Pedro César Torres Sánchez
Expediente 607/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Pedro César Torres Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; en atención a su contenido, gírese atento oficio con inserto del proveído de cinco de octubre del presente año, a través del cual se desechó la demanda que dio origen al presente asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que exhibió. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón de cuenta, de la que se advierte que al diligenciario adscrito a este juzgado no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de cinco del mes y año en curso, por los motivos que asentó; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, notifíquesele dicho auto, y los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista autorizada que se publique a primera hora de despacho, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, CON ESTA FECHA, SE NOTIICA POR MEDIO DE LISTA A LA parte quejosa el proveído de cinco del mes y año en curso, el cual en lo conducente dice:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el escrito original de la demanda de amparo promovida por Pedro César Torres Sánchez, contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del citado juicio; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 607/2020-VIII. De igual forma, mediante diversa comunicación oficial 508/2020, suscrita por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Federal de referencia, se remitió testimonio de la ejecutoria de once de junio del presente año, dictada en el amparo directo 12/2020, así como seis tomos del expediente 06/2016, asimismo, como se dijo, a través del oficio de cuenta, se remite el original de la demanda, Acúsese el recibo de estilo correspondiente; Ahora bien, una vez analizada integralmente la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo debe ser desechada, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución emitida en el toca penal 578/2019 de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por la que se declaró improcedente el recurso de denegada apelación y, derivado de lo anterior. Determinación que le fue notificada por conducto de su defensor, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. En ese contexto, se arriba a la conclusión que la demanda deviene improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover el juicio de amparo respectivo. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. En ese sentido, la parte promovente reclama de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la resolución dictada el diecinueve de octubre del año actual, dentro del toca penal número 578/2019, en la que se se declaró improcedente el recurso de denegada apelación. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable, así como de la certificación que obra en la parte final de la demanda, se advierte que la determinación impugnada fue notificada desde el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, habiendo presentada la demanda hasta el dieciséis de diciembre del mismo año. En ese sentido, es de recordarse que el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales del Estado aplicable, determina que los términos son improrrogables y empezarán a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación. Así, se pone de manifiesto que a la parte promovente le fue notificado el acto que por esta vía se combate, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, surtiendo sus efectos en dicha data. Por su parte, la demanda de amparo que ahora nos ocupa fue presentada hasta el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; como consecuencia, es válido concluir que el plazo de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado transcurrió sin que el quejoso elevara oportunamente su reclamo, al haber fenecido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. En efecto, si el plazo correspondiente comenzó a computarse el treinta de octubre del año próximo pasado, se tiene que los quince días hábiles para promover la demanda, concluyeron el veinticinco de noviembre del mismo año, sin contar los días treinta y uno de octubre, uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinte, todos de noviembre de dos mil diecinueve, al haber sido inhábiles. No se soslaya, que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que su defensor recibió las copias de la determinación; sin embargo, aun tomando en consideración esa fecha, al haberse presentado la demanda de amparo el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, también es patente que transcurrieron más de quince días y, por ende, fue consentido dicho acto. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia, a María Guadalupe Juárez Romero y Daniel Alberto Solís Cabrero, quienes tienen su cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a José Mizael Álvarez Ojeda, por así haberlo solicitado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente".
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el escrito original de la demanda de amparo promovida por Pedro César Torres Sánchez, contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del citado juicio; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 607/2020-VIII. De igual forma, mediante diversa comunicación oficial 508/2020, suscrita por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Federal de referencia, se remitió testimonio de la ejecutoria de once de junio del presente año, dictada en el amparo directo 12/2020, así como seis tomos del expediente 06/2016, asimismo, como se dijo, a través del oficio de cuenta, se remite el original de la demanda, Acúsese el recibo de estilo correspondiente; Ahora bien, una vez analizada integralmente la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo debe ser desechada, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución emitida en el toca penal 578/2019 de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por la que se declaró improcedente el recurso de denegada apelación y, derivado de lo anterior. Determinación que le fue notificada por conducto de su defensor, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. En ese contexto, se arriba a la conclusión que la demanda deviene improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover el juicio de amparo respectivo. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. En ese sentido, la parte promovente reclama de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la resolución dictada el diecinueve de octubre del año actual, dentro del toca penal número 578/2019, en la que se se declaró improcedente el recurso de denegada apelación. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable, así como de la certificación que obra en la parte final de la demanda, se advierte que la determinación impugnada fue notificada desde el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, habiendo presentada la demanda hasta el dieciséis de diciembre del mismo año. En ese sentido, es de recordarse que el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales del Estado aplicable, determina que los términos son improrrogables y empezarán a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación. Así, se pone de manifiesto que a la parte promovente le fue notificado el acto que por esta vía se combate, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, surtiendo sus efectos en dicha data. Por su parte, la demanda de amparo que ahora nos ocupa fue presentada hasta el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; como consecuencia, es válido concluir que el plazo de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado transcurrió sin que el quejoso elevara oportunamente su reclamo, al haber fenecido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. En efecto, si el plazo correspondiente comenzó a computarse el treinta de octubre del año próximo pasado, se tiene que los quince días hábiles para promover la demanda, concluyeron el veinticinco de noviembre del mismo año, sin contar los días treinta y uno de octubre, uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veinte, todos de noviembre de dos mil diecinueve, al haber sido inhábiles. No se soslaya, que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que su defensor recibió las copias de la determinación; sin embargo, aun tomando en consideración esa fecha, al haberse presentado la demanda de amparo el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, también es patente que transcurrieron más de quince días y, por ende, fue consentido dicho acto. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia, a María Guadalupe Juárez Romero y Daniel Alberto Solís Cabrero, quienes tienen su cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a José Mizael Álvarez Ojeda, por así haberlo solicitado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.
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