Pedro Antonio Hernández González
Expediente 2206/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Pedro Antonio Hernández González
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos Adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio certificado de la resolución pronunciada, en el toca de revisión principal 226/2021, formado con motivo del recurso hecho valer por la parte quejosa y que en lo conducente resuelve lo siguiente: "Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Andrés Moreno Cedeño, contra los actos atribuidos a las autoridades..." Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior resolución para los efectos legales a que haya lugar, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En vista de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es CONSERVABLE, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, entréguese al encargado del Archivo Judicial de este Órgano Jurisdiccional los autos incidentales que derivaron del presente asunto, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual realiza manifestaciones con respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; ahora bien, toda vez que en proveído de veintidós de mayo del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto, agréguese el comunicado de referencia para que obre como corresponda.
- Principal
Hágase del conocimiento de las partes que se señalan LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores de esta Juzgado, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Vista las copias simples de la demanda de amparo indirecto, fórmese por duplicado y separado el Incidente de Suspensión relativo al juicio de amparo número ********************, promovido por **************** contra actos de las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otras autoridades, demás, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de que lo realicen por cualquier medio a disposición de las oficina públicas de comunicaciones, remitiéndoles al efecto copia simple de la demanda de garantías. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del numeral 262, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, si al rendir su informe previo se expresa un hecho falso o niegue la verdad. Como también, que en términos del diverso numeral 260, de la citada ley, de no rendir su respectivo informe previo, se harán acreedoras a una multa de cien días. Por último, se hace igualmente del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I, último párrafo, de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan en materia de amparo, en la oficina principal de las autoridades y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a las autoridades responsables o al respectivo encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y que en el caso de negarse a recibir dichos oficios, se hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Sin embargo, si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. Aunado a que, con fundamento en el artículo 245, de la Ley de Amparo en vigor, las autoridades responsables se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizar la conducta sancionada. Sin embargo, si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma; aunado a que, con fundamento en el artículo 245, de la Ley de Amparo en vigor, las autoridades responsables se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizar la conducta sancionada. Se señala para que tenga verificativo la audiencia incidental las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, tocante a la suspensión provisional que solicita la persona moral oficial quejosa, contra los actos que reclama del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y otras autoridades, a las que atribuye el carácter de ordenadora y ejecutoras; actos que hace consistir en: El proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************, por el que le impone una multa por el equivalente a cien veces de la unidad de medida y actualización, así como su ejecución. Ahora bien, previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar lo siguiente: Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen garantías individuales. Asimismo, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, con relación en el artículo 138, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Al respecto, es preciso hacer relación a los requisitos a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Como se aprecia de la trascripción, el artículo 128 de mérito establece las exigencias para que opere la suspensión provisional, las cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: que quien solicita la suspensión sea el agraviado; y que no se siga perjuicio al interés social con el otorgamiento de la medida, ni se contravengan disposiciones de orden público; aspectos que resultan necesarios para que, como se adelantó, se surtan los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el precepto legal antes invocado, SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, respecto del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral ********************, por el que le impone una multa por el equivalente a cien veces de la unidad de medida y actualización, en virtud de que se trata de actos consumados, porque de así hacerlo se daría efectos restitutorios lo cual es propio de la sentencia que recaiga en el juicio principal. Cobra vigencia la tesis 557, consultable en la página trescientos setenta y uno, tomo VI, Parte TCC, del apéndice mil novecientos noventa y cinco, que refiere: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Así como la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos doce, del Tomo XI relativo al mes de junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." En efecto, los actos reclamados tienen la característica de ser actos consumados, por lo que existe la imposibilidad de otorgar la suspensión, teniendo en cuenta que la medida suspensional únicamente puede otorgarse previa a la consumación del acto, nunca después, porque de hacerlo de manera contraria carecería de materia el juicio principal y de concederse como ya se dijo, se darían efectos restitutorios propios del fondo de la sentencia de amparo que en su caso se llegue a pronunciar. Luego, respecto a la ejecución de los actos materia de reclamo SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR para efectos de que no se haga efectiva la multa impuesta a la quejosa, lo anterior toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que el efecto de la suspensión no tendría como consecuencia la paralización del juicio laboral ********************, en su fase respectiva, ni impediría que se continúe con el procedimientos de ejecución, dado que los efectos de la concesión de la medida suspensional no serían para que no se ejecute el laudo dictado en el asunto de origen, sino que solamente serían para que no se ejecute la multa que le fue impuesta al Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, a través de consistente en una multa equivalente a cien unidades de medida de actualización, contenida en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral referido, siempre y cuando no se haya girado el oficio respectivo a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en caso de haberse remitido para que no la haga efectiva. Como ya se dijo, el otorgamiento de la medida cautelar no se impide a la autoridad responsable continuar con el procedimientos de ejecución del laudo, en términos de los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues aun cuando se encontrara suspendida la ejecución de la multa impuesta en el acuerdo reclamado, el Tribunal responsable tendría la obligación de continuar y proveer la eficaz e inmediata ejecución de laudo y, para ese efecto, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes, como sería la suspensión del cargo de los servidores públicos omisos. Cabe precisar que la suspensión surtirá sus efectos desde este momento y hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable, la suspensión definitiva que en este incidente se dicte. Debe mencionarse que la suspensión provisional surte efectos, sin que sea necesario garantizar los posibles daños y perjuicios ocasionados con la suspensión concedida, toda vez que, en el caso, la quejosa es una persona moral oficial, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7o de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción número 43/2001, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2000, visible en la página doscientos sesenta y ocho, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión." La medida cautelar que se concede, deberá ser acatada por la autoridad responsable con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se procederá conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que se concedió la medida suspensional solicitada por la parte quejosa, consecuentemente debe notificarse de ello al tercero interesado ********************, de manera personal en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda, es decir, deberá ser notificado del trámite de este incidente de suspensión; lo anterior en acato a la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página veintitrés, identificada como P./J. 143/2000, Tomo XII, relativa a Diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala; por lo que ve al resto de los mencionados, se les tiene en términos restringidos del citado numeral. Asimismo, toda vez que proporciona el nombre de usuario ******************** a efecto de que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley que rige la Materia, se autoriza a dicho usuario la consulta de este expediente. Así como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se concede el uso en este juicio de amparo de medios electrónicos, para el efecto de que realice la reproducción de los mismos, previo razón y recibo que se otorgue en autos, por cualquiera de las personas que se encuentra autorizada para ello. Por último, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del último párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario de la adscripción practique las notificaciones que de manera personal sean ordenadas en este asunto. MEDIDAS ESPECIALES. De conformidad con lo previsto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física y electrónicamente por las partes, salvo que este Juzgado determine que resulta indispensable la presencia física de alguna persona en el órgano jurisdiccional. Igualmente, de conformidad al artículo 263, fracción II, del citado Acuerdo, se exhorta a las partes, para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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