Pedro Antonio Herrera Chan

Expediente 2020/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2020/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Pedro Antonio Herrera Chan

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la presente demanda; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por Pedro Antonio Herrera Chan, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2020/2023. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la prueba que el quejoso ofreció como confesional, en autos del juicio reclamatorio laboral **** de su índice. DESECHAMIENTO. Ahora bien, vista la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo por existir motivos indudables y manifiestos de improcedencia. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el 107, fracción, V de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. Como supuesto de procedencia del amparo indirecto, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; (.)." De la literalidad de dicho artículo se obtiene, que el legislador determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo reconocido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, como se precisó, en este asunto se pretende reclamar el acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral 863/2018, en la cual se determinó, entre otras cosas, no admitir la prueba confesional ofertada por el aquí promovente (actor). Por tanto, en virtud de que el acto reclamado de manera destacada, no afecta materialmente derechos sustantivos, es que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En estas condiciones, y al no ser los actos reclamados de aquellos previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser estos de aquéllos que no afectan de manera inmediata los derechos fundamentales consagrado en la Constitución, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Es así porque, se advierte que es un acto de naturaleza procesal que tiene como efecto directo e inmediato el desenvolvimiento del proceso, por lo que la única consecuencia que genera que éste no sea analizado a través del juicio de amparo indirecto, es que se continúe con la secuela procesal del juicio de origen hasta que se dicte una sentencia definitiva y ésta, en su caso, podrá ser impugnada a través del amparo directo, en el que podrán hacerse valer las violaciones procesales o adjetivas que se hubieren cometido en el desarrollo del proceso, por lo que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama En ese contexto, se puede determinar que el acto reclamado no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o algún Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte y, por ende, no puede considerarse que dicho acto tenga la naturaleza de ser irreparable. Además, al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporciona el debido acceso a la justicia, el cual, como ya se dijo, en su caso, puede llegar a ser analizado y restituido a través del juicio de amparo directo que se llegue a promover en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, pues se insiste, la determinación reclamada, trae como consecuencia que continúe la tramitación del juicio, lo cual no puede ser considerado como un acto de ejecución irreparable. En estas condiciones, y al no ser los actos reclamados de aquellos previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser estos de aquéllos que no afectan de manera inmediata los derechos fundamentales consagrado en la Constitución, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Apoya a la anterior determinación, en lo conducente y por analogía, la tesis jurisprudencial VII.2o.T. J/52 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable." A su vez, ilustra al caso, por identidad y analogía, la jurisprudencia P./J.6/94, registro 205484, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/90, consultable en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." (Lo resaltado es de este Juzgado). En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la referida causal de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en su demanda de amparo, toda vez que la presente demanda versa en materia laboral, y la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, ser la parte actora (trabajador), en el juicio laboral de origen. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Asimismo, se tiene por señalado el número de teléfono y correo electrónico, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE

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