Pedro Antonio Vera Hernández

Expediente 192/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
192/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Pedro Antonio Vera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Por sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Pedro Antonio Vera Hernández, para el efecto de que el Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, realizara lo siguiente: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, en forma inmediata dentro del expediente laboral 03787/2014/5/1 emita el auto admisorio de pruebas y señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del término que señala el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo y notifique a la parte quejosa dicha resolución. Mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se determinó que el fallo que antecede causó ejecutoria, por lo que en esa misma fecha se requirió su cumplimiento a dicha autoridad. En satisfacción a lo anterior, se tuvo a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, remitiendo copia certificada de la determinación de treinta de abril de dos mil dieciocho. En dicho auto, la citada autoridad responsable se pronunció sobre las pruebas confesionales, testimonial, de informes, de inspección, la prueba sobre grabación de audio, documentales, la presuncional y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por las partes; asimismo, con base en el artículo 833 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del término estipulado en dicho precepto legal señalo hora y fecha para su desahogo. A los documentos reseñados se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, con lo que respecta a su esfera competencial. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 201/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del tomo XXX de diciembre de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Por otra parte, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el *****. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

  4. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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