Pedro Arreola Medrano
Expediente 2006/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2006/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/03/2023
Partes del expediente
- Pedro Arreola Medrano
- Junta Especial Número de Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Juicio de Amparo 2006/2022 En esta fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste.Mexicali, Baja California, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se negó la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión, pues no fue solicitado por la parte quejosa. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto********************; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado doce de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra: SEGUNDO. Trámite. Los antecedentes más relevantes que integran el presente juicio de amparo indirecto son: La demanda se turnó a este juzgado federal el trece de diciembre del año próximo pasado. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, la demanda se radicó bajo el número******************** y se admitió a trámite. Luego, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 33 fracción IV, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados en este juicio carecen de ejecución al ser de carácter omisivo, y la demanda fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario adscrito; la omisión de "agotar" la etapa de conciliación, demandada y excepciones, en el juicio laboral ********************, por no haberse emplazado a la parte patronal demandada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado por conducto del Presidente de la Junta, aceptaron los actos que respectivamente les fueron atribuidos; por tanto, estos son ciertos y deben tenerse como plenamente probados. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 917812 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Adicionalmente a la anterior manifestación, la certeza se corrobora con las constancias que integran el expediente del que emergen los actos reclamados, las cuales fueron allegadas por dichas autoridades en copia certificada a este órgano de amparo; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso no se desprende de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, ni existe argumento de las partes que analizar en ese sentido; por tanto, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a ello; máxime, se dará respuesta integral a sus inconformidades, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Orienta esa postura, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio y decisión. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en relación a los actos omisivos reclamados, atribuidos a las autoridades responsables de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California, aún suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; en virtud de las consideraciones que enseguida se exponen. La parte solicitante del amparo aduce medularmente en los conceptos de violación que la omisión reclamada le causa perjuicio a sus derechos fundamentales de acceso y pronta impartición de justicia, consagrados en el artículo 17 constitucional, ya que las responsables han sido omisas en agotar la etapa de conciliación, demandada y excepciones, en el juicio laboral ********************, por no haberse emplazado a la parte patronal demandada. Así, para dar contestación a dichos motivos de disenso, conviene citar a continuación el contenido del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El indicado precepto, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Dicho derecho fundamental debe de observarse, no solo por los órganos pertenecientes al Poder Judicial, sino también por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice, pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto. Así lo determinó la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes criterios: "Registro digital: 179690 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CLV/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005, página 409 Tipo: Aislada ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN. Es cierto que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Sin embargo, de ese precepto constitucional no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tengan impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones, tan es así, que en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen a su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para establecer las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, de ahí que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional, puede desempeñarse por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto." "Registro digital: 171257 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209 Tipo: Jurisprudencia ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por otro lado, conforme a la tesis transcrita en último término, se deduce que el artículo 17 de la Carta Magna, establece diversos principios cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, tales principios consisten en: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Para dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, conviene citar a continuación el contenido de los siguientes preceptos legales: "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." "873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." El primero de los numerales trascritos, dispone que la obligación de los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares, de no permitir que los juicios que ante ellos se tramiten queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Asimismo, el diverso precepto establece que cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo 773. Y el último de los dispositivos invocados, entre otras cuestiones, establece que una vez recibido el escrito de demanda la Junta tiene veinticuatro horas para proveer respecto de ésta, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido la demanda, en el entendido que las partes deberán estar notificadas con diez días de anticipación. De igual forma, que la falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de mérito, la cual consta de dos etapas, a saber: 1) De conciliación; y 2) De demanda y excepciones, por ello ahora se conoce como "audiencia bifásica". En el caso particular, de las constancias allegadas se advierten los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes: El siete de enero del año dos mil diecinueve, la Junta responsable radicó y admitió la demanda laboral bajo el número de expediente ********************, así como también señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial, ordenando la notificación y emplazamiento respectivo de las partes actora y demandada; lo cual quedó notificado a la trabajadora desde el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Luego, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, fecha señalada en el auto de radicación para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de la imposibilidad de emplazamiento de la patronal, asentada por el fedatario público responsable en la razón actuarial de doce de marzo de ese año, así como en relación con la solicitud de la representante de la parte actora que compareció a la audiencia, con fundamento en el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta otorgó a esta última un término de tres días a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera con dicha razón circunstanciada, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendría no interpuesta la demanda laboral; reservándose señalamiento de nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial. Así, por auto de quince de abril de dos mil diecinueve, la Junta tuvo por recibido el escrito de la parte trabajadora y atento a la solicitud contenida en la misma, ordenó girar los oficios correspondientes a diversas dependencias e instituciones públicas, a efecto de requerir información a cerca de si tenían o no en sus registros algún domicilio a efecto de emplazar a la parte demandada; misivas que quedaron notificadas el seis de junio de ese año, siendo que el acuerdo de mérito quedó publicado en el boletín laboral el siete de junio de dos mil diecinueve. Posteriormente, el veinte de enero de dos mil veintitrés, la Junta responsable tuvo por recibidos diversos oficios relativos al cumplimiento del anterior requerimiento, sin desprenderse registro alguno del domicilio de la patronal demandada; y al no obrar todos la respuesta de todas las dependencias requeridas, ordenó requerir de nueva cuenta a la institución pública que faltaba, y señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica; asimismo, en proveído de esa misma fecha, la Junta ordenó dar vista y correr traslado a la parte actora, por un término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera con dichos oficios de requerimiento de informe de domicilio obrantes en el expediente, bajo el apercibimiento de tener no interpuesta la demanda laboral para el caso de no hacer manifestación alguna al respecto; lo cual fue notificado el veinticinco de enero del año en curso. Pues bien, de las constancias antes relatadas, se desprende que si bien el juicio laboral ha permanecido inactivo a la fecha por varios meses, lo cierto es que en primer lugar, ello se debió también a la falta de la intervención de la parte actora, hoy quejoso, puesto que este último tampoco impulsó de forma alguna el procedimiento respectivo para la localización de la patronal, al menos no existe constancia alguna de aquél, desde el auto dictado el quince de abril de dos mil diecinueve, en que la Junta ordenó girar los oficios respectivos a diversas dependencias e instituciones públicas, para que requerirles información sobre si tenían o no en sus registros algún domicilio a efecto de emplazar a la parte demandada; siendo que dicho proveído fue notificado a las partes por medio de boletín laboral, desde el siete de junio de dos mil diecinueve, máxime que la Junta responsable también notificó todos los oficios ordenados, desde el seis de junio de ese año. Lo anterior, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el actor haya hecho manifestación alguna al respecto desde entonces, al menos de los autos del procedimiento laboral génesis, que fueron remitidos en copia certificada a este órgano jurisdiccional junto con el informe justificado y con los que se dio vista a la impetrante, no se desprende lo contrario. Inclusive, cabe destacar que según los antecedentes arriba narrados, se deduce que el Actuario de la Junta laboral responsable intentó emplazar a la parte demandada, sin éxito alguno, según la razón actuarial aludida en el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, y en consecuencia, la Junta responsable también ordenó dar vista al actor para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera al respecto, de lo cual emergió el procedimiento de localización de información del domicilio de la patronal; sin que a la data de instauración del contradictorio federal en que se actúa, se hubiera tenido noticia de promoción del quejoso que impulsara el juicio laboral. En suma, podemos colegir que si bien aún no ha sido desahogada la audiencia inicial en el juicio laboral génesis; no obstante, lo cierto es que las autoridades laborales no están en condiciones de continuar con el juicio, en tanto que a esta data no tiene conocimiento de un domicilio donde pueda ordenar el emplazamiento de la parte demandada, menos llevarlo a cabo. Además, que lo anterior se debe en el parte a la falta de interés del actor en el seguimiento del asunto, en virtud que como quedó evidenciado, en cierta medida se requería de un impulso de su parte, quien nada había externado a la fecha de presentación del amparo, en torno al procedimiento de localización del domicilio de la patronal iniciado por la autoridad laboral, ni de proporcionarle un domicilio para emplazarla. Así pues, lo dicho hasta aquí reveló que contrario a lo considerado por la parte quejosa, la falta de desahogo de la etapa inicial en el juicio natural, de cuya dilación hoy se duele, no se debió a la falta de diligencia por parte de las autoridades de la Junta responsable; de ahí que en el caso no podamos atribuirle exclusiva y directamente a esta última un retardo en la impartición de justicia, pues conforme al marco jurídico citado con antelación, la etapa en que se encuentra el procedimiento génesis, no es una que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, ya que inclusive, existe la posibilidad de decretar la caducidad en ciertos casos donde se requiere la promoción de la parte actora, tal como lo señala el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo. Habida cuenta, la autoridad responsable pliega su actuación de prevención antedicha, a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, siguiente: "Registro digital: 2013079 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 126/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1364 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." Decisión. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, aún suplidos en su deficiencia, y no demostrarse la violación a derechos fundamentales reclamados, procede negar a la parte quejosa la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión No Ampara Ni Protege a ********************, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente sentencia. Notificación de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
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Mexicali, Baja California, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitido por la autoridad Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de dos de febrero del año en curso. Vista. Atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI. 2º. 16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Notifíquese.
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Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que el presente expediente no está plena y debidamente integrado, dado que no obran las constancias que fueron requeridas a la autoridad responsable mediante proveído de dos de febrero del año en curso. Diferimiento. Por tanto, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las once horas con cincuenta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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