Pedro Chavez Blanco.
Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Chavez Blanco.
Actuaciones
- Principal
MESA X.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese. JRL
- Principal
MESA X.- Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, contra actos de Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1120/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia reclama de las autoridades responsables el siguiente acto: La omisión de dictar acuerdo respecto a la solicitud de pensión por cesantía y edad avanzada de nueve de marzo de dos mil veintitrés. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". [...] En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la Ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes, en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí, que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo por autorizado para tales efectos a las personas que señala. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permitan al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS AUTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. [...] AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL. Se tienen como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales con el mismo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA [...] Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la Ley de la Materia. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE.- Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, contra actos de Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1120/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia reclama de las autoridades responsables el siguiente acto: La omisión de dictar acuerdo respecto a la solicitud de pensión por cesantía y edad avanzada de nueve de marzo de dos mil veintitrés. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". [...] En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la Ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes, en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí, que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo por autorizado para tales efectos a las personas que señala. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permitan al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS AUTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. [...] AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL. Se tienen como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales con el mismo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA [...] Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la Ley de la Materia. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes
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