Pedro Alfaro González
Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Pedro Alfaro González
Actuaciones
- Principal
Visto, el oficio suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal actual del presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta. Asimismo, infórmese a la autoridad oficiante, que la demanda de amparo que remitió mediante oficio de treinta de junio del año que antecede, promovida por ********************, contra actos que reclamó de los Magistrados de la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, la cual se tuvo por registrada bajo el número 906/2022; en proveído de siete de julio de esa misma anualidad, se desechó de plano, por los motivos y fundamentos establecidos en dicho auto; mismo que causó estado el diecinueve del mismo mes y año y, en consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Pedro Alfaro González, contra el acto y autoridad que indica. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 42/2023-III. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es necesario tomar en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, de la lectura del primer párrafo del artículo 37 transcrito surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquélla en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o 2) Aquélla en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. Ahora, de esas mismas hipótesis pueden advertirse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: El lugar donde el acto deba tener ejecución; En donde trate de ejecutarse; En donde se ejecute; o, d) En donde se haya ejecutado. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución es aquél en donde: a.1) el acto aún no ha sido ejecutado; y, a.2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y; sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. c1) Actos de Tracto Sucesivo. Que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. c2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; d) En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está, siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Por otra parte, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el caso en particular, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1. La operación de un tiradero de basura a cielo abierto de manera clandestina de un terreno de su propiedad, denominado "San Rafael". 2. La falta de permisos y/o autorizaciones ambientales para operar un tiradero de basura a cielo abierto en el predio denominado "San Rafael". 3. La contaminación y daños ocasionados al inmueble, derivado del depósito de basura a cielo abierto, así como de residuos tóxicos, en el predio denominado "San Rafael". 4. El incumplimiento de la NOM-0083-SEMARNAT-2003 con relación a la operación del tiradero de basura a cielo abierto que mantiene. 5. La omisión de clausurar el tiradero de basura a cielo abierto que, de manera clandestina y sin permisos ambientales correspondientes mantiene en operación el ayuntamiento municipal de Pijijiapan, Chiapas, en el predio "San Rafael" de su propiedad. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues el predio en el que se encuentra operando el tiradero de basura a cielo abierto que refiere el quejoso, se ubica a la altura del km 130+200 de la carretera que conduce de la ciudad de Pijijiapan a Tonalá, Chiapas, por lo que se estima que los actos reclamados están surtiendo sus efectos en dicho lugar. Sin que se a obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa también señale como acto reclamado la omisión de clausurar el tiradero de basura a cielo abierto que mantiene en operación el ayuntamiento municipal de Pijijiapan, Chiapas. Lo anterior es así, pues si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso a que se le garantice un medio ambiente sano. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de garantizar un medio ambiente sano, materializa una consecuencia, en el mundo fáctico esto es, que siga operando el tiradero de basura a cielo abierto, sin los permisos ambientales como lo refiere la parte quejosa. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza de los actos reclamados. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa dijo: "...A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto os representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas. Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento..." DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Sin que obste a lo anterior, que este órgano jurisdiccional esté conociendo el diverso juicio de amparo 1299/2022, promovido por el quejoso Pedro Alfaro González, en contra de la autoridad responsable, Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; sin embargo, el acto reclamado en aquel juicio se hace consistir en un dictamen técnico sin número, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, practicado en el predio que refiere el quejoso; sin embargo, dichos actos se encuentran desvinculados entre sí. DOMICILIO, ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, se autoriza realizar las notificaciones vía electrónica al promovente. Asimismo, conforme con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; y se ordena al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta al antes citado, registrado con el nombre de usuario "********************", para consultarlo de manera electrónica. Se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, que realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción que realicen la digitalización de las notificaciones, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico, así como realizar las notificaciones electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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