Pedro Cañedo Ocegueda

Expediente 1694/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1694/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Pedro Cañedo Ocegueda
  • Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que hiciera manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 168 a 181), se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Pedro Cañedo Oceguera, en los siguientes términos: ".Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal, de esta ciudad, dentro de la causa penal 635/2015 del índice del órgano jurisdiccional que encabeza: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Reponga el procedimiento hasta la etapa de instrucción, en la que dejará que transcurra la dilación constitucional que coartó a través del dictado del acto reprochado en este juicio de derechos humanos, permitiendo al efecto que el indiciado ofrezca las pruebas que estime pertinentes; 3. Dentro del término de referencia, deberá dictar un nuevo auto de plazo constitucional, con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios contenidos en la resolución reclamada, debiendo: a) Abstenerse de valorar la declaración ministerial y formulada por el inculpado Pedro Cañedo Oceguera, virtud a haberse declarado la ilicitud de tal prueba, en los términos expresados en esta sentencia; b) Para efectos del estudio del cuerpo de los delitos materia de consignación, deberá pronunciarse en relación a los elementos del tipo penal y su acreditamiento, en el entendido de que para ello deberá realizar una valoración probatoria pormenorizada, así como la respectiva apreciación del caudal convictivo correspondiente; y, c) Para efectos del estudio de la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de los ilícitos materia del proceso, deberá realizar un análisis detallado en el que de manera fundada y motivada, exponga la participación del inculpado de acuerdo a la mecánica de hechos, respecto de cada una de las conductas materia de imputación, mismas que deberán ser analizadas de manera separada. 4. Asimismo, la jurisdiccional responsable deberá remitir constancia de lo anterior a este órgano jurisdiccional. Los efectos de la concesión antes referida se hacen extensivos a los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, toda vez que siendo inconstitucional el acto reclamado a la autoridad ordenadora, igual consideración debe corresponder a los diversos de ejecución, máxime que no se combatieron por vicios propios." Por auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 197 y 198), causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En atención a lo solicitado, por oficios y anexos recibidos en este juzgado el veinticuatro de abril y dos de mayo del año en curso -fojas 200 a 202 y 207 a 214-, la autoridad responsable informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al efecto remitió copias certificadas del acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el que dejó insubsistente el auto de término constitucional de dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, señalando las quince horas del día veintitrés de abril de dos mil dieciocho, como iniciales del plazo de las ciento cuarenta y cuatro horas, feneciendo dicho plazo a las quince horas del veintinueve de abril de dos mil dieciocho; y resolución de auto de término constitucional de veintinueve de abril del año curso, en la que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas legales, a favor de Pedro Cañedo Oceguera -aquí quejoso-, por el delito contra la seguridad del tránsito de vehículo; así también, auto de libertad por falta de elementos para procesar sin las reservas de ley, a favor del antes citado, por el injusto de daño en propiedad ajena por culpa; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, del examen de las citadas documentales, se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, pues emitió acuerdo y resolución por los cuales dejó insubsistente el auto de término constitucional de dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictando nuevo auto de término constitucional en veintinueve de abril del año en curso, en el que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas legales, a favor de Pedro Cañedo Oceguera -aquí quejoso-, por el delito contra la seguridad del tránsito de vehículo; así también, auto de libertad por falta de elementos para procesar sin las reservas de ley, a favor del antes citado, por el injusto de daño en propiedad ajena por culpa; por lo que, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. En el particular, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en terminos del artículo 196 de la Ley de Amparo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, que establece que el cuaderno principal en este juicio es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, por haberse concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal; estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cinco de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el cinco de junio de dos mil veintitrés, debiéndose conservar las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III del artículo vigésimo del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente, el cinco de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE TRES DEL MES Y AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable y anexos que acompaña, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y al efecto remite copia certificada de las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexos, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable y anexo que acompaña, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, la sentencia definitiva otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal, de esta ciudad, dentro de la causa penal 635/2015 del índice del órgano jurisdiccional que encabeza: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Reponga el procedimiento hasta la etapa de instrucción, en la que dejará que transcurra la dilación constitucional que coartó a través del dictado del acto reprochado en este juicio de derechos humanos, permitiendo al efecto que el indiciado ofrezca las pruebas que estime pertinentes; 3. Dentro del término de referencia, deberá dictar un nuevo auto de plazo constitucional, con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios contenidos en la resolución reclamada, debiendo: a) Abstenerse de valorar la declaración ministerial y formulada por el inculpado Pedro Cañedo Oceguera, virtud a haberse declarado la ilicitud de tal prueba, en los términos expresados en esta sentencia; b) Para efectos del estudio del cuerpo de los delitos materia de consignación, deberá pronunciarse en relación a los elementos del tipo penal y su acreditamiento, en el entendido de que para ello deberá realizar una valoración probatoria pormenorizada, así como la respectiva apreciación del caudal convictivo correspondiente; y, c) Para efectos del estudio de la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de los ilícitos materia del proceso, deberá realizar un análisis detallado en el que de manera fundada y motivada, exponga la participación del inculpado de acuerdo a la mecánica de hechos, respecto de cada una de las conductas materia de imputación, mismas que deberán ser analizadas de manera separada. 4. Asimismo, la jurisdiccional responsable deberá remitir constancia de lo anterior a este órgano jurisdiccional. Los efectos de la concesión antes referida se hacen extensivos a los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, toda vez que siendo inconstitucional el acto reclamado a la autoridad ordenadora, igual consideración debe corresponder a los diversos de ejecución, máxime que no se combatieron por vicios propios." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, dé cumplimiento al fallo protector; apercibida que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviese para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.Notifíquese.

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