Pedro Álvarezs Sotelo
Expediente 1595/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1595/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Pedro Álvarezs Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Colima, Colima, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que, por una parte, fue negada la suspensión definitiva y por otra concedida, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de destrucción, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario (a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe. JAAA/ar*
- Principal
Colima, Colima, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. e) Devuélvase a la autoridad responsable, un tomo del cuaderno de pruebas formado con las copias del expediente 250/2016, por ser innecesaria su retención. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/ar*
- Principal
Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Pedro Álvarez Sotelo, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan (fojas 2 a 7 de autos) II. Prevención, admisión y trámite. Previa prevención, por auto de once de octubre de dos mil dieciséis (folios 13 a 15), fue admitida la demanda de amparo, registrándose con el número 1595/2016-IV-A; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se otorgó al Ministerio Público Federal la intervención legal que le corresponde; asimismo, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional que se celebró en los términos del acta que antecede. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado Federal es competente, en virtud de tratarse de una demanda de amparo promovida contra una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial con residencia en el Estado de Colima; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuya hipótesis normativa se verificó dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXIII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero Penal de Colima. Juez Segundo de lo Penal de Colima. Procurador General de Justicia del Estado de Colima. Director de la Policía Estatal Preventiva de Colima. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Colima. Comisario de la Policía Estatal Acreditable del Estado de Colima. Director General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. Director General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictada contra el quejoso, en autos de la causa penal 250/2016, y su ejecución. Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. Las autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal, Procurador General de Justicia del Estado, Director de la Policía Estatal Preventiva, Secretario de Seguridad Pública y Comisario de la Policía Estatal Acreditable, todos con residencia en esta ciudad de Colima, negaron el acto que se les imputa, de suerte que no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". VII. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal, Director General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia y Director General de la Policía Investigadora, todas con residencia en Colima, pues al rendir su informe con justificación, precisaron que existe una orden de aprehensión dictada contra el quejoso, en la causa penal 250/2016, por el delito de abuso de confianza, en agravio de Ventura Huerta Marías, José Chávez Heredia, Ignacio Medrano Huerta y coagraviados. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la causa penal 250/2016, remitida por la autoridad responsable ordenadora, documento que al ser elaborado por autoridad en el ejercicio de sus funciones, adquiere el carácter de documental pública; por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o; en consecuencia, se prueba plenamente la existencia de la orden de aprehensión que se reclama. Al efecto, aplica el criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." VIII. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo, debe realizarse de manera preferente al de fondo de la cuestión planteada, ya que es de orden público lo relativo a la procedencia de la acción constitucional, por lo que debe efectuarse su análisis, no obstante que las partes las aleguen o no, ello en acatamiento de la disposición contenida en el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, no se analizará el fondo de la inconstitucionalidad planteada debido a que se advierte oficiosamente que en la especie se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como esto conllevará al sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad del acto reclamado, de acuerdo con la jurisprudencia 413 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". El citado numeral en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El primer párrafo de la fracción en comento, establece la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías llamada cambio de situación jurídica, la cual consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y por ello se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Por otra parte, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia establecida en este precepto, e impone a la autoridad judicial que conozca del proceso penal, el deber de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esta disposición se refiere a la materia penal, en la cual, la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de status legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada, en estas condiciones surge la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En el caso, mediante oficio 4134 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de término constitucional de veintitrés de octubre del año en curso, dictada en la causa penal 250/2016, en la que decretó al quejoso auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el artículo 230 en relación al 13 y 20 fracción I, II y III del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Ventura Huerta Marías y otros, constancias certificadas con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia. Ahora bien, esta sobrevenida y nueva etapa del proceso hace que se consideren irreparablemente consumadas las presuntas violaciones imputadas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta, sin afectar por consiguiente la actual situación jurídica y procesal del quejoso. En ese sentido, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debiendo hacerse notar que no se está en alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el reformado segundo párrafo de dicho dispositivo, el cual, debe recordarse, indica que sólo la sentencia de primera instancia hará que se estimen incorregibles las transgresiones ocurridas en el proceso penal, respecto de las garantías individuales previstas en los artículos 19 y 20 de la Constitución. En el presente caso, en que los actos reclamados tienen su fundamento en el diverso artículo 16 de la Ley Fundamental, para cuya emisión sólo rigen las garantías consagradas en dicho dispositivo, no puede aceptarse la posibilidad de que sea también violatorio de algunas otras, de modo que la excepción mencionada no resulta aplicable al caso, y por tanto, no afecta el sentido de esta resolución. En razón de lo antes expuesto, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de manera plena la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, del citado ordenamiento jurídico. Resulta ilustrativa por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, que aparece publicada en la página 270 del tomo XXVII, junio de 2008, material penal, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por PEDRO ÁLVAREZ SOTELO, por propio derecho, en relación con los actos y autoridades indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las razones contenidas en el apartado denominado: "Inexistencia de los actos reclamados" y "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Liliana Anguiano Casillas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/LAC/
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QLUEJOSO DE LA SENTENCIA DE VEITNIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por PEDRO ÁLVAREZ SOTELO, por propio derecho, en relación con los actos y autoridades indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados", por las razones contenidas en el apartado denominado: "Inexistencia de los actos reclamados" y "Análisis de causas de improcedencia".
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