Pedro Alejandro Rangel Cervantes
Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Alejandro Rangel Cervantes
- Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido, que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 1. Juez de Control del distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues el aludido acuerdo no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que ésta sobreseyó en el presente juicio de amparo y sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión, las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Esta Sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente en término del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 672/2018-B, promovido por Pedro Alejandro Rangel Cervantes, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días que por auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se otorgó a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como 2. Director de la Agencia de Policía de Investigación del Estado de México; lo anterior, en virtud de que dicho auto se le notificó por lista de acuerdos el diecisiete de agosto del actual, surtió efectos el veinte siguiente, por lo que el aludido término transcurrió del veintiuno al veintitrés de agosto del presente año; sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento con tal requerimiento. En tal sentido, hágase efectivo el apercibimiento decretado por auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho y, SE TIENE COMO INEXISTENTE a la autoridad anteriormente mencionada, ordenando suspender cualquier comunicación procesal con la misma, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos del presente juicio de garantías, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por el 1. Juez de Control de Tlalnepantla, Estado de México, del nueve al veinte de agosto de dos mil dieciocho; pues el proveído de seis de agosto pasado (foja 27), por el que se ordenó su notificación, se realizó mediante lista el siete de agosto del actual, y surtió efectos el ocho siguiente, sin tomar en consideración los días once, doce, dieciocho y diecinueve de agosto de la anualidad en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Por otro lado, agréguese al presente expediente el sobre devuelto por la oficina de correos con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio B-675-2 dirigido al 2. Director de la Agencia de Policía de Investigación del Estado de México, con la razón que refiere la imposibilidad de entregarlo, asentando en el: "No hay autoridad"; en tales condiciones, se provee: Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, precise la denominación correcta de la citada autoridad, o en su caso, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por inexistente; mientras tanto, suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con la misma. En consecuencia, al no estar debidamente integrado este expediente para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, a las nueve horas con treinta minutos (foja 8 vuelta), se difiere y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con doce minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.
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