Pedro Alfredo Cota Reyes

Expediente 58/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
58/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Pedro Alfredo Cota Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal para que la parte quejosa recurriera la sentencia que sobreseyó en este juicio, sin que lo hubiera hecho; por lo que, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, ello con fundamento en el artículo 86, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. En consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, dado que en la sentencia dictada en autos se sobreseyó, y que se observa de la certificación que antecede que no existen documentos originales, y se abrió el incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y la definitiva por lo que hace a todos los actos señalados, además de que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto en cita, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión, el cual es destruible según lo dispone el punto vigésimo primero, fracción III del acuerdo en cita. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude la disposición vigésima, fracción III, del propio acuerdo. Consérvese por separado dicho cuaderno. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto para resolver el presente juicio de amparo indirecto 58/2017, promovido por Pedro Alfredo Cota Reyes. RESULTANDOS: I. Presentación de demanda Pedro Alfredo Cota Reyes, por derecho propio y mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Especializada en Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, los que esencialmente hizo consistir en la omisión de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la averiguación previa 1157/13/311. Dicha demanda correspondió conocer a este juzgado por razón de turno. II. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó violados El impetrante narró los antecedentes del acto reclamado, sostuvo que en su perjuicio se vulneraron los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes a fin de evidenciar la inconstitucionalidad de la actuación reprochada. III. Admisión, integración y trámite La demanda de amparo fue admitida por auto de treinta de enero de dos mil diecisiete; en dicha determinación se ordenó lo siguiente: formar y registrar el expediente con número 58/2017, solicitar a la autoridad responsable su informes de ley, dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le compete; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La autoridad responsable rindió su informe de ley y anexó los documentos justificativos de su actuar, lo cual fue acordado de conformidad en proveído de ocho de febrero del dos mil diecisiete. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDOS: I. Competencia Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en virtud de que, este órgano de control constitucional es un juzgado de distrito sin jurisdicción por materia específica, y como tal, es competente para conocer de juicio de amparo indirecto en la materia penal, así como por tratarse de un acto cuya emisión y ejecución está a cargo de autoridades residentes en esta localidad, en la cual ejerce su jurisdicción este tribunal de amparo. II. Precisión del acto reclamado Conforme al artículo 74, fracción I de la ley de la materia, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se interpreta la demanda de amparo en su totalidad. Lo anterior encuentra sustento, por similitud jurídica, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, expuesta por el Pleno del Alto Tribunal Constitucional, cuyo contenido se reproduce enseguida: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así del análisis armónico de los señalamientos y manifestaciones transcritas, privilegiando lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que dijo en apariencia, nos lleva a tener que en el presente asunto el acto reclamado en forma destacada es el siguiente: La omisión de la autoridad ministerial responsable para pronunciarse sobre la prescripción de la acción punitiva en la averiguación previa 1157/12/311/AP instruida en su contra. III. Certeza de los actos. La autoridad, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le reclama. Sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, como se observa de las copias certificadas de los documentos justificativos de su actuar relativas a la averiguación previa 1157/12/311/AP, de su índice interno; las cuales adquieren valor probatorio pleno acorde a los establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos emitidos por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Así, se advierte que el agente investigador responsable consignó la indagatoria de origen al Juez de Primera Instancia Penal en turno, que la misma fue remitida al entonces Juez Segundo de esa materia y grado en esta ciudad, recibida por dicho órgano judicial a las nueve horas con quince minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete -según se desprende del sello estampado en el oficio de consignación-. Por lo que, a juicio del suscrito, se estima que es cierta la omisión atribuida a la autoridad. IV. Causal de improcedencia y sobreseimiento No se considera necesario transcribir ni analizar los conceptos de violación, toda vez que este tribunal de amparo advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de estudio previo y preferente según lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo, pues hace imposible el estudio de la litis planteada. En relación a lo anterior, es aplicable en lo conducente, por similitud jurídica, la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.". Luego, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...]" De lo anterior, se desprende que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Ahora, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1) que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2) que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4) que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Enseguida se procede al análisis de los supuestos descritos, para lo cual se valoran las documentales que en copias certificadas remitió la autoridad responsable como documentos justificativos de su actuar relativas a la averiguación previa 1157/12/311/AP, de su índice interno; las cuales adquieren valor probatorio pleno acorde a los establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos emitidos por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Así, en relación a la hipótesis descrita en el inciso 1), ésta quedó debidamente acreditada, pues se advierte la existencia del procedimiento relativo a la averiguación previa 1157/12/311/AP. Por lo que hace a lo descrito en el inciso 2), ésta se materializa, en virtud de que de las referidas constancias, se patentiza que el agente investigador responsable consignó la indagatoria de origen al Juez de Primera Instancia Penal en turno; que la misma fue remitida al entonces Juez Segundo de esa materia y grado en esta ciudad, recibida por dicho órgano judicial a las nueve horas con quince minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete -según se desprende del sello estampado en el oficio de consignación-. En lo relativo al hipotético contenido en los incisos 3) y 4), queda actualizado, atento a que ya se consignó la indagatoria de mérito, por lo que no puede decidirse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, se consideran como consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Sobre esto último, además que existe una autonomía entre la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, que podría concluir con el otorgamiento de la orden de aprehensión solicitada por el órgano investigador, por lo que estamos en presencia de otra etapa procesal cuya independencia está perfectamente determinada. De ahí que, tanto su nueva situación como el asunto quedan supeditados a las facultades que el artículo 16 constitucional le confiere al órgano jurisdiccional que conozca del citado pedimento. Por lo anterior, las violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre la omisión que reclama el quejoso sin afectar la nueva situación jurídica, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del impetrante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio constitucional. RESOLUTIVO Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales 58/2017, promovido Pedro Alfredo Cota Reyes, contra la autoridad y acto, así como por las razones expuestas en el contexto del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo no podrá celebrarse, ello, tomando en consideración que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra ausente por licencia concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, sin que la secretaria del juzgado encargada del despacho haya sido autorizada para resolver cuestiones de fondo. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y para su celebración se señalan las trece horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a las actuaciones el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; atento a su contenido, formula alegatos ministeriales, lo cual relaciónese en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación a su diversa solicitud, expídase copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo, previa razón que de su recibo obre en autos, acorde a lo previsto el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la ley de la materia-. Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

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