Pedro Antonio Anaya Gutiérrez

Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
966/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Pedro Antonio Anaya Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, atento a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento que se le hizo en proveído de seis de diciembre de dos mil veintitrés; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de corresponda agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso de la parte quejosa; atento a su contenido, conforme a la certificación de cuenta, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, exhiba cuatro copias idénticas en todas sus partes con el escrito original de agravios, pues son necesarias para correr traslado, esto es, dos para los Agentes del Ministerio Público de la Federación (el de la adscripción y el de la superioridad), dos para las autoridades responsables, una para la parte tercera interesada y una para agregar al presente expediente. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Agréguese el escrito del representante legal del tercero interesado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse a su costa copia certificada de las constancias que enuncia, y entréguense previa comparecencia, identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 966/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..a, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 966/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Octava Sala y Juez Septuagésimo Segundo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la acción de amparo, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley; se realizó el emplazamiento, la representante social adscrita no intervino; y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta previa; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, acorde a los ordinales 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto, donde se reclama una resolución dictada por una autoridad judicial, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés emitida en el toca ... por la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria de veintiocho de abril previo dictada por el Juez Septuagésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de esta Ciudad en el juicio ejecutivo mercantil ..., que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Tercero. Existencia. Es cierto el acto reclamado, como se afirmó en el informe rendido y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se presentó en la vía ejecutiva mercantil la demanda contra el quejoso, la cual se admitió en esa fecha y se ordenó emplazar, requerir de pago y embargar. 2. El exequendo se llevó a cabo mediante citatorio y diligencia de ocho y nueve de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente. 3. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el demandado interpuso incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, que se admitió el dieciocho de noviembre siguiente. 4. En primera instancia se resolvió el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se declara infundado el Incidente de Nulidad de Actuaciones por Defectos en el Emplazamiento promovido por el demandado ..., por ello se declara la legalidad y validez del citatorio judicial de ocho de noviembre de dos mil veintidós y la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós y por consiguiente todas y cada una de las actuaciones subsecuentes, ordenándose por ello continuar con el procedimiento en el estadio procesal que corresponda; lo anterior atento a las consideraciones vertidas en el considerando Único de esta resolución. (.)" Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación fallado el diez de julio de dos mil veintitrés en el toca ..., como se indica: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha resultado inoperante el único agravio expresado en el presente recurso de apelación. SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma la sentencia interlocutoria recurrida. (.)" Esta última resolución integra la materia del acto reclamado. 5. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el demandado contestó ad cautelam la acción instada en su contra, opuso excepciones, defensas y ofreció pruebas. Por auto de veinticinco de noviembre posterior, el juzgador de primera instancia reservó proveer sobre la contestación de la demanda, hasta resolver el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Quinto. Conceptos de violación. 1. Los agravios no son inoperantes y contestar ad cautelam la demanda del juicio de origen, no convalida las ilegalidades del emplazamiento, de lo contrario se incumple el principio pro persona, se dejan de analizar los vicios alegados, impide proteger derechos humanos y viola la garantía de audiencia. 2. Es ilógico e imposible practicar el emplazamiento en el lugar indicado por el actuario porque ahí no se encuentra el quejoso ni el asiento principal de los negocios, acorde a los recibos ofrecidos que tienen una dirección diversa y los documentos que acreditan la previa transmisión a terceros del inmueble. 3. No se corrió traslado con el Registro Federal de Contribuyentes. 4. El fedatario no justificó por qué fijó el día y hora del citatorio. Los motivos de inconformidad son inoperantes, los cuales serán analizados como fueron agrupados porque atañen a temas afines, aunque no responda a la forma planteada en la demanda, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, el acto reclamado se sustenta de las siguientes consideraciones: 1. Los agravios son inoperantes. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó practicar el exequendo, ejecutado el nueve de noviembre de dos mil veintidós; el veintitrés de noviembre siguiente, el demandado contestó la demanda ad cautelam, opuso excepciones, defensas y ofreció pruebas, pieza que se reservó hasta resolver el incidente de nulidad; y el dieciséis de noviembre previo, promovió incidente de nulidad de actuaciones. 2. Alegar que en el domicilio señalado por el actuario no puede localizarse al recurrente, no contraviene las razones del A Quo sobre la falta de indefensión por tener oportunidad de comparecer y contestar la demanda, que convalidó el emplazamiento, aun frente a los agravios. 3. Asumiendo vicios en el llamamiento, quedaron compurgados al comparecer y contestar oportunamente la demanda, porque se cumplió con el objetivo de enterar la existencia de un juicio. 4. Las pruebas no desvirtúan la fe pública sobre los elementos descritos por la actuaria, aunque el inmueble donde se emplazó no sea del demandado, no implica incumplir con los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles local, pues de otra forma no se explica cómo se contestó oportunamente la demanda. Acorde a los elementos descritos, se advierte que el inconforme no controvierte las consideraciones de la Sala responsable en cuanto a que la contestación a la demanda convalidó los vicios en el emplazamiento, que la comparecencia del demandado al proceso cumple con la finalidad del llamamiento y refuerza el consentimiento, aun frente a las pruebas ofrecidas y considerando los agravios. Por su parte, el impetrante reitera en la demanda de amparo las aparentes violaciones del emplazamiento, así como la trascendencia de esa diligencia en el proceso, para hacer depender su posible ilegalidad de los efectos y consecuencias. Empero, en ese ejercicio argumentativo, el quejoso no justifica que la figura de la convalidación tenga excepciones, o bien, que el caso no deba regirse por sus consecuencias. Por el contrario, el impetrante reitera aunque con diversas palabras, el posible incumplimiento de las formalidades en la realización del emplazamiento, para justificar por ese solo hecho que la autoridad debió analizar los agravios sin considerar la contestación a la demanda, ni el cumplimiento a la finalidad del emplazamiento sustentada por la sala responsable, en cuanto a que las condiciones bajo las cuales se realizó permitieron la vinculación del demandado. Además, la sala responsable respaldó sus conclusiones en cuanto a que las alegaciones vistas al margen de la inoperancia, es decir de fondo, tampoco benefician ni eximen aplicar la convalidación del emplazamiento, y frente a esas alegaciones, la postura de la quejosa descansa genéricamente en haber contestado la demanda Ad Cautelam. Empero, el hecho de haber realizado la contestación a la demanda, oponer excepciones, defensas y ofrecer pruebas acordes a las propias pretensiones, como sostuvo la autoridad responsable evitó dejarla en estado de indefensión. Así, aunque existiesen errores o vicios en la diligencia de requerimiento de pago (citatorio) y emplazamiento, el hecho de contestar oportunamente la demanda, oponer defensas, excepciones y ofrecer pruebas, depura los vicios que hayan existido al respecto, convalidándose la actuación relativa, de modo que no hay espacio para generar una excepción a dicha regla. Así lo concluyó la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal en la tesis aislada de registro digital: 346734, de la Quinta Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO, LA CONTESTACIÓN OPORTUNA DEL DEMANDADO PURGA LOS VICIOS DEL. En los casos en que el demandado formula su contestación oportunamente, queda purgado todo vicio en el emplazamiento, por satisfacerse el objeto que persigue la ley con la notificación inicial, consistente en que el reo conozca la demanda y pueda contestarla dentro de determinado término. El artículo 77 del código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al establecer que no queda revalidada la nulidad por defecto del emplazamiento, por el hecho de que el notificado se hubiere manifestado en juicio, sabedor de la providencia, se refiere a los casos en los que por ese defecto no se pudo contestar la demanda, de tal manera que una comparecencia posterior no hace desaparecer la nulidad de la notificación, por subsistir el perjuicio inherente a la no contestación de la demanda; pero cuando esta es contestada en tiempo, desaparece todo perjuicio o agravio, y consecuentemente, el interés jurídico para invocar la nulidad del emplazamiento." En tal orden de ideas, dado que la defensa del quejoso únicamente reitera aspectos que formalmente debe cumplir el actuario responsable, sin controvertir la argumentación toral del caso, ni alegar contra la figura jurídica que sustenta el acto reclamado que es la convalidación, deben regir los efectos y consecuencias calificados por la sala responsable en cuanto a los posibles vicios del emplazamiento. Lo anterior, demuestra que lejos de atacar las consideraciones efectuadas por la autoridad de origen, la parte inconforme se limita a reiterar la causa de pedir. De ahí la inoperancia de los conceptos de violación, pues la accionante no se puede concretar o limitar a repetir los argumentos expresados en su escrito primigenio, ni a esgrimir argumentos genéricos, subjetivos o novedosos en la instancia de alzada o en el medio de impugnación procesal, sino que tiene la carga de fijar su posición argumentativa, frente a la asumida por el órgano que tomó la anterior decisión, con razonamientos orientados a evidenciar que las consideraciones que fundan la resolución recaída a su solicitud no están ajustadas a Derecho. De lo contrario, puede continuar sucesivamente esta forma de proceder si se decide acudir al juicio de amparo en contra de la resolución dictada en el recurso, porque la sentencia recaída en éste constituye un acto nuevo en contra del cual se debe enderezar argumentación específica del subsecuente medio de defensa, que es la respuesta del impugnante a la resolución dictada por la autoridad, en cada juicio o recurso promovido. Por tanto, se puede colegir que al no combatirse las argumentaciones que sirvieron de apoyo a la autoridad responsable para confirmar la interlocutoria apelada, devienen inoperantes los motivos de disenso hechos valer y, por tanto, debe quedar incólume la resolución combatida. Al respecto sirve de sustento la jurisprudencia V.2o. J/18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA.- Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." La conclusión a que se llega de ningún modo contraviene el artículo 1° Constitucional, conforme al cual todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (o fundamentales) reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, además de interpretar las normas relativas a tales derechos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es así, porque la observancia de tales obligaciones no implica desatender los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional (legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada), ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Ello como consecuencia de que en todo momento debe observarse el fin sobre el que se basa todo el sistema jurídico mexicano: preservar la seguridad jurídica. Por lo que si en la especie, no fueron sustentados argumentos para impugnar el acto reclamado, entonces, el hecho de alegar afectaciones en términos de la demanda de amparo, por sí solo no demuestra una vulneración de derechos ni justifica beneficiar al quejoso. En apoyo a lo anterior se citan, por identidad de razón, las tesis de la Décima Época de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, consultable en la página 890, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Así como la tesis de la Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1587, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Por lo que debe concluirse que del principio pro persona invocado por el accionante no deriva que necesariamente sus argumentos deban ser resueltos conforme a sus pretensiones, ni que el hecho de no hacerlo así constituya la indefectible violación del artículo 1º constitucional o de sus derechos humanos y garantías para su protección. En cuanto a la jurisprudencia invocada de rubro: "EMPLAZAMIENTO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EXAMINAR DE OFICIO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AUN RESPECTO DE CUESTIONES NO ADUCIDAS EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CONTRA LO RESUELTO EN ÉSTE.", no beneficia al quejoso porque condiciona el estudio oficioso del emplazamiento, a la subsistencia de materia de análisis, esto es, jurídicamente debe prevalecer la posibilidad de revisar dicha actuación, supuesto que no acontece en el caso porque el objeto del llamamiento se consumó cuando fue convalidado, porque esa es la consecuencia de tal figura, depurar los eventuales vicios, que es un obstáculo para reabordar la litis. Tampoco benefician las jurisprudencias y tesis aislada de rubros: "EMPLAZAMIENTO. EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EL ACTUARIO O NOTIFICADOR DEBE CORRER TRASLADO AL DEMANDADO CON LA COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA.", "EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE.", y "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PARA EL SEÑALAMIENTO DE LA HORA DE ESPERA EN EL CITATORIO, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA O, INCLUSO, AL CONTEXTO DEL LUGAR O POBLACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1392, 1393 Y 1394 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).". Es así porque imponen requisitos al actuario responsable que debe cumplir durante el desarrollo del emplazamiento, empero no es viable verificar su aplicación al caso porque la convalidación rebasa la intervención del funcionario, dado que purga la inobservancia de dichas circunstancias, de modo que al emprender su estudio conllevaría obviar el consentimiento realizado por el quejoso, que jurídicamente no es viable. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación, procede negar el amparo. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Antonio Anaya Gutiérrez, por propio derecho, contra actos de la Octava Sala y Juez Septuagésimo Segundo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mi 23, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

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