Pedro Alejandro Rangel Cervantes

Expediente 141/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
141/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Pedro Alejandro Rangel Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente y anexo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso Pedro Alejandro Rangel Cervantes, por medio del cual en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de trece de febrero del año en curso, manifiesta que no señala a alguna autoridad ejecutora con jurisdicción territorial en el Estado de Puebla; en tales condiciones, se provee lo conducente a la demanda de amparo promovida por el aquí quejosa únicamente por las autoridades y acto reclamado precisados en la misma. INCOMPETENCIA. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Pedro Alejandro Rangel Cervantes, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señaladas como inciso a), pues evidentemente el acto reclamado debe tener ejecución en el Estado de México, lugar en el que ejercen su jurisdicción la autoridad responsable tanto ordenadora como ejecutora. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. De lo anterior, la Sala citada refiere, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Por lo que, dicho órgano colegiado indicó, que cuando el quejoso señala como acto reclamado la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad -requisito formal de la demanda-, que a su domicilio se han presentado autoridades con la finalidad de detenerlo o aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador ipso facto desconocer su competencia, aun y cuando el quejoso en su demanda no haya hecho señalamiento de autoridades ejecutoras con residencia en ese sitio, ya que lógicamente, la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. Pues afirma que la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne, por lo que no se puede soslayar dicha afirmación para sin más establecer su incompetencia desde el auto inicial, sólo por no haber hecho señalamiento de autoridades responsables ejecutoras en la jurisdicción territorial que le corresponde. Sin embargo, la Primera Sala indica que, ante la ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, debe prevenirlo con el apercibimiento para que aclare si es su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción y concluye que aquel será competente para conocer de la demanda siempre que el quejoso aclare su demanda y haga el señalamiento condigno ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, pues el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Lo anterior, dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En el caso, como se indicó, se estima que se carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues en la demanda de amparo el quejoso señaló autoridades con residencia en el Estado de México; además, de que, no obstante el requerimiento formulado por esta potestad federal, no señaló autoridad responsable ejecutora en esta ciudad de Puebla, lo que implica necesariamente que el acto reclamado (la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia), debe tener ejecución en el territorio en el que ejercen sus facultades las autoridades responsables y no en el que este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. En consecuencia, se declina competencia en favor del JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, EN TURNO, para lo cual se remite el expediente de amparo en que se actúa al para los efectos legales procedentes, así como las copias de la demanda que dio origen al mismo y del cumplimiento de la prevención realizada, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y que en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso Pedro Alejandro Rangel Cervantes, por medio del cual en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de trece de febrero del año en curso, manifiesta que no señala a alguna autoridad ejecutora con jurisdicción territorial en el Estado de Puebla; en tales condiciones, se provee lo conducente a la demanda de amparo promovida por el aquí quejosa únicamente por las autoridades y acto reclamado precisados en la misma. INCOMPETENCIA. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Pedro Alejandro Rangel Cervantes, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señaladas como inciso a), pues evidentemente el acto reclamado debe tener ejecución en el Estado de México, lugar en el que ejercen su jurisdicción la autoridad responsable tanto ordenadora como ejecutora. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. De lo anterior, la Sala citada refiere, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Por lo que, dicho órgano colegiado indicó, que cuando el quejoso señala como acto reclamado la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad -requisito formal de la demanda-, que a su domicilio se han presentado autoridades con la finalidad de detenerlo o aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador ipso facto desconocer su competencia, aun y cuando el quejoso en su demanda no haya hecho señalamiento de autoridades ejecutoras con residencia en ese sitio, ya que lógicamente, la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. Pues afirma que la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne, por lo que no se puede soslayar dicha afirmación para sin más establecer su incompetencia desde el auto inicial, sólo por no haber hecho señalamiento de autoridades responsables ejecutoras en la jurisdicción territorial que le corresponde. Sin embargo, la Primera Sala indica que, ante la ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, debe prevenirlo con el apercibimiento para que aclare si es su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción y concluye que aquel será competente para conocer de la demanda siempre que el quejoso aclare su demanda y haga el señalamiento condigno ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, pues el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Lo anterior, dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En el caso, como se indicó, se estima que se carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues en la demanda de amparo el quejoso señaló autoridades con residencia en el Estado de México; además, de que, no obstante el requerimiento formulado por esta potestad federal, no señaló autoridad responsable ejecutora en esta ciudad de Puebla, lo que implica necesariamente que el acto reclamado (la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia), debe tener ejecución en el territorio en el que ejercen sus facultades las autoridades responsables y no en el que este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. En consecuencia, se declina competencia en favor del JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, EN TURNO, para lo cual se remite el expediente de amparo en que se actúa al para los efectos legales procedentes, así como las copias de la demanda que dio origen al mismo y del cumplimiento de la prevención realizada, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y que en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso Pedro Alejandro Rangel Cervantes, por medio del cual en atención al requerimiento que se le formuló en proveído de trece de febrero del año en curso, manifiesta que no señala a alguna autoridad ejecutora con jurisdicción territorial en el Estado de Puebla; en tales condiciones, se provee lo conducente a la demanda de amparo promovida por el aquí quejosa únicamente por las autoridades y acto reclamado precisados en la misma. INCOMPETENCIA. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Pedro Alejandro Rangel Cervantes, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señaladas como inciso a), pues evidentemente el acto reclamado debe tener ejecución en el Estado de México, lugar en el que ejercen su jurisdicción la autoridad responsable tanto ordenadora como ejecutora. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. De lo anterior, la Sala citada refiere, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Por lo que, dicho órgano colegiado indicó, que cuando el quejoso señala como acto reclamado la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad -requisito formal de la demanda-, que a su domicilio se han presentado autoridades con la finalidad de detenerlo o aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador ipso facto desconocer su competencia, aun y cuando el quejoso en su demanda no haya hecho señalamiento de autoridades ejecutoras con residencia en ese sitio, ya que lógicamente, la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. Pues afirma que la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne, por lo que no se puede soslayar dicha afirmación para sin más establecer su incompetencia desde el auto inicial, sólo por no haber hecho señalamiento de autoridades responsables ejecutoras en la jurisdicción territorial que le corresponde. Sin embargo, la Primera Sala indica que, ante la ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, debe prevenirlo con el apercibimiento para que aclare si es su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción y concluye que aquel será competente para conocer de la demanda siempre que el quejoso aclare su demanda y haga el señalamiento condigno ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, pues el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Lo anterior, dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En el caso, como se indicó, se estima que se carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues en la demanda de amparo el quejoso señaló autoridades con residencia en el Estado de México; además, de que, no obstante el requerimiento formulado por esta potestad federal, no señaló autoridad responsable ejecutora en esta ciudad de Puebla, lo que implica necesariamente que el acto reclamado (la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia), debe tener ejecución en el territorio en el que ejercen sus facultades las autoridades responsables y no en el que este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. En consecuencia, se declina competencia en favor del JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, EN TURNO, para lo cual se remite el expediente de amparo en que se actúa al para los efectos legales procedentes, así como las copias de la demanda que dio origen al mismo y del cumplimiento de la prevención realizada, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y que en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

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