Pedro Aparicio Reyes

Expediente 728/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
728/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Pedro Aparicio Reyes
  • Pedro Aparicio Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante el cual solicita una prórroga de tres días para cumplir con la ejecutoria amparadora dictada en autos, por las razones que expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la legislación de la materia, se concede a la responsable la prórroga de tres días solicitada a efecto de cumplir el fallo protector; haciendo de su conocimiento que continua vigente el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de siete de los cursantes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil quince, (foja 288), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías por la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en representación de la Directora General de dicho Instituto; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad de mérito. Ahora, atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243)". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las siguientes consideraciones. Del estado procesal que guarda este juicio, se observa que en la sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil quince (237 a 254), se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto para el efecto de que el Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: 1. No aplicara al quejoso, la tarifa contenida en el artículo 95, fracciones I y II, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente. 2. Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, por ende, deberá devolver la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por los conceptos a que se refiere el volante universal expedido el veintiséis de enero de dos mil quince, con fecha límite de pago nueve de febrero siguiente, por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y enterado el veintiuno de abril del año citado, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación. 3. En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a la parte gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley ($1,521.00- un mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Posteriormente, en acuerdo de veintidós de octubre de ese mismo año (fojas 265 a 266), se declaró que la sentencia causó ejecutoria y requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Atento a lo anterior, es necesario indicar lo siguiente: I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por la impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. En acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se dio cumplimiento, en los siguientes términos: Por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado federal el diecisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 284 a 287), la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en representación de la Directora General de dicho Instituto, remitió copia certificada expedida por dicha autoridad del cotejo que realiza la Dirección de Administración y Finanzas, del cheque número 0003683, valido por la cantidad de $28,914.00 (veintiocho mil novecientos catorce pesos 00/100 moneda nacional) de la Institución Bancaria Scotiabank, a favor del quejoso Pedro Aparicio Reyes, precisando que dicha cantidad ampara el monto total a restituir al quejoso, aplicando la tarifa mínima a cada concepto contenido en la línea de captura número IHJR0400727507830252, prevista por el artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios Vigente para el ejercicio fiscal dos mil quince. Del mismo modo, informó que esa autoridad determinó no aplicar a los quejosos Pedro Aparicio Reyes e Isabel Tenorio Garduño, la porción normativa correspondiente al artículo 95 fracciones I y II, del Código supracitado, para el ejercicio fiscal dos mil quince. Por otro lado, precisó que el cotejo del título de crédito referido en párrafos anteriores, fue remitido a través del oficio 227B14200/757/2015, a la Titular de la Oficina Registral de Toluca, a efecto de que dicha autoridad estuviera en posibilidad de acatar el fallo emitido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, comunicó que dicho título de crédito quedo disponible para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería de Dicho Instituto. Razón por la cual, atendiendo al análisis de las constancias remitidas, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió los aspectos establecidos y satisfacía los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. En esas condiciones, al estimar que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable, así procede declararlo. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo donde se concedió el amparo solicitado, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en representación de la Directora General de dicho Instituto, por el cual, indica que en atención al requerimiento realizado en proveído de doce de los actuales, remite el copia certificada del cotejo del cheque +, a favor del quejoso, que ampara la cantidad materia de la sentencia de amparo dictada en el presente; por lo que, a fin de realizar la devolución aludida, dicho título de crédito queda a disposición de la parte quejosa, en el departamento de la Tesorería del Instituto en mención +, en un horario de nueve a dieciocho horas de lunes a viernes; así también informa que dicha autoridad determinó que no se aplicará a los quejosos la porción normativa correspondiente al artículo 95 fracciones I y II, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal dos mil quince; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes asimismo, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se conminó a la oficiante en el acuerdo que se cumplimenta. Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa con la documental que se adjunta, en atención a que mediante auto de doce de los cursantes se otorgó ésta con la diversa constancia remitida por la Titular de la Oficina Registral de Toluca del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a fin de que procediera a disponer de los recursos de que se tratan. No obstante, con las manifestaciones que realiza, atento a lo establecido por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo en el término antes señalado y una vez se desahogue la vista otorgada en auto de doce de los actuales o fenezca el plazo concedido para tal efecto, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos.

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