Pedro Antonio Evarista
Expediente 324/2020 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2022
Partes del expediente
- Pedro Antonio Evarista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes, desahogó la vista que se les dio con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veinte de mayo de dos mil veintidós, máxime que el cumplimiento de las sentencias son de orden público; por ello, se hace pronunciamiento al respecto. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98 sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para estar en aptitud de establecer si las actuaciones practicadas por la responsable cumplen con los lineamientos fijados en el fallo protector, es preciso tomar en cuenta que en sesión de tres de marzo de dos mil veintidós, este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje sin efectos la sentencia reclamada y, b) En su lugar, emita otra en la que analice la litis efectivamente planteada, atendiendo a lo expuesto en esta ejecutoria. Es menester señalar, que en las consideraciones de la ejecutoria de amparo, se precisó que la Sección responsable, transgredió los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, en razón de que la sección responsable, indebidamente, declaró inoperantes los agravios relacionados con la determinación de los conceptos que conforman el beneficio solicitado y su cuantificación, pues como ya se destacó, en el escrito de petición, el actor solicitó, esencialmente, que se le pagara el finiquito de igual forma se le informara los conceptos que lo integran y su cuantificación con base a los datos laborales. Al efecto, mediante oficio TJA/SS/III/5298/2022, el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, de la cual se advierte que dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil veinte y realizó las consideraciones siguientes: (.) Por otra parte, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, este Cuerpo Colegiado procede a pronunciarse respecto a que la autoridad demandada hasta la fecha no ha pagado el beneficio denominado finiquito por renuncia voluntaria de forma completa, en razón de que se desconocen los conceptos que lo integran en atención a que sólo se le pago al actor la cantidad de ********************, mencionando que al haber laborado por treinta y siete años al servicio de la autoridad demandada, se le debió de haber cubierto la cantidad de ******************** acorde a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que dice, le es aplicable de manera supletoria ante el vacío legal que existe en el Manual de Seguridad Social, adeudándosele aún la suma de ********************.--- (.) Así, por cuanto hace a los conceptos que integran el finiquito y su cuantificación [inciso b)], argumento que también formó parte de la petición presentada el quince de mayo de dos mil diecisiete, que dio origen a la negativa ficta impugnada, debe tenerse presente que la autoridad exhibió el cálculo del finiquito, el cual se desprende de la documental en original que fue remitida a la Sala de origen y que se encuentran en un sobre amarillo que se adjunta al juicio principal, en donde, se aprecian las percepciones y su correspondiente monto que en suma integran la cantidad determinada como pago de finiquito, de la siguiente manera:- (se transcribe). De lo anterior se advierte que la responsable consideró como conceptos de pago del finiquito: parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y haberes pendientes por pagar, es importante señalar que el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, no precisa los conceptos que integran el "finiquito por renuncia voluntaria"; sin embargo, por su objeto y naturaleza, es posible advertir que tal prestación tiene como fin extinguir los adeudos pendientes derivados de la relación administrativa que acaeció entre la corporación y el elemento en activo. Entonces, toda vez que no existe precepto legal que regule lo relativo a los conceptos de integran el finiquito por renuncia voluntaria, tanto en el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar Urbana del Estado de México (en el cual se sustentó el reconocimiento del Derecho al particular) como en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (empleada para superar el vacío normativo que deja la inaplicación del Manual de Seguridad Social del cuerpo de guardias demandado), se debe atender a los principios generales del Derecho y no aplicar supletoriamente la legislación laboral a fin de que se integre el concepto finiquito por renuncia voluntaria, ello atendiendo a la exigencia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en el sentido de que los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones policiales deben estar regulados por sus propias leyes especializadas en sus actividades, por lo que no serían aplicables supletoriamente al caso (como lo pretende el recurrente) las normas laborales federales o locales, concretamente Ley Federal de Trabajo y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a la relación administrativa que de suyo guardan. (.) En ese sentido, se procede a precisar los conceptos y prestaciones que se deben considerar para poder cuantificar el pago de finiquito por renuncia voluntaria, los cuales son: 1. Las remuneraciones netas no pagadas por el desempeño de su servicio, hasta que el particular presentó su renuncia voluntaria (si es que no hubiesen sido cubiertas). 2. La parte proporcional de los días de vacaciones de los que gozaba al año. 3. La parte proporcional de la prima vacacional siempre y cuando haya gozado de esa prestación. 4. La parte proporcional del aguinaldo que le correspondería por los días del último año que laboró. En relación a las remuneraciones netas no pagadas (punto número uno) es necesario precisar que no se adeuda pago alguno al aquí recurrente, en virtud que el mismo exhibió copia certificada del recibo de pago correspondiente a la segunda quincena de marzo del año dos mil quince, lo que implica que se realizó a su favor el pago que venía percibiendo por la prestación de sus servicios hasta el día treinta y uno de marzo de dos mil quince, lo que cubre dicho concepto, tomando en consideración que el escrito de renuncia fue presentado el uno de abril de dos mil quince. Asimismo, existe un reconocimiento por parte de la autoridad demandada en cuanto a que al particular le corresponde el pago proporcional de los días de vacaciones, prima vacacional aguinaldo, sin que se contemple el pago de antigüedad. No obstante, para estar en posibilidad de determinar si el pago realizado al demandante fue correcto o no, resulta necesario realizar el cálculo correspondiente. Cuyo lapso de tiempo comprenderá del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil quince (equivalente a seis quincenas), tomando en consideración que dichas prestaciones se gozan de manera anual, por lo que se infiere que solamente quedan pendientes aquellas que corresponden al año dos mil quince. También se precisa que, únicamente para efectos de realizar el cálculo correspondiente se tomará en cuenta lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ordenamiento que se insiste, solamente permite determinar que el cálculo se hará con base en el sueldo base (entendida como la cuantía principal del salario), así como los días y en su caso porcentajes que corresponden, como a continuación se precisa. (Se transcribe). Cuantificación de la que se advierte que la autoridad demandada realizó al actor un pago menor al que le correspondía, como se aprecia en la siguiente tabla: (Se transcribe) Sin tampoco soslayar que menos la deducción realizada por la autoridad demandada del Impuesto Sobre Producto del Trabajo, se realizó solamente el pago de ********************, existiendo una diferencia de ********************, respecto del monto de ******************** aquí obtenido por concepto de finiquito. Sin embargo, tal diferencia advertida, resulta insuficiente para los efectos que se pretenden, eso es, se declare la invalidez de la resolución negativa ficta impugnada y se ordene el pago de la diferencia advertida, en tanto que, el derecho de los miembros del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, al otorgamiento del "finiquito por renuncia voluntaria", se rige por las disposiciones del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, el cual prevé que si el beneficiario no solicita dentro del término de doce meses, el importe de tal prestación, su derecho a reclamarla prescribe, quedando la corporación eximida de cualquier pago. Ahora bien, de las pruebas ofertadas por la autoridad demandada, se advierte la existencia del escrito de renuncia en original de ******************** de fecha uno de abril de dos mil quince. Así, considerando el texto del artículo 62 del citado manual, el pago del "finiquito por renuncia voluntaria" fue exigible a partir del dos de abril de dos mil quince. En esa tesitura, el escrito de petición por el cual el accionante del juicio de origen solicitó a la demandada el pago de dicho finiquito, fue presentado ante la Oficialía de partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México el quince de mayo del dos mil diecisiete. De ahí, que se afirme que se actualiza la figura jurídica de la prescripción señalada en el artículo 62 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, pues la solicitud de pago del "finiquito por renuncia voluntaria", se realizó evidentemente fuera del término establecido de doce meses posteriores a la fecha en que fue exigible tal beneficio. Por lo que, no le asiste la razón al ahora recurrente, en cuanto a que, sostiene que cumple en su totalidad con los requisitos para que le sea otorgado el pago de beneficio del finiquito. Bajo esas consideraciones, resulta dable sostener el reconocimiento de validez de la resolución negativa ficta atribuida al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, al no dar respuesta al escrito petitorio presentado por ********************, el quince de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo dispuesto por el artículo 1.10 del Código Sustantivo de la materia." En tal virtud, es manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil veinte, y dictó otra en la que se pronunció respecto a los conceptos que integran el pago de finiquito y su cuantificación, lo que evidencia que atendió la ejecutoria de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo directo 324/2020, por ello, se DECLARA CUMPLIDA, sin que se advierta exceso o defecto alguno. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este expediente, previas anotaciones que se realicen en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo que deberá efectuarse de forma física en la remesa correspondiente según lo permitan las labores de este Tribunal Colegiado de Circuito. Además, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que de conformidad con su Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción III, inciso a), el asunto es susceptible de depuración, una vez transcurrido el plazo de tres años, en virtud de que en este juicio mediante sentencia de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo directo 324/2020, de este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Por último, en términos del Capítulo Sexto, artículo 17, último párrafo, del acuerdo citado en el párrafo precedente, se hace constar que este asunto no tiene relevancia documental, ni resulta trascendente para ordenar su íntegra conservación.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del cual, remite copia certificada de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós; en atención a su contenido, se tiene por recibida la sentencia referida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y a los tercero interesados, para que dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento informado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se dictará la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo antes invocado con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 63/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo."
- Juicio de Amparo Directo
AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA Y ANEXO SIGNADO EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA TERCERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE COPIA CERTIFICADA DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 1401/2019, DE SU ÍNDICE, E INFORMA LAS GESTIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE LO QUE SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DE LO ANTERIOR, SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; DÍGASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SIGUE SUBSISTIENDO EL APERCIBIMIENTO HECHO CON ANTERIORIDAD, POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 192 Y 193 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
SE PUBLICA LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, CUYO PUNTO RESOLUTIVO EN SU PARTE CONDUCENTE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA QUEJOSA.
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