Pedro Armando Lizarraga Espadas
Expediente 534/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Armando Lizarraga Espadas
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo indirecto promovida por Pedro Armando Lizárraga Espadas, por su propio derecho, contra los actos que reclama del titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades. Al respecto, fórmese el expediente correspondiente y Regístrese en el Libro de Gobierno electrónico relativo bajo el número 534/2023-VII. Ahora bien, del análisis de dicha demanda, se advierte que el promovente de amparo señala como actos reclamados, medularmente, el emplazamiento, notificación y traslado que le fuera realizado en el documento determinante E-IFT.UC.DG.SAN.II.0003/2019, derivado del procedimiento administrativo de ejecución instaurado en su contra por el Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como las consecuencias del mismo, que derivaron en una multa impuesta por la determinación del crédito fiscal derivado de dicho procedimiento, y su ejecución. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por materia, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. Ahora bien, este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia respecto de lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. El artículo transitorio décimo segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En ese sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fija la competencia por materia, estableciendo entre otras, la de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, destacando, además, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y se instituyeron los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como del "Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región", emitido por el Consejo de la Judicatura Federal del siete de ese mismo mes y año, mediante el cual fija la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república. Este último fue reformado por el diverso "Acuerdo General 4/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2013, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de julio de dos mil veintiuno. Así, del texto actual del citado Acuerdo General 22/2013, se advierte en sus artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, lo siguiente: "SEGUNDO. A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. .SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. .OCTAVO. A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Gestión Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo. .DÉCIMO SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, para quedar como se indica a continuación: I. Se modifica el punto QUINTO, inciso 1, para quedar como sigue: .II. Se adiciona un punto SEXTO y se recorren los subsecuentes como SÉPTIMO y OCTAVO para quedar como sigue: SEXTO. Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, integrado por: dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados de circuito." De los preceptos transcritos deriva que los Jueces de Distrito, tanto en materia administrativa, como especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra actos de autoridad distinta de la judicial, siendo que a efecto de determinar su competencia para conocer de un determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, porque, evidentemente, mientras los primeros deben conocer de asuntos de contenido administrativo en sentido amplio -entendido como el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la propia administración-, a los segundos corresponden los negocios con substancia específicamente en materia de competencia económica, radiodifusión y/o telecomunicaciones. Es aplicable la jurisprudencia 84/2016 (10a.), visible en la página mil noventa y dos, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." Asimismo, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), visible en la página mil setecientos cuarenta y seis, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Pleno de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando el ejercicio de algún derecho se encuentre relacionado con aspectos de competencia económica, no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia. Es ilustrativa por identidad de razón, la jurisprudencia 119/2015 (10a.), visible en la página mil trescientos veintidós, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se planteó la necesidad de crear órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que involucran a esas materias y para dar consistencia y homogeneidad a su marco regulatorio y evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, si bien es cierto que el derecho de acceso a la información encuadra dentro de la materia administrativa en general, también lo es que cuando una solicitud de acceso a la información entraña cuestiones relacionadas con la materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo o sus recursos cuando el acto reclamado consiste en la decisión adoptada respecto a dicha solicitud es el especializado en esas materias, pues su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos a ese derecho, como pueden ser el propio acceso a la información, los medios por los que se ejerce aquél o las limitaciones que al respecto pueden determinarse, sino que también debe resolverse si la información fue completa y congruente, así como si las reservas fueron fundadas y motivadas, entre otras cuestiones relacionadas con la materia especializada, lo cual es compatible con la competencia de los órganos jurisdiccionales en esas materias." En la especie, se reitera, la parte quejosa señaló como actos reclamados de las autoridades responsables, emplazamiento, notificación y traslado que le fuera realizado en el documento determinante E-IFT.UC.DG.SAN.II.0003/2019, derivado del procedimiento administrativo de ejecución instaurado en su contra por el Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como las consecuencias del mismo, que derivaron en una multa impuesta por la determinación del crédito fiscal derivado de dicho procedimiento, y su ejecución. De lo anterior se colige que el quejoso reclama actos de autoridades que normalmente son competencia de los Juzgados de Distrito; sin embargo, también atribuye actos del Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas facultades se encuentran inmersas dentro de la subespecialización de telecomunicaciones. Luego, dado que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, pues en esencia se duele del emplazamiento, notificación y traslado que le fuera realizado en el documento determinante E-IFT.UC.DG.SAN.II.0003/2019, derivado del procedimiento administrativo de ejecución instaurado en su contra por el Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como las consecuencias del mismo, que derivaron en una multa impuesta por la determinación del crédito fiscal derivado de dicho procedimiento, y su ejecución; por tanto, se impone concluir que debe conocer del asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Máxime, desde el punto de vista formal, que tales actos reclamados se atribuyen al Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 28, fracción VII, Constitucional, en la parte en la cual establece que los actos de tal órgano regulador son controvertibles a través del juicio de amparo indirecto y resueltos por los tribunales especializados; así se advierte de la norma en comento, que a continuación se transcribe: "Artículo 28. ...VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el Amparo en revisión 125/2016, con rubro, texto y datos de localización: "COMPETENCIA ECONÓMICA. SU CONCEPTO PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA. En el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 22/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se estableció que éstos conocerían de los amparos indirectos y de los recursos derivados de ellos, relacionados con esas materias. En ese sentido, en el tema de competencia económica, la intervención de los órganos citados no se reduce a aquellos actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que, al suponer la coincidencia de la competitividad como política pública y el derecho de la competencia económica, la aplicación de complejos normativos de carácter transversal se extiende a los actos dictados por otros órganos reguladores en sectores especializados, que tienen incidencia en la ordenación de mercados y en la regulación de actividades y servicios de interés general y prioritario, esto es, en el proceso de competencia y libre concurrencia, que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios, de modo que no puede abandonarse su funcionamiento a las reglas de mercado." Ante lo hasta aquí expuesto, se estima que el asunto que nos ocupa no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa genérica, sino en materia de telecomunicaciones. En efecto, toda vez que los actos reclamados pertenece a la materia de telecomunicaciones, esta Juzgadora Federal estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por lo que el Juez de Distrito que debe avocarse al estudio del asunto es uno en esa misma materia, debido a que se está ante una mayor especialización dentro de la materia administrativa, de la cual deben conocer tribunales judiciales en dicha particular especialización, en atención a la intención que en tal sentido se desprende de los artículos 94, párrafo sexto, de la Carta Magna y décimo segundo, párrafo primero, transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 94. .El Consejo de la Judicatura Federal de determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." "Artículo décimo segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." Asimismo, la determinación alcanzada obedece a que el espíritu de legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 Constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Lo antes sustentando encuentra apoyo en las consideraciones que a su vez sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el conflicto competencial C. C. A. 5/2016. En consecuencia, el conocimiento del presente juicio de amparo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 28, fracción VII, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción I, segundo, fracción I, punto 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en el diverso Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis; este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, declara carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la presente demanda de amparo, y por ende, remítase vía electrónica, a través del Módulo de Interconexión Tecnológica entre Órganos Jurisdiccionales, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, este juicio de amparo 534/2023-VII, solicitándole atentamente que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Ello, en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. En diverso orden, fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, se hace la precisión de que en el presente auto no se proveerá sobre la suspensión del acto reclamado solicitada por la parte quejosa; ello, cuenta habida que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, esto únicamente deberá realizarse cuando, a pesar de la incompetencia legal decretada, en la demanda respectiva se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que no acontece en la especie, como quedó evidenciado en la transcripción realizada al principio del presente proveído. En otro orden, como lo señala el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. En diverso orden, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3°, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Pedro Alfonso Tzuc Cetina155/2019
- Pedro Alfredo Patron Sansor23/2021
- Pedro Antonio de Jesus Huchim Keb1209/2020
- Pedro Antonio Lopez Chan1564/2021
- Pedro Antonio Solis Almeida90/2017
- Pedro Antonio Uribe Chan797/2020
- Pedro Ayala Perez1482/2022
- Pedro Birzabit Bojorquez Aldecua1808/2014
- Pedro Cardeña Cabrera1074/2018
- Pedro Castillo Tukuch868/2018
- Pedro Chavez Franco1011/2018
- Pedro Damian Ake Chunin560/2020