Pedro Alfonso Herrera López

Expediente 1639/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1639/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Pedro Alfonso Herrera López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numerales 8.1.2. incisos 1 y 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser destruido ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; y de destrucción el original del incidente, pues se negó la suspensión definitiva. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve los autos del juicio de amparo indirecto 1639/2022-III-B, promovido por Pedro Alfonso Herrera López; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Pedro Alfonso Herrera López, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS: JUZGADO DE CONTROL DEL SEGUNDO CIRCUITO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en [.]. JUZGADO DE CONTROL DEL SEGUNDO CIRCUITO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXICO, [.]. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: LOS C. AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. IV ACTO RECLAMADO: Reclamo la ilegal detención (orden de aprehensión y/ orden de presentación) que pretende ejecutar en mi persona las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, toda vez que el suscrito no he cometido delito alguno ni falta administrativa que merezca pena corporal, razón por la cual, solicitó el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL para garantizar mis derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que respecta a mil libertad y mi integridad física. " Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 , 18, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que registró la demanda con el número 1639/2022-III-B, por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós (fojas 5 y 6 de autos), se admitió a trámite, de ahí que en esa fecha se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. Luego, seguido que fue el juicio previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C o n s i d e r a n d o PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades cuya ejecución se pudiere dar dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro ""ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación girada en su contra, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se le reclaman, como se advierte del siguiente cuadro que se inserta para fines prácticos: No. AUTORIDADES RESPONSABLES NOTIFICACIÓN INFORME JUSTIFICADO 1. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, Estado de México (denominación correcta de la autoridad señalada por el quejoso como: Juez de Control del Segundo Circuito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México) 24/10/2022 F. 11 NIEGA 2. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl (denominación correcta de la autoridad señalada como: Juez de Control del Segundo Circuito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado De México, con Residencia En Nezahualcóyotl) 25/10/2022 F. 14 NIEGA 3. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México (denominación correcta de la señalada como: Policías Federales Ministeriales adscritos a la Delegación en el Estado de México de la Fiscalía General de la República) 23/11/2022 F. 31 NIEGA En efecto, del cuadro anterior se aprecia que las autoridades responsables: Administrador del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (denominación correcta de la autoridad señalada como: Juez de Control del Segundo Circuito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México) (1), Administrador del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl (denominación correcta de la autoridad señalada como: Juez de Control del Segundo Circuito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado De México, con Residencia En Nezahualcóyotl) (2); y, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México (denominación correcta de la señalada como: Policías Federales Ministeriales adscritos a la Delegación en el Estado de México de la Fiscalía General de la República) (3), negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación girada contra el aquí quejoso y su ejecución. Lo anterior sin que el quejoso desvirtuara esas negativas, con algún medio de convicción. Máxime que, no debe perderse de vista que el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestados por las autoridades responsables, el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos fundamentales que alega, ya que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese tenor, si la parte quejosa no aportó algún medio de prueba para desvirtuar las negativas de las autoridades antes mencionadas respecto de la existencia de los actos reclamados; resulta inconcuso, tal como se estableció con antelación, que los actos de que se duele (aprehensión y/o detención y/o presentación giradas en su contra), deben tenerse por inexistentes. En mérito de lo anterior, lo procedente sea sobreseer en términos de lo dispuesto por el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado se; R e s u e l v e ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1639/2022-III-B, promovido por Pedro Alfonso Herrera López, en contra de los actos y por las autoridades precisadas el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el diverso tercero. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México (denominación correcta de la señalada como: Policías Federales Ministeriales adscritos a la Delegación en el Estado de México de la Fiscalía General de la República), con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga Con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 28 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado por la autoridad oficiante. Asimismo, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la anotación respectiva a la denominación correcta de la autoridad en cita, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Para margen a que las partes se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad oficiante, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, se transfiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México (denominación correcta de la autoridad señalada en la demanda como: Agentes de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía General de la República de la Delegación Estatal, en el Estado de México), a fin de que rinda su informe justificado, pues de la misiva que se envió para dicho efecto, se advierte que fue notificado de tal requerimiento el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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