Pedro Benigno Godines

Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
723/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Pedro Benigno Godines

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 3105/2020, firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa, y testimonio autorizado de la resolución que pronunció en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión 72/2020, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa, en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil veinte; determinación que quedó como sigue: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ROCÍO FABIOLA FLORES PALACIO, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, así como al Coordinador de la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la tercera interesada Teresa de Jesús Escamilla Flores, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia." En consecuencia, intégrese el cuaderno formado, notifíquese a las partes tal determinación, y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este Juzgado no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta por ministerio de ley y por la Secretaria de Acuerdos, ambas de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Atento a la documental que se recibe con el informe de cuenta, téngase a las autoridades de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia. En otro contexto, visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de noviembre del presente año; empero, en atención a que el informe justificado con que se da cuenta no ha sido puesto a la vista de las partes para que se impongan de su contenido y a que deben tener conocimiento del mismo cuando menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se estima que no se estará en condiciones de celebrarla. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia, se difiere desde este momento la misma y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Tiene apoyo a lo anterior, por tener consideraciones inherentes al caso, la tesis jurisprudencial número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (...el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese personalmente a las partes que integran el presente asunto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Magdaleno Briseño Gómez, la resolución con engrose de trece de noviembre de dos mil veinte, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Pedro Benigno Godines, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma; regístrese en el libro respectivo con el número 723/2020-VI. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, la omisa se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos) moneda nacional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este órgano jurisdiccional, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos) moneda nacional, equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte. En atención a las pruebas documentales que adjunta la parte agraviada a su escrito de cuenta, ténganse por admitidas y desahogadas desde este momento por su propia y especial naturaleza, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia. Por otra parte, de la demanda que se recibe se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable, entre otra, a la siguiente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Sin embargo, de un análisis exhaustivo realizado a la constancia que anexó la parte agraviada a su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable que tiene injerencia en el acto reclamado que se viene a combatir en esta contienda constitucional, es la siguiente: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con asentamiento en esta ciudad. De ahí que, será a esta última a la que se llamará a este juicio, ello es así con el único propósito de no obstruir los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo por parte del promovente. Es aplicable al caso, la tesis XXVII.3. 17 K (10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AÚN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTA QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; y, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Susana Prieto Terrazas y David René Franco Aldaco, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; y, en lo que toca a Humberto Oseguera Barajas, Manuel Alejandro Rivero Islas, Vicente Hernández García, Eduardo Sáenz Contreras, Dellanira Octavia Trujillo Soto, Perla Elizabeth Casanova Gallardo y Alma Delia Gaspar Hernández, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestren ante este Juzgado contar con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.

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