Pedro Castañeda Martínez

Expediente 349/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
349/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2016

Partes del expediente

  • Pedro Castañeda Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 39 a 41). 2. Resolución que causo ejecutoria el treinta de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el cual en esa fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector al Director del Centro Preventivo de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192, 258 y 267 de la Ley de Amparo (fojas 47 a 49). Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos Pedro y Gabriel ambos de apellidos Castañeda Martínez, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la orden por medio de la cual ordenó y/o ejecutó tratos crueles e inhumanos y aislamiento en contra de los quejosos; y, 2. En el caso de considerar necesaria una medida disciplinaria sobre los amparistas, emita una nueva determinación, que deberá constar por escrito y debidamente fundada y motivada, en la cual prescinda de imponer algún acto prohibido por el artículo 22 de la Carta Magna. [.] En ese tenor, a través de las misivas sin número, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México y anexos, comunicó que los quejosos de que se trata, no han sido objeto de tratos crueles e inhumanos, ni de aislamiento o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional; hecho que corroboró con los escritos de Pedro y Gabriel, ambos de apellidos Castañeda Martínez, quienes se pronunciaron en ese sentido; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia, habida cuenta que hasta el día de la fecha no han realizado pronunciamiento alguno en contrario. Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la autoridad responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en el párrafo que antecede la autoridad responsable comunicó que los quejosos de que se trata, no han sido objeto de tratos crueles e inhumanos, ni de aislamiento o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional; lo que así se corroboró con los escritos de Pedro y Gabriel, ambos de apellidos Castañeda Martínez. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dictó la resolución correspondiente en la cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad con el punto decimoséptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Director del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de ** de mayo del año en curso, relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remite las constancias que refiere acreditan el cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, así como, para que dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizó la responsable al fallo protector; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por éstas en su oportunidad.

  3. Principal

    SE RESUELVE EL PRESENTE ASUNTO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A PEDRO Y GABRIEL, AMBOS DE APELLIDOS CASTAÑEDA MARTÍNEZ.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos las constancias de notificación realizadas a los impetrantes de amparo el doce de los cursantes, de las cuales se advierte que los quejosos Pedro y Gabriel de apellidos Castañeda Martínez, manifestaron de manera coincidente: "Ratifico la demanda" Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento realizado mediante proveído de once de los presentes y se deja sin efectos el apercibimiento con que había sido conminado en dicho auto. DESECHAMIENTO PARCIAL. Por otra parte, visto el escrito de demanda de amparo que promueven Pedro y Gabriel ambos de apellidos Castañeda Martínez, contra actos del Director del Centro Preventivo de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. Ahora, el juicio de amparo indirecto que se intenta resulta improcedente por cuanto hace al acto reclamado consistente en orden de traslado y su ejecución, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla. Resulta un hecho notorio para el suscrito, que ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, a las diecinueve horas con siete minutos del once del mes y año en curso, remitida a este órgano jurisdiccional en esa data, los quejosos Pedro y Gabriel de apellidos Castañeda Martínez, promovieron demanda contra actos del Secretario General de Gobierno de la República Mexicana y otras autoridades, que los hicieron consistir en la orden de trasladado del centro de readaptación social en el que se encuentra a uno diverso asunto que por razón de turno le correspondió conocer a este órgano de control constitucional, radicándose con el número 352/2016. Del análisis de dicho sumario, se aprecia que por auto de once de los cursantes se ordenó su admisión, se requirió de la responsable su informe justificado, se le dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público adscrito, se fijó hora y fecha para audiencia constitucional. Circunstancias todas que se corroboran como ya se dijo, al tener a la vista el juicio de amparo indirecto en comento, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que estatuyen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A continuación, se transcribe el texto de los apartados relativos a la autoridad responsable y acto reclamado, que en el juicio de amparo 352/2016, de este índice, señalaron los quejosos Pedro y Gabriel de apellidos Castañeda Martínez, por propio derecho: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Señalamos como AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: A) C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, B) C. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, C) C. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, D) C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; E) SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL; b) Señalamos como AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS; A) C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO... B) COMANDANTE DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO IV. ACTO RECLAMADO. A) De las autoridades señaladas como RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS; RECLAMAMOS: LA ORDEN DADA POR LAS RESPONSABLES ORDENADORAS EN EL SENTIDO DE TRASLADARNOS DEL PENAL EN EL QUE ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS RECLUIDOS QUE LO ES EL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO" EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; A DIVERSO CEFERESO; SIN EXISTIR CAUSA LEGAL FUNDAMENTADA Y MOTIVADA QUE JUSTIFIQUE EL CITADO MANDATO; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDE DAR LA RESPONSABLE EJECUTORA DEL ACTO RECLAMADO PARA TRASLADARNOS COMO LO HEMOS CITADO; ACTO DEL CUAL RECLAMAMOS SU CUMPLIMIENTO Y SU POSIBLE EJECUCIÓN. Igualmente, resulta preciso transcribir los referidos capítulos, apuntados por los solicitantes del amparo en el escrito de cuenta: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA: 1. Director del Centro Preventivo de reinserción Social Santiaguito, en Almoloya Estado de México. IV.- ACTO RECLAMADO: A) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, RECLAMO: 1). Los tratos crueles e inhumanos, de que puedan ser objeto mis defensas, así como el posible aislamiento y/o orden de traslado, pues con tal orden vulneran flagrantemente mis Derechos Fundamentales y Humanos, contendidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se colige que existe identidad de demandas de amparo, pues tanto la de cuenta, como la que dio origen al diverso sumario 352/2016, fueron promovidas por las mismas personas, en contra de la misma autoridad responsable y el acto reclamado. Así las cosas, y dado que la petición de cuenta se presenta contra un acto que es materia de otro juicio de amparo (que se encuentra en trámite), promovido por los mismos quejosos, en contra de idéntica autoridad, es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción X, de la ley de la materia que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Por las consideraciones expuestas, atento a lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha parcialmente la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución por ser notoriamente improcedente. Sirve de apoyo el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, del rubro: DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ÉSTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. (Número XI.2o.8 K, página 817, Tomo III, Junio de 1996, 9ª Época, S. J. F. y su Gaceta) ADMISIÓN. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo que promueve Pedro y Gabriel de apellidos Castañeda Martínez, contra actos del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya Estado de México, que los hace consistir en los tratos crueles e inhumanos, el posible aislamiento y/o orden de traslado y su ejecución, dictada en su contra por considerarla violatoria de los artículos 1, 8, 14, 16, 18, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con fundamento en los artículos 1o, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, por cuanto hace a los tratos crueles e inhumanos y el posible aislamiento. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitar el incidente respectivo toda vez que los actos por los cuales se admite el presente juicio fueron materia de la suspensión de plano. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las once horas con cincuenta minutos del once de abril de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el dispositivo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con el artículo 5o, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante notificación personal, con copia autorizada del escrito de demanda y del presente proveído. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; asimismo, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberán remitir copia certificada, legible y completa de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito, VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de la autoridad que lo remita, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe a los promoventes que en caso de que la autoridad que designó en la demanda que se provee, haya sido denominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, primer párrafo, de la actual ley reglamentaria del juicio de amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la legislación en cita. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se requiere a los promoventes del amparo para que en la diligencia designen representante común, con el apercibimiento que para el caso de ser omisos se tendrá como tal a Pedro Castañeda Martínez. Sin que pase desapercibido que en proveído de once anterior, se haya pronunciado al respecto por cuanto hace a la digitalización del sumario en que se actúa y al apartado de transparencia, por lo que debe de estar a lo siguiente: Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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