Pedro Antonio Aispuro Benítez

Expediente 332/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
332/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Pedro Antonio Aispuro Benítez

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, por medio del cual remite testimonio de la queja 108/2021 de quince de julio del año en curso, relativa al juicio de amparo 332/2021, promovido por Pedro Antonio Aispuro Benítez, en el que se declaró infundado en recurso de queja interpuesto en autos del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, toda vez que contra el fallo anterior no procede recurso alguno, por tanto se declara que el mismo CAUSA ESTADO. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, en el que se informa la admisión del recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, doce de abril de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se desprende que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante lo anterior, a la fecha no se cuenta con las constancias solicitadas mediante oficio vía mensajería acelerada 5660/2021, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DE VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA. Culiacán, Sinaloa, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. I. Quejoso. Pedro Antonio Aispuro Benítez. II. Desechamiento de la demanda. De un análisis integral a la demanda de amparo en estudio, se infiere que el acto reclamado se hace consistir en la determinación emitida el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual la Junta responsable hizo efectivo el apercibimiento de diecinueve de enero anterior, y declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 01-168/2012. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, la fracción XXlll del artículo 61, en relación con el ordinal 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual la Junta responsable hizo efectivo el apercibimiento de diecinueve de enero anterior, y declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora en el juicio laboral 01-168/2012, que constituye el acto reclamado, no puede considerarse acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Por ello, la determinación reclamada únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Es así, toda vez que las pretensiones del promovente pueden quedar satisfechas si obtiene laudo favorable a sus intereses, y en caso que dicha resolución definitiva le fuera adversa, es factible de impugnarse como violación a través de diverso medio de defensa, que en su caso pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. Al tema es aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 439, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCION NO ES DE IMPOSIBLE REPARACION (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento. Asimismo, es orientador el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 343, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, que dice: PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACION PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia. En las relacionadas condiciones, como el acto reclamado en esta vía constitucional, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, la demanda de amparo que se analiza. III. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal y autorizados para efecto de oír y recibir notificaciones, los que indica en la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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