice: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
- Principal
SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS, FIJADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA , DEL CONTENIDO DEL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que formula PEDRO CHÁVEZ FLORES, fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 400/2016-1A. PREVENCIÓN Ahora bien, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado y mediante notificación personal que al efecto se le haga a la parte promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare la demanda en los términos que a continuación se detallan: Exhiba diez copias más de su escrito inicial de demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que no exhibió copia alguna, pero son necesarias siete para las autoridades responsables, y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en Materia de Amparo, a quienes debe correrse traslado con copia de la demanda, además de dos copias más para la formación del incidente de suspensión; por lo que, el promovente omitió anexar diez copias más de su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, cuyo rubro dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Manifieste bajo protesta de decir verdad, cual es la ciudad en la que se encuentra adscrito como Agente de la Policía Estatal Preventiva. Lo anterior es así, toda vez que del punto número cuatro de los antecedentes del acto reclamado, precisado en el escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa tiene su domicilio particular en la ciudad de Ensenada, Baja California. En el entendido, que deberá exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con todo lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos de la primera parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Raphael Galván Araiza; y únicamente en términos de la segunda parte, del párrafo segundo del numeral en cita, a José Martín Aguilar Ojeda, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. Por lo que hace a su diversa petición, concretamente, que se autorice el uso de medios digitales a fin de reproducir electrónicamente las actuaciones llevadas a cabo en el presente juicio constitucional, dígasele que se le autoriza el uso de dicho aparato electrónico, previo aviso de las actuaciones a reproducir ante la secretaría correspondiente SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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