Pedro Bahena Jiménez
Expediente 834/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Bahena Jiménez
- Director de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puente de Ixtla, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que ejerció la parte quejosa por escrito presentado el cinco de septiembre del año en curso, cuyas manifestaciones serán tomadas en consideración en líneas ulteriores; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "... SEXTO. Efectos de la concesión. En ese orden de ideas, dado que en el presente asunto se acreditó la existencia de una violación procesal en la tramitación del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del acuerdo por el que la presente determinación cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de inicio de procedimiento de remoción, dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el expediente administrativo número DAI/PA-009/2022. 2. Emita un nuevo acuerdo en el cual, con plenitud de jurisdicción, determine la gravedad de la imputación atribuida al quejoso, así como, si en su caso se actualiza la prescripción de la conducta que se pretende sancionar, y hecho lo anterior, dicte el acuerdo que legalmente corresponda en relación con la conducta atribuida al solicitante del amparo. 3. Notifique personalmente al quejoso la determinación que emita en cumplimiento a este fallo. Finalmente, debe precisarse que la presente determinación no obliga a la autoridad responsable a que emita su acto en un determinado sentido, por lo que tiene libertad de jurisdicción para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, en términos de las leyes aplicables...". Ahora bien, la resolución concesoria de amparo fue impugnada mediante recurso de revisión, el cual se resolvió por ejecutoria pronunciada en sesión del uno de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión 117/2023, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en la que la Superioridad determinó confirmar la sentencia recurrida; en consecuencia, en proveído del ocho de junio de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Director de Asuntos Internos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante oficio OF/DAI/072/2023-07, del cinco de julio de dos mil veintitrés, remite copia certificada del auto de tres de julio del año en curso, dictado en el expediente DAI/PA-009/2022, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de inicio del procedimiento que se había dictado el ocho de junio de dos mil veintidós. Asimismo, en diverso oficio OF/DAI/089/2023-08, del catorce de agosto de dos mil veintitrés, la referida autoridad responsable, remite copia certificada del nuevo acuerdo dictado en esa misma fecha, dentro del expediente DAI/PA-009/2022, de cuyo contenido se desprende que con libertad de jurisdicción determina la gravedad de la imputación atribuida al quejoso Pedro Bahena Jiménez, a quien derivado de la investigación establece que se encuentra adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, desde el uno de mayo de dos mil cinco, que la acción que se le reprocha consiste en haber presentado por sí mismo información falsificada consistente en la incapacidad médica expedida por la Dirección de Servicios Médicos Municipales, de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, registrada con el folio 1120, suscrita por el Doctor Agustín Bahena Nájera, actualizándose la conducta que dispone el artículo 159 fracción XVI, que dice: "Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo el desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: ..XVI. Presentar por sí o interpósita persona documentación alterada o falsificada...". Lo anterior, lo sustentó la autoridad responsable, con las constancias que se adjuntaron a los oficios DGSPTMP/0542/2022, del dos de junio de dos mil veintidós, signado por el Comandante Álvaro Lamadrid Ortega, en su calidad de Director de Seguridad Pública Municipal de Puente de Ixtla, Morelos y DS/079/2022, suscrito por el Doctor César Miguel Eroza Osorio, en su carácter de Director de Salud del Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, respectivamente, consistentes en las constancias relativas a la incapacidad médica de Pedro Bahena Jiménez, registradas con el folio 1120, suscritas por el Doctor Agustín Bahena Nájera, adscrito a la Dirección de Servicios Médicos Municipales del referido Municipio, en las que aparece en el apartado de "días otorgados con número, en la primera (11) y en la segunda (1), y por cuanto al período que comprende la incapacidad en la primera de (catorce de febrero a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós), y en la segunda del (catorce de febrero al catorce de febrero de dos mil veintidós) y en esta última además se agrega el diagnóstico consistente en (policomtundido/esguince); de ahí, que la responsable haya determinado con libertad de jurisdicción que existen elementos suficientes para decretar el inicio del procedimiento administrativo contra el elemento de seguridad pública municipal Pedro Bahena Jiménez. Asimismo de la resolución que dictó la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que con libertad de jurisdicción, analiza la figura de la prescripción en relación a la conducta que se pretende sancionar respecto al aludido elemento de seguridad pública, estableciendo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente, en relación a lo establecido por el numeral 56 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley rige el actuar de la responsable, en el asunto no ha prescrito la facultad sancionadora de la autoridad, debido que los hechos que motivaron el inicio de la investigación, datan del catorce de febrero de dos mil veintidós, hechos que fueron denunciados ante la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, el veinte de mayo de esa anualidad, sin que hubiese transcurrido el plazo de siete años que dispone el segundo de los numerales invocados para que prescriban las faltas administrativas graves. Determinación que notificó de manera personal al quejoso el cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado lo siguiente: La autoridad responsable Director de Asuntos Internos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante oficio OF/DAI/072/2023-07, del cinco de julio de dos mil veintitrés, remite copia certificada del auto de tres de julio del año en curso, dictado en el expediente DAI/PA-009/2022, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de inicio del procedimiento que se había dictado el ocho de junio de dos mil veintidós. Asimismo, en diverso oficio OF/DAI/0892023-08, del catorce de agosto de dos mil veintitrés, la referida autoridad responsable, remite copia certificada del nuevo acuerdo dictado en esa misma fecha, dentro del expediente DAI/PA-009/2022, de cuyo contenido se desprende que con libertad de jurisdicción determina la gravedad de la imputación atribuida al quejoso Pedro Bahena Jiménez, a quien derivado de la investigación establece que se encuentra adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, desde el uno de mayo de dos mil cinco, que la acción que se le reprocha consiste en haber presentado por sí mismo información falsificada consistente en la incapacidad médica expedida por la Dirección de Servicios Médicos Municipales, de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, registrada con el folio 1120, suscrita por el Doctor Agustín Bahena Nájera, actualizándose la conducta que dispone el artículo 159 fracción XVI, que dice: "Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo el desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: ..XVI. Presentar por sí o interpósita persona documentación alterada o falsificada...". Lo anterior, lo sustentó la autoridad responsable, con las constancias que se adjuntaron a los oficios DGSPTMP/0542/2022, del dos de junio de dos mil veintidós, signado por el Comandante Álvaro Lamadrid Ortega, en su calidad de Director de Seguridad Pública Municipal de Puente de Ixtla, Morelos y DS/079/2022, suscrito por el Doctor César Miguel Eroza Osorio, en su carácter de Director de Salud del Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, respectivamente, consistentes en las constancias relativas a la incapacidad médica de Pedro Bahena Jiménez, registradas con el folio 1120, suscritas por el Doctor Agustín Bahena Nájera, adscrito a la Dirección de Servicios Médicos Municipales del referido Municipio, en las que aparece en el apartado de "días otorgados" con número, en la primera (11) y en la segunda (1), y por cuanto al período que comprende la incapacidad en la primera de (catorce de febrero a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós), y en la segunda del (catorce de febrero al catorce de febrero de dos mil veintidós) y en esta última además se agrega el diagnóstico consistente en (policomtundido/esguince); de ahí, que la responsable haya determinado con libertad de jurisdicción que existen elementos suficientes para decretar el inicio del procedimiento administrativo contra el elemento de seguridad pública municipal Pedro Bahena Jiménez. Asimismo de la resolución que dictó la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que con libertad de jurisdicción, analiza la figura de la prescripción en relación a la conducta que se pretende sancionar respecto al aludido elemento de seguridad pública, estableciendo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente, en relación a lo establecido por el numeral 56 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley rige el actuar de la responsable, en el asunto no ha prescrito la facultad sancionadora de la autoridad, debido que los hechos que motivaron el inicio de la investigación, datan del catorce de febrero de dos mil veintidós, hechos que fueron denunciados ante la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, el veinte de mayo de esa anualidad, sin que hubiese transcurrido el plazo de siete años que dispone el segundo de los numerales invocados para que prescriban las faltas administrativas graves. Determinación que notificó de manera personal al quejoso el cuatro de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable emita un nuevo acuerdo en el cual, con plenitud de jurisdicción, determine la gravedad de la imputación atribuida al quejoso, así como, si en su caso se actualiza la prescripción de la conducta que se pretende sancionar, y hecho lo anterior, dicte el acuerdo que legalmente corresponda en relación con la conducta atribuida al solicitante del amparo; y, notifique personalmente al quejoso la determinación que emita en cumplimiento a este fallo, lo anterior, en el entendido que la ejecutoria de amparo, no obliga a la autoridad responsable a que emita su acto en un determinado sentido, por lo que tiene libertad de jurisdicción para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, en términos de las leyes aplicables. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber dictado el auto de tres de julio del año en curso, dictado en el expediente DAI/PA-009/2022, en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de inicio del procedimiento que se había dictado el ocho de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con libertad de jurisdicción, dictó nuevo acuerdo de inicio de procedimiento emitido el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que determinó la gravedad de la imputación atribuida al quejoso, asimismo, estableció que no se actualiza la figura de la prescripción que disponen los numerales 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente, en relación a lo establecido por el numeral 56 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley rige el actuar de la responsable; de ahí, que haya considerado con la libertad de jurisdicción concedida, procedente el inicio de procedimiento administrativo contra el elemento de seguridad pública municipal del precitado Municipio, por la causa que considero aplicable a la conducta que se le reprocha. Por otra parte, por lo que hace a las manifestaciones del quejoso realizadas en escrito del cinco de septiembre del año en curso, en el sentido de que la autoridad responsable respecto a la prescripción realiza un indebido análisis relacionado con la conducta imputada; al respecto, contrario a sus manifestaciones, no ha lugar a analizar dicha conducta debido a que su estudio no constituyó el estudio de fondo del asunto, toda vez que lo efectos del amparo dejaron libertad de jurisdicción a la responsable, para que estableciera si se actualizaba o no esa figura; por lo tanto, quedan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser destruido en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 fracción III inciso b), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se determinó concederlas Finalmente, de autos se advierte que en escrito del veinte de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable solicitó aclaración de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, destacando lo establecido en el considerando sexto, relativo a los efectos de la concesión de amparo, y haciendo el señalamiento que existe contradicción y falta de claridad, toda vez que esa autoridad posterior a la sujeción del procedimiento al quejoso, continúo la secuela del procedimiento administrativo, hasta llegar al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, y cierre de instrucción, la cual se desahogó el veintiocho de julio de dos mil veintidós, quedando únicamente pendiente dictar la resolución definitiva, esto, siguiendo los lineamientos en que se concedieron las suspensión provisional y definitiva, y que ahora la sentencia de la cual se solicita aclaración, no ordena ni hace mención acerca de dejar sin efectos lo actuado posterior a la sujeción al procedimiento, ni respecto al término de sesenta días hábiles que esa autoridad tiene para dar fin al procedimiento, considerando que sin hacer las precisiones y aclaraciones, se estaría en el caso que esa autoridad emitiera una nueva resolución en la que sujetara al procedimiento al quejoso y que se estaría ante una duplicidad de actuaciones. Contrario a las manifestaciones emitidas por la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, debido a que como ha quedado precisado en párrafos anteriores, se le otorgó libertad de jurisdicción para resolver acerca del inicio del procedimiento en términos de las leyes aplicables, así como para establecer la gravedad de la conducta que atribuye al elemento de seguridad pública municipal que sujetó a procedimiento; aunado que en caso de no estar conforme con la resolución de amparo, estuvo en posibilidad jurídica de impugnarla a través del recurso de revisión, lo cual, en efecto hizo a través del escrito el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, medio de defensa que a través de la ejecutoria que pronunció el tribunal revisor, cuyos datos quedaron precisados en este acuerdo, se determinó confirmar la sentencia recurrida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Pedro Bahena Jiménez, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto de la vista dada con el cumplimiento de ejecutoria realizado por la responsable. Al respecto, se le tiene por hechas sus manifestaciones las cuales serán tomadas en consideración al momento de realizar el análisis sobre el debido cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gerardo García Núñez, Director de Asuntos Internos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, donde dictó un nuevo acuerdo de inicio de procedimiento con el número de expediente administrativo número PA/DAI/07/2023, así como la notificación realizada a la parte quejosa de dicha determinación. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrado con el número de folio 13237, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución que se cita; en consecuencia y con fundamento en el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gerardo García Núñez, Director de Asuntos Internos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, donde dictó un nuevo acuerdo de inicio de procedimiento con el número de expediente administrativo número PA/DAI/07/2023, así como la notificación realizada a la parte quejosa de dicha determinación. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrado con el número de folio 13237, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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