Pedro Alonso Rivera Acosta

Expediente 203/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
203/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Juez de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas
  • Pedro Alonso Rivera Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el trece de mayo de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible. Por otra parte, dado que no es necesaria la conservación de las copias simples de la demanda exhibidas por la parte quejosa, previa constancia que se asiente en autos, procédase a su destrucción. Finalmente, en atención al contenido de la certificación de cuenta, instrúyase al actuario judicial adscrito a este juzgado, licenciado Paulo César Gómez del Río, para que en lo subsecuente realice las notificaciones que le son ordenadas dentro de los diversos juicios de amparo, en los términos para ello establecidos por la ley.

  2. Principal

    PÚBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO AL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZGADO PARA TALES EFECTOS Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el trece de mayo de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible. Por otra parte, dado que no es necesaria la conservación de las copias simples de la demanda exhibidas por la parte quejosa, previa constancia que se asiente en autos, procédase a su destrucción.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada a nombre de Pedro Alonso Rivera Acosta, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital y otras autoridades, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. De la lectura integral de la demanda de garantías que nos ocupa, de la que se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma. En efecto de un análisis íntegro de la demanda de cuenta, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la nueva ley de Amparo, en relación con el numeral 6º del propio ordenamiento legal. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." Ello es así, pues del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma del promovente del amparo, Pedro Alonso Rivera Acosta; así como la anotación de la oficial de partes de este órgano jurisdiccional en el sentido que recibe demanda en copia simple y 9 tantos de la misma. Ello es así, pues del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma del promovente del amparo, ya que si bien es cierto, la misma ostenta una firma, ésta no es autógrafa, por aparecer en fotocopia, por lo que, conforme al artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2° de esta última, no tiene de valor legal alguno. En razón de lo anterior, no ha lugar a admitirla, pues al omitir el promovente asentar su firma, no manifestó su voluntad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que el documento citado no incorpora, como ya se dijo, expresión de voluntad alguna y en tales condiciones no solicita expresamente ante el órgano jurisdiccional, conozca del juicio de garantías promovido, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo, es pues, una exigencia que el particular a quien se le vulnera su esfera de derechos por un acto de autoridad deba estampar su firma, lo cual constituye la expresión de su voluntad de promover dicho juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 606, visible en la página 1042, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". De igual forma sirve de apoyo la Tesis VI.1o.151 K, consultable en la página 303, del Tomo XV-II, Febrero de 1995 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida a nombre de Pedro Alonso Rivera Acosta, con apoyo en el artículo 113 de la citada ley de la materia. Téngase por autorizado para oír notificaciones al licenciado Raúl Enrique Domínguez Pérez, en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tales efectos el ubicado en calle del Oro número ciento catorce (114) de la colonia Sierra de Alica en la ciudad de Zacatecas.

  4. Principal

    PÚBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO AL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZGADO PARA TALES EFECTOS Vista Vista la demanda de amparo presentada a nombre de Pedro Alonso Rivera Acosta, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital y otras autoridades, el Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. De la lectura integral de la demanda de garantías que nos ocupa, de la que se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma. En efecto de un análisis íntegro de la demanda de cuenta, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la nueva ley de Amparo, en relación con el numeral 6º del propio ordenamiento legal. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." Ello es así, pues del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma del promovente del amparo, Pedro Alonso Rivera Acosta; así como la anotación de la oficial de partes de este órgano jurisdiccional en el sentido que recibe demanda en copia simple y 9 tantos de la misma. Ello es así, pues del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma del promovente del amparo, ya que si bien es cierto, la misma ostenta una firma, ésta no es autógrafa, por aparecer en fotocopia, por lo que, conforme al artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2° de esta última, no tiene de valor legal alguno. En razón de lo anterior, no ha lugar a admitirla, pues al omitir el promovente asentar su firma, no manifestó su voluntad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que el documento citado no incorpora, como ya se dijo, expresión de voluntad alguna y en tales condiciones no solicita expresamente ante el órgano jurisdiccional, conozca del juicio de garantías promovido, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo, es pues, una exigencia que el particular a quien se le vulnera su esfera de derechos por un acto de autoridad deba estampar su firma, lo cual constituye la expresión de su voluntad de promover dicho juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 606, visible en la página 1042, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". De igual forma sirve de apoyo la Tesis VI.1o.151 K, consultable en la página 303, del Tomo XV-II, Febrero de 1995 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida a nombre de Pedro Alonso Rivera Acosta, con apoyo en el artículo 113 de la citada ley de la materia. Téngase por autorizado para oír notificaciones al licenciado Raúl Enrique Domínguez Pérez, en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tales efectos el ubicado en calle del Oro número ciento catorce (114) de la colonia Sierra de Alica en la ciudad de Zacatecas.

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