Pedro Castillo Meza

Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
356/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Pedro Castillo Meza
  • Miguel Castillo Meza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de quince de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el expediente 701/2017, que acompañó a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto sí obran documentos originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la notificación de este acuerdo, serán destruidos con el expediente, conforme al artículo 21, segundo párrafo, del Acuerdo General en mención. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y seis minutos del quince de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 356/2022-VI, promovido por Pedro Castillo Meza, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo Meza; auto admisorio de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados Socorro Castillo Meza, Miguel Castillo Meza y José Rosalio Pérez Galindo, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su demanda de amparo, consistente en el original del contrato privado de compraventa de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, celebrado entre Ma. Magdalena Castillo Meza (vendedora) y Pedro Castillo Meza (comprador); con las exhibidas por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, consistente en los autos del expediente 701/2017, y con las ofrecidas por el tercero interesado José Rosalio Pérez Galindo, en su escrito registrado con el número 10558, consistentes la instrumental de actuaciones y al documental pública relativa al expediente 701/2017, antes referido. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con el escrito del tercero interesado José Rosalio Pérez Galindo, por medio del cual formula alegatos, y también se hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por vertidos los alegatos que formula el tercero interesado y al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce electrónicamente los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 356/2022-VI, promovido por Pedro Castillo Meza, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otras autoridades; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, Pedro Castillo Meza, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables: Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Secretaria de Acuerdos Par del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Secretaria de Acuerdos Non del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Diligenciaria Par del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Diligenciaria Non del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Acto reclamado. La falta de emplazamiento al expediente 701/2017, radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y la ejecución de la sentencia ahí dictada, consistente en la entrega material del predio denominado "Tecoxocotitla", ubicado en el barrio Alto, en Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala. Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios en perjuicio de su apoderada de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, quienes lo rindió con anticipación a la audiencia constitucional; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a juicio a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado, son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. El Secretarios Par y la Diligenciaria Par del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc al rendir sus informes con justificación negaron el acto reclamado; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, por lo que se tiene por inexistente. En consecuencia, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamado a las autoridades antes referidas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez, la Secretaria Non y la Diligenciaria Non, todos del del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, formularon manifestaciones que evidencian su certeza, debido a que reconocieron que el quejoso no fue emplazado al juicio de origen. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas junto con el informe justificado, consistentes en los autos originales del expediente 701/2017, relativo al juicio ordinario reivindicatorio, promovido por José Rosalio Pérez Galindo, en contra de Refugio Castillo Grande, Socorro Castillo Meza y Miguel Castillo Meza; y en vía de reconvención, juicio de usucapión promovido por Refugio Castillo Grande, Socorro Castillo Meza y Miguel Castillo Meza, en contra de José Rosalio Pérez Galindo y de quien se crea con derecho; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. CUARTO. Causa de improcedencia fundada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Parte quejosa carece de interés jurídico. De oficio este Juzgado de Distrito observa que el juicio de amparo es improcedente en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, por lo que se estima que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 de la Ley de Amparo , el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Así, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emita, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Esto es, tratándose del interés jurídico, debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditar: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad . Es menester precisar que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; es decir, debe demostrar su interés jurídico. En el caso en particular es necesario recordar que la parte quejosa aduce que los actos reclamados afectan su interés jurídico en virtud de que la orden de entrega material del predio denominado "Tecoxocotitla", ubicado en el barrio Alto, en Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, emitida en el expediente 701/2017 del índice del del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, le produce una afectación irreparable en virtud de que es propietario de dicho inmueble desde el diecisiete de junio de dos mil diecinueve; para lo cual exhibe el original de un contrato privado de compraventa de la citada fecha. Al respecto debe precisarse que el expediente de origen -relativo al juicio ordinario reivindicatorio, promovido por José Rosalio Pérez Galindo, en contra de Refugio Castillo Grande, Socorro Castillo Meza y Miguel Castillo Meza; y en vía de reconvención, juicio de usucapión promovido por Refugio Castillo Grande, Socorro Castillo Meza y Miguel Castillo Meza, en contra de José Rosalio Pérez Galindo y de quien se crea con derecho- se encuentra en etapa de ejecución, dado que mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se condenó a Refugio Castillo Grande, Socorro Castillo Meza y Miguel Castillo Meza, a la reivindicación y entrega material del predio denominado "Tecoxocotitla", ubicado en el barrio Alto, en Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala. De lo que se sigue que el quejoso Pedro Castillo Meza, no figura como parte en el juicio. En efecto, la parte quejosa manifiesta en su demanda de amparo que es tercero extraño al juicio y aduce poseer el inmueble cuya entrega material se ordenó en dicho juicio. En este sentido es aplicable la jurisprudencia 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo VII, de enero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En la especie, el inconforme reclamó la afectación al derecho de posesión del predio denominado "Tecoxocotitla", ubicado en el barrio Alto, en Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, que dijo ocupar en calidad de propietario, con motivo de la orden de entrega material dictada en el expediente de origen. Por ello, su interés jurídico se constriñe al derecho sustantivo de posesión en relación con el bien raíz de mérito. Sin embargo, la posesión protegida por los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna no es la simple detentación material, sino que ésta debe reconocer un origen, es decir, es menester que exista un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho, de manera que el quejoso tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; la cual es conocida en doctrina como "causa possessionis", la posesión se divide en derivada si, por su propia naturaleza jurídica, es susceptible de generar para quien desempeña dicho poder fáctico, cualquier derecho normalmente atribuible a la propiedad, excluyendo el que estriba en la disposición de la cosa, u originaria si, por su misma índole, imputa al que ejercita el poder de hecho, además del derecho de usar y de disfrutar del bien de que se trate, la facultad de disponer de él. Así lo señala la tesis jurisprudencial número 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control constitucional sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Con el objeto de acreditar la posesión que como propietario dijo tener el quejoso sobre el inmueble identificado previamente, ofreció el original del contrato privado de compraventa de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, celebrado entre Ma. Magdalena Castillo Meza (vendedora) y Pedro Castillo Meza (comprador). Empero, este medio de convicción es insuficiente para demostrar el derecho de posesión en comento y, por ende, el interés jurídico del quejoso para acudir al juicio constitucional en defensa de sus derechos, en virtud de no es de fecha cierta. En efecto, en determinados casos existe una sola diferencia entre la eficacia probatoria del instrumento público y de la escritura privada, esta es: la que atañe a la fecha. En el instrumento público, la fecha debe reputarse verdadera mientras no haya una objeción de falsedad que se acredite debidamente, puesto que la fijación de la fecha es obra exclusiva de un funcionario público. Sin embargo, la escritura privada es obra de las partes, las que incluso pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior a la verdadera, y por ello, no puede tener la misma eficacia probatoria. Por lo que hace la posibilidad demostrativa de la fecha en un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se acredite su falsedad. En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Así lo establece la tesis de la Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja quinientos sesenta y uno, tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS, CASOS EN QUE ES NECESARIA LA. En determinados casos existe una sola diferencia entre la eficacia probatoria del instrumento público y de la escritura privada: la concerniente a la fecha. En el instrumento público la fecha debe reputarse verdadera, mientras no haya una objeción de falsedad que se acredite debidamente, puesto que la fijación de la fecha es obra exclusiva de un funcionario público; pero en la escritura privada es obra de las partes, las que incluso pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior a la verdadera, y por lo mismo no puede hacer igualmente fe. Al respecto, por lo que hace la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad. En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Entre esos terceros quedan comprendidos los causahabientes que en virtud de la escritura de fecha anterior a su adquisición de un derecho real o equiparado al real, resentirían un perjuicio, y que por ende, están interesados en pretender la certeza de la fecha; así como los acreedores quirografarios, dado que ejercitan un derecho propio, como sucede cuando impugnan un acto realizado en fraude de sus derechos, lo que se confirma por el hecho de que cuatro de los precedentes que conforman la jurisprudencia número 131 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, de 1917-1985, visible en la página 379, con el RUBRO: " DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS", se dictaron en un procedimiento de tercería excluyente de dominio." En esa tesitura, para que un documento privado pueda reputarse de fecha cierta y, en consecuencia, goce de valor probatorio pleno, es menester que: 1. Se presente a un registro público; 2. Se presente ante un funcionario público en razón de su oficio; o, 3. Muera cualquiera de sus firmantes. Es aplicable al respecto la jurisprudencia VI.2o. J/115, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 95, tomo VII, abril de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Lo expuesto con el caso sujeto a estudio, permite establecer que el contrato privado de compraventa ofrecido por la parte accionante para acreditar el derecho de posesión derivada del inmueble que defiende, en calidad de propietario es un documento privado y no existe constancia alguna que demuestre que haya sido inscrito en el Registro Público, ratificado ante un funcionario investido de fe pública, o que uno de sus firmantes haya fallecido, por tanto, carecen de fecha cierta y, consecuentemente, de valor probatorio. Cobra aplicación en este punto, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Consecuentemente, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causa de improcedencia que establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Finalmente, no es óbice a la conclusión alcanzada el hecho de que el tercero interesado Refugio Castillo Grande haya fallecido y no se haya logrado emplazar a quien legamente represente la sucesión a bienes de la citada persona; esto, en virtud de que el sentido del fallo ningún perjuicio le ocasiona, en la medida que el sobreseimiento decretado en el juicio de ninguna manera le afecta en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. V/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Pedro Castillo Meza, por propio derecho, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el segundo y cuarto considerandos de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando del presente fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de ********************, en su carácter de tercero interesado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tienen por anunciadas y admitidas las pruebas documentales que mencionan en su escrito de cuenta; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de hacer relación de los mismos, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que transcurre el término concedido al quejoso Pedro Castillo Meza en auto de diecisiete de mayo del año en curso, por el cual se le previno para que ampliara su demanda de amparo; dado que quedó notificado de dicho proveído el dieciocho de mayo siguiente. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

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