Pedro Barajas Monreal

Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
712/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Pedro Barajas Monreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    La suscrita Elsa Fabiola Saldaña Durán, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a doce de noviembre de dos mil veinte. Doy Fe. Elsa Fabiola Saldaña Durán. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con doce minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa Elsa Fabiola Saldaña Durán, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 712/2020-6, promovido por Pedro Barajas Monreal, contra un acto de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: 1. Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2. Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. Cabe señalar que aun cuando el informe justificado de la autoridad responsable, no fue rendido con la anticipación de ocho días que señala la ley, en el caso a estudio la celebración de la presente audiencia, no desatiende a la Jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, correspondiente al mes de abril del año 2000, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."; toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en el informe justificado o en las constancias que la responsable remita como justificación, siendo que en la especie la parte quejosa, es parte actora en el juicio laboral de origen, y por tanto, tiene pleno conocimiento de las constancias que integran dicho procedimiento, además de que en el caso, el acto que se reclama, se apreciará tal como aparezca acreditado ante la Junta responsable, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 de la Ley de Amparo, siendo innecesario consecuentemente el diferimiento de esta audiencia. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa y las diversas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado; sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por su parte a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 712/2020-6, promovido por Pedro Barajas Monreal, contra un acto de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y; RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Pedro Barajas Monreal, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Noveno Circuito el trece de octubre de dos mil veinte, turnado en la propia fecha a este Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se transcriben: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ACTO RECLAMADO. A. El proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 1011/2019, en lo relativo a la fijación de las doce horas del doce de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. B. La determinación que ordena llamar a juicio a un tercero dentro del controvertido laboral. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1, 5, 14,16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En el propio acuerdo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento de las partes los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto omisivo dentro de un expediente laboral, el cual carece de ejecución. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: 1. El proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 1011/2019, en lo relativo a la fijación de las doce horas del doce de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. 2. La determinación de llamar a juicio a un tercero dentro del juicio laboral 1011/2019. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada se encuentra relacionada con un acto negativo atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, por ende, es inconcuso que en atención a la naturaleza de la omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 332, Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa debe tenerse por desvirtuada, en atención a que del contenido de dicho informe, así como de las constancias que adjuntó a éste, se desprende que dentro del expediente laboral 1011/2019, se fijaron las doce horas del doce de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, además de que la aludida responsable ordenó llamar a juicio a Ferrocarriles Nacionales de México; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le reclama a la Junta responsable. Tiene aplicación por las razones que la conforman, la tesis visible en la página 391, de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Asimismo, resulta necesario resaltar que de las diversas constancias que allegó a este juicio constitucional la responsable, se desprende que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se fijó una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, siendo estas las doce horas del trece de noviembre del año en curso. Situación que se corrobora con las diversas constancias que la propia autoridad responsable allegó al presente asunto, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al tratarse de copias certificadas expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones.... QUINTO. Estudio causa de improcedencia. No se analizaran los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues en concepto de esta Juzgadora, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo..... ACTO RECLAMADO PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 1011/2019, EN LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LAS DOCE HORAS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN.... efectos de éste se destruyen total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ahora bien, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, en el caso se actualiza el segundo de los supuestos, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado se patentiza en razón de que la autoridad que lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación con motivo de ese actuar, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, del numeral invocado, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija..... En el caso, como ya se precisó, se actualiza el segundo de los supuestos porque el acto reclamado en este sumario consistente en el acuerdo de veintitrés de septiembre del dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 1101/2019, en donde el quejoso tiene el carácter de actor, que señala las doce horas del doce de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, por las razones que enseguida se precisan. Del contenido de la documental que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, consistente en copia certificada del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1101/2019, y a la cual ya se le dio pleno valor probatorio, se aprecia que se señalaron las doce horas del trece de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia inicial de procedimiento. Lo que evidencia que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto del acuerdo de veintitrés de septiembre del dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 1101/2019, en donde el quejoso tiene el carácter de actora, que señala las doce horas del doce de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Lo anterior es así, pues a nada práctico conduciría examinar el acto reclamado en este sumario, cuando ya fue sustituido procesalmente por el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, pronunciado en el juicio laboral 1101/2019, en el que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, señaló las doce horas del trece de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia inicial de procedimiento; proveído que es el que ahora rige en el expediente de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente expediente; en razón de que el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, es el que ahora rige en el expediente de origen; de ahí que ha dejado de surtir efectos el diverso auto de veintitrés de septiembre del año en curso, el cual constituye el acto reclamado.... ACTO RECLAMADO LLAMAMIENTO A JUICIO A TERCERO. De igual forma, en el caso, por lo que se refiere al diverso acto reclamado, consistente en el llamamiento al juicio laboral al tercero Ferrocarriles Nacionales de México, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Dichos preceptos en su orden previenen: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten materialmente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que en la especie la parte quejosa reclama el proveído que ordena llamar a juicio a un tercero; juicio en el cual no se ha dictado laudo que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. de lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, pues dicha determinación reclamada emitida en el juicio de origen cuya consecuencia se traduce en llamar a juicio a un tercero, a efecto de que en un momento dado le perjudique el laudo que en él se dicte, solo tiene por efecto, precisamente, continuar con el procedimiento jurisdiccional de origen en contra de quienes se les reconoció el carácter de demandados; de modo que aquella sola circunstancia no afecta materialmente derechos sustantivos como son la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera tiene efectos formales o intraprocesales, pues como se señaló, únicamente tiene como consecuencia inmediata continuar con el juicio de origen en contra de la parte demandada y del tercero llamado a juicio, hasta el dictado de un laudo en el que se decida en lo principal, de donde deviene evidente que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. De ahí la improcedencia del amparo indirecto que se promueve en su contra, toda vez que en el caso de que el juicio de donde deriva el acto reclamado se resuelva de manera favorable a los intereses de la parte quejosa, la violación de la que ahora se duele desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e inclusive, mediante el juicio de amparo que se promueva en contra del laudo, en la cual podrá hacer valer como violación procesal el haber llamado a juicio a un tercero, siempre que se hayan reunido las condiciones para ello, previstas en el artículo 171 de la Ley de Amparo; razón por la cual, no puede establecerse que el acto reclamado afecte en forma inmediata y material derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo.... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 712/2020-3, promovido por Pedro Barajas Monreal, contra el acto que atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Pedimento Téngase recibido y agréguese a sus autos el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos y solicita acceso al expediente electrónico del juicio de amparo de cuenta, así como la práctica de notificaciones electrónicas derivadas del mismo. Alegatos Atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Usuario y correo electrónico Por otra parte, como lo solicita la promovente en su pedimento de cuenta, y toda vez que proporciona correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, así como nombre de usuario, a saber: "Elaine", y el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal que pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado profesionista, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico, pueda consultar promociones, determinaciones y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, agréguese copia autorizada de dicha constancia. Medio de contacto alterno De igual forma, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalando como medio de contacto alterno, el correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Recepción escrito Por otra parte, téngase recibido el escrito a que se refiere la razón de cuenta signado por la quejosa Rita María Antonia Ferrari Marchioni, mediante el cual solicita se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo y proporciona usuario para recibir notificaciones vía electrónica. Atento a lo solicitado por la quejosa en el sentido de que se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dígasele que su petición deviene improcedente, toda vez que mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo y se ordenó archivar el expediente como asunto concluido. Usuario electrónico. Por otra parte, y toda vez que proporciona nombre de usuario, a saber,"Triferrari", el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado promovente, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, únicamente respecto del presente juicio a efecto de que a través de la página de internet de que se trata, pueda consultar este expediente, presentar promociones, y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, como nueva vía de notificación la electrónica, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Amparo; debiendo agregar a los autos copia autorizada de la constancia correspondiente. Atento a lo anterior, instrúyase a la Analista Jurídico SISE de este órgano jurisdiccional, lleve a cabo dicha modificación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

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