Pedro Antonio Quezada Carranza
Expediente 169/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
Partes del expediente
- Pedro Antonio Quezada Carranza
Actuaciones
- Principal
Ya no es necesario contar con los cuadernos de pruebas, se ordenan devolver...
- Principal
Se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria... Archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido... El presente asunto es susceptible de destrucción... El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido... El original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, se procederá a la misma una vez transcurridos tres, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga... El duplicado del incidente de suspensión, se destruirá transcurridos seis meses contados a partir de que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le realice...
- Principal
VISTOS, para resolver... R E S U L T A N D O:... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados... TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, en razón de que al producir su informe justificado, así lo aceptó (foja 21). Certeza que además se corrobora con las actuaciones del expediente de origen que fueron exhibidas con su informe rendido ante el tribunal de alzada a quien inicialmente correspondió el conocimiento de la demanda y con las que se ordenó formar un tomo de pruebas, documentales a las que se les asigna valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de las que se observa las determinación reclamada (fojas 77) del cuaderno de pruebas) que constituye el acto reclamado. Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". [.]" El arábigo 61, fracción XXIII, dispone que es improcedente el juicio de garantías, en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO .- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción.". El diverso numeral -107, fracción IV-, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, incluyendo el de remate, y la posibilidad de que en esa ocasión puedan reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo que implica, de ser el caso, que el juicio constitucional no procede en contra de resoluciones intermedias, y que, por otra parte no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada; así como que por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución y dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución", en la Jurisprudencia, la cual se transcribe a continuación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA .- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Dentro de las ejecutorias que dieron lugar a ese criterio, el Pleno del Máximo Tribunal hizo suyo el de su Segunda Sala (tesis XLIX/96), que con parecidos rubro y texto fue publicada en la página 367 del Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ahora, no escapa a la consideración de este Juzgador la posibilidad de que los Jueces, tribunales administrativos o laborales y Juntas de Conciliación y Arbitraje omitan el acuerdo conclusivo de la ejecución, sin embargo una vez que el criterio que ahora se sustenta resulte básico para la promoción del amparo correspondiente, la parte interesada podrá instarlos para que emitan esa resolución. Mención aparte merecen los procedimientos de ejecución de sentencias o laudos en los que, como requisito previo para despachar ejecución se hace necesario sustanciar incidentes de liquidación, de cuantificación de daños y perjuicios, de gastos y costas del juicio, etcétera, pues las resoluciones que recaen sobre tales cuestiones intermedias entre lo sentenciado y la ejecución propiamente dicha son impugnables en amparo, aun cuando no clausuren la sección de ejecución, a condición de que se cumpla con el principio de definitividad. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta la tesis aislada VIII/98, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor literal: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS .- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa, así como de las actuaciones que en copias certificadas remitió la responsable que conforman el juicio de origen, las cuales valoradas a la luz de lo que dispone el artículo 2020 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria ala Ley de Amparo con forme a lo que dispone el artículo 2º d esta última, se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado por Scotiabank Inverlat, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Scotiabank Inverlat, a través de su apoderado presentó demanda en la vía civil sumaria, ejerciendo la acción hipotecaria, en contra de Cesar... El juicio fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, quien lo registró bajo expediente 779/2017, ordenó emplazar a los demandados, y llevar a cabo todas las diligencias de ley. Sustanciado el juicio en todas sus etapas, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en la que se declaró acreditada la acción hipotecaria, se condenó a pagar al demandado por las prestaciones que le fueron reclamadas y en caso contrario a sacar a remate el bien materia de la demanda sumaria. En auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el juez civil ordenó sacar a remate el bien hipotecado, en segunda almoneda, se fijó fecha para la audiencia de remate,; asimismo, se ordenó llamar a interesados a través de edictos. El once de diciembre siguiente, se celebró la audiencia de remate; comparecieron Antonio... e Iñigo Adolfo... como postores, así como Scotiabank Inverlat, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo financiero Scotiabank Inverlat a través de su apoderado, al no existir más postores se les adjudicó el bien sobre el precio de la postura legal; por lo que se ordenó llevar a cabo la revisión de oficio del procedimiento de remate. El ocho de enero de dos mil veinte, se aprobó el procedimiento de remate en favor de los postores Antonio... e Iñigo Adolfo..., sin ordenar su escrituración (acto reclamado). Documentales y afirmaciones que constituyen confesión expresa, admisible en el juicio de garantías, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 199, 200 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, que son aptas para demostrar los hechos narrados con antelación. Como se anticipó, el acto que se reclama a la responsable es la resolución dictada dentro del procedimiento de remate, en específico la emitida el ocho de enero de dos mil veinte, en la que se aprobó el procedimiento de remate en favor de los adjudicatarios Antonio... e Iñigo Adolfo..., sin ordenar su escrituración. Luego, si los el ahora quejosos en su carácter de postores comparecieron al juicio civil y se adjudicaron los bienes materia del remate, no tienen la calidad de terceros extraños al procedimiento, por lo tanto, el acto reclamado, como cualquier otro, debe ser impugnado hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que aún no sucede. En efecto, el adjudicatario postor que, ya compareció al procedimiento de remate en el juicio natural ya se encuentra incorporado a la relación procesal de esa etapa del procedimiento, no puede considerarse como persona extraña a éste; por lo tanto, debe de esperarse a que se emita la última resolución dentro del procedimiento de remate, que es precisamente hasta que el juez civil ordene el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que él lo hará en caso de rebeldía Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 103/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 417 de agosto de dos mil cuatro, tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." De la interpretación de los artículos 967, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el postor en el remate que se celebre en ejecución de un laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene carácter de parte en dicha diligencia por el hecho de presentar una postura por escrito y exhibir el billete de depósito respectivo, independientemente de que dicha postura sea calificada de legal o no. Por tanto, al incorporarse a la relación procesal y someterse a la dirección del presidente de la Junta durante el desarrollo del remate, es inconcuso que no puede considerársele como persona extraña al procedimiento en términos de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que el amparo que promueva contra actos que le causen perjuicio dentro de la diligencia de remate se rige por el artículo 114, fracción III, del último ordenamiento citado, hipótesis en la que necesariamente debe atenderse al principio de definitividad y, por ende, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé su procedencia contra actos de los Presidentes en ejecución del laudo" Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia con registro: 2020631, 1a./J. 57/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tipo de Tesis: Jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h, en Materia(s): (Común, Civil), décima época, que dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo.Por tanto, es evidente que, respecto del acto reclamado al Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio... e Iñigo Adolfo... Notifíquese personalmente.
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