Pedro Cazares Loza

Expediente 1075/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1075/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Pedro Cazares Loza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1075/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1075/2018-IV-B, promovido por PEDRO CAZARES LOZA, por conducto de su apoderado legal Óscar Núñez Bahena; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este Juzgado, PEDRO CAZARES LOZA por conducto de su apoderado legal Óscar Núñez Bahena, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos (foja 2 a 11). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cinco de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados (fojas 16 a 19). Los terceros interesados Instituto Mexicano del Seguro Social y Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, quedaron emplazados por medio de oficio, el seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 24 y 25). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, este es el acto reclamado: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de dictar las resoluciones incidentales de sustitución procesal y de competencia, en el juicio laboral 772/2008. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (foja 40). Además, remitió copia de la diligencia de catorce de agosto de dos mil dieciocho, de la que se advierte que continúa la omisión de la autoridad de dictar las resoluciones incidentales de sustitución procesal y de competencia en el juicio laboral 772/2008, ya que en dicha diligencia la responsable declaró su imposibilidad para emitir las mismas, al no haberse encontrado constancia alguna del expediente. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. El suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 77, del propio ordenamiento, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo será improcedente, cuando como en el caso, se combate un acto con efectos negativos u omisiones y la sentencia que se llegase a dictar carecería de efectos para materializar su concesión, pues no se podría obligar a la responsable a respetar el derecho que se dijo violado; sobre la base que la tramitación de un juicio de amparo por disposición de ley, debe tener una finalidad práctica y no meramente especulativa. La figura de la improcedencia constituye un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo. En esa virtud, el juzgador se encuentra facultado para analizar si los efectos de una eventual concesión de la protección de la Justicia Federal pueden ejecutarse, a fin de restituir a la parte quejosa en el derecho que aduce transgredido. Así, constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable. Al respecto, el Juzgador de Amparo debe analizar los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurriría cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77, de ese mismo ordenamiento, en tanto que la hipotética decisión de inconstitucionalidad ocasionaría que se estudiaran cuestiones que no forman parte de la litis del juicio, situación que provocaría transgresión a los principios que rigen el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. En el caso, la persona quejosa combate la omisión de dictar las resoluciones incidentales de sustitución procesal y de competencia, actos de los que la propia autoridad responsable aceptó la omisión. Asimismo, la Junta responsable remitió copia certificada del acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el que certificó que después de efectuar una búsqueda minuciosa, no se encontró el expediente solicitado, por tanto fijó las diez horas del quince de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental de reposición de autos. En el caso, la improcedencia se actualiza al reclamarse la omisión de dictar las resoluciones incidentales de sustitución procesal y de competencia, en tanto que ante una eventual concesión del amparo, sería jurídicamente imposible materializar una restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de su emisión, porque implicaría la variación de la litis en el presente asunto, contrariando lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ello, porque para obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate, los efectos se extenderían a un acto que no fue reclamado, como lo es conceder el amparo para que la responsable resuelva el incidente de reposición de autos, para que estuviera en posibilidad de dictar las resoluciones incidentales de sustitución procesal y de competencia, sin embargo, dichos efectos variarían la litis del juicio constitucional, lo que no se encuentra permitido, ni aún en el caso de suplencia de la queja. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: LXXXII/90, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, octava Época, página 194, de texto y rubro siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PERMITE EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, VARIAR LA LITIS CONSTITUCIONAL." Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, ambos de la Ley de Amparo; se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la misma ley. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por PEDRO CAZARES LOZA, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. AVMM

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad señalada como responsable, por auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, para rendir su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo para dar tiempo a la recepción del mismo, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

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