Pedro Alfonso Tzuc Cetina

Expediente 277/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
277/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • José Fernando Cob Canul
  • Pedro Alfonso Tzuc Cetina

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que los cuadernos original y duplicado del presente incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, toda vez que por acuerdo de dieciséis y por resolución de veintisiete, ambos de marzo de dos mil dieciocho, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por este Juzgado Federal, en la que en su primer punto negó el amparo y protección de la Justifica Federal, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por este Juzgado Federal, en su primer punto resolutivo se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se dispone a devolver al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Trigésimo Cuarto, las copias certificadas del expediente 1144/2014, en cuatro tomos, los cuales remitió como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 277/2018-V, promovido por el Ejido de Hunucmá, Yucatán, representado por Pedro Alfonso Tzuc Cetina, José Fernando Cob Canul y Augusto Ventura Canul, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de aquél respectivamente y por José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo, posesionarios y avecindados del citado ejido, representados por su apoderada Xail de la Luz González Alpuche, en contra de los actos que reclaman del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el Ejido de Hunucmá, Yucatán, representado por Pedro Alfonso Tzuc Cetina, José Fernando Cob Canul y Augusto Ventura Canul, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de aquél respectivamente, José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo, posesionarios y avecindados del citado ejido, representados por su apoderada Xail de la Luz González Alpuche, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Segundo. Admisión demanda. Previa aclaración de la demanda, por auto de dieciséis de marzo del presente año, se admitió a trámite por el acto reclamado a la autoridad responsable, se solicitó su informe justificado, se emplazó a los terceros interesados, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: La determinación de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que negó calificar de legal y no aprobó el convenio celebrado por las partes en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, en el expediente TUA-34-1144/2014. Tercero. Actos existentes. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, manifestó en el informe justificado que es cierto el acto reclamado (fojas 600 a 611), lo que se corrobora de las copias certificadas que acompañó a su respectivo informe justificado, que al ser documentos públicos, tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; en consecuencia, se tiene por existente el acto reclamado. Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo es oportuno precisar que el presente juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, pues el acto reclamado afecta materialmente el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto es así, porque el núcleo de dicho derecho consiste en la obtención de una resolución fundada en derecho que dirima la controversia que se ha puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Por ello, si el convenio entre las partes es una manera de dar solución al conflicto, que es precisamente lo que se busca al acudir ante los tribunales del estado, quienes están obligados a impartir justicia en forma pronta, expedita e imparcial, entonces la negativa a aprobarlo debe ser examinada en amparo indirecto al constituir una afectación material al derecho antes mencionado. Lo anterior es así, pues a diferencia de otras resoluciones que determinan la continuación del procedimiento pese a que existe la posibilidad de que sea concluido, como por ejemplo la que revoca la determinación de caducidad, por inactividad de las partes, o bien, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, que solamente generan afectaciones de carácter adjetivo o formal, la negativa a aprobar un convenio tiene relación directa con la solución de la controversia, que se insiste, es el núcleo del derecho sustantivo a la tutela judicial efectiva. Es aplicable al caso, la tesis III.2o.C.11 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Registro: 2009499, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1942, del rubro y texto siguientes: "ACTO DENTRO DE JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. TIENE TAL CARÁCTER EL AUTO QUE RESUELVE UN RECURSO DE REVOCACIÓN Y CONFIRMA EL DIVERSO EN QUE SE NIEGA LA PETICIÓN DE LAS PARTES, DE ELEVAR A LA CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA, UN CONVENIO SUSCRITO ENTRE ELLAS PARA DAR POR TERMINADA LA CONTROVERSIA. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, consisten en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" y que éstos revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Así, el auto que resuelve un recurso de revocación y confirma el diverso en que se niega la petición de las partes contendientes, de elevar a la categoría de sentencia ejecutoriada, un convenio suscrito entre ellas para dar por terminada la controversia de origen, es un acto dentro de juicio de imposible reparación, puesto que satisface las dos condiciones aludidas, dado que afecta materialmente el derecho fundamental a una administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que las partes puedan hacer uso de una de las instituciones previstas en la ley, para dar por terminado un proceso judicial, antes de que se dicte sentencia en él (convenio), derecho fundamental que, evidentemente, tiene una naturaleza distinta a aquellos catalogados como formales o adjetivos, en razón de que, la afectación de que se trata es actual y no depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, ya que desde el momento en que se impide dar curso al convenio judicial propuesto por las partes para poner fin a la controversia en la que se encuentran inmersas, es necesario verificar si la autoridad responsable está o no cumpliendo con su obligación constitucional de impartir justicia de manera pronta, conforme al citado artículo 17, pues este precepto no se limita a obligar al juzgador a que desahoguen todas las etapas de un juicio, en los términos y plazos que establezcan las leyes, sino también, a que vigile que un proceso jurisdiccional no dure más de lo estrictamente necesario. Además, debe tenerse en cuenta que, de postergarse la procedencia del juicio constitucional hasta la vía directa, una vez pronunciada la sentencia definitiva en el juicio de origen, la violación al derecho humano a una justicia pronta, quedaría irremediablemente consumada, pues el fallo protector no tendría efecto material alguno, ante la imposibilidad de reponer el tiempo derivado de la tardanza en definir si debió o no terminar el juicio de manera anticipada a la sentencia." Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertirse de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este juzgador obligado a transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". También se precisa que en virtud de que los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de Hunucmá, Yucatán, son parte quejosa del acto reclamado que puede tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal, por referirse a tierras de uso común; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción IV, inciso a), en relación al artículo 17, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto del derecho humano de legalidad y certeza jurídica. Ahora bien, en el primero de los conceptos de violación, la parte quejosa aduce la indebida valoración del tribunal responsable sobre lo resuelto en la asamblea general de ejidatarios de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, cuya acta obra en copia certificada en el juicio de origen, ya que no reparó en el contenido, en que el Comisariado de forma incorrecta promovió el juicio agrario contravino lo realmente decidido por el ejido quejoso, que no obstante que en esa asamblea se avaló la inscripción de la asignación efectuada por el Registro Agrario Nacional de la parcela 287 Z 10 P 1/3, realizada a favor de los también quejosos José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y una persona más, que por error, y contra de lo decidido por el máximo órgano del ejido quejoso, que es la Asamblea General de Ejidatarios, demandó la nulidad y la cancelación de los certificados parcelarios derivados de la citada parcela, además de la nulidad y cancelación de todas las inscripciones registrales derivadas de los títulos de propiedad de esa parcela; que la nulidad y cancelación de todas las inscripciones catastrales derivadas de los títulos de propiedad de la parcela en cuestión, demandando igualmente que la superficie que conforma la referida parcela fuera declarada judicialmente como tierras de uso común y propiedad del ejido, pretendiendo que se les otorgara el legítimo derecho de disponer de ellas; que también se demandó se declarara la nulidad de cualquier contrato que obre sobre la superficie que conforma la parcela de mérito y que se ordene la inscripción de la sentencia que se emita en el Registro Agrario Nacional. Cita los artículos 22, 27, 31, 32, 33 de la Ley Agraria y expone que como señala la ley, al promover el juicio de nulidad el Comisariado debió acreditar que la Asamblea General lo facultaba para demandar la nulidad de la inscripción de la asignación de parcelas a los ahora posesionarios quejosos, puesto que no puede aceptarse, de manera lógica y jurídica, que el Comisariado en su carácter de representante del ejido, realizara actos que contravinieran los acuerdos de su representado, cuando su obligación legal es hacerlos cumplir, ya que de efectuarlos así, los volvería nulos. Se invocó las tesis de rubro: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA." Que si la Asamblea General efectivamente aprobó la inscripción de la asignación efectuada por el Registro Agrario Nacional de la parcela 287 Z 10 P 1/3, realizada a favor de los también quejosos José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y diversa persona, y no se impugnó la decisión colegiada, aún más si el parcelamiento fue legalmente inscrito, esa asignación obtuvo firmeza por ministerio de ley. Por tanto, afirman los quejosos que en contravención al numeral 32 de la Ley Agraria, el tribunal responsable negó la aprobación del convenio en cuestión, al soslayar que lo que se pretendía con ese arreglo de voluntades era la materialización de los acuerdos expresos de la Asamblea General de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en términos del precepto antes invocado. Afirma la parte quejosa que no se requiere un acuerdo de Asamblea General posterior, que autorice tal convenio, como pretende el tribunal responsable, pues el convenio en sus cláusulas primera y segunda, pretende terminar un juicio indebidamente instado por el Comisariado, pues aducen que contraviene los acuerdos de la Asamblea General del treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y por ello el convenio tiene como consecuencia lógica, evitar que continúe un litigio indebidamente accionado, y materializar la asignación de las parcelas a favor de los posesionarios quejosos, lo que implica el cumplimiento de la obligación legal del Comisariado Ejidal, que es ejecutar los acuerdos de la Asamblea, y que eso se advierte de las cláusulas tercera, cuarta, quinta, y sexta del convenio. Que en esas condiciones, al promover el juicio de mérito, el Comisariado debió acreditar que la Asamblea General lo facultaba para demandar la nulidad de la inscripción de la asignación de parcelas a los posesionarios quejosos, no obstante que aquella así lo acordó, y nadie lo impugnó, incluso el parcelamiento respectivo, fue legalmente inscrito; que además debe tomarse en cuenta que en el precepto 32 de la Ley Agraria se le asignan obligaciones y facultades al Comisariado, como es la de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, y también tiene las facultades de representación y de gestión administrativa del ejido; de ahí que estima la parte quejosa, que no puede establecerse de manera lógica y jurídica, que el Comisariado como representante legal del ejido, realice actos que contravengan los acuerdos de su representado, cuando su obligación legal es hacerlos cumplir, como lo haría un apoderado general en la materia común, esto es, si rebasar los límites del poder, puesto que de hacerlo así, volvería nulo lo actuado por el apoderado. Cita la tesis de rubro: "JUICIO AGRARIO SOBRE NULIDAD DEL ACTA LEVANTADA EN ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. EL EMPLAZAMIENTO DEBE PRACTICARSE A TRAVES DEL COMISARIADO EJIDAL." Que el Comisariado sólo puede actuar en favor de los intereses del Ejido y no contrariarlos como por error lo hizo, al instar el juicio de origen. Cita las tesis: "COMISARIADO EJIDAL. LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR LA ACCIÓN QUE TIENDA A PROTEGER BIENES DE USO COMÚN.", "COMISARIADO EJIDAL. FACULTADES DEL." y "COMISARIADO EJIDAL. CUANDO, EJERZA UNA ACCIÓN EN UN JUICIO LABORAL QUE AFECTE AL EJIDO COMO ENTE COLECTIVO, BASTA CON QUE ACREDITE EL INTERÉS JURÍDICO PARA EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NÚCLEO RELATIVO." Sigue argumentando la parte quejosa, que el tribunal responsable al invocar expresamente la fracción VI del numeral 185 de la Ley Agraria, para justificar el análisis del convenio en cita, debió analizar en principio, si la acción agraria ejercida a nombre del Ejido quejoso, a través de la representación legal del Comisariado, efectivamente lo legitimaba ad causam y a su vez ad procesum, en relación a lo efectivamente decidido en la citada Asamblea General del treinta y uno de mayo de dos mil nueve, ya que a estima de la parte quejosa, como indica el numeral señalado, la resolución que se tome tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada (sic); por lo que conforme a la teoría general del proceso, que sea en esa etapa (sentencia) que se debe analizar a detalle, además de la procedencia o no de la acción respectiva, también la legitimación de quien en los hechos la ejercita (en este caso del Comisariado) previo a resolver que, ante su viabilidad y correcta legitimación, sea necesario el acuerdo de la Asamblea General que expresamente faculte al Comisariado para solicitar, el desistimiento de la acción. También señala la parte quejosa, que en el resolutivo tercero del acto reclamado, el tribunal lo consideró como sentencia, al exponer que era susceptible de causar ejecutoria. Se invocan los criterios de rubros siguientes: "ACCIÓN AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL.", "ASAMBLEA DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL. ES EL ÓRGANO DEL EJIDO FACULTADO PARA OTORGAR PODERES O MANDATOS EN FAVOR DE TERCEROS, PARA REPRESENTAR AL EJIDO." "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL" y "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA". Además, los solicitantes de amparo apuntan a que de la tesis citada en la foja 30 de la resolución reclamada, se evidencia que previo al análisis de procedencia del convenio y la exigencia del acuerdo de la Asamblea General sobre facultades expresas al Comisariado para desistir de la demanda promovida a nombre del Ejido quejoso, en casos en que como señala el tribunal, pudiera afectarse lo que protege el artículo 59 de la Ley Agraria, primero debe analizarse si la acción agraria es procedente o no. Que como ha sostenido el Pleno del Alto Tribunal "la intención del legislador al establecer las normas que rigen el juicio de amparo en materia agraria, fue dar a los núcleos de población ejidal o comunal, por razones económicas o sociales, mayores facilidades para la defensa de sus derechos a través del juicio de garantías, disponiendo, entre otras cosas, la obligación de suplir las deficiencias en que lleguen a incurrir, suplencia que, con base en la interpretación sistemática de los preceptos relativos a dicha materia agraria, debe extenderse aún respecto de la cita errónea o equívoca de los medios de defensa que pretendan interponer (...)" Que deben valorarse los alcances de orden público e interés social que aplican al caso del acto destacado, ya que los quejosos son sujetos de suplencia plena de la deficiencia de la queja, respecto a la calificación y aprobación del convenio conciliatorio en cuestión, como la vía idónea para terminar pacíficamente un litigio ordinario que el Comisariado no debió promover, y que resultaría ocioso y contrario a la tutela judicial efectiva, obligar a convocar a una Asamblea General del Ejido quejoso, por conducto del propio Comisariado como órgano competente, con el único fin de recabar la constancia escrita de consentimiento expreso del Ejido para desistir del juicio agrario que sobre los intereses comunes de los aquí quejosos no debió promoverse. Que de la interpretación funcional, no se requería el consentimiento expreso del Ejido quejoso mediante la Asamblea General, respecto al desistimiento de la acción agraria ejercida a su nombre por el Comisariado, si de acuerdo a lo efectivamente resuelto en la Asamblea General del treinta y uno de mayo de dos mil nueve, no fue su intención demandar la nulidad absoluta de la inscripción de la asignación efectuada por el Registro Agrario Nacional de la parcela 287 Z 10 P 1/3, realizada a favor de los ahora solicitantes de amparo José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y de una diversa persona. Cita la tesis: "COMISARIADO EJIDAL. PARA QUE PUEDA ALLANARSE A LA DEMANDA AGRARIA O DESISTIR DE LA ACCIÓN, DEBE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE RESUELVE TAL ASPECTO Y QUE ESTÁ EJECUTANDO DICHA DETERMINACIÓN COMO REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 167 Y 185, FRACCIÓN VI, DE LA LEY AGRARIA Y 373, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Que al haber resuelto en el sentido que lo hizo la autoridad responsable, se produjo una violación de derechos fundamentales. Citan la tesis: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES." Aducen que se viola el principio de congruencia, que la responsable se apartó de la litis fijada y señaló acciones que no le corresponden, que si bien es verdad que el derecho y las cuestiones de orden público deben valorarse, también lo es que esto ocurre cuando el juzgador debe emitir una sentencia o resolución en la que tenga que valorar cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que en el caso no ocurre, ya que el convenio objeto de calificación es un acuerdo de voluntades que no causa perjuicio al orden público, al patrimonio del ejido y menos a terceras personas; que la autoridad responsable además de tener facultades discrecionales para mejor proveer y allegarse de pruebas y emitir resoluciones a verdad sabida sin sujetarse a la valoración de pruebas en el sistema jurídico tradicional; sin mediar acuerdo preventivo, sino que determinó tajantemente no calificar de legal y no aprobar el convenio celebrado el once de septiembre de dos mil diecisiete y ratificado por las partes ante el tribunal responsable; que éste no puede establecer actos jurídicos por propia voluntad, como lo hizo, máxime que las partes no se opusieron al convenio presentado o reclamó acción diversa a las señaladas en ese convenio, sin violentar acción alguna en perjuicio del orden público, del ejido o de terceras personas; con lo que la responsable causó graves perjuicios. La parte quejosa arguye que la autoridad responsable actuó con parcialidad en el acto reclamado, ya que de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, los Tribunales Agrarios dictarán las sentencias a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos; que el hermetismo jurídico previsto en el numeral 186 del propio ordenamiento, faculta a esta autoridad agraria para "acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados"; que no obstante, en el artículo 185, fracción VI, indica que en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciarse el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable, si se logra la aveniencia, dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia(sic); que en el caso es lo que ocurrió, como se advierte del convenio de autos que no es contrario a la ley; por lo que estima que se actuó con arbitrariedad. Al respecto, se citaron las siguientes jurisprudencias: "JUICIO AGRARIO. ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE INSISTIR EN LA RECABACIÓN OFICIOSA DE PRUEBAS, EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA, CUANDO HAYA CONTRADICCION ENTRE ELLAS." y "JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA." En el segundo concepto de violación la parte quejosa señala la violación al artículo 61 de la Ley Agraria, puesto que asevera que el tribunal responsable no valoró que en la Asamblea General de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, se tomó una decisión en materia de asignación de tierras, favorable a los posesionarios quejosos, que no fue impugnada mediante algún juicio, menos aún en el lapso de noventa días naturales que indica aquél precepto. Por lo tanto, argumentan los peticionarios de amparo que tratándose de los acuerdos de Asamblea General de Ejidatarios que asignen tierras y/o que conceden derechos sobre éstas a determinadas personas, al fijar la ley de la materia un plazo de noventa días naturales para su impugnación, con la indicación expresa de que, transcurrido ese plazo tendrá firmeza por ministerio de ley, operaría para quien quisiera oponerse a tales acuerdos, la figura procesal de la prescripción, respecto del derecho de quien pretenda demandar que las asignaciones efectuadas sean modificadas o revocadas, incluido por mayoría de razón, el propio representante legal del Ejido, esto es, su Comisariado. Respecto a lo anterior citó las tesis siguientes: "EJIDOS. SI EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA EN QUE ASIGNAN TIERRAS NO ES IMPUGNADO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS OPERA LA PRESCRIPCIÓN, Y PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL AGRARIO", "ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA.", "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EJIDATARIOS, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POSESORIOS." y "TIERRAS EJIDALES, ASIGNACIÓN DE. TÉRMINO PARA IMPUGNARLA". También señala que en cuanto a los efectos equivalentes a la "cosa juzgada", con apoyo en la última parte del artículo 61 de la Ley Agraria, se aprecia que el tribunal del conocimiento cambió indebidamente el destino de la asignación de tierras a favor de los posesionarios -quejosos-, con base en la multicitada asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve. Al caso citan la tesis: "ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO." En el tercer motivo de inconformidad, la parte quejosa aduce la violación al artículo 17 constitucional, ya que manifiestan que al obligar a ambas partes del juicio agrario, ahora quejosos, a esperar que el tribunal reponga el procedimiento como lo ordenó el Tribunal Superior Agrario, previo a aprobar el convenio, desvirtúa el hecho que al fallar el recurso de segunda instancia no existía el multicitado pacto conciliatorio, ni el Superior Agrario, por razón obvia, analizó la procedencia o no de la acción agraria, ni la legitimación respectiva, tanto del Ejido como de su Comisariado, ya que se limitó a reponer el procedimiento de origen, dejando sin efectos jurídicos la sentencia del tribunal responsable; que por tanto, no existe la figura de la "cosa juzgada", o alguna otra de índole procesal, que impida que el litigio agrario de origen sea terminado, pacífica y prontamente, con el Convenio conciliatorio varias veces invocado. En tales condiciones, el acto reclamado afecta materialmente el derecho fundamental a una administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 Constitucional, al impedirles el uso del convenio como institución prevista en la ley, para dar por terminado un proceso judicial, antes de que se dicte sentencia, y que de postergarse, una vez pronunciada la sentencia definitiva en el juicio de origen, la violación al derecho humano a una justicia pronta, quedaría irremediablemente consumada, pues el fallo protector no tendría efecto material alguno, ante la imposibilidad de reponer el tiempo derivado de la tardanza en definir si debió o no terminar el juicio de manera anticipada, a la sentencia. Que además, ni el artículo 27 constitucional, ni la Ley Agraria facultan al Tribunal Unitario Agrario ni al Tribunal Superior Agrario, a proveer que el juicio agrario se siga ex officio, esto es, que los procesos agrarios seguidos ante esos tribunales, en el caso, en primera instancia, sólo pueden subsistir si existe el impulso procesal expreso, continuo, y permanente, traducido en que la parte actora mantenga firme su petición de ejercitar la acción mediante la legitimación correspondiente, siendo que se ha evidenciado que en el caso no ocurre esto último. Que por tanto resulta inexacto que si el Tribunal Agrario competente considera que la Asamblea General de Ejidatarios hace la asignación de parcelas en aparente contravención al principio de indivisibilidad parcelaria a que alude el artículo 27 Constitucional, no pueda estimarse que por dicho motivo exista una nulidad de pleno derecho, en tanto que esa nulidad no se encuentra reconocida en la Ley Agraria, y que tampoco en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares; por lo que previo procedimiento, dicha nulidad, en su caso, debió declararse por la autoridad respectiva, mediante el impulso procesal respectivo, y nunca oficiosamente. Al respecto se citaron las tesis: "NULIDAD.", "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", "ACCIÓN. SU DESISTIMIENTO EN EL JUICIO NATURAL DE DONDE PROVIENE EL ACTO RECLAMADO EXTINGUE LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL Y, POR TANTO, SU REINICIO INJUSTIFICADO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE RESOLVERSE LA REVISIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO." y "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. NO PROCEDE CUANDO SE VARÍA LA NATURALEZA DEL JUICIO, Y LAS PARTES CONSIENTEN TAL DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". A su vez, en el concepto de violación cuarto, la parte accionante de amparo resiente la valoración indebida de la autoridad responsable del asentimiento de la parte demandada en el asunto de origen, que soslayó no sólo la improcedencia de la acción agraria, y con ello la carencia de la legitimación procesal del Comisariado al presentar y haberse iniciado el litigio, sino también dejó de valorar la intención de los hoy posesionarios -parte demandada- y quejosos de aceptar expresamente la conclusión pronta y definitiva, con el convenio conciliatorio, del proceso agrario. Que por tanto, el tribunal responsable violó el alcance del numeral 17 constitucional, en relación con los diversos 1°, 16, 14, y 27 del propio ordenamiento, ya que sin que existir conflicto social y/o de orden público que impactara en derecho agrario alguno, determinó negar la aprobación de la conclusión pacífica y pronta del juicio. Cita como apoyo la jurisprudencia: "DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. CUANDO SE PRESENTA DESPUÉS DE QUE EL EMPLAZAMIENTO ES DECLARADO NULO, SU VALIDEZ REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO QUE COMPARECIÓ AL JUICIO." En el quinto de los motivos de inconformidad, la parte solicitante de amparo aduce la valoración indebida de la ratificación del convenio conciliatorio, del tribunal responsable, que antes de calificar el convenio conciliatorio, ordenó y aprobó la ratificación de los firmantes, ahora quejosos; por lo que al señalar posteriormente que el Comisariado carecía del consentimiento expreso y previo de la Asamblea General para haber estado en vía de desistirse del juicio agrario impulsado a nombre del Ejido, trastocó en su perjuicio la garantía de seguridad y certeza jurídica, puesto que revocó la aceptación realizada tácitamente de la legitimación procesal del Comisariado, sobre esa facultad del Ejido al que representa; por lo que los quejosos aprecian que se contravino la aprobación plena que sobre la representación legal del Comisariado había aceptado el tribunal responsable respecto a la ratificación del convenio conciliatorio, de fechas veinticuatro de agosto y dos de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente; cuya calificación de no aprobación fue emitida hasta el veintisiete de noviembre del año citado. Es por ello que estiman los solicitantes de amparo, que al ordenar y recibir la ratificación del Comisariado en relación con el convenio, precluyó la facultad del tribunal responsable para considerar que carece de las condiciones procesales aptas para haberlo ratificado en representación legal del Ejido. Cita como apoyo las tesis: "DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN. ES SUFICIENTE; PARA QUE OPERE, EL REALIZADO MEDIANTE ESCRITO RATIFICADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", "RATIFICACIÓN DE ESCRITOS. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA OTORGA AL JUEZ ESA FACULTAD DISCRECIONAL, ANTES DE DARLES CURSO A AQUÉLLOS, ÉSTA NO DEBE SER ARBITRARIA.", "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA LABORAL. PRECLUYE EL DERECHO DEL ACTOR A HACERLO UNA VEZ RATIFICADA ÉSTA Y EXPUESTA LA CONTESTACIÓN". "CADUCIDAD PROCESAL. PRECLUYE LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA DECRETARLA EN LOS CASOS EN QUE PREVIAMENTE RESOLVIÓ EN FIRME SU INEXISTENCIA." En el concepto de violación sexto, ad cautelam se duelen de la indebida reposición del procedimiento (omisión de dar vista a la asamblea general a través del comisariado), como suficiente para obtener el "amparo liso y llano" a fin de ordenar a la autoridad responsable que apruebe el convenio conciliatorio de atención, por resultar lo más benéfico para todos los quejosos, y al interés social y orden público, porque aducen que la autoridad responsable omitió reponer el procedimiento respecto a la calificación y aprobación del convenio citado; porque no obstante la interpretación sistemática y funcional de las tesis invocadas a fojas 33 y 37 del acto reclamado'', soslayó la posibilidad de que los ahora quejosos pudieran purgar los supuestos vicios de dicho pacto, y, en lugar de ordenar lo conducente para constatar la voluntad del Ejido a través de la Asamblea General que considerara idónea, con lo que negó toda posibilidad de terminar, amistosa y prontamente el litigio agrario, lo que dicen, es violatorio de los intereses representados por los aquí solicitantes de amparo. Como sustento se invocó la tesis: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA". Los conceptos de violación son infundados, como enseguida se expone. Resulta pertinente recapitular que la resolución reclamada, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, en el expediente TUA 34-1144/2014 de su índice, que no calificó de legal y no aprobó el convenio conciliatorio presentado y ratificado por la parte actora Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido de Hunucmá, Yucatán y los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo. Además, de la consulta de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, valoradas en forma positiva en el considerando que antecede, se advierte que la litis fijada en el juicio natural, en la audiencia de diez de diciembre de dos mil catorce (fojas 258 a 279 del tomo I del juicio de origen, cuaderno auxiliar II), consiste en dilucidar la procedencia o improcedencia de declarar la nulidad absoluta de la inscripción de la asignación realizada por el Registro Agrario Nacional, de la parcela 287 Z 10 P 1/3, a favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez, José Canto Tamayo y una diversa persona, expuestos por la parte actora, derivado de la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en razón de que el propio Registro Agrario Nacional, con fecha doce de noviembre de dos mil doce, declaró improcedente la inscripción de la asignación por encontrarse en el supuesto del artículo 59 de la Ley Agraria, pues declaró que la superficie de tierra era selva y por lo tanto, no podía asignarse la procedencia o improcedencia de declarar nulos y la cancelación de los certificados parcelarios de los títulos de propiedad, así como las inscripciones registrales y catastrales que se hayan realizado derivados de dichos títulos, todos esos documentos según refiere la parte actora de la parcela en mención; la procedencia o improcedencia de declarar que las 72-54-06.7262 hectáreas que conforman la parcela 287 Z 10 P 1/3 del ejido de Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán son tierras de uso común y propiedad del ejido; asimismo, que se declare que la parte actora tiene el legítimo derecho de disponer de ellas en cambio de destino o en otras de las modalidades que contempla la Ley Agraria diferentes al parcelamiento; la procedencia o improcedencia de declarar nulo cualquier contrato que obre sobre la superficie en mención, ya que según expone la parte actora al no poderse asignar solo pueden ser de uso común del núcleo agrario que representa; así como en la procedencia o improcedencia de las cuestiones accesorias que de dicha acción se contienen insertas en el demás texto de la demanda. Asimismo, se advierte que el ocho de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el citado juicio TUA-34-1144/2014 (fojas 763 a 820 del tomo I del juicio de origen, cuaderno auxiliar II), y que en su contra se interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, del que se formó el toca 444/2016-34, en el que emitió sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 14 a 67 del tomo II del juicio de origen, cuaderno auxiliar III), por medio de la cual se ordenó la revocación y reposición del procedimiento, para el efecto de que antes de resolverse nuevamente, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Trigésimo Cuarto, con residencia en esta ciudad, se allegara de diversas pruebas y sean valoradas. Las consideraciones de la citada ejecutoria, en lo que interesa, fueron las siguientes: ".EFECTOS DEL REENVÍO. Al resultar fundada y suficiente la parte C) del segundo agravio manifestado por los recurrentes, lo procedente es revocar la sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, en los autos del juicio agrario TUA 34-1144/2014, para los siguientes efectos: PRIMERO: En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 186 de la Ley Agraria, el Magistrado A quo deberá allegarse de los siguientes medios probatorios: a) El expediente completo formado por el Registro Agrario Nacional con motivo de la solicitud de trámite de inscripción número 4549/11 sobre el Acuerdo de Asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, celebrada al interior del Ejido en cuestión, al que le recayó calificación registral 2392/2012 de doce de noviembre de dos mil doce, en el que invariablemente debe obrar el dictamen técnico de diecinueve de septiembre de dos mil once, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismo que sirvió de fundamento para denegar la inscripción de la asignación de las parcelas 282, 284, 285, 286, 287, 288, y 290 por actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria, así como el plano interno correspondiente a la citada asamblea. b) El expediente completo formado por el Registro Agrario Nacional con motivo de la solicitud de trámite de inscripción número 002976/10 sobre el Acuerdo de Asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, celebrada al interior del Ejido en cuestión, al que le recayó calificación registral 1043/2013 de tres de mayo de dos mil trece. c) Copia certificada de los certificados expedidos por el Registro Agrario Nacional en favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez, José Canto Tamayo y Rodrigo Antonio Díaz Gutiérrez, respecto de la parcela 287, del Ejido de Hunucmá, municipio del mismo nombre, Estado de Yucatán, con motivo de la calificación registral 1043/2013 de tres de mayo de dos mil trece. d) Copia certificada de las circulares DJ/RAN/1-17 y DJ/RAN/1-18 expedidas por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional. SEGUNDO: Hecho lo anterior deberá: Valorar y concatenar todos y cada uno de los elementos de prueba. Una vez que obre en autos el original o copia certificada del dictamen técnico elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del diecinueve de septiembre de dos mil once, reiterar el criterio de que es nulo todo aquél parcelamiento efectuado dentro de superficies que se ubiquen en la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria. Prescindir del argumento respecto de que no procede la solicitud del Ejido de que se declare que la superficie de la parcela 287 Z-10 P1/3 al no proceder su asignación, continúa formando parte de la superficie de uso común del Ejido en cuestión. Al analizar las circulares DJ/RAN/1-17 y DJ/RAN/1-18, deberá apreciar el marco legal que regula lo que constituye un parcelamiento económico o de hecho un cambio de destino de una superficie de uso común a área parcelada, cuyo supuesto implica la creación de nuevas parcelas, en el que resulta necesario que medie un dictamen técnico emitido por autoridad competente que determine la existencia o no de bosques o selvas tropicales de conformidad con el artículo 59 de la Ley Agraria, cuyo cumplimiento es de interés público. Realizado lo anterior, de conformidad a lo ordenado en el artículo 189 de la Ley Agraria y, siguiendo los lineamientos de este fallo, deberá resolver todos y cada uno de los elementos que conforman la litis planteada en el expediente TUA 34-1144/2014 de su índice, observando el principio de congruencia interna y externa que debe guardar toda sentencia, asimismo, en acatamiento al principio de exhaustividad deberá pronunciarse respecto de los acuerdos que obran visibles de foja 449 a 456, mismos que fueron tomados respecto de la compraventa de la parcela en controversia". Que de conformidad con los efectos de la ejecutoria del toca 444/2016-34, relativa al recurso de revisión mencionado, se observa que limitan a ordenar revocación y reposición del procedimiento, para el efecto de que antes de resolverse nuevamente, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Trigésimo Cuarto, con residencia en esta ciudad, se allegue de diversas pruebas y sean valoradas; sin embargo, se puede advertir de las citadas consideraciones, que se puntualizó que cuando obrare en autos el original o copia certificada del dictamen técnico elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del diecinueve de septiembre de dos mil once, se reiterara el criterio de que es nulo todo aquél parcelamiento efectuado dentro de superficies que se ubiquen en la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria. Asimismo, que la ejecutoria de mérito marcó la directriz en el sentido de que al analizar las circulares DJ/RAN/1-17 y DJ/RAN/1-18, debería apreciarse el marco legal que regula lo que constituye un parcelamiento económico o de hecho y un cambio de destino de una superficie de uso común a área parcelada, cuyo supuesto implica la creación de nuevas parcelas, en el que resultaba necesario que medie un dictamen técnico emitido por autoridad competente que determine la existencia o no de bosques o selvas tropicales de conformidad con el artículo 59 de la Ley Agraria, cuyo cumplimiento es de interés público. Destaca que al emitir el acto reclamado, de la no calificación de legal, ni aprobación del convenio conciliatorio, que aquí se reclama, el tribunal responsable se encontraba allegándose de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de revisión. Lo anterior sirve de contexto para el análisis del acto reclamado. Ahora bien, en relación con los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, respecto de las consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada, destacan los razonamientos siguientes: Que la parte actora núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, a través de los integrantes de su Comisariado ejidal, promovió la demanda en ejercicio de sus pretensiones de nulidad absoluta de la inscripción de la asignación realizada por el Registro Agrario Nacional, de la parcela colectiva 287 Z 10 P 1/3, a favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y una tercera persona, y sus prestaciones accesorias, con argumentos de que el doce de noviembre de dos mil doce, el citado Registro había declarado improcedente la asignación de la parcela referida, en la asamblea de ejidatarios realizada el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, por encontrarse en el supuesto del artículo 59 de la Ley Agraria, ya que no podía asignarse por haberse declarado que la superficie de tierra que conforma esa parcela, era selva. - Se concretó que en el juicio agrario se impugna esencialmente la resolución emitida el tres de mayo de dos mil trece por la Registradora Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, que declaró procedente la inscripción del acta de asamblea de ejidatarios celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en la que se llevó a cabo la asignación de la parcela 287 Z 10 P 1/3, del núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, a favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez, José Canto Tamayo y una diversa persona, y sus prestaciones, a pesar de que el doce de noviembre de dos mil doce, la citada Delegación había emitido inscripción negativa de aquella acta de asamblea, en la que se había asignado la misma parcela a los mencionados demandados. El tribunal responsable destacó que de las cláusulas del acuerdo de voluntades en cuestión, se observaba que el núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, a través de los integrantes del comisariado ejidal desistieron de la demanda emprendida en contra de los demandados Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Director del Catastro, estos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y Director del Catastro del municipio de Hunucmá, Yucatán. Que también se advierte del citado convenio, que los firmantes pactaron reconocer que la resolución de tres de mayo de dos mil trece, de la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán, es una consecuencia de la asamblea de ejidatarios de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en la que se asignó la parcela 287 del núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, en beneficio de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y otra persona. Lo anterior porque en el acuerdo de voluntades los firmantes del mismo reconocen la plena validez de la asignación de la citada parcela 287 Z 10 P 1/3, del ejido actor, a favor de los demandados antes mencionados, en asamblea ejidal de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y al igual de la resolución de tres de mayo de dos mil trece, ya mencionada, que declaró procedente la inscripción de la asignación de aquella parcela a favor de los demandados antes nombrados, a pesar de que el doce de noviembre de dos mil doce, la Delegación Agraria emitió calificación negativa de la asamblea citada en primer lugar, relativa a la asignación parcelaria. A ese respecto, el tribunal responsable razonó que en términos de los artículos 22, 23, fracciones VII y VIII, 25, 26, 27, 28, 31, 56, 58, 59 y 152, fracción VIII la Ley Agraria y 22, fracciones l y III inciso c), 31, 32, 33, 34, 36, 49, fracción III, 52, 53, 54 y 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que la asamblea de ejidatarios como máximo órgano de decisión del ejido, con las formalidades previstas en los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, tiene la facultad de determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas y su asignación, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados respectivos; con la limitante de que serán nulas de pleno derecho las asignaciones de parcelas en bosques o selvas tropicales. También precisó la autoridad responsable, que el Registro Agrario Nacional se encuentra obligado a inscribir el acta de asamblea en la que se haya llevado a cabo la delimitación y asignación de tierras parceladas que se hubiese levantado y expedir los certificados respectivos conforme las instrucciones de la asamblea; en tanto que los registradores examinarán bajo su responsabilidad cada uno de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa reguladora, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. Que de los preceptos antes mencionados se advierte que la calificación de esas actas de asamblea serán negativas y no se inscribirán cuando no sean susceptibles de ello, en los términos de la ley y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; y que en contra de la resolución negativa que emita la delegación del Registro Agrario Nacional respectiva, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Además, la autoridad del conocimiento trajo a cuenta que en la exposición de motivos del artículo 27 constitucional, se justificó su existencia en dar certidumbre jurídica y capitalizar al campo, así como proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal, con la intención de hacer productivo el campo mexicano a fin de que se reflejara en el desarrollo económico del país, en un mejor nivel de vida del campesino; sin embargo, se previó que el cambio de enfoque sobre la tenencia de tierras ejidales y comunales no fuera excusa que con la delimitación y asignación de tierras ejidales y comunidades sin limitación alguna se provocara la extinción de los bosques y selvas que se encontraran en sus tierras, atentando contra los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Se destacó que el párrafo tercero del numeral 27 constitucional, la fracción VII, párrafo tercero del propio numeral, el 2°, párrafo segundo, 5°, párrafo primero y 59 de la Ley Agraria, es evidente la tendencia de protección ambiental. Que en ese contexto legal, la responsable consideró que toda asignación de tierras ejidales o comunales en bosques o selvas tropicales son actos jurídicos contrarios al numeral 59 de la Ley Agraria, por lo que no son susceptibles de inscripción en el Registro Agrario Nacional. Que del acta de asamblea de ejidatarios realizada el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en el núcleo agrario de Hunucmá, Yucatán, emitió resolución de improcedencia de calificación registral de asignación de varias parcelas entre ellas la parcela colectiva 287 Z 10 P 1/3, porque de conformidad con el dictamen técnico de diecinueve de septiembre de dos mil once, de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturaleza, que determinó que la superficie de esa parcela se encontraba en bosques y selvas tropicales; por tanto, se declaró que se encontraba en el supuesto del artículo 59 de la Ley Agraria. Que como la acción principal de los actores del juicio agrario, es la nulidad absoluta de la resolución de inscripción positiva del Registro Agrario Nacional, de tres de mayo de dos mil trece, respecto de la asignación de la parcela multicitada, y que la parte demandada no ha probado la procedencia de sus excepciones y defensas; por tanto, para el tribunal responsable existe presunción de que la asignación sí se encuentra en el supuesto del numeral 59 antes invocado, y que la asignación no sería susceptible de inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Por lo que si en el convenio ratificado por las partes pretenden reconocer validez a la asamblea de la asignación de la parcela en comento, a favor de los demandados; además, reconocimiento a la inscripción de tres de mayo de dos mil trece, podría incurrirse en convalidar una asamblea ejidal que posiblemente se celebró contraviniendo el numeral 59 de la Ley Agraria, y su inscripción, porque al parecer la referida parcela se ubica en bosques y selvas tropicales. Máxime que a los firmantes no les corresponde confirmar o negar su validez, sino que será materia de resolver en el fondo del juicio. Que además el tribunal carece de facultades para ordenar el cese de los efectos de una resolución emitida en el recurso de revisión por el Tribunal Superior Agrario, como se pretende en el convenio citado. Que la resolución de inscripción procedente de tres de mayo de dos mil trece de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán, sobre la asignación de la referida parcela, es un acto de autoridad, esto es, no deriva de alguno de los firmantes del convenio, por lo que carecen de legitimación para convalidarla. Que si en la demanda de origen se postuló que la asamblea de ejidatarios de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, del núcleo agrario demandante y su inscripción positiva, infringían el numeral 59 de la Ley de la Materia, constituyen actos de interés público, por lo que previo al reconocimiento de validez, el tribunal del conocimiento está obligado a resolver si adolecen de algún requisito de validez, por lo que pudieran resultar nulos, por lo que no concierne a los firmantes del convenio. Y que con independencia de lo anterior, como la suscripción del convenio tiene como efectos el desistimiento del litigio contra los demandados, y los firmantes no exhibieron el acta de asamblea respectiva en la que el núcleo agrario actor autorizara al Presidente, Secretario y Tesorero del comisariado ejidal para que a su nombre desistieran de la demanda; en consecuencia, éstos carecen de legitimación para tal efecto; esto porque, siendo verdad que el comisariado ejidal es el órgano de la representación legal del ejido, con las facultades de apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas de conformidad con los numerales 32, 33, fracción I de la Ley Agraria; sin embargo, de esos numerales se desprende que es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea y que su actuación está limitada en los términos fijados por el órgano del ejido. Y de tal manera, el tribunal razonó que carece de validez lo pretendido con la suscripción del convenio, al no advertir que media la asamblea ejidal correspondiente. Como sustento legal invocó la tesis de rubro: "ALLANAMIENTO A LA DEMANDA EN MATERIA AGRARIA. PARA LA VALIDEZ DEL REALIZADO POR EL COMISARIADO EJIDAL, DEBE EXHIBIRSE EL ACTA EN LA QUE LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS LO FACULTÓ PARA TAL EFECTO." En consecuencia, no calificó de legal el convenio presentado y ratificado por las partes, continuándose con la prosecución del procedimiento, en cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión de mérito. En ese orden de ideas, resultan infundados los motivos de inconformidad dirigidos a combatir los razonamientos del tribunal responsable, en el sentido de que los representes del Comisariado Ejidal del ejido de Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, carecen de legitimación para suscribir el convenio conciliatorio, ratificado ante dicha autoridad, y que no se requería de autorización de la asamblea ejidal para tal efecto. La razón de ello estriba en que se encuentra ajustado a derecho, el razonamiento lógico jurídico emitido por el tribunal agrario responsable, en el sentido que para analizar la validez del convenio conciliatorio presentado por la parte actora y de los demandados en el proceso agrario de origen, efectivamente era necesaria la acreditación de que el núcleo agrario del ejido actor, ahora quejoso, entre otros, por ser la máxima autoridad a la que corresponde asumir la decisión de esa naturaleza, como es el reconocimiento de asignación parcelaria y de inscripción registral de la misma, a través del convenio conciliatorio, que es susceptible de depararle perjuicio a ese colectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 238028, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Tercera Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis, Página: 93, de rubro, texto siguientes: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL, FACULTADES DEL. NO LAS TIENE PARA CONSENTIR ACTOS QUE AFECTEN AL NÚCLEO DE POBLACIÓN. En el supuesto de que un comisariado ejidal consintiese en una modificación hecha por las autoridades agrarias a la resolución presidencial dotatoria de su poblado, reduciendo la entrega de las tierras concedidas, no por ello podría afirmarse que hubo consentimiento del núcleo de población, el cual únicamente puede provenir de la asamblea general de ejidatarios, máxima autoridad del propio núcleo, a quien corresponde de modo privativo tomar una decisión de tal naturaleza y que en el caso depara un perjuicio al ejido." Como se advierte en dicho criterio se determinó que la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad del ejido y la única que puede decidir sobre actos privativos de la propiedad del ejido. Cabe destacar que la autoridad responsable para determinar que el órgano máximo de representación del ejido es la asamblea general de ejidatarios, también se apoyó en el análisis del artículo 27 constitucional, en relación con los artículos 32, 33, fracción I de la Ley Agraria, y de esos preceptos desprendió que la asamblea general de ejidatarios es el órgano supremo del ejido, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales es su órgano de representación y al que le corresponde ejecutar las decisiones de la asamblea. En ese sentido, carecen de sustento los argumentos de la parte quejosa, puesto que al contrario, del contenido de los artículos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, se confirma que el comisariado ejidal únicamente es el encargado de ejecutar los acuerdos que toma la asamblea general de ejidatarios, órgano supremo del ejido. De conformidad con esas disposiciones legales, el comisariado ejidal tiene la representación del ejido, pero de acuerdo a los términos en que lo determine la asamblea general de ejidatarios, de modo que no tiene una representación absoluta e independiente de los acuerdos tomados por la asamblea general de ejidatarios. Así, de las facultades concedidas al comisariado ejidal en la fracción I del artículo 33 de la Ley de Agraria, esto es, las facultades de administración y de pleitos y cobranzas a que aluden la representación del ejido quejoso, son conforme a los términos fijados por la asamblea general de ejidatarios. En esas condiciones, a juicio de este resolutor de amparo, es acertada y ajustada a derecho la decisión a la que arribó el tribunal responsable, en relación a que carece de validez el convenio conciliatorio, cuya aprobación solicitaron los integrantes del comisariado ejidal, como parte actora del juicio agrario, juntamente con los dos demandados, dependía de la autorización de la asamblea general de ejidatarios, específicamente de la asamblea del Ejido de Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán. Cabe invocar como apoyo de esas consideraciones, la tesis: 2a. CXXI/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 163400, Segunda Sala, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia(s): Administrativa, visible en la página 797, de título y contenido siguientes: "COMISARIADO EJIDAL. PARA QUE PUEDA ALLANARSE A LA DEMANDA AGRARIA O DESISTIR DE LA ACCIÓN, DEBE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE RESUELVE TAL ASPECTO Y QUE ESTÁ EJECUTANDO DICHA DETERMINACIÓN COMO REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 167 Y 185, FRACCIÓN VI, DE LA LEY AGRARIA, Y 373, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 27, fracción VII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales es el órgano de representación del núcleo y responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En ese sentido, de los artículos 167 y 185, fracción VI, de la Ley Agraria, y 373, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, analizados bajo el método de interpretación sistemática, se concluye que para que el comisariado ejidal pueda allanarse a la demanda agraria o desistir de la acción, en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, debe acreditar que cuenta con el acta de la asamblea en la que se resuelve tal aspecto y que está ejecutando dicha determinación como representante del núcleo de población ejidal. Esto es así, porque sólo la asamblea es competente para dirimir los conflictos suscitados en el ejido, así como para determinar el destino de las tierras que son parte de él, de manera que para que el Comisariado Ejidal pueda suscribir un convenio que dé por concluida una controversia que verse sobre los derechos del ejido, debe contar con la aprobación previa de la asamblea." Sin que la tesis acabada de transcribir pueda interpretarse de modo diferente al criterio que contiene, como pretende la parte quejosa, ya que la conclusión que sostiene la tesis está orientada a establecer que únicamente la asamblea es la competente para dirimir los conflictos suscitados en el ejido, así como para determinar el destino de las tierras que son parte de él; por tanto, para que el Comisariado Ejidal pueda suscribir un convenio que dé por concluida una controversia que verse sobre los derechos del ejido, debe contar con la aprobación previa de la asamblea, lo que fortalece el sentido del acto reclamado. También es aplicable al caso, la tesis: VI.1o.A.80 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Página: 1852, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2008237, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materia(s): Administrativa, del rubro y texto siguientes: "COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONVENIOS, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con el artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, el comisariado ejidal, como representante de la asamblea general de ejidatarios, está facultado para celebrar convenios a nombre de ésta; sin embargo, en términos de los artículos 1792, 1794 a 1797, 1800 a 1803, fracción I, 1812, 1813, 1832, 1833, 1859, 2228, 2231 y 2232 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2o., un acto jurídico de esa naturaleza debe cumplir con requisitos formales ineludibles para su validez, como el consentimiento expreso de la asamblea general de ejidatarios, sin error, violencia o dolo, de otro modo, el acto jurídico podría ser nulo. De igual forma, de los preceptos normativos del ordenamiento civil en cita se advierte que cuando la ley (en este caso la que rige en la materia agraria), exija determinada forma para un contrato, ésta deberá ser cumplida, de lo contrario, el acto jurídico "no será válido", a menos que con posterioridad se cumplan las formalidades omitidas. Con base en lo anterior, si bien el comisariado ejidal, como órgano representante de la asamblea general de ejidatarios, está facultado para celebrar convenios, para ello debe mediar la manifestación de voluntad de ésta, expresada en un acta que cumpla con los requisitos formales que la propia Ley Agraria señala para ese efecto, como que: medie convocatoria, ésta cumpla con la publicidad señalada, a la asamblea acuda el quórum requerido (dependiendo si se trata de la primera, segunda o ulterior convocatoria), las decisiones se tomen por mayoría de votos, dependiendo del asunto a tratar, acuda la Procuraduría Agraria y, en su caso, un fedatario público; es decir, no debe quedar duda alguna en cuanto a la expresión del consentimiento de la asamblea general de ejidatarios para otorgar autorización al comisariado ejidal para celebrar un acto jurídico de esa naturaleza, de tal forma que de no acreditarse la existencia de esa manifestación de la voluntad, no es dable otorgar validez a la actuación de los integrantes del mencionado órgano de representación, al suscribir un convenio." De ahí que las razones para sostener que el sentido en que se resolvió el acto reclamado, encuentran congruencia y fundamento para establecer que carecían de legitimación los integrantes del comisariado del ejido actor en el juicio de origen, al comparecer en unión de los dos demandados, a suscribir y ratificar un convenio conciliatorio para dar por terminado el juicio agrario, con la pretensión de convalidar una asamblea ejidal de asignación de parcela, y la inscripción de la citada asamblea, cuando no contaban con la resolución del núcleo ejidal que les encomendara tal mandato. Al respecto, cabe destacar que la resolución de la asamblea sobre el desistimiento en torno a un juicio agrario en particular debe ser expresa, es decir, no es posible derivarla o deducirla de otros acuerdos que no hayan tenido esa finalidad específica (convenir para dar por concluido un juicio), tal como se sostiene en el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que acaba de citarse en cuanto a que debe contarse con el acta de asamblea en que se resuelve tal aspecto. De ahí que resulten infundados los argumentos de los quejosos en el sentido de que debió analizarse la procedencia de la acción, que ésta se había ejercido en forma incorrecta, o bien, que el desistimiento evidenciara la conformidad con el acuerdo de la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, pues ninguno de estos aspectos está orientado a demostrar que existe un acuerdo expreso de la asamblea para desistir en el juicio en particular de donde deriva el acto reclamado. Y lo anterior adquiere relevancia en la medida en que ya se había dictado una sentencia en el juicio natural, que incluso, fue materia de revisión por el Tribunal Superior Agrario, lo que quiere decir que la instauración de ese proceso no puede considerarse accidental o superflua, tan es así que uno de los aspectos centrales de la sentencia de segunda instancia se orientó a hacer prevalecer el orden público en cuanto a la aplicación del artículo 59 de la Ley Agraria, que prohíbe el parcelamiento de selvas. Por ello, no era posible que en la resolución relativa al convenio presentado por las partes, el tribunal agrario replanteara la posibilidad de admitir que el juicio se instó incorrectamente, ya que estaba constreñido por la determinación del Tribunal Superior, que ordenó la reposición del procedimiento para recabar pruebas a efecto de dilucidar el fondo del conflicto, lo cual supone que se había superado el tema de la legitimación del comisariado para promover el juicio; de tal suerte que no existe ninguna razón jurídica válida para considerar que el desistimiento debe aceptarse por fuerza o bien, que era posible deducir que estaba avalado por la asamblea celebrada en dos mil nueve, cuando evidentemente aún no existía el convenio ni el juicio, por lo que se insiste, el desistimiento debe ser aprobado expresamente. Pensar de otro modo y admitir que el tribunal agrario pudiera analizar la posible contradicción entre lo resuelto en la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y el ejercicio de la acción de nulidad en el juicio agrario por parte del comisariado, implicaría aceptar que el litigio solamente involucró al comisariado y no a la asamblea, lo cual carece de sustento jurídico. También entrañaría la afirmación de que el tribunal agrario podía analizar aspectos diversos a los señalados por su superior, pese a que éste le había indicado los puntos a satisfacer, lo que tampoco tiene sustento legal. Además, en el caso de que efectivamente el comisariado al instar el juicio agrario haya actuado en contra de lo ordenado por la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, ello solamente puede ser reparado precisamente mediante la aprobación del desistimiento por el órgano máximo del ejido, pues como ya se dijo, desde el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia y ésta fue revocada por el tribunal superior a efecto de recabar nuevas pruebas para resolver el fondo, el tema de la legitimación del comisariado para instar la acción ya había sido superado, lo que hace necesario, ahora, que la asamblea acuerde el desistimiento en forma expresa, como lo indica nuestro Máximo Tribunal. En cuanto a las tesis citadas por los quejosos, cabe precisar que de ninguna de ellas se advierten excepciones a que el acuerdo de desistimiento de la asamblea sea expreso, por lo que no resultan aplicables. Finalmente, se puntualiza que el hecho de ordenar la ratificación del convenio no implica reconocer la legitimación de las partes para celebrarlo, o bien, presumir que si lo ratifican el resultado derivará en la eficacia del acuerdo de voluntades, ya que el requerimiento de ratificación solamente es un presupuesto que una vez satisfecho, permite analizar el fondo de lo pedido por las partes; es decir, si el convenio no es ratificado, no es necesario pasar a la etapa de análisis de su procedencia, y es en ese momento procesal cuando la autoridad jurisdiccional puede determinar si el convenio se ajusta o no a derecho en cuanto al fondo de su contenido. En esas condiciones es que resultan infundados los motivos de disenso analizados. A su vez, por las razones anteriores se consideran inoperantes el resto de los conceptos de violación, que se dirigen a combatir otros aspectos de la resolución reclamada, los cuales, aun de resultar fundados, no serían suficientes para superar los argumentos lógico jurídicos emitidos por la autoridad responsable para considerar que la parte quejosa, comisariado del ejido quejoso, carecía de legitimación al suscribir el convenio conciliatorio de mérito. En esas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación destacados, y al no advertirse motivos para suplir la queja, debe negarse la protección constitucional solicitada. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73,74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Ejido de Hunucmá, Yucatán, representado por Pedro Alfonso Tzuc Cetina, José Fernando Cob Canul y Augusto Ventura Canul, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de aquél, respectivamente y por José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo, posesionarios y avecindados del citado ejido, representados por su apoderada Xail de la Luz González Alpuche, contra el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que da fe hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la que las labores de este juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    CITATORIO QUEJOSA Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 277/2018-V, promovido por el Ejido de Hunucmá, Yucatán, representado por Pedro Alfonso Tzuc Cetina, José Fernando Cob Canul y Augusto Ventura Canul, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de aquél respectivamente y por José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo, posesionarios y avecindados del citado ejido, representados por su apoderada Xail de la Luz González Alpuche, en contra de los actos que reclaman del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el Ejido de Hunucmá, Yucatán, representado por Pedro Alfonso Tzuc Cetina, José Fernando Cob Canul y Augusto Ventura Canul, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de aquél respectivamente, José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo, posesionarios y avecindados del citado ejido, representados por su apoderada Xail de la Luz González Alpuche, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Segundo. Admisión demanda. Previa aclaración de la demanda, por auto de dieciséis de marzo del presente año, se admitió a trámite por el acto reclamado a la autoridad responsable, se solicitó su informe justificado, se emplazó a los terceros interesados, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: La determinación de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que negó calificar de legal y no aprobó el convenio celebrado por las partes en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, en el expediente TUA-34-1144/2014. Tercero. Actos existentes. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, manifestó en el informe justificado que es cierto el acto reclamado (fojas 600 a 611), lo que se corrobora de las copias certificadas que acompañó a su respectivo informe justificado, que al ser documentos públicos, tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; en consecuencia, se tiene por existente el acto reclamado. Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo es oportuno precisar que el presente juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, pues el acto reclamado afecta materialmente el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto es así, porque el núcleo de dicho derecho consiste en la obtención de una resolución fundada en derecho que dirima la controversia que se ha puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Por ello, si el convenio entre las partes es una manera de dar solución al conflicto, que es precisamente lo que se busca al acudir ante los tribunales del estado, quienes están obligados a impartir justicia en forma pronta, expedita e imparcial, entonces la negativa a aprobarlo debe ser examinada en amparo indirecto al constituir una afectación material al derecho antes mencionado. Lo anterior es así, pues a diferencia de otras resoluciones que determinan la continuación del procedimiento pese a que existe la posibilidad de que sea concluido, como por ejemplo la que revoca la determinación de caducidad, por inactividad de las partes, o bien, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, que solamente generan afectaciones de carácter adjetivo o formal, la negativa a aprobar un convenio tiene relación directa con la solución de la controversia, que se insiste, es el núcleo del derecho sustantivo a la tutela judicial efectiva. Es aplicable al caso, la tesis III.2o.C.11 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Registro: 2009499, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1942, del rubro y texto siguientes: "ACTO DENTRO DE JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. TIENE TAL CARÁCTER EL AUTO QUE RESUELVE UN RECURSO DE REVOCACIÓN Y CONFIRMA EL DIVERSO EN QUE SE NIEGA LA PETICIÓN DE LAS PARTES, DE ELEVAR A LA CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA, UN CONVENIO SUSCRITO ENTRE ELLAS PARA DAR POR TERMINADA LA CONTROVERSIA. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, consisten en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" y que éstos revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Así, el auto que resuelve un recurso de revocación y confirma el diverso en que se niega la petición de las partes contendientes, de elevar a la categoría de sentencia ejecutoriada, un convenio suscrito entre ellas para dar por terminada la controversia de origen, es un acto dentro de juicio de imposible reparación, puesto que satisface las dos condiciones aludidas, dado que afecta materialmente el derecho fundamental a una administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que las partes puedan hacer uso de una de las instituciones previstas en la ley, para dar por terminado un proceso judicial, antes de que se dicte sentencia en él (convenio), derecho fundamental que, evidentemente, tiene una naturaleza distinta a aquellos catalogados como formales o adjetivos, en razón de que, la afectación de que se trata es actual y no depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, ya que desde el momento en que se impide dar curso al convenio judicial propuesto por las partes para poner fin a la controversia en la que se encuentran inmersas, es necesario verificar si la autoridad responsable está o no cumpliendo con su obligación constitucional de impartir justicia de manera pronta, conforme al citado artículo 17, pues este precepto no se limita a obligar al juzgador a que desahoguen todas las etapas de un juicio, en los términos y plazos que establezcan las leyes, sino también, a que vigile que un proceso jurisdiccional no dure más de lo estrictamente necesario. Además, debe tenerse en cuenta que, de postergarse la procedencia del juicio constitucional hasta la vía directa, una vez pronunciada la sentencia definitiva en el juicio de origen, la violación al derecho humano a una justicia pronta, quedaría irremediablemente consumada, pues el fallo protector no tendría efecto material alguno, ante la imposibilidad de reponer el tiempo derivado de la tardanza en definir si debió o no terminar el juicio de manera anticipada a la sentencia." Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertirse de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este juzgador obligado a transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". También se precisa que en virtud de que los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de Hunucmá, Yucatán, son parte quejosa del acto reclamado que puede tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal, por referirse a tierras de uso común; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción IV, inciso a), en relación al artículo 17, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto del derecho humano de legalidad y certeza jurídica. Ahora bien, en el primero de los conceptos de violación, la parte quejosa aduce la indebida valoración del tribunal responsable sobre lo resuelto en la asamblea general de ejidatarios de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, cuya acta obra en copia certificada en el juicio de origen, ya que no reparó en el contenido, en que el Comisariado de forma incorrecta promovió el juicio agrario contravino lo realmente decidido por el ejido quejoso, que no obstante que en esa asamblea se avaló la inscripción de la asignación efectuada por el Registro Agrario Nacional de la parcela 287 Z 10 P 1/3, realizada a favor de los también quejosos José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y una persona más, que por error, y contra de lo decidido por el máximo órgano del ejido quejoso, que es la Asamblea General de Ejidatarios, demandó la nulidad y la cancelación de los certificados parcelarios derivados de la citada parcela, además de la nulidad y cancelación de todas las inscripciones registrales derivadas de los títulos de propiedad de esa parcela; que la nulidad y cancelación de todas las inscripciones catastrales derivadas de los títulos de propiedad de la parcela en cuestión, demandando igualmente que la superficie que conforma la referida parcela fuera declarada judicialmente como tierras de uso común y propiedad del ejido, pretendiendo que se les otorgara el legítimo derecho de disponer de ellas; que también se demandó se declarara la nulidad de cualquier contrato que obre sobre la superficie que conforma la parcela de mérito y que se ordene la inscripción de la sentencia que se emita en el Registro Agrario Nacional. Cita los artículos 22, 27, 31, 32, 33 de la Ley Agraria y expone que como señala la ley, al promover el juicio de nulidad el Comisariado debió acreditar que la Asamblea General lo facultaba para demandar la nulidad de la inscripción de la asignación de parcelas a los ahora posesionarios quejosos, puesto que no puede aceptarse, de manera lógica y jurídica, que el Comisariado en su carácter de representante del ejido, realizara actos que contravinieran los acuerdos de su representado, cuando su obligación legal es hacerlos cumplir, ya que de efectuarlos así, los volvería nulos. Se invocó las tesis de rubro: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA." Que si la Asamblea General efectivamente aprobó la inscripción de la asignación efectuada por el Registro Agrario Nacional de la parcela 287 Z 10 P 1/3, realizada a favor de los también quejosos José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y diversa persona, y no se impugnó la decisión colegiada, aún más si el parcelamiento fue legalmente inscrito, esa asignación obtuvo firmeza por ministerio de ley. Por tanto, afirman los quejosos que en contravención al numeral 32 de la Ley Agraria, el tribunal responsable negó la aprobación del convenio en cuestión, al soslayar que lo que se pretendía con ese arreglo de voluntades era la materialización de los acuerdos expresos de la Asamblea General de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en términos del precepto antes invocado. Afirma la parte quejosa que no se requiere un acuerdo de Asamblea General posterior, que autorice tal convenio, como pretende el tribunal responsable, pues el convenio en sus cláusulas primera y segunda, pretende terminar un juicio indebidamente instado por el Comisariado, pues aducen que contraviene los acuerdos de la Asamblea General del treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y por ello el convenio tiene como consecuencia lógica, evitar que continúe un litigio indebidamente accionado, y materializar la asignación de las parcelas a favor de los posesionarios quejosos, lo que implica el cumplimiento de la obligación legal del Comisariado Ejidal, que es ejecutar los acuerdos de la Asamblea, y que eso se advierte de las cláusulas tercera, cuarta, quinta, y sexta del convenio. Que en esas condiciones, al promover el juicio de mérito, el Comisariado debió acreditar que la Asamblea General lo facultaba para demandar la nulidad de la inscripción de la asignación de parcelas a los posesionarios quejosos, no obstante que aquella así lo acordó, y nadie lo impugnó, incluso el parcelamiento respectivo, fue legalmente inscrito; que además debe tomarse en cuenta que en el precepto 32 de la Ley Agraria se le asignan obligaciones y facultades al Comisariado, como es la de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, y también tiene las facultades de representación y de gestión administrativa del ejido; de ahí que estima la parte quejosa, que no puede establecerse de manera lógica y jurídica, que el Comisariado como representante legal del ejido, realice actos que contravengan los acuerdos de su representado, cuando su obligación legal es hacerlos cumplir, como lo haría un apoderado general en la materia común, esto es, si rebasar los límites del poder, puesto que de hacerlo así, volvería nulo lo actuado por el apoderado. Cita la tesis de rubro: "JUICIO AGRARIO SOBRE NULIDAD DEL ACTA LEVANTADA EN ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. EL EMPLAZAMIENTO DEBE PRACTICARSE A TRAVES DEL COMISARIADO EJIDAL." Que el Comisariado sólo puede actuar en favor de los intereses del Ejido y no contrariarlos como por error lo hizo, al instar el juicio de origen. Cita las tesis: "COMISARIADO EJIDAL. LEGITIMACIÓN PARA EJERCITAR LA ACCIÓN QUE TIENDA A PROTEGER BIENES DE USO COMÚN.", "COMISARIADO EJIDAL. FACULTADES DEL." y "COMISARIADO EJIDAL. CUANDO, EJERZA UNA ACCIÓN EN UN JUICIO LABORAL QUE AFECTE AL EJIDO COMO ENTE COLECTIVO, BASTA CON QUE ACREDITE EL INTERÉS JURÍDICO PARA EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NÚCLEO RELATIVO." Sigue argumentando la parte quejosa, que el tribunal responsable al invocar expresamente la fracción VI del numeral 185 de la Ley Agraria, para justificar el análisis del convenio en cita, debió analizar en principio, si la acción agraria ejercida a nombre del Ejido quejoso, a través de la representación legal del Comisariado, efectivamente lo legitimaba ad causam y a su vez ad procesum, en relación a lo efectivamente decidido en la citada Asamblea General del treinta y uno de mayo de dos mil nueve, ya que a estima de la parte quejosa, como indica el numeral señalado, la resolución que se tome tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada (sic); por lo que conforme a la teoría general del proceso, que sea en esa etapa (sentencia) que se debe analizar a detalle, además de la procedencia o no de la acción respectiva, también la legitimación de quien en los hechos la ejercita (en este caso del Comisariado) previo a resolver que, ante su viabilidad y correcta legitimación, sea necesario el acuerdo de la Asamblea General que expresamente faculte al Comisariado para solicitar, el desistimiento de la acción. También señala la parte quejosa, que en el resolutivo tercero del acto reclamado, el tribunal lo consideró como sentencia, al exponer que era susceptible de causar ejecutoria. Se invocan los criterios de rubros siguientes: "ACCIÓN AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL.", "ASAMBLEA DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL. ES EL ÓRGANO DEL EJIDO FACULTADO PARA OTORGAR PODERES O MANDATOS EN FAVOR DE TERCEROS, PARA REPRESENTAR AL EJIDO." "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL" y "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA". Además, los solicitantes de amparo apuntan a que de la tesis citada en la foja 30 de la resolución reclamada, se evidencia que previo al análisis de procedencia del convenio y la exigencia del acuerdo de la Asamblea General sobre facultades expresas al Comisariado para desistir de la demanda promovida a nombre del Ejido quejoso, en casos en que como señala el tribunal, pudiera afectarse lo que protege el artículo 59 de la Ley Agraria, primero debe analizarse si la acción agraria es procedente o no. Que como ha sostenido el Pleno del Alto Tribunal "la intención del legislador al establecer las normas que rigen el juicio de amparo en materia agraria, fue dar a los núcleos de población ejidal o comunal, por razones económicas o sociales, mayores facilidades para la defensa de sus derechos a través del juicio de garantías, disponiendo, entre otras cosas, la obligación de suplir las deficiencias en que lleguen a incurrir, suplencia que, con base en la interpretación sistemática de los preceptos relativos a dicha materia agraria, debe extenderse aún respecto de la cita errónea o equívoca de los medios de defensa que pretendan interponer (...)" Que deben valorarse los alcances de orden público e interés social que aplican al caso del acto destacado, ya que los quejosos son sujetos de suplencia plena de la deficiencia de la queja, respecto a la calificación y aprobación del convenio conciliatorio en cuestión, como la vía idónea para terminar pacíficamente un litigio ordinario que el Comisariado no debió promover, y que resultaría ocioso y contrario a la tutela judicial efectiva, obligar a convocar a una Asamblea General del Ejido quejoso, por conducto del propio Comisariado como órgano competente, con el único fin de recabar la constancia escrita de consentimiento expreso del Ejido para desistir del juicio agrario que sobre los intereses comunes de los aquí quejosos no debió promoverse. Que de la interpretación funcional, no se requería el consentimiento expreso del Ejido quejoso mediante la Asamblea General, respecto al desistimiento de la acción agraria ejercida a su nombre por el Comisariado, si de acuerdo a lo efectivamente resuelto en la Asamblea General del treinta y uno de mayo de dos mil nueve, no fue su intención demandar la nulidad absoluta de la inscripción de la asignación efectuada por el Registro Agrario Nacional de la parcela 287 Z 10 P 1/3, realizada a favor de los ahora solicitantes de amparo José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y de una diversa persona. Cita la tesis: "COMISARIADO EJIDAL. PARA QUE PUEDA ALLANARSE A LA DEMANDA AGRARIA O DESISTIR DE LA ACCIÓN, DEBE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE RESUELVE TAL ASPECTO Y QUE ESTÁ EJECUTANDO DICHA DETERMINACIÓN COMO REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 167 Y 185, FRACCIÓN VI, DE LA LEY AGRARIA Y 373, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Que al haber resuelto en el sentido que lo hizo la autoridad responsable, se produjo una violación de derechos fundamentales. Citan la tesis: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES." Aducen que se viola el principio de congruencia, que la responsable se apartó de la litis fijada y señaló acciones que no le corresponden, que si bien es verdad que el derecho y las cuestiones de orden público deben valorarse, también lo es que esto ocurre cuando el juzgador debe emitir una sentencia o resolución en la que tenga que valorar cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que en el caso no ocurre, ya que el convenio objeto de calificación es un acuerdo de voluntades que no causa perjuicio al orden público, al patrimonio del ejido y menos a terceras personas; que la autoridad responsable además de tener facultades discrecionales para mejor proveer y allegarse de pruebas y emitir resoluciones a verdad sabida sin sujetarse a la valoración de pruebas en el sistema jurídico tradicional; sin mediar acuerdo preventivo, sino que determinó tajantemente no calificar de legal y no aprobar el convenio celebrado el once de septiembre de dos mil diecisiete y ratificado por las partes ante el tribunal responsable; que éste no puede establecer actos jurídicos por propia voluntad, como lo hizo, máxime que las partes no se opusieron al convenio presentado o reclamó acción diversa a las señaladas en ese convenio, sin violentar acción alguna en perjuicio del orden público, del ejido o de terceras personas; con lo que la responsable causó graves perjuicios. La parte quejosa arguye que la autoridad responsable actuó con parcialidad en el acto reclamado, ya que de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, los Tribunales Agrarios dictarán las sentencias a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos; que el hermetismo jurídico previsto en el numeral 186 del propio ordenamiento, faculta a esta autoridad agraria para "acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados"; que no obstante, en el artículo 185, fracción VI, indica que en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciarse el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable, si se logra la aveniencia, dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia(sic); que en el caso es lo que ocurrió, como se advierte del convenio de autos que no es contrario a la ley; por lo que estima que se actuó con arbitrariedad. Al respecto, se citaron las siguientes jurisprudencias: "JUICIO AGRARIO. ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE INSISTIR EN LA RECABACIÓN OFICIOSA DE PRUEBAS, EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA, CUANDO HAYA CONTRADICCION ENTRE ELLAS." y "JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA." En el segundo concepto de violación la parte quejosa señala la violación al artículo 61 de la Ley Agraria, puesto que asevera que el tribunal responsable no valoró que en la Asamblea General de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, se tomó una decisión en materia de asignación de tierras, favorable a los posesionarios quejosos, que no fue impugnada mediante algún juicio, menos aún en el lapso de noventa días naturales que indica aquél precepto. Por lo tanto, argumentan los peticionarios de amparo que tratándose de los acuerdos de Asamblea General de Ejidatarios que asignen tierras y/o que conceden derechos sobre éstas a determinadas personas, al fijar la ley de la materia un plazo de noventa días naturales para su impugnación, con la indicación expresa de que, transcurrido ese plazo tendrá firmeza por ministerio de ley, operaría para quien quisiera oponerse a tales acuerdos, la figura procesal de la prescripción, respecto del derecho de quien pretenda demandar que las asignaciones efectuadas sean modificadas o revocadas, incluido por mayoría de razón, el propio representante legal del Ejido, esto es, su Comisariado. Respecto a lo anterior citó las tesis siguientes: "EJIDOS. SI EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA EN QUE ASIGNAN TIERRAS NO ES IMPUGNADO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS OPERA LA PRESCRIPCIÓN, Y PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL AGRARIO", "ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA.", "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EJIDATARIOS, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POSESORIOS." y "TIERRAS EJIDALES, ASIGNACIÓN DE. TÉRMINO PARA IMPUGNARLA". También señala que en cuanto a los efectos equivalentes a la "cosa juzgada", con apoyo en la última parte del artículo 61 de la Ley Agraria, se aprecia que el tribunal del conocimiento cambió indebidamente el destino de la asignación de tierras a favor de los posesionarios -quejosos-, con base en la multicitada asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve. Al caso citan la tesis: "ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO." En el tercer motivo de inconformidad, la parte quejosa aduce la violación al artículo 17 constitucional, ya que manifiestan que al obligar a ambas partes del juicio agrario, ahora quejosos, a esperar que el tribunal reponga el procedimiento como lo ordenó el Tribunal Superior Agrario, previo a aprobar el convenio, desvirtúa el hecho que al fallar el recurso de segunda instancia no existía el multicitado pacto conciliatorio, ni el Superior Agrario, por razón obvia, analizó la procedencia o no de la acción agraria, ni la legitimación respectiva, tanto del Ejido como de su Comisariado, ya que se limitó a reponer el procedimiento de origen, dejando sin efectos jurídicos la sentencia del tribunal responsable; que por tanto, no existe la figura de la "cosa juzgada", o alguna otra de índole procesal, que impida que el litigio agrario de origen sea terminado, pacífica y prontamente, con el Convenio conciliatorio varias veces invocado. En tales condiciones, el acto reclamado afecta materialmente el derecho fundamental a una administración de justicia pronta, previsto en el artículo 17 Constitucional, al impedirles el uso del convenio como institución prevista en la ley, para dar por terminado un proceso judicial, antes de que se dicte sentencia, y que de postergarse, una vez pronunciada la sentencia definitiva en el juicio de origen, la violación al derecho humano a una justicia pronta, quedaría irremediablemente consumada, pues el fallo protector no tendría efecto material alguno, ante la imposibilidad de reponer el tiempo derivado de la tardanza en definir si debió o no terminar el juicio de manera anticipada, a la sentencia. Que además, ni el artículo 27 constitucional, ni la Ley Agraria facultan al Tribunal Unitario Agrario ni al Tribunal Superior Agrario, a proveer que el juicio agrario se siga ex officio, esto es, que los procesos agrarios seguidos ante esos tribunales, en el caso, en primera instancia, sólo pueden subsistir si existe el impulso procesal expreso, continuo, y permanente, traducido en que la parte actora mantenga firme su petición de ejercitar la acción mediante la legitimación correspondiente, siendo que se ha evidenciado que en el caso no ocurre esto último. Que por tanto resulta inexacto que si el Tribunal Agrario competente considera que la Asamblea General de Ejidatarios hace la asignación de parcelas en aparente contravención al principio de indivisibilidad parcelaria a que alude el artículo 27 Constitucional, no pueda estimarse que por dicho motivo exista una nulidad de pleno derecho, en tanto que esa nulidad no se encuentra reconocida en la Ley Agraria, y que tampoco en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares; por lo que previo procedimiento, dicha nulidad, en su caso, debió declararse por la autoridad respectiva, mediante el impulso procesal respectivo, y nunca oficiosamente. Al respecto se citaron las tesis: "NULIDAD.", "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", "ACCIÓN. SU DESISTIMIENTO EN EL JUICIO NATURAL DE DONDE PROVIENE EL ACTO RECLAMADO EXTINGUE LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL Y, POR TANTO, SU REINICIO INJUSTIFICADO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE RESOLVERSE LA REVISIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO." y "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. NO PROCEDE CUANDO SE VARÍA LA NATURALEZA DEL JUICIO, Y LAS PARTES CONSIENTEN TAL DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". A su vez, en el concepto de violación cuarto, la parte accionante de amparo resiente la valoración indebida de la autoridad responsable del asentimiento de la parte demandada en el asunto de origen, que soslayó no sólo la improcedencia de la acción agraria, y con ello la carencia de la legitimación procesal del Comisariado al presentar y haberse iniciado el litigio, sino también dejó de valorar la intención de los hoy posesionarios -parte demandada- y quejosos de aceptar expresamente la conclusión pronta y definitiva, con el convenio conciliatorio, del proceso agrario. Que por tanto, el tribunal responsable violó el alcance del numeral 17 constitucional, en relación con los diversos 1°, 16, 14, y 27 del propio ordenamiento, ya que sin que existir conflicto social y/o de orden público que impactara en derecho agrario alguno, determinó negar la aprobación de la conclusión pacífica y pronta del juicio. Cita como apoyo la jurisprudencia: "DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. CUANDO SE PRESENTA DESPUÉS DE QUE EL EMPLAZAMIENTO ES DECLARADO NULO, SU VALIDEZ REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO QUE COMPARECIÓ AL JUICIO." En el quinto de los motivos de inconformidad, la parte solicitante de amparo aduce la valoración indebida de la ratificación del convenio conciliatorio, del tribunal responsable, que antes de calificar el convenio conciliatorio, ordenó y aprobó la ratificación de los firmantes, ahora quejosos; por lo que al señalar posteriormente que el Comisariado carecía del consentimiento expreso y previo de la Asamblea General para haber estado en vía de desistirse del juicio agrario impulsado a nombre del Ejido, trastocó en su perjuicio la garantía de seguridad y certeza jurídica, puesto que revocó la aceptación realizada tácitamente de la legitimación procesal del Comisariado, sobre esa facultad del Ejido al que representa; por lo que los quejosos aprecian que se contravino la aprobación plena que sobre la representación legal del Comisariado había aceptado el tribunal responsable respecto a la ratificación del convenio conciliatorio, de fechas veinticuatro de agosto y dos de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente; cuya calificación de no aprobación fue emitida hasta el veintisiete de noviembre del año citado. Es por ello que estiman los solicitantes de amparo, que al ordenar y recibir la ratificación del Comisariado en relación con el convenio, precluyó la facultad del tribunal responsable para considerar que carece de las condiciones procesales aptas para haberlo ratificado en representación legal del Ejido. Cita como apoyo las tesis: "DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN. ES SUFICIENTE; PARA QUE OPERE, EL REALIZADO MEDIANTE ESCRITO RATIFICADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", "RATIFICACIÓN DE ESCRITOS. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA OTORGA AL JUEZ ESA FACULTAD DISCRECIONAL, ANTES DE DARLES CURSO A AQUÉLLOS, ÉSTA NO DEBE SER ARBITRARIA.", "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA LABORAL. PRECLUYE EL DERECHO DEL ACTOR A HACERLO UNA VEZ RATIFICADA ÉSTA Y EXPUESTA LA CONTESTACIÓN". "CADUCIDAD PROCESAL. PRECLUYE LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA DECRETARLA EN LOS CASOS EN QUE PREVIAMENTE RESOLVIÓ EN FIRME SU INEXISTENCIA." En el concepto de violación sexto, ad cautelam se duelen de la indebida reposición del procedimiento (omisión de dar vista a la asamblea general a través del comisariado), como suficiente para obtener el "amparo liso y llano" a fin de ordenar a la autoridad responsable que apruebe el convenio conciliatorio de atención, por resultar lo más benéfico para todos los quejosos, y al interés social y orden público, porque aducen que la autoridad responsable omitió reponer el procedimiento respecto a la calificación y aprobación del convenio citado; porque no obstante la interpretación sistemática y funcional de las tesis invocadas a fojas 33 y 37 del acto reclamado'', soslayó la posibilidad de que los ahora quejosos pudieran purgar los supuestos vicios de dicho pacto, y, en lugar de ordenar lo conducente para constatar la voluntad del Ejido a través de la Asamblea General que considerara idónea, con lo que negó toda posibilidad de terminar, amistosa y prontamente el litigio agrario, lo que dicen, es violatorio de los intereses representados por los aquí solicitantes de amparo. Como sustento se invocó la tesis: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA". Los conceptos de violación son infundados, como enseguida se expone. Resulta pertinente recapitular que la resolución reclamada, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, en el expediente TUA 34-1144/2014 de su índice, que no calificó de legal y no aprobó el convenio conciliatorio presentado y ratificado por la parte actora Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido de Hunucmá, Yucatán y los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo. Además, de la consulta de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, valoradas en forma positiva en el considerando que antecede, se advierte que la litis fijada en el juicio natural, en la audiencia de diez de diciembre de dos mil catorce (fojas 258 a 279 del tomo I del juicio de origen, cuaderno auxiliar II), consiste en dilucidar la procedencia o improcedencia de declarar la nulidad absoluta de la inscripción de la asignación realizada por el Registro Agrario Nacional, de la parcela 287 Z 10 P 1/3, a favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez, José Canto Tamayo y una diversa persona, expuestos por la parte actora, derivado de la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en razón de que el propio Registro Agrario Nacional, con fecha doce de noviembre de dos mil doce, declaró improcedente la inscripción de la asignación por encontrarse en el supuesto del artículo 59 de la Ley Agraria, pues declaró que la superficie de tierra era selva y por lo tanto, no podía asignarse la procedencia o improcedencia de declarar nulos y la cancelación de los certificados parcelarios de los títulos de propiedad, así como las inscripciones registrales y catastrales que se hayan realizado derivados de dichos títulos, todos esos documentos según refiere la parte actora de la parcela en mención; la procedencia o improcedencia de declarar que las 72-54-06.7262 hectáreas que conforman la parcela 287 Z 10 P 1/3 del ejido de Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán son tierras de uso común y propiedad del ejido; asimismo, que se declare que la parte actora tiene el legítimo derecho de disponer de ellas en cambio de destino o en otras de las modalidades que contempla la Ley Agraria diferentes al parcelamiento; la procedencia o improcedencia de declarar nulo cualquier contrato que obre sobre la superficie en mención, ya que según expone la parte actora al no poderse asignar solo pueden ser de uso común del núcleo agrario que representa; así como en la procedencia o improcedencia de las cuestiones accesorias que de dicha acción se contienen insertas en el demás texto de la demanda. Asimismo, se advierte que el ocho de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el citado juicio TUA-34-1144/2014 (fojas 763 a 820 del tomo I del juicio de origen, cuaderno auxiliar II), y que en su contra se interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, del que se formó el toca 444/2016-34, en el que emitió sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 14 a 67 del tomo II del juicio de origen, cuaderno auxiliar III), por medio de la cual se ordenó la revocación y reposición del procedimiento, para el efecto de que antes de resolverse nuevamente, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Trigésimo Cuarto, con residencia en esta ciudad, se allegara de diversas pruebas y sean valoradas. Las consideraciones de la citada ejecutoria, en lo que interesa, fueron las siguientes: ".EFECTOS DEL REENVÍO. Al resultar fundada y suficiente la parte C) del segundo agravio manifestado por los recurrentes, lo procedente es revocar la sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, en los autos del juicio agrario TUA 34-1144/2014, para los siguientes efectos: PRIMERO: En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 186 de la Ley Agraria, el Magistrado A quo deberá allegarse de los siguientes medios probatorios: a) El expediente completo formado por el Registro Agrario Nacional con motivo de la solicitud de trámite de inscripción número 4549/11 sobre el Acuerdo de Asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, celebrada al interior del Ejido en cuestión, al que le recayó calificación registral 2392/2012 de doce de noviembre de dos mil doce, en el que invariablemente debe obrar el dictamen técnico de diecinueve de septiembre de dos mil once, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismo que sirvió de fundamento para denegar la inscripción de la asignación de las parcelas 282, 284, 285, 286, 287, 288, y 290 por actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria, así como el plano interno correspondiente a la citada asamblea. b) El expediente completo formado por el Registro Agrario Nacional con motivo de la solicitud de trámite de inscripción número 002976/10 sobre el Acuerdo de Asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, celebrada al interior del Ejido en cuestión, al que le recayó calificación registral 1043/2013 de tres de mayo de dos mil trece. c) Copia certificada de los certificados expedidos por el Registro Agrario Nacional en favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez, José Canto Tamayo y Rodrigo Antonio Díaz Gutiérrez, respecto de la parcela 287, del Ejido de Hunucmá, municipio del mismo nombre, Estado de Yucatán, con motivo de la calificación registral 1043/2013 de tres de mayo de dos mil trece. d) Copia certificada de las circulares DJ/RAN/1-17 y DJ/RAN/1-18 expedidas por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional. SEGUNDO: Hecho lo anterior deberá: Valorar y concatenar todos y cada uno de los elementos de prueba. Una vez que obre en autos el original o copia certificada del dictamen técnico elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del diecinueve de septiembre de dos mil once, reiterar el criterio de que es nulo todo aquél parcelamiento efectuado dentro de superficies que se ubiquen en la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria. Prescindir del argumento respecto de que no procede la solicitud del Ejido de que se declare que la superficie de la parcela 287 Z-10 P1/3 al no proceder su asignación, continúa formando parte de la superficie de uso común del Ejido en cuestión. Al analizar las circulares DJ/RAN/1-17 y DJ/RAN/1-18, deberá apreciar el marco legal que regula lo que constituye un parcelamiento económico o de hecho un cambio de destino de una superficie de uso común a área parcelada, cuyo supuesto implica la creación de nuevas parcelas, en el que resulta necesario que medie un dictamen técnico emitido por autoridad competente que determine la existencia o no de bosques o selvas tropicales de conformidad con el artículo 59 de la Ley Agraria, cuyo cumplimiento es de interés público. Realizado lo anterior, de conformidad a lo ordenado en el artículo 189 de la Ley Agraria y, siguiendo los lineamientos de este fallo, deberá resolver todos y cada uno de los elementos que conforman la litis planteada en el expediente TUA 34-1144/2014 de su índice, observando el principio de congruencia interna y externa que debe guardar toda sentencia, asimismo, en acatamiento al principio de exhaustividad deberá pronunciarse respecto de los acuerdos que obran visibles de foja 449 a 456, mismos que fueron tomados respecto de la compraventa de la parcela en controversia". Que de conformidad con los efectos de la ejecutoria del toca 444/2016-34, relativa al recurso de revisión mencionado, se observa que limitan a ordenar revocación y reposición del procedimiento, para el efecto de que antes de resolverse nuevamente, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Trigésimo Cuarto, con residencia en esta ciudad, se allegue de diversas pruebas y sean valoradas; sin embargo, se puede advertir de las citadas consideraciones, que se puntualizó que cuando obrare en autos el original o copia certificada del dictamen técnico elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del diecinueve de septiembre de dos mil once, se reiterara el criterio de que es nulo todo aquél parcelamiento efectuado dentro de superficies que se ubiquen en la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria. Asimismo, que la ejecutoria de mérito marcó la directriz en el sentido de que al analizar las circulares DJ/RAN/1-17 y DJ/RAN/1-18, debería apreciarse el marco legal que regula lo que constituye un parcelamiento económico o de hecho y un cambio de destino de una superficie de uso común a área parcelada, cuyo supuesto implica la creación de nuevas parcelas, en el que resultaba necesario que medie un dictamen técnico emitido por autoridad competente que determine la existencia o no de bosques o selvas tropicales de conformidad con el artículo 59 de la Ley Agraria, cuyo cumplimiento es de interés público. Destaca que al emitir el acto reclamado, de la no calificación de legal, ni aprobación del convenio conciliatorio, que aquí se reclama, el tribunal responsable se encontraba allegándose de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de revisión. Lo anterior sirve de contexto para el análisis del acto reclamado. Ahora bien, en relación con los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, respecto de las consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada, destacan los razonamientos siguientes: Que la parte actora núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, a través de los integrantes de su Comisariado ejidal, promovió la demanda en ejercicio de sus pretensiones de nulidad absoluta de la inscripción de la asignación realizada por el Registro Agrario Nacional, de la parcela colectiva 287 Z 10 P 1/3, a favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y una tercera persona, y sus prestaciones accesorias, con argumentos de que el doce de noviembre de dos mil doce, el citado Registro había declarado improcedente la asignación de la parcela referida, en la asamblea de ejidatarios realizada el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, por encontrarse en el supuesto del artículo 59 de la Ley Agraria, ya que no podía asignarse por haberse declarado que la superficie de tierra que conforma esa parcela, era selva. - Se concretó que en el juicio agrario se impugna esencialmente la resolución emitida el tres de mayo de dos mil trece por la Registradora Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, que declaró procedente la inscripción del acta de asamblea de ejidatarios celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en la que se llevó a cabo la asignación de la parcela 287 Z 10 P 1/3, del núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, a favor de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez, José Canto Tamayo y una diversa persona, y sus prestaciones, a pesar de que el doce de noviembre de dos mil doce, la citada Delegación había emitido inscripción negativa de aquella acta de asamblea, en la que se había asignado la misma parcela a los mencionados demandados. El tribunal responsable destacó que de las cláusulas del acuerdo de voluntades en cuestión, se observaba que el núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, a través de los integrantes del comisariado ejidal desistieron de la demanda emprendida en contra de los demandados Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Director del Catastro, estos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y Director del Catastro del municipio de Hunucmá, Yucatán. Que también se advierte del citado convenio, que los firmantes pactaron reconocer que la resolución de tres de mayo de dos mil trece, de la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán, es una consecuencia de la asamblea de ejidatarios de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en la que se asignó la parcela 287 del núcleo agrario Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, en beneficio de los demandados José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo y otra persona. Lo anterior porque en el acuerdo de voluntades los firmantes del mismo reconocen la plena validez de la asignación de la citada parcela 287 Z 10 P 1/3, del ejido actor, a favor de los demandados antes mencionados, en asamblea ejidal de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y al igual de la resolución de tres de mayo de dos mil trece, ya mencionada, que declaró procedente la inscripción de la asignación de aquella parcela a favor de los demandados antes nombrados, a pesar de que el doce de noviembre de dos mil doce, la Delegación Agraria emitió calificación negativa de la asamblea citada en primer lugar, relativa a la asignación parcelaria. A ese respecto, el tribunal responsable razonó que en términos de los artículos 22, 23, fracciones VII y VIII, 25, 26, 27, 28, 31, 56, 58, 59 y 152, fracción VIII la Ley Agraria y 22, fracciones l y III inciso c), 31, 32, 33, 34, 36, 49, fracción III, 52, 53, 54 y 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que la asamblea de ejidatarios como máximo órgano de decisión del ejido, con las formalidades previstas en los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, tiene la facultad de determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas y su asignación, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados respectivos; con la limitante de que serán nulas de pleno derecho las asignaciones de parcelas en bosques o selvas tropicales. También precisó la autoridad responsable, que el Registro Agrario Nacional se encuentra obligado a inscribir el acta de asamblea en la que se haya llevado a cabo la delimitación y asignación de tierras parceladas que se hubiese levantado y expedir los certificados respectivos conforme las instrucciones de la asamblea; en tanto que los registradores examinarán bajo su responsabilidad cada uno de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa reguladora, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. Que de los preceptos antes mencionados se advierte que la calificación de esas actas de asamblea serán negativas y no se inscribirán cuando no sean susceptibles de ello, en los términos de la ley y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; y que en contra de la resolución negativa que emita la delegación del Registro Agrario Nacional respectiva, procederá el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Además, la autoridad del conocimiento trajo a cuenta que en la exposición de motivos del artículo 27 constitucional, se justificó su existencia en dar certidumbre jurídica y capitalizar al campo, así como proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal, con la intención de hacer productivo el campo mexicano a fin de que se reflejara en el desarrollo económico del país, en un mejor nivel de vida del campesino; sin embargo, se previó que el cambio de enfoque sobre la tenencia de tierras ejidales y comunales no fuera excusa que con la delimitación y asignación de tierras ejidales y comunidades sin limitación alguna se provocara la extinción de los bosques y selvas que se encontraran en sus tierras, atentando contra los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Se destacó que el párrafo tercero del numeral 27 constitucional, la fracción VII, párrafo tercero del propio numeral, el 2°, párrafo segundo, 5°, párrafo primero y 59 de la Ley Agraria, es evidente la tendencia de protección ambiental. Que en ese contexto legal, la responsable consideró que toda asignación de tierras ejidales o comunales en bosques o selvas tropicales son actos jurídicos contrarios al numeral 59 de la Ley Agraria, por lo que no son susceptibles de inscripción en el Registro Agrario Nacional. Que del acta de asamblea de ejidatarios realizada el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en el núcleo agrario de Hunucmá, Yucatán, emitió resolución de improcedencia de calificación registral de asignación de varias parcelas entre ellas la parcela colectiva 287 Z 10 P 1/3, porque de conformidad con el dictamen técnico de diecinueve de septiembre de dos mil once, de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturaleza, que determinó que la superficie de esa parcela se encontraba en bosques y selvas tropicales; por tanto, se declaró que se encontraba en el supuesto del artículo 59 de la Ley Agraria. Que como la acción principal de los actores del juicio agrario, es la nulidad absoluta de la resolución de inscripción positiva del Registro Agrario Nacional, de tres de mayo de dos mil trece, respecto de la asignación de la parcela multicitada, y que la parte demandada no ha probado la procedencia de sus excepciones y defensas; por tanto, para el tribunal responsable existe presunción de que la asignación sí se encuentra en el supuesto del numeral 59 antes invocado, y que la asignación no sería susceptible de inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Por lo que si en el convenio ratificado por las partes pretenden reconocer validez a la asamblea de la asignación de la parcela en comento, a favor de los demandados; además, reconocimiento a la inscripción de tres de mayo de dos mil trece, podría incurrirse en convalidar una asamblea ejidal que posiblemente se celebró contraviniendo el numeral 59 de la Ley Agraria, y su inscripción, porque al parecer la referida parcela se ubica en bosques y selvas tropicales. Máxime que a los firmantes no les corresponde confirmar o negar su validez, sino que será materia de resolver en el fondo del juicio. Que además el tribunal carece de facultades para ordenar el cese de los efectos de una resolución emitida en el recurso de revisión por el Tribunal Superior Agrario, como se pretende en el convenio citado. Que la resolución de inscripción procedente de tres de mayo de dos mil trece de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán, sobre la asignación de la referida parcela, es un acto de autoridad, esto es, no deriva de alguno de los firmantes del convenio, por lo que carecen de legitimación para convalidarla. Que si en la demanda de origen se postuló que la asamblea de ejidatarios de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, del núcleo agrario demandante y su inscripción positiva, infringían el numeral 59 de la Ley de la Materia, constituyen actos de interés público, por lo que previo al reconocimiento de validez, el tribunal del conocimiento está obligado a resolver si adolecen de algún requisito de validez, por lo que pudieran resultar nulos, por lo que no concierne a los firmantes del convenio. Y que con independencia de lo anterior, como la suscripción del convenio tiene como efectos el desistimiento del litigio contra los demandados, y los firmantes no exhibieron el acta de asamblea respectiva en la que el núcleo agrario actor autorizara al Presidente, Secretario y Tesorero del comisariado ejidal para que a su nombre desistieran de la demanda; en consecuencia, éstos carecen de legitimación para tal efecto; esto porque, siendo verdad que el comisariado ejidal es el órgano de la representación legal del ejido, con las facultades de apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas de conformidad con los numerales 32, 33, fracción I de la Ley Agraria; sin embargo, de esos numerales se desprende que es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea y que su actuación está limitada en los términos fijados por el órgano del ejido. Y de tal manera, el tribunal razonó que carece de validez lo pretendido con la suscripción del convenio, al no advertir que media la asamblea ejidal correspondiente. Como sustento legal invocó la tesis de rubro: "ALLANAMIENTO A LA DEMANDA EN MATERIA AGRARIA. PARA LA VALIDEZ DEL REALIZADO POR EL COMISARIADO EJIDAL, DEBE EXHIBIRSE EL ACTA EN LA QUE LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS LO FACULTÓ PARA TAL EFECTO." En consecuencia, no calificó de legal el convenio presentado y ratificado por las partes, continuándose con la prosecución del procedimiento, en cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión de mérito. En ese orden de ideas, resultan infundados los motivos de inconformidad dirigidos a combatir los razonamientos del tribunal responsable, en el sentido de que los representes del Comisariado Ejidal del ejido de Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán, carecen de legitimación para suscribir el convenio conciliatorio, ratificado ante dicha autoridad, y que no se requería de autorización de la asamblea ejidal para tal efecto. La razón de ello estriba en que se encuentra ajustado a derecho, el razonamiento lógico jurídico emitido por el tribunal agrario responsable, en el sentido que para analizar la validez del convenio conciliatorio presentado por la parte actora y de los demandados en el proceso agrario de origen, efectivamente era necesaria la acreditación de que el núcleo agrario del ejido actor, ahora quejoso, entre otros, por ser la máxima autoridad a la que corresponde asumir la decisión de esa naturaleza, como es el reconocimiento de asignación parcelaria y de inscripción registral de la misma, a través del convenio conciliatorio, que es susceptible de depararle perjuicio a ese colectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 238028, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Tercera Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis, Página: 93, de rubro, texto siguientes: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL, FACULTADES DEL. NO LAS TIENE PARA CONSENTIR ACTOS QUE AFECTEN AL NÚCLEO DE POBLACIÓN. En el supuesto de que un comisariado ejidal consintiese en una modificación hecha por las autoridades agrarias a la resolución presidencial dotatoria de su poblado, reduciendo la entrega de las tierras concedidas, no por ello podría afirmarse que hubo consentimiento del núcleo de población, el cual únicamente puede provenir de la asamblea general de ejidatarios, máxima autoridad del propio núcleo, a quien corresponde de modo privativo tomar una decisión de tal naturaleza y que en el caso depara un perjuicio al ejido." Como se advierte en dicho criterio se determinó que la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad del ejido y la única que puede decidir sobre actos privativos de la propiedad del ejido. Cabe destacar que la autoridad responsable para determinar que el órgano máximo de representación del ejido es la asamblea general de ejidatarios, también se apoyó en el análisis del artículo 27 constitucional, en relación con los artículos 32, 33, fracción I de la Ley Agraria, y de esos preceptos desprendió que la asamblea general de ejidatarios es el órgano supremo del ejido, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales es su órgano de representación y al que le corresponde ejecutar las decisiones de la asamblea. En ese sentido, carecen de sustento los argumentos de la parte quejosa, puesto que al contrario, del contenido de los artículos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, se confirma que el comisariado ejidal únicamente es el encargado de ejecutar los acuerdos que toma la asamblea general de ejidatarios, órgano supremo del ejido. De conformidad con esas disposiciones legales, el comisariado ejidal tiene la representación del ejido, pero de acuerdo a los términos en que lo determine la asamblea general de ejidatarios, de modo que no tiene una representación absoluta e independiente de los acuerdos tomados por la asamblea general de ejidatarios. Así, de las facultades concedidas al comisariado ejidal en la fracción I del artículo 33 de la Ley de Agraria, esto es, las facultades de administración y de pleitos y cobranzas a que aluden la representación del ejido quejoso, son conforme a los términos fijados por la asamblea general de ejidatarios. En esas condiciones, a juicio de este resolutor de amparo, es acertada y ajustada a derecho la decisión a la que arribó el tribunal responsable, en relación a que carece de validez el convenio conciliatorio, cuya aprobación solicitaron los integrantes del comisariado ejidal, como parte actora del juicio agrario, juntamente con los dos demandados, dependía de la autorización de la asamblea general de ejidatarios, específicamente de la asamblea del Ejido de Hunucmá, municipio de Hunucmá, estado de Yucatán. Cabe invocar como apoyo de esas consideraciones, la tesis: 2a. CXXI/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 163400, Segunda Sala, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia(s): Administrativa, visible en la página 797, de título y contenido siguientes: "COMISARIADO EJIDAL. PARA QUE PUEDA ALLANARSE A LA DEMANDA AGRARIA O DESISTIR DE LA ACCIÓN, DEBE ACREDITAR QUE CUENTA CON EL ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE RESUELVE TAL ASPECTO Y QUE ESTÁ EJECUTANDO DICHA DETERMINACIÓN COMO REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 167 Y 185, FRACCIÓN VI, DE LA LEY AGRARIA, Y 373, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 27, fracción VII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales es el órgano de representación del núcleo y responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En ese sentido, de los artículos 167 y 185, fracción VI, de la Ley Agraria, y 373, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, analizados bajo el método de interpretación sistemática, se concluye que para que el comisariado ejidal pueda allanarse a la demanda agraria o desistir de la acción, en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, debe acreditar que cuenta con el acta de la asamblea en la que se resuelve tal aspecto y que está ejecutando dicha determinación como representante del núcleo de población ejidal. Esto es así, porque sólo la asamblea es competente para dirimir los conflictos suscitados en el ejido, así como para determinar el destino de las tierras que son parte de él, de manera que para que el Comisariado Ejidal pueda suscribir un convenio que dé por concluida una controversia que verse sobre los derechos del ejido, debe contar con la aprobación previa de la asamblea." Sin que la tesis acabada de transcribir pueda interpretarse de modo diferente al criterio que contiene, como pretende la parte quejosa, ya que la conclusión que sostiene la tesis está orientada a establecer que únicamente la asamblea es la competente para dirimir los conflictos suscitados en el ejido, así como para determinar el destino de las tierras que son parte de él; por tanto, para que el Comisariado Ejidal pueda suscribir un convenio que dé por concluida una controversia que verse sobre los derechos del ejido, debe contar con la aprobación previa de la asamblea, lo que fortalece el sentido del acto reclamado. También es aplicable al caso, la tesis: VI.1o.A.80 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Página: 1852, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2008237, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materia(s): Administrativa, del rubro y texto siguientes: "COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONVENIOS, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con el artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, el comisariado ejidal, como representante de la asamblea general de ejidatarios, está facultado para celebrar convenios a nombre de ésta; sin embargo, en términos de los artículos 1792, 1794 a 1797, 1800 a 1803, fracción I, 1812, 1813, 1832, 1833, 1859, 2228, 2231 y 2232 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2o., un acto jurídico de esa naturaleza debe cumplir con requisitos formales ineludibles para su validez, como el consentimiento expreso de la asamblea general de ejidatarios, sin error, violencia o dolo, de otro modo, el acto jurídico podría ser nulo. De igual forma, de los preceptos normativos del ordenamiento civil en cita se advierte que cuando la ley (en este caso la que rige en la materia agraria), exija determinada forma para un contrato, ésta deberá ser cumplida, de lo contrario, el acto jurídico "no será válido", a menos que con posterioridad se cumplan las formalidades omitidas. Con base en lo anterior, si bien el comisariado ejidal, como órgano representante de la asamblea general de ejidatarios, está facultado para celebrar convenios, para ello debe mediar la manifestación de voluntad de ésta, expresada en un acta que cumpla con los requisitos formales que la propia Ley Agraria señala para ese efecto, como que: medie convocatoria, ésta cumpla con la publicidad señalada, a la asamblea acuda el quórum requerido (dependiendo si se trata de la primera, segunda o ulterior convocatoria), las decisiones se tomen por mayoría de votos, dependiendo del asunto a tratar, acuda la Procuraduría Agraria y, en su caso, un fedatario público; es decir, no debe quedar duda alguna en cuanto a la expresión del consentimiento de la asamblea general de ejidatarios para otorgar autorización al comisariado ejidal para celebrar un acto jurídico de esa naturaleza, de tal forma que de no acreditarse la existencia de esa manifestación de la voluntad, no es dable otorgar validez a la actuación de los integrantes del mencionado órgano de representación, al suscribir un convenio." De ahí que las razones para sostener que el sentido en que se resolvió el acto reclamado, encuentran congruencia y fundamento para establecer que carecían de legitimación los integrantes del comisariado del ejido actor en el juicio de origen, al comparecer en unión de los dos demandados, a suscribir y ratificar un convenio conciliatorio para dar por terminado el juicio agrario, con la pretensión de convalidar una asamblea ejidal de asignación de parcela, y la inscripción de la citada asamblea, cuando no contaban con la resolución del núcleo ejidal que les encomendara tal mandato. Al respecto, cabe destacar que la resolución de la asamblea sobre el desistimiento en torno a un juicio agrario en particular debe ser expresa, es decir, no es posible derivarla o deducirla de otros acuerdos que no hayan tenido esa finalidad específica (convenir para dar por concluido un juicio), tal como se sostiene en el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que acaba de citarse en cuanto a que debe contarse con el acta de asamblea en que se resuelve tal aspecto. De ahí que resulten infundados los argumentos de los quejosos en el sentido de que debió analizarse la procedencia de la acción, que ésta se había ejercido en forma incorrecta, o bien, que el desistimiento evidenciara la conformidad con el acuerdo de la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, pues ninguno de estos aspectos está orientado a demostrar que existe un acuerdo expreso de la asamblea para desistir en el juicio en particular de donde deriva el acto reclamado. Y lo anterior adquiere relevancia en la medida en que ya se había dictado una sentencia en el juicio natural, que incluso, fue materia de revisión por el Tribunal Superior Agrario, lo que quiere decir que la instauración de ese proceso no puede considerarse accidental o superflua, tan es así que uno de los aspectos centrales de la sentencia de segunda instancia se orientó a hacer prevalecer el orden público en cuanto a la aplicación del artículo 59 de la Ley Agraria, que prohíbe el parcelamiento de selvas. Por ello, no era posible que en la resolución relativa al convenio presentado por las partes, el tribunal agrario replanteara la posibilidad de admitir que el juicio se instó incorrectamente, ya que estaba constreñido por la determinación del Tribunal Superior, que ordenó la reposición del procedimiento para recabar pruebas a efecto de dilucidar el fondo del conflicto, lo cual supone que se había superado el tema de la legitimación del comisariado para promover el juicio; de tal suerte que no existe ninguna razón jurídica válida para considerar que el desistimiento debe aceptarse por fuerza o bien, que era posible deducir que estaba avalado por la asamblea celebrada en dos mil nueve, cuando evidentemente aún no existía el convenio ni el juicio, por lo que se insiste, el desistimiento debe ser aprobado expresamente. Pensar de otro modo y admitir que el tribunal agrario pudiera analizar la posible contradicción entre lo resuelto en la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, y el ejercicio de la acción de nulidad en el juicio agrario por parte del comisariado, implicaría aceptar que el litigio solamente involucró al comisariado y no a la asamblea, lo cual carece de sustento jurídico. También entrañaría la afirmación de que el tribunal agrario podía analizar aspectos diversos a los señalados por su superior, pese a que éste le había indicado los puntos a satisfacer, lo que tampoco tiene sustento legal. Además, en el caso de que efectivamente el comisariado al instar el juicio agrario haya actuado en contra de lo ordenado por la asamblea de treinta y uno de mayo de dos mil nueve, ello solamente puede ser reparado precisamente mediante la aprobación del desistimiento por el órgano máximo del ejido, pues como ya se dijo, desde el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia y ésta fue revocada por el tribunal superior a efecto de recabar nuevas pruebas para resolver el fondo, el tema de la legitimación del comisariado para instar la acción ya había sido superado, lo que hace necesario, ahora, que la asamblea acuerde el desistimiento en forma expresa, como lo indica nuestro Máximo Tribunal. En cuanto a las tesis citadas por los quejosos, cabe precisar que de ninguna de ellas se advierten excepciones a que el acuerdo de desistimiento de la asamblea sea expreso, por lo que no resultan aplicables. Finalmente, se puntualiza que el hecho de ordenar la ratificación del convenio no implica reconocer la legitimación de las partes para celebrarlo, o bien, presumir que si lo ratifican el resultado derivará en la eficacia del acuerdo de voluntades, ya que el requerimiento de ratificación solamente es un presupuesto que una vez satisfecho, permite analizar el fondo de lo pedido por las partes; es decir, si el convenio no es ratificado, no es necesario pasar a la etapa de análisis de su procedencia, y es en ese momento procesal cuando la autoridad jurisdiccional puede determinar si el convenio se ajusta o no a derecho en cuanto al fondo de su contenido. En esas condiciones es que resultan infundados los motivos de disenso analizados. A su vez, por las razones anteriores se consideran inoperantes el resto de los conceptos de violación, que se dirigen a combatir otros aspectos de la resolución reclamada, los cuales, aun de resultar fundados, no serían suficientes para superar los argumentos lógico jurídicos emitidos por la autoridad responsable para considerar que la parte quejosa, comisariado del ejido quejoso, carecía de legitimación al suscribir el convenio conciliatorio de mérito. En esas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación destacados, y al no advertirse motivos para suplir la queja, debe negarse la protección constitucional solicitada. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73,74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Ejido de Hunucmá, Yucatán, representado por Pedro Alfonso Tzuc Cetina, José Fernando Cob Canul y Augusto Ventura Canul, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de aquél, respectivamente y por José Armando de Jesús Ceballos Chávez y José Canto Tamayo, posesionarios y avecindados del citado ejido, representados por su apoderada Xail de la Luz González Alpuche, contra el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que da fe hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la que las labores de este juzgado lo permitieron.

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