Pedro Byron Montenegro Rivas

Expediente 1084/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1084/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Pedro Byron Montenegro Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el diez de octubre del año en curso en el recurso de queja 305/2019 de su índice, medio de impugnación resuelto en los términos que a continuación se precisan: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible de destrucción. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido a través del sistema de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual se hace del conocimiento que por acuerdo de nueve de los actuales se admitió el recurso de queja hecho valer por Lourdes Adriana Sánchez Fajardo, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Pedro Byron Montenegro Rivas, mismo que registró con el número de expediente 305/2019. De lo anterior se toma conocimiento y se está a la espera de que el Tribunal Colegiado resuelva dicho medio de impugnación. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito firmado por Lourdes Adriana Sánchez Fajardo, autorizada en términos amplios del quejoso Pedro Byron Montenegro Rivas, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Byron Montenegro Rivas, por derecho propio, contra actos de la Directora General de Operación Urbana y Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Factibilidad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1084/2019-III. Desechamiento. Ahora, en conformidad con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada por su manifiesta e indudable improcedencia, en atención a lo siguiente: El ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada en la página 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA." Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda se obtiene que el acto reclamado por Pedro Byron Montenegro Rivas, se hacen consistir en lo siguiente: El oficio 224020000/CEF/DUF/1901/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el que la Directora General de Operación Urbana y Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Factibilidad, previno al quejoso para que presentara formato único de memoria descriptiva, a efecto de responder su solicitud de expedición de dictamen único de factibilidad en materia automotriz. No se soslaya que en el apartado relativo al acto reclamado el quejoso aduzca una dilación u obstaculización, pues de la lectura integra de la demanda se aprecia que de lo que se duele es de lo mencionado con antelación. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En virtud de ello, se precisa que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)..." De lo transcrito se obtiene que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio y por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, por regla general, entre otros supuestos, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: 1. Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. 2. Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de un sentencia favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En lo conducente, es aplicable, la jurisprudencia 189 visible en la páginas 154, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sobre lo expuesto, se sostiene que el oficio 224020000/CEF/DUF/1901/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el que la Directora General de Operación Urbana y Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Factibilidad, previno al quejoso para que presentara formato único de memoria descriptiva, a efecto de responder su solicitud de expedición de dictamen único de factibilidad en materia automotriz, no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Pues del oficio 224020000/CEF/DUF/1901/2019 que exhibió el quejoso a su escrito de demanda, la Directora General de Operación Urbana y Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Factibilidad, que contrario a causarle un perjuicio al quejoso, lo previno para atender de manera adecuada su petición de solicitud de expedición de dictamen único de factibilidad en materia automotriz. Aunado a que no existe un acto u omisión que afecte de manera real e inminente al quejoso, porque solo una vez desahogada la prevención y emitida la resolución correspondiente y no le sea favorable, se estaría ante la presencia de una determinación que pudiera causar una violación a derechos sustantivos, y en ese supuesto, la parte quejosa deberá agotar el Juicio Contencioso Administrativo Federal, previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de la última determinación que se emita en la etapa final del procedimiento administrativo, ya que los artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en cita, establecen, entre otras cosas que: a) las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada; b) esa ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas; c) las disposiciones del título tercero innominado "Del procedimiento administrativo" son aplicables a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa, d) la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, e) el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada, f) las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles, g) las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. No se inadvierte que el quejoso refiere que el formato digital requerido lo exhibió al momento de iniciar el trámite, no obstante, se insiste, ello forma parte de un procedimiento administrativo que deberá ser analizado, en caso de fallo desfavorable, en primer lugar por un tribunal administrativo. En ese contexto, únicamente la respuesta que negara la expedición de dictamen único de factibilidad en materia automotriz del quejoso, será ubicable en la hipótesis prevista en el artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. A lo anterior, sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.2º.C J/2 (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, la página 1539, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, en tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y en relatadas circunstancias, procede desechar de plano la demanda promovida por Pedro Byron Montenegro Rivas, por derecho propio, contra actos de la Directora General de Operación Urbana y Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Factibilidad. Domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio el señalado por la parte quejosa. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lourdes Adriana Sánchez Fajardo y Víctor Hugo Becerril Galeana, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes en términos restringidos del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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