Pedro Calleja Juárez

Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1050/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Calleja Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Con esta fecha hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL DEFENSOR DEL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 18 DE OCTUBRE DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: Cumple prevención. Precisión del acto reclamado. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Lo subrayado no es de origen. De la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión emitida por el juez de Juicio Oral para Adolescentes en funciones del juez de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, de la que el quejoso tuvo conocimiento de su existencia desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, cuando se le notificó la determinación emitida en la partida jurídica GTO-5600/2018. De lo anterior, se obtiene que, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que aquí reclama, desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y a partir de esa fecha, el directo quejoso estuvo en total aptitud de promover el juicio de amparo correspondiente; luego entonces, el presente juicio de amparo resulta extemporáneo, pues a la data en que promovió el presente juicio constitucional (veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés), ya había transcurrido el plazo de quince días legalmente previsto para impugnar, a través del amparo, el acto que reclama; más aún que de las manifestaciones del propio quejoso se advierte que los actos que reclama en esta vía, son los mismos materia del diverso 701/2023-I del índice de éste órgano jurisdiccional, lo cual hace evidente que incluso promovió aquel previo al presente, esto es desde el veintidós de junio de dos mil veintitrés; misma que se tuvo por no presentada al no cumplir la parte quejosa y su defensor con la prevención que ahí se formuló, esto es, por cuestiones inimputables a la suscrita. Es aplicable al caso, como criterio de orientación, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, Tomo XIII-Enero, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda.". Ello es así, debido a que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió en exceso, pues el quejoso fue sabedor del acto que ahora se tilda de inconstitucional, al menos, desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. De ahí que si el quejoso redactó la demanda que se analiza el doce de septiembre de dos mil veintitrés (foja 3 reverso), y ésta fue presentada hasta el veintisiete de septiembre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta de manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En tales circunstancias, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV, del artículo 61, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Se ordena generación de versión pública de sentencia o determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Cumple prevención. Precisión del acto reclamado. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Lo subrayado no es de origen. De la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión emitida por el juez de Juicio Oral para Adolescentes en funciones del juez de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, de la que el quejoso tuvo conocimiento de su existencia desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, cuando se le notificó la determinación emitida en la partida jurídica GTO-5600/2018. De lo anterior, se obtiene que, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que aquí reclama, desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y a partir de esa fecha, el directo quejoso estuvo en total aptitud de promover el juicio de amparo correspondiente; luego entonces, el presente juicio de amparo resulta extemporáneo, pues a la data en que promovió el presente juicio constitucional (veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés), ya había transcurrido el plazo de quince días legalmente previsto para impugnar, a través del amparo, el acto que reclama; más aún que de las manifestaciones del propio quejoso se advierte que los actos que reclama en esta vía, son los mismos materia del diverso 701/2023-I del índice de éste órgano jurisdiccional, lo cual hace evidente que incluso promovió aquel previo al presente, esto es desde el veintidós de junio de dos mil veintitrés; misma que se tuvo por no presentada al no cumplir la parte quejosa y su defensor con la prevención que ahí se formuló, esto es, por cuestiones inimputables a la suscrita. Es aplicable al caso, como criterio de orientación, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, Tomo XIII-Enero, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda.". Ello es así, debido a que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió en exceso, pues el quejoso fue sabedor del acto que ahora se tilda de inconstitucional, al menos, desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. De ahí que si el quejoso redactó la demanda que se analiza el doce de septiembre de dos mil veintitrés (foja 3 reverso), y ésta fue presentada hasta el veintisiete de septiembre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta de manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En tales circunstancias, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV, del artículo 61, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Se ordena generación de versión pública de sentencia o determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Defensor público acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito signado por ****************, defensor público estatal, mediante el cual acepta y protesta el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del quejoso ****************, dentro del juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, se le tiene por aceptando y protestando el cargo conferido; lo anterior, para los efectos legales procedentes. De igual manera, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, ubicadas en carretera León-Cuerámaro, kilómetro 11.5 en el predio el Ratón de esta ciudad. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignado como defensor público para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo a ********************para los efectos legales a que haya lugar. Prevención. De conformidad con los preceptos 103 y 107 constitucionales; 108, fracciones IV y V, 112, 114, fracciones I, II y IV, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, dicho defensor se entreviste con su defendido a fin de que por escrito y sin presentar ni formular nueva demanda, se constriñan a cumplir con lo siguiente: i. Indiquen de manera concreta qué relación tienen los actos que aquí reclaman con los diversos señalados en el juicio de amparo ******************** del índice de éste órgano jurisdiccional; en este último, el quejoso se dolió de una orden de aprehensión girada el doce de abril de dos mil dieciocho, y otras actuaciones imputadas a diversas autoridades, al tener a la vista la partida jurídica ********************de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, firmada por personal del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, elementos que son idénticos a los expresados en el libelo que dio origen al sumario constitucional en que se actúa. ii. Precisen la fecha exacta en que ********************tuvo conocimiento de la partida jurídica ******************** emitida el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós; y iii. Señalen con precisión cuál es el acto o actos que reclaman ante esta instancia constitucional y a qué autoridades se los atribuye; lo anterior, toda vez que en el apartado respectivo, por un lado, indica que se duele de los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, para lo cual señala como autoridad responsable al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mientras que, por el otro, reclama una orden de aprehensión, la cual atribuye (esencialmente) al juez del Juicio Oral para Adolescentes en funciones de Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, lo cual resulta contradictorio, máxime que refiere que "la orden" fue dictada dentro de la carpeta de investigación cuyo número proporciona, lo que hace necesario la presente prevención, a efecto de trabar correctamente la litis constitucional. De insistir en el reclamo de lo que señala como "ataques a la libertad fuera del procedimiento", deberá el quejoso y su defensor precisar en qué consisten, o si se trata en realidad de la orden de aprehensión de doce de abril de dos mil dieciocho que refiere. iv. Bajo protesta de decir verdad, señalen antecedentes del acto reclamado. Este punto lo deberán colmar, para el único caso de que el acto que señala la parte quejosa como "ataques a la libertad fuera del procedimiento", sea una actuación distinta y diferente a la orden de aprehensión de doce de abril de dos mil dieciocho; en específico, deberán señalar (como se dijo en el apartado que antecede) en qué consisten y cuándo tuvo el quejoso conocimiento de ello, esto es, si fue a partir de la lectura de la partida jurídica multireferida o de constancias distintas; de ser esto último, deberán manifestar de qué documentos o actos se tratan. Se apercibe al quejoso y a su defensor que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Hágase saber al licenciado ********************, y al directo quejoso de los delitos en que incurren cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con los actos reclamados, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo subrayado no es de origen. Ello tiene razón de ser en que si la parte promovente incurre en falsedad, se hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. IV. Realización de notificaciones en el presente asunto. Hágasele del conocimiento al quejoso ********************y a su defensor público estatal ********************, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Atendiendo a lo anterior y tomando en consideración que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para la suscrita que el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, limita las diligencias de notificación a cierto número de internos por día, y a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que prevé el derecho a la justicia pronta y expedita, se notifica el presente proveído al defensor público estatal ******************** y al quejoso ********************por conducto del primero, a efecto de que cumplan con lo determinado en líneas precedentes.

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