Pedro Antonio Sierra Martinez
Expediente 2594/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/02/2023
Partes del expediente
- Pedro Antonio Sierra Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y al criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el presente incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos, en original, a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de enero de dos mil veintitrés. Informa gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se concede prórroga. Visto el comunicado y anexo presentados por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, se le tiene informando que giró nuevo oficio al Director General Administrativo de dicha dependencia, a fin de que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; además, solicita una prórroga para tal efecto. Ahora, analizadas que son las presentes actuaciones, se advierte que desde el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se requirió al Secretario de Transporte para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo y acredite el pago de la indemnización correspondiente al quejoso. Luego, en auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, informando que giró oficio al Director General Administrativo de la misma secretaría para que diera cumplimiento a la ejecutoria, y por tal motivo se le concedió una prórroga; misma situación ocurrió en proveído de uno de diciembre del citado año, en el que se recibió un comunicado de similar contenido y se otorgó una nueva prórroga. De lo anterior se deduce que ha transcurrido más de tres meses desde que se requirió al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, por el cumplimiento de la sentencia y al efecto solo se ha informado que se giraron oficios al Director General Administrativo para que realice la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso. Requerimiento a la autoridad responsable. En atención a lo anterior, requiérase nuevamente al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su defecto, las gestiones que de manera efectiva se encuentran realizando para ello. En el entendido de que no bastará que informe que requirió a diversa autoridad, sino que deberá acreditar con constancias que se realizó la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; y, en su caso, que se solicitó la aprobación de esa reestructura al Gobernador y a la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento al superior jerárquico. En virtud de lo anterior y de acuerdo al procedimiento de ejecución que prevé el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, esto es, al Gobernador del Estado de Jalisco, para que en el lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, por su conducto, requiera al citado Secretario de Transporte, para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; además, de conformidad con el numeral 192 de la ley de la materia, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada directamente al cumplimiento, lo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Estese a lo acordado. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por ****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Francisco Rosas González, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento contenido en auto de once del mes y año en curso a la autoridad responsable Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, y se le requiera nuevamente por el cumplimiento de la sentencia. Al respecto, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en párrafos previos, sin que haya lugar a aplicar la medida de apremio, pues ello es una facultad exclusiva de este órgano de control constitucional, lo que implica que tal aspecto no queda al arbitrio de las partes, sino que es una potestad discrecional del juzgado de Distrito. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Recurso de inconformidad infundado. Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual trascribe la resolución pronunciada el doce de enero de dos mil veintitrés, dentro del recurso de inconformidad 32/2022, de dicho índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad promovido por *, por propio derecho y en representación de su menor hijo D.E.F.R., por conducto de su autorizado, contra la resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Sexta de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en la que declaró cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo indirecto 421/2020.". Anotaciones. En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Devuélvase al archivo. En razón de lo anterior, toda vez que en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente sumario por estar totalmente concluido, regrésese a dicho lugar. Notifíquese por lista física y electrónica.
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