Pedro Carrillo Pérez
Expediente 950/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Pedro Carrillo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Pedro Carrillo Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo950/2020-2, promovido por Pedro Carrillo Pérez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo consistentes en acta de notificación de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, copia certificada del acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable, en la reclamación por responsabilidad patrimonial 112/2019 de su índice, copia simple del escrito signado por el quejoso el diecisiete de agosto de dos mil veinte con sello original de recibido por la autoridad responsable en esa propia fecha (fojas 14 a 22). Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 950/2020-2, promovido por Pedro Carrillo Pérez contra actos de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el veintinueve del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Pedro Carrillo Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO La omisión de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que interpuso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA E INCOMPETENCIA. En proveído de tres de noviembre de dos mil veinte (fojas 23 a 29), se registró la demanda bajo el expediente 950/2020-2, y al respecto, este juzgado de Distrito consideró que carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por el quejoso Pedro Carrillo Pérez, y que en elc aso, era competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, en la Ciudad de México, por lo que ordenó remitirséle el presente expediente para que procediera a determinar si aceptaba o no la competencia planteada. TERCERO. RECHAZO DE LA COMPETENCIA PLANTEADA. En proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 30 a 33), el Juzgado Decimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por razón de turno, registró la demanda bajo el expediente 1057/2020 de su índice, y al respecto, determinó que no aceptaba la competencia planteada por este orgáno jurisdiccional y ordenó devolver el expediente a este juzgado. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno (fojas 60 a 66), se tuvo al Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informando que el juzgado de su adscripción no aceptó la incompetencia planteada por este juzgado, por los motivos que expuso; en consecuencia, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que interpuso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue radicada con el expediente 112/2019 de su índice. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Jefa de la División de Amparos Fiscales en suplencia del Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro social, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, la certeza del acto se advierte del contenido de su propio informe en el cual la responsable refiere que se encuentra substanciado el procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado y que derivado de la emergencia sanitaria que enfrenta el país el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en sesión ordinaria de quince de diciembre de dos mil veinte dictó el acuerdo ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ, por medio del cual autorizó la suspensión de determinados trámites, procedimientos administrativos y/o procesos, así como la declaración de días inhábiles para la práctica de diligencias, audiencias, notificaciones, y/o requerimientos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de procedimientos Administrativos en términos del artículo 9 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, como las quejas médicas, correspondencia, reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado y recurso de revisión administrativa, por lo que el levantamiento de plazos y la reanudación de las actividades laborales serán de manera paulatina y que en el caso se está realizando el análisis de las documentales para dictar el acuerdo correspondiente (fojas 79 a 83). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que respecto al acto reclamado consistente en omisión de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que interpuso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue radicada con el expediente 112/2019 de su índice, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio. Dicho precepto establece lo siguiente: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algu´n juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que preve´ esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [...]" De la porcio´n normativa transcrita, se advierte, en lo que al caso importa, que el juicio de amparo es improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda algu´n juicio por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado y que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos, dentro del mismo plazo, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso, en contra de la omisión de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que interpuso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue radicada con el expediente 112/2019 de su índice, procede juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en te´rminos del arti´culo 2° la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3º, fracción XV, de la Ley Orga´nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que disponen: "ARTI´CULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orga´nica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (...)" "Arti´culo 3. El Tribunal conocera´ de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuacio´n: (...) XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias sen~aladas en este arti´culo, por el transcurso del plazo que sen~alen el Co´digo Fiscal de la Federacio´n, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, asi´ como las que nieguen la expedicio´n de la constancia de haberse configurado la resolucio´n positiva ficta, cuando e´sta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. (.) Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece: "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos dias hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo" Por tanto, en términos de lo establecido en el precepto legal antes mencionado, se tiene que la omisión de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que interpuso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue radicada con el expediente 112/2019 de su índice, al trascurrir el término de tres meses sin que la autoridad se pronuncie sobre su admisión, constituye negativa ficta. Luego, en te´rminos del arti´culo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho acto reclamado puede ser modificada o nulificada, a trave´s de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de nulidad respectivo, pues el citado precepto dispone: "ARTI´CULO 52.- La sentencia definitiva podra´: (...) V. Declarar la nulidad de la resolucio´n impugnada y adema´s: (...) b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. (...) d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente pu´blico federal al pago de una indemnizacio´n por los dan~os y perjuicios causados por sus servidores pu´blicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fraccio´n IV, debera´ cumplirse en un plazo de cuatro meses trata´ndose del Juicio Ordinario o un mes trata´ndose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el arti´culo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. (.)" Además, la Ley federal de procedimiento contencioso Administrativo no preve´ mayores requisitos que los sen~alados en la Ley de Amparo, para otorgar la medida cautelar, pues un ana´lisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensio´n del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales. Lo anterior, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectacio´n al intere´s social ni la contravencio´n a disposiciones de orden pu´blico, asi´ como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difi´cil reparacio´n, adema´s de concurrir similitud en lo relativo a la obligacio´n del solicitante de otorgar garanti´a cuando la suspensio´n pueda ocasionar dan~o o perjuicio a terceros, asi´ como en los casos en que la suspensio´n quedara´ sin efectos, y ser coincidentes en sen~alar que e´sta se tramitara´ por cuerda separada y podra´ pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Bajo el contexto descrito, se colige que contra el acto aqui´ reclamado procede juicio contencioso administrativo; por tanto, conforme al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la parte quejosa previo a instar juicio constitucional, debio´ promover el referido juicio ante el mencionado tribunal administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XX, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la pa´gina 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, materia Administrativa-Comu´n, De´cima E´poca, del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIO´N DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo preve´ la obligacio´n del juzgador de fijar la situacio´n en que habra´n de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminacio´n del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situacio´n en que habra´n de quedar las cosas cuando concede la suspensio´n, asi´ como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta u´ltima prevencio´n no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensio´n definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea juri´dica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no preve´ mayores requisitos que los sen~alados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un ana´lisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensio´n del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectacio´n al intere´s social ni la contravencio´n a disposiciones de orden pu´blico, asi´ como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difi´cil reparacio´n, adema´s de concurrir similitud en lo relativo a la obligacio´n del solicitante de otorgar garanti´a cuando la suspensio´n pueda ocasionar dan~o o perjuicio a terceros, asi´ como en los casos en que la suspensio´n quedara´ sin efectos, y ser coincidentes en sen~alar que e´sta se tramitara´ por cuerda separada y podra´ pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Asimismo, la jurisprudencia PC.I.A. J/107 A (10a.) del Pleno del Primer Circuito, publicada en la pa´gina 624, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, materia Comu´n-Administrativa, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. TRATA´NDOSE DE LA RESOLUCIO´N NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN TE´RMINOS DEL ARTI´CULO 89 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE ME´XICO, ANTES DE IMPUGNARLA A TRAVE´S DEL JUICIO DE AMPARO, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en el juicio de amparo biinstancial se sen~ala como acto reclamado la resolucio´n negativa ficta de la autoridad administrativa, prevista en el arti´culo 89 aludido, debe observarse el principio de definitividad y, agotarse el medio de impugnacio´n ordinario o el juicio de nulidad respectivo, puesto que el silencio negativo es una ficcio´n legal de efectos exclusivamente procesales, cuyo propo´sito es superar las consecuencias de la inactividad de la administracio´n, abriendo la vi´a del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados. De lo contrario, se llegari´a al extremo de considerar que dicha ficcio´n legal sustituye la voluntad de la autoridad administrativa sin fundamento ni motivo; cuando en realidad simplemente resulta ser un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública y no propiamente una interpretacio´n de la voluntad de la administracio´n cuando, precisamente, lo que falta es esa voluntad administrativa; en consecuencia, no puede alegarse que la negativa ficta es un acto carente de fundamentacio´n y motivacio´n para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Adema´s, apoya lo expuesto por analogi´a, la jurisprudencia PC.XXVII. J/21 A (10a.) del Pleno del Vige´simo Sexto Circuito, publicada en la 3119, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, materia Comu´n-Administrativa, De´cima E´poca, del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, que dice: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIO´N QUE DECRETE LA IMPROCEDENCIA O DESECHAMIENTO DE LA SOLICITUD DE LA INDEMNIZACIO´N CORRESPONDIENTE, DEBE AGOTARSE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE A LA PROMOCIO´N DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIO´N DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Las determinaciones administrativas que consideren improcedentes o desechen de plano la solicitud de indemnizacio´n por responsabilidad patrimonial del Estado, por tratarse de resoluciones definitivas, en te´rminos del arti´culo 187, fracciones XI y XVI, del Co´digo de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, son impugnables, previamnete a la promoción del juicio de amparo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa local, porque pueden ser modificadas o revocadas a trave´s del juicio contencioso administrativo, sin exigir mayores requisitos para la suspensio´n del acto que los que preve´ la Ley de Amparo. En este sentido, la ausencia de una legislacio´n estatal especial que reglamente el arti´culo 109, u´ltimo pa´rrafo, de la Constitucio´n Federal, no implica un obsta´culo para eximir o actualizar una excepcio´n al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debido a que en aras del derecho de acceso a la justicia, deben aplicarse las normas previstas en dicho co´digo administrativo para ventilar los juicios contenciosos administrativos ante dicho tribunal jurisdiccional, ya que en e´ste se preve´ la posibilidad de que previo el desahogo de un procedimiento el tribunal fije una indemnizacio´n por los dan~os y perjuicios sufridos por la actividad estatal irregular." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia descrita, lo procedente es sobreseer en el juicio en te´rminos del arti´culo 63, fraccio´n V , de la Ley de Amparo. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Pedro Carrillo Pérez contra el acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jefa de la División de Amparos Fiscales, en suplencia del Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando el correo electrónico maria.cuellarma@imss.gob.mx. Ahora, en relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para tales efectos. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, se otorgó el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, rindiera su informe justificado; mismo que se encuentra transcurriendo toda vez que fue notificada mediante oficio 940/2021 el quince de febrero, por así advertirse de la constancia de rastreo realizada a la pieza postal MN004008954MX, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSL Servicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia señalada para esta fecha y se señala como nueva fecha y hora las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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