Pedro Alejandro Méndez Pacheco
Expediente 464/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Alejandro Méndez Pacheco
Actuaciones
- Principal
PRAL .464/2023 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de amparo, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento legal, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Por tanto, se provee: 5. Archivo de expediente. Así, considerando que en resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso d), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 464/2023 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada en línea el doce de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, promovida por *****, por propio derecho, contra actos del juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso con el registro 464/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de ese mes y año. 3. Aspectos concernientes a la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 3.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ******, por propio derecho, reclama: a) La falta de acuerdo a su escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés y recibido el once de mayo siguiente a través de correo electrónico. b) La determinación en la que no permitió a la víctima directa ******la participación, vía remota, a la audiencia de debate de dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés, a las trece horas, en la causa penal *****. Mismos que atribuye a la autoridad responsable juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca. En cuanto al acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la falta de acuerdo a su escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés y recibido el once de mayo siguiente a través de correo electrónico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera indudable y manifiesta, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De la lectura del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el juicio de amparo indirecto si es procedente. Sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. De ahí que la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte; además, tampoco se está en presencia de retardo injustificado en la administración de justicia, porque el tiempo transcurrido para acordar el escrito reclamado en la demanda de amparo aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. Para establecer si el exceso en el transcurso del plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de la Constitución Federal. De la ponderación de las circunstancias particularidades del caso que se plantea, se considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad responsable no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Por regla general, deviene improcedente el juicio de amparo cuando el reclamo de un particular se hace consistir en la omisión de la autoridad de dar respuesta a una petición o en la dilación en la prosecución del procedimiento jurisdiccional, toda vez que aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de actos meramente intraprocesales que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos y no pueden considerarse como de ejecución irreparable, porque no constituyen actos independientes al procedimiento, sino que se presentan justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa o de prosecución del trámite. Lo antes expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, (registro 2011580), página 1086, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". En este asunto la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que presentó su escrito el día diez de mayo del año en curso y fue acusado de recibo por la encargada de atención al público del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca el once de mayo de dos mil veintitrés, lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento, ya que de esa fecha a la presentación de la demanda (doce de mayo de dos mil veintitrés), no intermediaron ni veinticuatro horas. Por tanto, hasta este momento, el acto reclamado no constituye una violación a su derecho sustantivo de impartición de justicia tutelado en el artículo 17 constitucional. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en b) la determinación en la que no permitió a la víctima directa César Omar Amaya León la participación, vía remota, a la audiencia de debate de dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés, a las trece horas, en la causa penal 142/2021, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo; que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En relación con lo dispuesto en los preceptos transcritos, es menester indicar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; hipótesis normativa que, como se aprecia de los numerales transcritos, se replica en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En tanto que el arábigo 6 de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo puede instarse por el propio quejoso, por su representante legal, por su apoderado, o por cualquier persona en los casos que lo autorice la ley; por ejemplo, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor. Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo de proteger los derechos humanos y su consiguiente restitución; en esta medida, la legitimación debe atender los principios que rigen al juicio de amparo, de instancia de parte y agravio personal y directo, entendido como el daño o perjuicio, ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución Federal tutela; por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia, la acción intentada se torna improcedente. Así, la legitimación para instar la acción de amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce del derecho violado. Dicho lo anterior, en el caso específico, el quejoso Pedro Alejandro Méndez Pacheco promovió el juicio de amparo por propio derecho, y señaló como acto reclamado la determinación en la que el juez responsable no permitió a la víctima directa César Omar Amaya León la participación, vía remota, a la audiencia de debate de dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés, a las trece horas, en la causa penal *****. Como se ve, el quejoso Pedro *****, al promover la demanda por propio derecho, carece de legitimación procesal activa para promover el juicio de amparo, pues dicho acto no le causa un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo a su persona. Máxime que no promovió el juicio en representación de la víctima directa *****, pues solo la persona directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le acusa perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales. Además, que conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, son la salvedad de las excepciones previstas en la Ley de Amparo, la acción de amparo es un derecho personalísimo, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a quienes no les genere un agravio personal o directo, como en el caso acontece. De ahí que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia de estudio prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas contra los actos reclamados, con fundamento en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo; por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia, la demanda de amparo promovida. 5. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. b) Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, a Adolfo Antonio Méndez Barroso, por no encontrarse registrada su cédula profesional en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx). 6. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes (con excepción de la quejosa, quien en la demanda ya se opuso a la publicación de sus datos), que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Respecto a la oposición de parte quejosa a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al emitir sentencia. 7. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL. 464/2023 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada en línea el doce de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, promovida por *****, por propio derecho, contra actos del juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso con el registro 464/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de ese mes y año. 3. Aspectos concernientes a la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 3.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ******, por propio derecho, reclama: a) La falta de acuerdo a su escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés y recibido el once de mayo siguiente a través de correo electrónico. b) La determinación en la que no permitió a la víctima directa ******la participación, vía remota, a la audiencia de debate de dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés, a las trece horas, en la causa penal *****. Mismos que atribuye a la autoridad responsable juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca. En cuanto al acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la falta de acuerdo a su escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés y recibido el once de mayo siguiente a través de correo electrónico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera indudable y manifiesta, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De la lectura del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el juicio de amparo indirecto si es procedente. Sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. De ahí que la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte; además, tampoco se está en presencia de retardo injustificado en la administración de justicia, porque el tiempo transcurrido para acordar el escrito reclamado en la demanda de amparo aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. Para establecer si el exceso en el transcurso del plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de la Constitución Federal. De la ponderación de las circunstancias particularidades del caso que se plantea, se considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad responsable no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Por regla general, deviene improcedente el juicio de amparo cuando el reclamo de un particular se hace consistir en la omisión de la autoridad de dar respuesta a una petición o en la dilación en la prosecución del procedimiento jurisdiccional, toda vez que aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de actos meramente intraprocesales que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos y no pueden considerarse como de ejecución irreparable, porque no constituyen actos independientes al procedimiento, sino que se presentan justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa o de prosecución del trámite. Lo antes expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, (registro 2011580), página 1086, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". En este asunto la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que presentó su escrito el día diez de mayo del año en curso y fue acusado de recibo por la encargada de atención al público del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca el once de mayo de dos mil veintitrés, lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento, ya que de esa fecha a la presentación de la demanda (doce de mayo de dos mil veintitrés), no intermediaron ni veinticuatro horas. Por tanto, hasta este momento, el acto reclamado no constituye una violación a su derecho sustantivo de impartición de justicia tutelado en el artículo 17 constitucional. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en b) la determinación en la que no permitió a la víctima directa César Omar Amaya León la participación, vía remota, a la audiencia de debate de dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés, a las trece horas, en la causa penal 142/2021, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo; que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En relación con lo dispuesto en los preceptos transcritos, es menester indicar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; hipótesis normativa que, como se aprecia de los numerales transcritos, se replica en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En tanto que el arábigo 6 de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo puede instarse por el propio quejoso, por su representante legal, por su apoderado, o por cualquier persona en los casos que lo autorice la ley; por ejemplo, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor. Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo de proteger los derechos humanos y su consiguiente restitución; en esta medida, la legitimación debe atender los principios que rigen al juicio de amparo, de instancia de parte y agravio personal y directo, entendido como el daño o perjuicio, ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución Federal tutela; por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia, la acción intentada se torna improcedente. Así, la legitimación para instar la acción de amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce del derecho violado. Dicho lo anterior, en el caso específico, el quejoso Pedro Alejandro Méndez Pacheco promovió el juicio de amparo por propio derecho, y señaló como acto reclamado la determinación en la que el juez responsable no permitió a la víctima directa César Omar Amaya León la participación, vía remota, a la audiencia de debate de dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés, a las trece horas, en la causa penal *****. Como se ve, el quejoso Pedro *****, al promover la demanda por propio derecho, carece de legitimación procesal activa para promover el juicio de amparo, pues dicho acto no le causa un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo a su persona. Máxime que no promovió el juicio en representación de la víctima directa *****, pues solo la persona directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le acusa perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales. Además, que conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, son la salvedad de las excepciones previstas en la Ley de Amparo, la acción de amparo es un derecho personalísimo, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a quienes no les genere un agravio personal o directo, como en el caso acontece. De ahí que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia de estudio prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas contra los actos reclamados, con fundamento en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo; por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia, la demanda de amparo promovida. 5. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. b) Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, a Adolfo Antonio Méndez Barroso, por no encontrarse registrada su cédula profesional en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx). 6. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes (con excepción de la quejosa, quien en la demanda ya se opuso a la publicación de sus datos), que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Respecto a la oposición de parte quejosa a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al emitir sentencia. 7. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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