Pedro Amador Osorio

Expediente 710/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
710/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Pedro Amador Osorio

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz; siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que el acuerdo por el que se desechó por extemporáneo el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el auto de veintiséis de julio de este año, dictado en este asunto ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes.ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse desechado; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de TRES AÑOS que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto, con posterioridad al SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por medio del cual informa que desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de veintiséis de julio del cursante; por lo tanto, estese a la espera de que la autoridad oficiante informe que quedó firme la determinación de diecisiete de agosto del año en curso, dictada en el recurso de queja 344/2023 de su índice, para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    Xalapa, Veracruz; nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el primer escrito de cuenta firmado por el quejoso, por medio del cual INTERPONE RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintiséis de julio de este año, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 38, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, DESE TRÁMITE AL CITADO RECURSO. Asimismo, envíese copia certificada de este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, junto con el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación de referencia. Además, realícense las habilitaciones correspondientes en el expediente electrónico para su consulta, a fin de que se substancie debidamente el medio de impugnación hecho valer. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, el recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. Y, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, glósese el segundo escrito de cuenta signado por la parte quejosa, por medio del cual solicita copia certificada del auto de veintiséis de julio de este año; en consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la expedición de la copia que solicita a SU COSTA, la que le será entregada previa identificación y firma que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese como corresponda.

  4. Principal

    Xalapa, Veracruz; veintiséis de julio 10 de dos mil veintitrés. 11 Vista la demanda de amparo promovida 12 por *** contra actos 13 del Titular de la Oficina de Representación 14 de Protección Ambiental en el Estado de 15 Veracruz de la Procuraduría Federal de 16 Protección Ambiental, con sede en esta 17 ciudad y otras autoridades. 18 FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE 19 con el número 710/2023; asimismo, háganse 20 las anotaciones respectivas en el Sistema 21 Integral de Seguimiento de Expedientes 22 (SISE). DESECHAMIENTO 2 El artículo 113 de la Ley de Amparo 3 prevé que el Juez de Distrito, ante todo, 4 examinará la demanda de amparo y, en caso 5 de que encuentre un motivo manifiesto e 6 indudable de improcedencia, deberá 7 desecharla de plano. 8 Así, debe tenerse en cuenta que lo 9 manifiesto se da cuando el motivo de 10 improcedencia se advierte en forma patente 11 y absolutamente clara de la lectura del líbelo 12 y lo indudable resulta de la certidumbre y 13 plena convicción que se tenga de que la 14 causa de improcedencia en estudio es 15 operante en el caso concreto. 16 De tal modo, que aun cuando se 17 admitiera la demanda y se substanciara el 18 procedimiento, no resultara factible 19 formarse una convicción diversa, 20 independientemente de los elementos que 21 eventualmente pudieran allegar las partes. 22 Tal consideración encuentrapor identidad de razón, en la jurisprudencia 2 I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal 3 Colegiado en Materia Administrativa del 4 Primer Circuito, visible en la página 890, 5 mayo de 1998, tomo VII, del Semanario 6 Judicial de la Federación y su Gaceta, con 7 número de registro 196196, de rubro 8 siguiente: 9 "DESECHAMIENTO DE LA 10 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 11 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 12 INDUDABLE. 13 Bajo tales premisas, este órgano de 14 control constitucional advierte se actualiza la 15 causa de improcedencia prevista en el 16 artículo 61, fracción XX, en de la Ley de 17 Amparo, que dispone: (...) En efecto, el artículo 61, fracción XX, de 12 la Ley de Amparo, regula una de las 13 infracciones a la inobservancia del principio 14 de definitividad que se reconoce respecto de 15 actos materialmente administrativos en la 16 fracción IV del artículo 107 Constitucional, en 17 la medida que prevé que contra tales actos 18 procede el amparo siempre y cuando no 19 fueran reparables mediante algún medio de 20 defensa legal. 21 De esta manera, el principio de 22 definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales encuentra su justificación en el 2 hecho de que al tratarse de un medio 3 extraordinario de defensa de carácter 4 constitucional, el quejoso debe previamente a 5 su promoción acudir a las instancias 6 ordinarias que puedan producir la 7 insubsistencia del acto de autoridad que le 8 produce afectación. 9 No obstante, la norma constitucional 10 también alude a título de excepción, que no 11 será necesario agotar algún recurso, juicio o 12 medio de defensa legal cuando la ley que los 13 establezca exija mayores requisitos para 14 otorgar la suspensión del acto que los que la 15 Ley de Amparo requiere como condición para 16 decretar la suspensión de los actos 17 reclamados. 18 De lo anterior se desprende que para 19 que se actualice la causa de improcedencia 20 en estudio, se requiere la satisfacción de los 21 siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de 2 una autoridad distinta de los tribunales 3 judiciales, administrativos o del trabajo; 4 b) Que el acto impugnado sea revisable 5 de oficio, o bien, a instancia de parte proceda 6 en su contra algún medio de defensa por 7 virtud del cual pueda ser modificado, 8 revocado o anulado; 9 c) Que el recurso que proceda se 10 encuentre previsto en una ley. 11 d) Que conforme a las leyes que rigen 12 el acto o el medio de impugnación relativo 13 proceda la suspensión, con los mismos 14 alcances, sin que establezca un mayor plazo 15 para el otorgamiento de la suspensión 16 provisional, y sin que pida mayores requisitos 17 que los que para tal fin establece la Ley de 18 Amparo, con independencia de que el acto en 19 sí mismo considerado sea susceptible de 20 paralización; y 21 e) Que el acto reclamado no carezca de 22 fundamentación. f) Que no se aleguen, en exclusiva, 2 violaciones directas a la Constitución. 3 Asimismo, debe destacarse que en 4 relación a las "leyes que rigen el acto", el 5 Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 6 Justicia de la Nación, ha sostenido que son 7 aquéllas que se encuentran estrechamente 8 vinculadas con el mismo, porque establecen 9 su nacimiento o instauración, su regulación, 10 efectos, o bien, sus formas de impugnación. (...) Esto es, el principio de definitividad 4 supone el agotamiento de todos los 5 recursos que la ley que rige el acto 6 reclamado prevea para impugnarlo, de tal 7 suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o 8 medio ordinario de defensa, sin que lo 9 interponga la parte quejosa, el amparo 10 resultará improcedente. 11 Destacado lo anterior, se advierte que 12 el solicitante del amparo, señaló como actos 13 reclamados lo siguientes: 14 La emisión ilegal de la orden de 15 inspección forestal número *** de cinco de 17 julio de dos mil veintitrés, emitida en el 18 expediente *** del 19 índice la Procuraduría Federal de Protección 20 al Ambiente en el Estado de Veracruz. 21 La falta de acreditación de personalidad 22 del Encargado del Despacho de la Oficina de Representación Ambiental de la Procuraduría 2 Federal de Protección Al Ambiente en el 3 Estado de Veracruz, al omitir y anexar a la 4 orden de inspección el oficio suscrito por el 5 Procurador Federal de Protección al 6 Ambiente en el Estado. 7 El aseguramiento de 214 metros 8 cúbicos de madera aserrada. 9 El levantamiento del acta de inspección 10 de seis y siete de julio de este año, emitida 11 dentro del expediente *** del índice la 13 Procuraduría Federal de Protección al 14 Ambiente en el Estado de Veracruz. 15 Ahora bien, contra los actos reclamados 16 antes descritos, procede el juicio contencioso 17 administrativo como se explica a 18 continuación. 19 En efecto, el artículo 2 de la Ley 20 Federal de Procedimiento Contencioso 21 Administrativo señala que contra las 22 resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal 2 Federal de Justicia Administrativa, resulta 3 procedente el juicio contencioso 4 administrativo federal; dicho numeral dispone: (...) A su vez, la mencionada ley orgánica 2 determina en su artículo 3, fracciones XII, XIII 3 y XIX, lo siguiente: (...) El precepto anterior establece la 5 competencia material del Tribunal Federal de 6 Justicia Administrativa para conocer de los 7 juicios que se promuevan contra las 8 resoluciones definitivas, actos administrativos 9 y procedimientos de dicha naturaleza que se 10 enumeran en dicho precepto, así como contra 11 las señaladas en otras leyes como 12 competencia del Tribunal. 13 Asimismo, dispone que tratándose de 14 resoluciones administrativas, se considerarán 15 definitivas cuando no admitan recurso 16 administrativo o cuando su interposición sea 17 de carácter optativo. 18 En ese supuesto, los actos dictados por 19 las autoridades responsables, serán 20 impugnables directamente a través del juicio 21 contencioso administrativo ante el Tribunal 22 Federal de Justicia Administrativa, sin que. previamente sea necesario agotar el recurso 2 previsto por la ley que los regula. 3 Por su parte, es necesario traer a 4 colación el numeral 180 de la Ley General 5 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 6 Ambiente, el cual establece: (...) Del penúltimo párrafo del artículo 16 transcrito se advierte que cuando exista la 17 aplicación de la Ley General del Equilibrio 18 Ecológico y la Protección al Ambiente por 19 parte de autoridades administrativas, la 20 persona física o moral que se sienta afectada 21 con actos de las mismas podrá promover 22 optativamente el recurso de revisión o interponer directamente el juicio contencioso 2 administrativo federal ante el Tribunal 3 Federal de Justicia Administrativa. 4 Al ser optativo el referido recurso de 5 revisión queda a potestad del agraviado 6 recurrir, o no, dichos actos a través de ese 7 medio de impugnación. 8 Empero, lo que no es optativo, previo a 9 la promoción del juicio de amparo, es 10 interponer en su contra el juicio contencioso 11 administrativo federal, ya que atendiendo a 12 lo dispuesto en el invocado dispositivo 3, 13 fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal 14 Federal de Justicia Administrativa, el juicio 15 contencioso administrativo federal puede 16 promoverse cuando en las demás leyes se 17 señale competencia del Tribunal Federal de 18 Justicia Administrativa. 19 Por lo que, si en la especie la Ley 20 General del Equilibrio Ecológico y la 21 Protección al Ambiente, en su artículo 180 22 señala que se pueden impugnar actos en los que se aplique la citada legislación a través 2 de juicio que se presente ante el Tribunal 3 Federal de Justicia Administrativa, ello hace 4 que se actualice la hipótesis que señala la 5 fracción XIX del numeral 3 de la Ley Orgánica 6 del Tribunal Federal de Justicia 7 Administrativa. 8 De ahí que contra los actos 9 reclamados en esta instancia 10 constitucional debía promoverse el juicio 11 contencioso administrativo, previamente a 12 acudir al juicio de amparo, dado que 13 aquellos derivan de una orden de inspección 14 forestal dentro de un expediente del índice de 15 la responsable, con relación a las actividades 16 de almacenamiento y transformación, dirigido 17 al impetrante de amparo, fundamentándose, 18 entre otras disposiciones, en la Ley General 19 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 20 Ambiente, y por ello, es que tiene la 21 oportunidad de controvertir la aplicación de dicha legislación a través del medio ordinario 2 de defensa aludido. 3 Además, no se pierde de vista que, 4 derivado de las propias manifestaciones del 5 promovente de amparo, se advierte que los 6 actos que impugna derivan del procedimiento *** del índice la 8 Procuraduría Federal de Protección al 9 Ambiente en el Estado de Veracruz, incoado 10 en su contra, por lo que es evidente que el 11 aquí quejoso es parte en el procedimiento de 12 origen. 13 Asimismo, en relación con el inciso d), 14 se cumple con el mismo, porque la Ley 15 Federal de Procedimiento Contencioso 16 Administrativo no exige mayores requisitos 17 que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley 18 de Amparo para conceder la suspensión 19 del acto reclamado, ni plazo mayor que el 20 que establece para el otorgamiento de la 21 suspensión provisional. En efecto, si bien hasta antes del diez 2 de marzo de dos mil once, debía considerarse 3 que la interposición de dicho medio ordinario 4 de defensa (juicio de nulidad) era optativo 5 para el gobernado, en virtud de considerarse 6 actualizada una excepción al principio de 7 definitividad, al exigir mayores requisitos que 8 la Ley de Amparo para conceder la 9 suspensión del acto reclamado; sin embargo, 10 de conformidad con las reformas legislativas 11 vigentes a partir del diez de marzo de dos mil 12 once, el precepto legal antes mencionado ya 13 no exige más requisitos para conceder la 14 suspensión de los actos reclamados, por 15 cuanto puede solicitarse en cualquier fase del 16 juicio hasta el dictado de la sentencia 17 definitiva, se otorgará si no se afecta el 18 interés social ni se contravienen disposiciones 19 de orden público y sean de difícil 20 reparaciones los daños y perjuicios que se 21 causen al solicitante. En consecuencia, tampoco se actualiza 2 esa excepción al principio de definitividad y, 3 por tales razones, debió agotarse el juicio 4 ante el mencionado órgano antes de 5 promoverse el juicio de amparo. (...) Bajo esa misma línea argumentativa, el 5 requisito marcado con el inciso e), también 6 se cumple, pues si bien la parte quejosa 7 refiere que le fueron violadas las garantías 8 contenidas en los artículos 14 y 16 de la 9 Constitución Política de los Estados Unidos 10 Mexicanos, lo cierto es que no se duele de 11 una carencia total de fundamentación y 12 motivación de los actos reclamados, sino de 13 diversas violaciones a las leyes del 14 procedimiento. 15 Finalmente, por lo que respecta al 16 inciso f), también se encuentra cubierto. 17 Ello es así, pues aun y cuando se 18 plantean en la demanda de amparo 19 violaciones directas a la Constitución, 20 específicamente a los derechos 21 fundamentales contenidos en los artículos 14 22 y 16, dichas violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de 2 un procedimiento ordinario. 3 Lo anterior, ya que si se plantean 4 simultáneamente en la demanda de amparo 5 violaciones directas e indirectas a la 6 Constitución, no opera excepción alguna al 7 principio de definitividad antes aludido porque 8 sí es factible para la parte afectada obtener 9 con eficacia la modificación, anulación o 10 revocación de los actos administrativos que 11 estima violatorios de sus derechos a través 12 del recurso ordinario, pues al interponerlo la 13 agraviada puede alegar los vicios de legalidad 14 que ostentan los actos reclamados, lo que 15 equivale a plantear las llamadas violaciones 16 constitucionales indirectas, cuya solución por 17 su naturaleza, ya que se trata sólo de 18 determinar si existe inobservancia de leyes 19 secundarias, corresponde inicialmente a la 20 autoridad ordinaria que debe resolver el 21 recurso y sólo en forma mediata competerá al 22 juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no 2 pueda analizar las violaciones directas a la 3 Carta Magna que también pudiera causar la 4 determinación recurrida, porque de todas 5 maneras al fallarse, si dicha autoridad estima 6 fundadas las violaciones de legalidad 7 aducidas, el acto reclamado quedará sin 8 efecto y resultará por tanto innecesario que 9 se estudien aquellas violaciones directas a la 10 Constitución. 11 Sostener el criterio contrario, propiciaría 12 el abuso del juicio de amparo, haciendo 13 nugatorio el principio de definitividad, pues 14 bastaría aducir alguna o algunas violaciones 15 directas a la Constitución, para hacer 16 procedente el juicio de garantías, obligando a 17 la autoridad judicial que debe conocer del 18 mismo, al estudio de las violaciones de mera 19 legalidad, sin que antes hayan sido materia 20 de análisis en el recurso correspondiente; es 21 decir, sin que hayan quedado establecidas 22 esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no 2 resultaría jurídico, cuando se plantean en la 3 misma demanda de amparo violaciones 4 constitucionales directas e indirectas, analizar 5 únicamente las primeras y omitir el estudio de 6 las segundas, porque no puede fraccionarse 7 la procedencia del juicio de amparo. 8 Finalmente, no se trata de un amparo 9 contra leyes, pues de la integridad de la 10 demanda de amparo no se advierte que se 11 reclame una norma general, ni tampoco, los 12 actos reclamados se tratan de aquellos que 13 importan peligro de privación de la vida o 14 ataques a la libertad personal del quejoso 15 fuera de procedimiento, ya que se tratan de 16 actos administrativos que se atribuyen a 17 autoridades de igual naturaleza, por lo que no 18 se surten los supuestos de excepción al 19 principio de definitividad aludidos. 20 En tales condiciones, si el principio de 21 definitividad consagrado en el artículo 61, 22 fracción XX, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es procedente 2 únicamente respecto de actos definitivos, esto 3 es, que no sean susceptibles de modificación 4 o de invalidación por recurso, juicio o medio 5 de defensa alguno, de modo que al 6 contemplarse en la referida Ley Orgánica del 7 Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la 8 competencia de dicho órgano contra actos 9 previstos en las fracciones XII, XIII y XIX del 10 artículo 3 de la citada ley orgánica, debe 11 estimarse que los actos impugnados pueden 12 ser modificados o revocados, según lo que se 13 resuelva en el juicio contencioso 14 administrativo que ante éste se instaure, lo 15 que hace improcedente el presente juicio 16 de garantías. 17 En consecuencia, al quedar 18 demostrado que en el supuesto analizado se 19 actualiza la causa de improcedencia antes 20 indicada; con apoyo en lo dispuesto por el 21 artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA 2 ORIGEN DE ESTE JUICIO. (...)

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