PEDRO CASTILLO CHÁVEZ y Otros.

Expediente 1017/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1017/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • PEDRO CASTILLO CHÁVEZ y Otros.
  • BEATRÍZ TOLEDO MARTÍNEZ y Otros.
  • FILIBERTO RODRÍGUEZ PIZARRO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio 1502, enviado vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Culiacán, al que anexa copia certificada de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de quince de febrero de dos mil veintitrés, en la queja 6/2023, de la que se desprende: ÚNICO. Es improcedente por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por Enrique Velarde Moreno, defensor particular de los accionantes Beatriz Toledo Martínez, Filiberto Rodríguez Pizarro y Pedro Castillo Chávez. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, acúsese recibo al tribunal colegiado oficiante y, en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías, determinación que fue confirmada por el tribunal de alzada antes referido.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por el defensor particular de los quejosos a través del cual en vía de aclaración precisa la fecha correcta del recurso de queja interpuesto el doce de los corrientes, en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, y en razón de que el libelo de queja del que se dio noticia así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este sumario fueron remitidas al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito en turno, para la substanciación del anotado medio de defensa; en consecuencia, se ordena remitir el ocurso que se provee a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del referido Circuito, de esta ciudad, a fin de que por su conducto sea remitido a aquél que correspondió su conocimiento, dejando copia del mismo en autos para que obre como corresponda; lo anterior, en virtud de que hasta el momento no se cuenta con dicha información.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por ********************, defensor particular de ********************y********************, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, y manifiesta que la etapa procesal en la que se encuentra la causa penal ********************, es la etapa intermedia. IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, numeral cuyo tenor literal es el siguiente: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO Sentado lo anterior, procede poner ahora en relieve la causa de inejercitabilidad que se estima actualizada, a saber, la prevista en los artículos 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos a contrario sensu, cuyo tenor literal es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...). Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (Énfasis añadido) Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento la afectación producida por la responsable debe afectar los derechos sustantivos de la quejosa y no así los procesales. Asimismo, es oportuno citar el criterio sustentado en la tesis 2a. L/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1069, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. Bajo esas premisas, una determinación emitida dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales. Ahora bien, es menester tener presente lo establecido en los artículos 211, 321 a 324 y 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente. Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. De los dispositivos transcritos, se obtiene que: a) La etapa de investigación comprende las fases inicial y la complementaria, cuya finalidad es que el fiscal investigador, el indiciado y el ofendido, de ser el caso, aporten los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos, hasta el cierre de la investigación. b) En la fase de investigación complementaria, se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación. Es decir, el Ministerio Público continuará realizando actos de investigación para lograr una preparación integral del caso. c) Al final del plazo de investigación complementaria, el Fiscal podrá hacer tres cosas: solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formular acusación. d) La etapa intermedia o de preparación del juicio, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En la especie, de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario y sus anexos, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez responsable en la que negó la reapertura a la investigación dentro de la causa penal ********************. Así también de los antecedentes del acto reclamado, así como del escrito de cuenta, se advierte que en el proceso penal de origen, dentro de la etapa intermedia su defensor solicitó la reapertura de la investigación, lo cual fue negada por el jurisdiscente natural. Todo lo anterior revela, en principio, que los actos que reclama no transgreden ningún derecho sustantivo de los impetrantes, sino que se trata de cuestiones meramente procesales respecto de las cuales no procede el juicio de amparo, al tratarse de un medio de control constitucional extraordinario, que no puede sujetarse a cuestiones de la expresada naturaleza. Ello es así, si se tiene en cuenta que el juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria, el cual no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, sin menoscabo de que pueda agotarse dicha investigación antes de su vencimiento. Y, en la eventualidad de que sea negada la prórroga de referencia o la reapertura de la investigación, como en el caso acontece, en la etapa intermedia, el quejoso podrá ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para su defensa. Por consiguiente, además de que la violación que pretende revelar los quejosos es adjetiva y no así sustantiva, adverso a lo que sostiene, cuenta con distintos momentos procesales para ofrecer los medios de convicción que estime conducentes ante el juez competente. Y es por ello, como se adelantó, que la determinación objeto de reclamo no produce una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, por consiguiente, la demanda de amparo debe desecharse. DESECHAMIENTO. En esa tesitura, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo." Hágase la aclaración a los peticionarios de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, dígasele a la parte quejosa, que el presente auto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que éste cause estado, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que se publique sin supresión de datos.

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