Pedro Carbajal Morales

Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
229/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Pedro Carbajal Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta del actuario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria de once de mayo del año en curso, dictada en el recurso de queja Q.C. 81/2023, cuyo testimonio fue recibido por este órgano jurisdiccional el veinticinco de este mes, que declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. Acúsese el recibo respectivo al tribunal colegiado oficiante, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como totalmente concluido..., Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de la fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción..., Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica..., siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado electrónicamente por el actuario adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el que comunica el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el tribunal de su adscripción, del que se advierte acusa recibo del oficio por el que se le remitió el informe justificado, así como el escrito de expresión de agravios y copia certificada de diversas constancias relativas al presente juicio de amparo, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; asimismo, hace del conocimiento de este juzgado federal que admite a trámite el recurso de queja, quedando registrado como Q.C. 81/2023; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito signado electrónicamente por ..., quien dice ser representante de la sucesión intestamentaria de ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, y dado que en el presente juicio, no hay más partes que el promovente, se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original del escrito en que se formula la queja, el informe sobre la materia de dicha queja, copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica promovida por ********************, quien dice ser representante de la sucesión intestamentaria de ********************, contra actos de todas las autoridades jurisdiccionales de naturaleza civil y sus ejecutores, con competencia en la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los ordinales 1, 14 y ******************** Constitucionales, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente como 229/2023 y, fórmense los respectivos expedientes físico y electrónico. Ahora bien, se procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de conformidad con los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. En el presente asunto el acto reclamado es la supuesta falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias jurídicas en el procedimiento jurisdiccional que se debata el bien inmueble ubicado en manzana ********************, lote ********************, también conocido como predio ********************, de la calle de los ********************, alcaldía ********************, en esta ciudad, propiedad de la sucesión que representa la promovente ********************; acto que le atribuye a cualesquiera de todas las autoridades jurisdiccionales de naturaleza civil y sus ejecutores, con competencia en la Ciudad de México. Del análisis de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia. El primer numeral citado instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley; es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio numeral 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro u otros preceptos legales que determinen la improcedencia del juicio en un caso concreto. Ahora bien, la fracción I, del ordinal 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la facultad de los tribunales federales para conocer y resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que transgredan los derechos humanos reconocidos otorgados para su protección, por la Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Amparo estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos otorgados para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En suma, la instancia constitucional constituye un medio de control que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, por considerar una transgresión a sus derechos humanos, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. En el caso, la quejosa ostentándose tercera extraña reclama la supuesta falta de emplazamiento, sus consecuencias jurídicas en el procedimiento jurisdiccional que se debata el bien inmueble ubicado en manzana ********************, lote ********************, también conocido como predio ********************, de la calle de los ********************, alcaldía ********************, en esta ciudad, pero sin que le conste en forma directa si está involucrada alguna autoridad. Partiendo de la base jurídica expuesta, es oportuno puntualizar que la demanda de amparo constituye un todo, y debe analizarse en su integridad para determinar lo conducente respecto de su procedencia o improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 744, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 501 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados." De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la peticionaria de amparo manifiesta lo siguiente: "[.] el veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, me encontré a una vecina, quien me comentó que había acudido una persona del sexo masculino, de nombre ********************, quien se ostentó como personal de bienes raíces de la ********************, quien le ofreció a la venta mi fracción de terreno, dado que él contaba con las escrituras y la documentación en regla, por declaratoria de un Juez de lo Civil. Siendo hasta el momento todos los hechos que sé y me constan, sin que conozca con exactitud el número de juicio ni el juzgado que conoció de la controversia en la cual se dilucidó la fracción de terreno ubicado en: manzana ********************, lote ********************, también conocido como predio número ******************** de la calle de los ********************, ********************, entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues en primer lugar, no conozco a ********************, ni a la inmobiliaria que representa, aunado a que, éste, en su momento, únicamente se limitó a decir que adquirió la titularidad de las escrituras del inmueble que defiendo, por virtud de un procedimiento judicial, al cual desde luego, no fui llamada a juicio [.]" Esos hechos narrados en la demanda, constituyen una confesión contra la propia parte quejosa, en términos de los artículos 95, 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 857 del tomo XII, Materia Común, Diciembre 1993, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En ese sentido, lo alegado por la accionante de amparo, se funda en un supuesto procedimiento llevado ante un juez de lo civil en el que se dilucido el inmueble que refiere es propiedad de la sucesión que representa, y que se hizo de su conocimiento por medio de una vecina, quien le comentó que un supuesto representante de una inmobiliaria le ofreció en venta el referido bien raíz, ya que contaba con las escrituras y documentación en regla por declaratoria de un juez de lo civil; de tal suerte que el reclamo no le consta de forma directa. Por tanto, es inconcuso el reclamo no constituye un acto de realización inminente en contra de la peticionaria de amparo; pues el que por tercera persona se enterara de un supuesto procedimiento, no puede considerarse, ni presuntivamente, como un acto de autoridad en su contra. Lo anterior es así, ya que, por una parte, no reclama un acto concreto de autoridad; y, por otra, no se advierten hechos que estén efectivamente dirigidos a afectar su esfera jurídica; por el contrario, funda su reclamo en el aviso de una vecina, sobre un supuesto procedimiento llevado ante un juez de lo civil; y no en un acontecimiento determinado que pueda directamente vincular a una autoridad. En ese contexto, debe decirse a la peticionaria que, la facultad para accionar el amparo, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 1° de la Ley de Amparo, le corresponde a aquella persona que resulta o pudiera resultar afectada con la emisión de una ley, su aplicación o bien la emisión, de algún acto de autoridad; lo que en el caso no acontece, pues como lo manifiesta, conoció por medio de una vecina sobre la visita de un representante de una inmobiliaria, es decir, en ningún momento se ha enterado, por medio de una autoridad, de la existencia de un proceso en su contra, por lo que no puede decirse que exista un acto concreto, y que le conste de modo directo. En otras palabras, para estar en condiciones de accionar el juicio conforme a los principios que lo rigen específicamente el de agravio personal y directo, sin duda es necesario que exista algún acto de autoridad que hubiera determinado, en el ámbito de sus atribuciones, una resolución que pudiera resultar transgresora de sus derechos humanos; lo que se reitera, en la especie no ocurre, habida cuenta que la quejosa acciona en esta vía a partir del dicho de una vecina quien le hiciera de su conocimiento de la visita de un representante de una inmobiliaria que lo ofreció en venta la fracción de terreno ubicado en manzana********************, lote ********************, también conocido como predio número ******************** de la calle de los ********************, ********************, Ciudad de México, por los motivos que le indicó. Lo anterior, sin que implique prejuzgar sobre la oportunidad para instar un proceso constitucional posiblemente cuando cuente con elementos mínimos para determinar si efectivamente hay un procedimiento tramitado en su contra, ante qué autoridad está tramitándose y los datos que le consten a ella directamente sobre su existencia. Se cita al respecto, por analogía, la Jurisprudencia con registro 232192, de la Séptima Época, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Primera Parte, página 135, en Materia Común, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Consecuentemente, al no haber un acto de autoridad real e inminente que afecte los derechos sustantivos de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia; por tanto, con apoyo en el artículo 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Al respecto se cita la tesis con número de registro 230866, de la octava época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 56, en Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." Así como la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, registro 232376, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." No es impedimento al sentido de esta determinación, que la parte quejosa señale que el acto reclamado lo atribuye a cualesquiera de todas las autoridades jurisdiccionales de naturaleza civil y sus ejecutores, con competencia en la Ciudad de México, y que entre las mismas especificara entre otras autoridades a los Juzgados Primero al Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional se encuentre comprendido dentro de los citados juzgados, pues en el caso no se actualiza lo previsto en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley de Amparo, respecto de declararse impedido un juez de distrito, por el hecho de que el quejoso lo señale como autoridad responsable en su demanda de amparo indirecto, pues lo que se señala como reclamado no deriva de un procedimiento ordinario federal o de alguno diverso juicio de amparo que se tramite ante este órgano constitucional, como se advierte de la certificación de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que cabe la tesis I.8o.C.2 K (11a.), con registro digital 2024877, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 14, junio de 2022, tomo VII, página 6277, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO LO SEÑALE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso, en su demanda de amparo, entre otras, señaló como autoridad responsable a un Juez de Distrito reclamándole la sentencia que dictó en un diverso juicio de amparo. Ante esa situación, el Juez de Distrito se consideró impedido para conocer del asunto por haber intervenido en el anterior juicio de amparo dictando la sentencia respectiva. Criterio jurídico: No procede la excusa de un Juez de Distrito, basada en que se le atribuye la calidad de autoridad responsable por haber pronunciado la sentencia constitucional en un diverso juicio de garantías. Justificación: Cuando en una demanda de amparo se señala como autoridad responsable a un Juez de Distrito atribuyéndole como acto reclamado la sentencia que dictó en un juicio de amparo diverso, esto no es motivo para que se declare impedido, toda vez que el acto que se señala como reclamado no deriva de un procedimiento ordinario federal o de alguno diverso al juicio de garantías tramitado ante el mismo órgano, para considerar que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en esas condiciones el Juez de amparo no puede tener el carácter de "autoridad responsable". En efecto, de la interpretación sistemática del precepto antes mencionado y los diversos artículos 1o., fracción I, 5o., fracción II y 61, fracción IX, de la misma Ley de Amparo, se desprende que sólo puede ser "autoridad responsable" la que actúa en el procedimiento ordinario y cuyos actos son susceptibles de ser tildados de inconstitucionales y de ser reparables a través del juicio de amparo, no así la autoridad de amparo, que a través del juicio de amparo controla, precisamente, la constitucionalidad de los actos de la autoridad ordinaria. Luego, en este caso el Juez de Distrito cuenta con atribuciones que lo facultan para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo, y estimar lo contrario sería tanto como dejar a voluntad del quejoso el poder impedir el conocimiento de la demanda de garantías por determinado órgano de amparo, por el solo hecho de mencionarlo como autoridad responsable." Por otra parte, toda vez que la quejosa proporciona el nombre de usuario "********************", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta y notificación del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice las gestiones necesarias, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngase por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a la persona que indica, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados únicamente a la parte quejosa o representante legal con facultades expresas para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este juzgado para que en días y horas inhábiles practique la notificación de este acuerdo o cualquier otra diligencia relacionada con el presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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