Pedro Armando Rosado Moron

Expediente 1074/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1074/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Pedro Armando Rosado Moron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II.- SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, promovido por ..., contra el acto atribuido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en los considerandos cuarto y quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  2. Principal

    MESA II.- Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: glósese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de ***, y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula dicho ocursante, para ser tomados en consideración como legalmente correspondan, en el momento procesal oportuno; y con fundamento en el artículo 119 de la invocada Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que adjuntó a su escrito de cuenta, consistentes en copias al carbón de los recibos relativos a las solicitudes números 160716-2016 y 160916-2016 de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, expedidos por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional, ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió documentos en copia al carbón, a fin que éstos obren en autos, glósese en sobre de plástico para su conservación. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para tener verificativo el día de hoy, y que el quince de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, y los Registradores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompañaron, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, SE DIFIERE la celebración de LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, y se fija para que tenga verificativo la citada audiencia, las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

  3. Principal

    MESA II.- Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese a éstos autos, para que obre como corresponda, el oficio de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaño, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de fecha quince de octubre del año en curso; informa que las respuestas recaídas a las solicitudes 160716-2016 y 160916-2016, mismas que fueron ingresadas por un particular, es decir no fueron enviadas a esas oficinas registrales por el Juez de Paz de la Localidad y Municipio de Tetíz, Yucatán, por tal motivo su devolución de conformidad a lo que establecen los artículos 40 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y 49 del Reglamento de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, fue hecha a quien las presentó, en consecuencia el tramite presentado para su inscripción ya no se encuentra en esas oficinas registrales, lo anterior hágase del conocimiento de las partes.

  4. Principal

    MESA II.- Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, y los Registradores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y hágase relación de tales informes, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que del informe de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, agregado en líneas precedentes, que de conformidad con el artículo 45 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, las autoridades Calificador del Departamento Inmobiliario "B" del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, y Calificador del Departamento Inmobiliario "D" del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, no existen en la dependencia a su cargo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, así como 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tienen por inexistentes a las citadas autoridades señaladas como responsables, y se suspende toda comunicación procesal con aquellas, para todos los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que del informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, se advierte que no fueron remitidas las constancias de notificación al aquí quejoso, de las respuestas a las solicitudes 160716 y 160916 de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis; en tal virtud, tomando en consideración que en el presente caso, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, se podría actualizar alguna causal de improcedencia, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho proceda, mediante atento oficio que al respecto se gire a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad, requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación a *** de las respuestas a las solicitudes 160716 y 160916 de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis; apercibida dicha autoridad que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo.

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