Pedro Álvaro López

Expediente 1424/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1424/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2019

Partes del expediente

  • Pedro Álvaro López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA de amparo presentada, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ******* por propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con sede en esa ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1424/2019-3-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, destaca que el promovente del amparo se duele del auto de venticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el cuadernillo del expediente ***, relativo al incidente de liquidación de sociedad conyugal, promovido por **** en contra del aquí quejoso. Establecido lo anterior, este Juzgador advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior Dicha aseveración obedece a que la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, expresamente establece la regla de combatir a través del amparo indirecto la última resolución, dictada en el procedimiento respectivo, en el caso, la interlocutoria que resuelve un incidente, y en la demanda también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevé los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. Cabe mencionar que en la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con algunas diferencias, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Ahora bien, ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución de sentencia debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Luego, como el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo cual se obtiene si su procedencia contra violaciones adjetivas sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, cuando se trate de actos emitidos fuera de juicio, como el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado de un procedimiento ordinario civil de divorcio necesario, también debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo indirecto procede contra cada una de las determinaciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente precitado, se obstaculizaría el procedimiento incidental. De igual forma, debe estimarse que el incidente de liquidación de sociedad conyugal, por su propia naturaleza tiende a preparar la ejecución, sin embargo, su resolución final se emite en el contexto fuera de juicio, ya que deriva de un procedimiento ordinario de divorcio necesario, en el que se reservó la liquidación de la sociedad conyugal para la ejecución de sentencia, y por identidad jurídica de razones se aplica la regla que el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia. De ahí que, no podrán combatirse en amparo las violaciones intermedias de carácter procesal que surjan, sino hasta que se emita la resolución con la que concluya el procedimiento incidental para liquidar la sociedad conyugal. En abundamiento, el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento y que hasta entonces es factible reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado fue emitido dentro de un incidente de liquidación de sociedad conyugal planteado después de concluido el juicio que no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que se constriñe a señalar las ocho horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la junta en la que las partes determinen las bases para la partición de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal; o bien, se designen un perito para que realice dicha partición, es decir, no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del incidente, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, y así combatirse en el amparo indirecto que se promueva contra la interlocutoria con que concluya esa incidencia. En consecuencia, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, contrario sensu, de la Ley de Amparo y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Y DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a las restantes personas que indica, por no contar con ese requisito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el proveido de dieciocho de octubre del actual, que dice: Vista; la demanda de amparo promovida por +++ por propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con sede en esa ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1424/2019-3-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, destaca que el promovente del amparo se duele del auto de venticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el cuadernillo del expediente +++, relativo al incidente de liquidación de sociedad conyugal, promovido por +++, en contra del aquí quejoso. Establecido lo anterior, este Juzgador advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Dicha aseveración obedece a que la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, expresamente establece la regla de combatir a través del amparo indirecto la última resolución, dictada en el procedimiento respectivo, en el caso, la interlocutoria que resuelve un incidente, y en la demanda también pueden impugnarse las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevé los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. Cabe mencionar que en la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con algunas diferencias, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Ahora bien, ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución de sentencia debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Luego, como el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo cual se obtiene si su procedencia contra violaciones adjetivas sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, cuando se trate de actos emitidos fuera de juicio, como el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado de un procedimiento ordinario civil de divorcio necesario, también debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo indirecto procede contra cada una de las determinaciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente precitado, se obstaculizaría el procedimiento incidental. De igual forma, debe estimarse que el incidente de liquidación de sociedad conyugal, por su propia naturaleza tiende a preparar la ejecución, sin embargo, su resolución final se emite en el contexto fuera de juicio, ya que deriva de un procedimiento ordinario de divorcio necesario, en el que se reservó la liquidación de la sociedad conyugal para la ejecución de sentencia, y por identidad jurídica de razones se aplica la regla que el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia. De ahí que, no podrán combatirse en amparo las violaciones intermedias de carácter procesal que surjan, sino hasta que se emita la resolución con la que concluya el procedimiento incidental para liquidar la sociedad conyugal. En abundamiento, el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento y que hasta entonces es factible reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado fue emitido dentro de un incidente de liquidación de sociedad conyugal planteado después de concluido el juicio que no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que se constriñe a señalar las ocho horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la junta en la que las partes determinen las bases para la partición de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal; o bien, se designen un perito para que realice dicha partición, es decir, no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del incidente, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, y así combatirse en el amparo indirecto que se promueva contra la interlocutoria con que concluya esa incidencia. En consecuencia, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, contrario sensu, de la Ley de Amparo y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Y DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a +++ y +++, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a las restantes personas que indica, por no contar con ese requisito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

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