Pedro Andrés Martínez Arellano y/o Pedro Martínez

Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
807/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito
  • Pedro Andrés Martínez Arellano y/o Pedro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese al expediente el oficio que remite la superioridad, mediante el cual informa a este órgano jurisdiccional que se admitió el recurso interpuesto en autos, el cual se registró con el número que indica. Ahora, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que las partes están notificadas de la sentencia dictada y del proveído en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad el expediente en que se actúa, escrito de agravios y fotocopia del mismo, para la sustanciación del aludido medio impugnativo; fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponda. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese una reproducción del escrito firmado por los tercero interesados; se les tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, consecuentemente, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase el ocurso exhibido y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos a la superioridad, anexando la misiva de expresión de agravios para su sustanciación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados tienen ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda y escrito aclaratorio, se precisa que los actos reclamados destacados son la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de prescripción positiva ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California. Tercero. Son ciertos los actos reclamados al juez y actuaria responsables, pues así se advierte del contenido de su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que fueron allegadas, relativas al juicio ordinario civil (prescripción positiva) ******************** de origen; documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar oficiosamente la procedencia del juicio instado, así como a atender las causales de improcedencia hechas valer por las partes. En ese contexto, la parte tercero interesada refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, ya que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación, pues éste no fue señalado como parte formal en el juicio de origen porque dicho carácter correspondió a quien apareció como dueño de la finca prescrita, en los datos capturados ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Playas de Rosarito, Baja California; por lo que estiman suficiente su actuar en razón de que no conocen ni conocieron antes un dueño diverso del inmueble materia de la litis al que públicamente apareció ahí. Asimismo, refieren que el solicitante de garantías no tiene interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo, ya que al no tener legitimación pasiva en la causa, no se le tiene que dar intervención alguna, por lo que aducen que se actualiza la hipótesis de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de la materia. Tales argumentos resultan inatendibles, pues dichas causales las hace valer con relación al estudio de fondo que en este caso se analizará. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, enero de 2002, tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En términos de lo anteriormente considerado, y no advirtiéndose la actualización de alguna causa de improcedencia en el presente juicio, este órgano de control constitucional procede al estudio del concepto de violación formulado. Quinto. Es fundado lo alegado por el peticionario de amparo, en los términos que a continuación se expresarán. Previo a abordar el estudio de fondo, debe destacarse el contenido de las determinaciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. De las constancias que integran el juicio de prescripción positiva ********************, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, destacan las actuaciones siguientes: i) Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Primera Instancia en Playas de Rosarito, Baja California, Evangelina Mendoza Valencia y J. Jesús Rodríguez Villanueva, promovieron juicio de prescripción positiva, en contra de Miguel Ángel Gaxiola Arámburo. A dicho escrito de demanda, la parte actora anexó: 1. Contrato privado de compra venta celebrado el veintiuno de febrero de dos mil nueve, en el que aparece ********************, también conocido como ********************, como vendedor, y por la otra Evangelina Mendoza Valencia y J. Jesús Rodríguez Villanueva, como compradores, respecto del bien inmueble identificado como lote 29, manzana 110, ubicado en calle Mina Abandonada, colonia La Mina, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 2. Recibo expedido por el Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, respecto del pago del impuesto predial del bien inmueble con clave catastral KD-110-029, a nombre de ********************, de diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 3. Certificado de inscripción del inmueble identificado como lote 29, manzana 110, colonia La Mina, municipio de Rosarito, Baja California, a nombre de Miguel Ángel Gaxiola Arámburo, expedido por el Subregistrador Público de la Propiedad y de Comercio, de Playas de Rosarito, Baja California, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, con folio real 1528871, partida 6002625, sección civil de ocho de enero de dos mil uno. 4. Copia certificada expedida por el Director de Planeación y Catastro del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, de los archivos que obran en dicha dependencia, de los que se desprende la cesión de derechos realizada por Guadalupe Pelayo Cázares como cedente y ******************** como cesionario, del bien inmueble identificado con clave catastral KD-110-029, referente al lote 29, manzana 110, colonia La Mina, en Playas de Rosarito, Baja California, el catorce de julio de mil novecientos noventa y siete. 5. Carta finiquito de dos de mayo de dos mil, expedida a nombre de ********************, respecto del bien inmueble identificado como lote 29, manzana 110, con superficie de 200 metros cuadrados, fraccionamiento La Mina, en Playas de Rosarito, Baja California, emitida por el director de ingresos del fraccionamiento La Mina, en la referida municipalidad. 6. Acta de levantamiento expedida por la Dirección de Planeación y Catastro, de Playas de Rosarito, Baja California, a nombre de ********************, respecto del bien inmueble identificado con clave catastral KD-110-029, referente al lote 29, manzana 110, colonia La Mina, en Playas de Rosarito, Baja California, elaborada el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. ii) El diez de mayo de dos mil diecisiete, se radicó la demanda bajo número de partida ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, y se ordenó emplazar al demandado Miguel Ángel Gaxiola Arámburo. iii) Seguido el trámite correspondiente, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia respectiva en la que se resolvió: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil seguida en este juicio, en el cual, los accionantes, EVANGELINA MENDOZA VALENCIA y J. JESÚS RODRÍGUEZ VILLANUEVA, SÍ probaron todos los hechos de su demanda y los elementos constitutivos de su acción de prescripción positiva de buena fe y el reo MIGUEL ÁNGEL GAXIOLA ARÁMBURO, no contestó la demanda; conforme a los considerandos IV y VI. SEGUNDO.- Por lo tanto se declara que, por haber operado la prescripción adquisitiva en favor de EVANAGELINA MENDOZA VALENCIA y J. JESÚS RODRÍGUEZ VILLANUEVA, a partir del día veintiuno de febrero de dos mil catorce, han adquirido la propiedad del bien inmueble afecto a la presente causa y las construcciones existentes dentro del mismo, el cual, conforme al contrato de compraventa, acta de levantamiento y certificado de inscripción, se describe como: Lote 29, manzana 110, de la colonia La Mina, de esta ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, con una superficie de 200.00 metros cuadrados; con las siguientes medidas, colindancias y cuadro de construcción: [.]." Dicha resolución causó ejecutoria el doce de octubre de la misma anualidad. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. Aduce el solicitante de amparo en su concepto de violación, que fueron vulneradas en su perjuicio las garantías de audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la responsable lo privó de su derecho de ser oído y vencido en juicio, en términos del artículo 1143 del Código Civil para el Estado de Baja California, ya que lo dejó en estado de indefensión al no haber ordenado su llamamiento al juicio de prescripción positiva ********************, instado por Evangelina Mendoza Valencia y J. Jesús Rodríguez Villanueva, en contra de Miguel Ángel Gaxiola Arámburo, y se ostentaron como propietarios del inmueble sobre el cual el quejoso celebró contrato de compraventa el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, con Miguel Ángel Gaxiola Arámburo en su carácter de vendedor, y ******************** como comprador, respecto del bien inmueble identificado como lote 29, manzana 110, fraccionamiento La Mina, en Playas de Rosarito, Baja California. Inmueble respecto del cual existe un recibo expedido por la Tesorería Municipal de Playas de Rosarito, a nombre de ******************** y un levantamiento topográfico, que en su parte inferior menciona los documentos con los cuales tributa ante el ayuntamiento a nombre del mismo quejoso, documentos que fueron considerados en la sentencia definitiva dictada en autos del juicio ordinario civil que aquí se reclama. Dicho concepto de violación es esencialmente fundado, ya que en términos del artículo 1143 del Código Civil para el Estado de Baja California, el juez responsable, no obstante que los actores no lo hayan expresado ni solicitado, debió haberles prevenido para que en cumplimiento al referido numeral, se llamara a juicio no solo a quien aparecía como propietario del bien inmueble materia del presente juicio, ante el registro público, sino también al verdadero propietario, en razón de que de los documentos exhibidos por los propios accionantes, se desprende que dichos datos no coinciden, y además se advierte que los poseedores saben de ante mano quién es este último, pues refieren haber celebrado un contrato privado de compra venta con ********************, que adjuntaron al escrito inicial de demanda; lo cual violenta el referido artículo 1143, tal y como ocurrió en el juicio ********************, del que emanan los actos reclamados. Lo anterior es así, ya que como se advierte de los considerandos de la sentencia definitiva dictada, los actores ofrecieron -entre otros- un recibo de predial a nombre de ******************** y un levantamiento topográfico del que se desprende (en la parte inferior) los documentos con los cuales éste tributa ante el ayuntamiento, y que se encuentran a su nombre. Aunado a que para acreditar el justo título o causa generadora de la posesión, la parte actora adjuntó el contrato privado de compraventa aparentemente celebrado el veintiuno de febrero de dos mil nueve, entre Evangelina Mendoza Valencia y J. Jesús Rodríguez Villanueva en su carácter de compradores, y ********************, también conocido como ********************, como parte vendedora "por SER EL LEGÍTIMO PROPIETARIO"; medio de prueba que la autoridad responsable fue omisa en tomar en consideración para ordenar el llamamiento a juicio del aquí quejoso. Dichos elementos de prueba, acreditan que en efecto ******************** es tercero extraño al procedimiento de origen, ya que hacen patente un derecho real en su favor, respecto del inmueble que defiende. Materializándose el incumplimiento al artículo 1143 del Código Civil para el Estado de Baja California, que establece: "ARTICULO 1143.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y las condiciones exigidas por este código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y también en contra del propietario, cuando no coincidan, si el poseedor sabe de antemano quién es este último, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. Para los efectos de párrafo anterior, el poseedor del bien deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si lo conoce o desconoce a un propietario diferente al que aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio." [Énfasis añadido] Asimismo, la autoridad responsable inobservó el criterio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 1a./J. 58/2004, visible a página 25, noviembre de 2004, tomo XX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE ÚLTIMO.". Pues si bien es cierto que Miguel Ángel Gaxiola Arámburo, es quien aparecía como propietario en la información que obra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Playas de Rosarito, Baja California, también lo es que de las documentales que adjuntó la parte actora al escrito inicial de demanda, destacan indicios suficientes para estimar que el aquí quejoso ********************, también conocido como ******************** o ********************, podría tener el carácter de verdadero propietario del bien inmueble materia de la litis, a sabiendas de los accionantes de quien era este último. Aunado a lo anterior, obran diversas constancias que permitieron al juez responsable inferir que el aquí quejoso ********************, también conocido como ******************** o ********************, podría tener el carácter de verdadero dueño, al advertir que el nombre de la persona que aparece en los datos capturados ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Playas de Rosarito, Baja California, y el del sujeto que obra en el resto de las constancias no coinciden, por lo que, como acertadamente lo refiere el quejoso, de conformidad con el artículo 1143 del Código Civil para el Estado de Baja California, debió ser llamado a juicio, pues de lo contrario, limitando injustificadamente al conocimiento por el actor o poseedor del inmueble relativo, implicaría tornar nugatorio cualquier derecho de propiedad debidamente constituido a nombre de tercera persona, a pesar de que una de las partes del juicio de prescripción adquisitiva, particularmente la actora, conoce a ciencia cierta la existencia de un dueño que sustituyó la titularidad del bien de que se trata y, no obstante ello, decidió guardar silencio. Ello obedece a que sólo de esa manera podrá respetarse el derecho fundamental de audiencia previa al acto privativo, del auténtico dueño de la cosa, ya que ante esta circunstancia, el poseedor que quiera adquirir debe demandar a los dos sujetos mencionados, pues sólo así el estado de incertidumbre que entraña la posesión cesaría, aunque tomando en cuenta los derechos del auténtico dueño de la cosa y respetando su garantía de audiencia previa; además, así no se atribuiría el abandono del bien inmueble a quien no es realmente su propietario ni se sancionaría a quien puede imputársele la calidad de "propietario negligente". De ahí lo fundado del concepto de violación, dado que el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, en su calidad de propietario del bien inmueble identificado como lote 29, manzana 110, colonia La Mina, en Playas de Rosarito, Baja California, lo cual quedó demostrado con las documentales que el juez responsable consideró al dictar la sentencia definitiva en el juicio ********************. Sirve de apoyo la tesis (III Región) 4o.15 C (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible a página 2261, libro 18, mayo de 2015, tomo III, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEBE DIRIGIRSE NO SÓLO CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO, SINO TAMBIÉN CONTRA DEL QUE ES EL VERDADERO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL ACTOR O EL DEMANDADO SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES EL AUTÉNTICO DUEÑO DEL BIEN." Sin que pase inadvertido que en el presente juicio de garantías no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan sólo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso o no. En ese sentido, al resultar fundado lo alegado por el impetrante, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, también conocido como ******************** o ********************, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia en Playas de Rosarito, Baja California: Reponga el procedimiento en el juicio ordinario civil (prescripción positiva) ******************** a partir de la presentación de la demanda y llame a juicio a ********************, también conocido como ******************** o ********************, formando parte de la relación procesal, a efecto de que esté en aptitud de intervenir y defender el derecho que ampara su título de propiedad. Concesión que se hace extensiva a lo reclamado al actuario responsable, en virtud que no se combatió por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, debe decirse que este fallo únicamente se limita a tutelar el derecho humano de audiencia previa que le asiste al peticionario, sin que en el caso sea dable analizar la legalidad del título de propiedad con el que acreditó su interés jurídico en el presente juicio de amparo, pues tal circunstancia es verificable ante la potestad común. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis VII.1o.C.3 C del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 836, marzo de 1997, tomo V, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PROPIEDAD. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. Cuando la litis a resolver en el amparo no tiene por objeto dirimir una disputa de propiedad fincada en la exhibición de títulos de dominio contradictorios, sino únicamente establecer si se transgredió o no la garantía de audiencia del quejoso, quien se dice propietario del inmueble correspondiente y tercero extraño al procedimiento de donde emana el acto reclamado, para lo cual exhibe un título apto tendiente a demostrar ese derecho, es incuestionable la procedencia del amparo indirecto, precisamente porque el artículo 14 constitucional prevé la falta de audiencia como una violación directa a la Carta Magna. En esas circunstancias, la concesión del amparo sólo tiene el efecto de que se mantenga al quejoso en el goce del derecho que dice tener, mientras se resuelve en el juicio civil correspondiente si tal derecho debe o no subsistir, lo que implica que en el juicio de amparo no se prejuzga sobre los vicios legales que pudiera tener el mencionado título." Asimismo, la tesis II.4o.C.38 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 3029, libro 9, enero de 2022, tomo IV, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA EN ESTRICTO SENTIDO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN SU FAVOR, CUANDO EL JUICIO DE ORIGEN SEA EL DE USUCAPIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Hechos: La quejosa promovió demanda de amparo en su carácter de persona extraña al juicio ordinario civil de usucapión en estricto sentido, contra la falta de emplazamiento, todo lo actuado, incluso, su sentencia y su inscripción en la oficina registral, así como la ejecución de esa resolución, que se traduce en la desocupación del inmueble. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que acreditado el interés jurídico de la quejosa (persona extraña en estricto sentido) para promover el juicio de amparo, por ser titular de un derecho de propiedad del bien controvertido en el juicio ordinario civil (acción de usucapión), el cual se ve afectado de manera real y actual; debe concederse la protección constitucional para el efecto de dejar sin efectos la sentencia definitiva; reponer el juicio de origen a partir de la presentación de la demanda y llamar a juicio a la quejosa, a efecto de que sea oída, formando parte de la relación procesal, para que esté en aptitud de intervenir y defender el derecho de propiedad que ampara su título de propiedad. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que tratándose de una persona extraña a juicio en estricto sentido, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia, los efectos del amparo no son para que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, al no ser parte, sino para que se le reintegre en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio; y no obstante que el artículo 5.140 del Código Civil del Estado de México establece que la usucapión se promoverá contra el que aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, también lo es que, en el caso, la quejosa demostró contar con título de propiedad respecto del inmueble materia de usucapión. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 58/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE ÚLTIMO." Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Para los efectos puntualizados en la parte final del considerando quinto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, también conocido como ******************** o ********************, contra los actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, y de otra autoridad, fijados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.

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