Pedro Buenaventura Lagunas

Expediente 1774/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1774/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
03/01/2017

Partes del expediente

  • Pedro Buenaventura Lagunas
  • Junta Especial Numero 2 de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se decretó el sobreseimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: RESOLUCIÓN DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal Pedro Buenaventura Lagunas, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Junta Especial 2, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado. "(.) El señalamiento lejano de la fecha de desahogo de la audiencia de ley, en su etapa de conciliación, demanda y excepciones (.)" SEGUNDO. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable los siguientes actos: 1. La fecha señalada para el verificativo de la audiencia en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio 01/221/16-II, del índice administrativo de la Junta Especial 2, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial 2, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Con base en lo anterior, para quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" Asentado lo anterior, debe decirse que el "juicio para efectos del amparo" se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; todos los actos procesales verificados en el período comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse "actos dentro de juicio" para efectos del amparo. Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, sólo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de derechos fundamentales contra la sentencia definitiva; es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional, los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la constitución federal y en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Ahora, para determinar que los actos reclamados no tienen efectos de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos, debe decirse que en la legislación de amparo actual, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, por ejemplo, sobre cuestiones de personalidad dentro del juicio laboral, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, es decir, contra actos intraprocesales que no afecten derechos humanos, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra el laudo o sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107, constitucional, para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. En ese sentido, cabe recordar que los actos reclamados en el presente juicio de amparo consisten en La fecha señalada para el verificativo de la audiencia en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio 01/221/16-II, del índice administrativo de la Junta Especial 2, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Así, es claro que el acto reclamado sólo tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya en el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte quejosa, por lo que debe decirse que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, debe destacarse que el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos puede subsanarse porque está en aptitud de obtener una resolución favorable, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse del auto de reclamado. Robustece esta consideración, por identidad de razón, la tesis aislada 2a. CIII/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1098, Libro 11, Octubre de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que el Pleno del Alto Tribunal ha establecido que con la aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, instaurada en la actual ley de la materia, se estableció que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, señaló que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. También precisó que existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones intraprocesales respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, a criterio de quien resuelve, no se actualiza el caso de excepción a que hace referencia la jurisprudencia transcrita, consistente en que ante la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total resulta procedente el juicio de amparo indirecto; ya que entre el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en que se señaló la diversa fecha para la audiencia de ley y ésta (dieciséis de enero de dos mil diecisiete), sólo median alrededor de tres meses (dentro de los cuales se encuentra el periodo vacacional correspondiente al segundo semestre de la autoridad responsable), por ende, es claro que el juicio de origen no se ha paralizado en su totalidad. En efecto, en el caso que nos atañe no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues la fecha señalada para el verificativo de la audiencia corresponde, precisamente, a la necesidad de preparar e integrar el juicio, lo que, a criterio de quien resuelve, refleja el tratamiento ordinario de éste; además que se considera justificado principalmente si se toma en cuenta el cúmulo de asuntos de los que conocen los tribunales en materia de trabajo, que llevar a cabo dicha actuación implica el despliegue de personal de las autoridades responsables y, además, que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se estuvo en aptitud de llevar a cabo la audiencia, sin embargo, esta fue diferida a solicitud de las partes. Aunado a lo anterior, debe destacarse que, para este órgano jurisdiccional, además de la complejidad del caso y la labor que realizan los tribunales de trabajo, toma como referente que en autos no se aprecia una diligencia constante de la parte quejosa en el juicio natural, lo que dicho en otras palabras se traduce en que fue omisa en acreditar que en el juicio de antecedentes hubiera adoptado una actitud diligente con la finalidad de ver concretadas sus pretensiones. En efecto, todo proceso, por regla general, requiere de intervenciones de las partes que en él participan, de manera que la labor de quien juzga constituye el reflejo de las pretensiones expuestas, de ahí que, si de las documentales anexadas al escrito inicial de demanda y al informe justificado no se advierte un actuar regular de las partes, no podría atribuírsele a la autoridad un retraso en la impartición de justicia. Además, el acuerdo tomado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (señalamiento de fecha lejana) es una actuación inicial del proceso, lo que hace necesario que se prepare adecuadamente el incidente de competencia planteado por las partes. En las relacionadas condiciones, al no actualizarse el caso de excepción previsto en la jurisprudencia invocada, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, que proceda sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Victor Hugo Hiram Magallanes Martinez, hasta hoy dos de diciembre de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del juicio de Amparo, de los que se advierte que mediante proveído ********************, se dio vista con el informe justificado en términos del artículo 117 de la ley de amparo, el cual ********************; por lo que, se encuentra transcurriendo el término concedido, en ese orden de ideas se difiere la audiencia señalada el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: agréguese a los autos la comparecencia de cuenta para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos con fundamento en los numerales 193 y 194 de la Ley de Amparo y con el objeto de no retardar más la ejecución del juicio en que se actúa, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, para que comparezcan en las instalaciones de este Juzgado Federal tanto la parte quejosa Iván Barrera Domínguez, así como a José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por sí o por conducto de cualquiera de sus delegados, para que se realice la entrega recepción del cheque correspondiente.Se apercibe a la parte quejosa que de no asistir a la hora y día indicado, se tendrá por desinteresada de la ejecutoria de amparo. Asimismo, se apercibe a José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, instrúyase a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal para que entreguen de manera personal a José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el contenido del presente auto.NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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