Pedro Alejandro Martínez Vega
Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/04/2019
Partes del expediente
- Pedro Alejandro Martínez Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Revisado el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la prórroga otorgada a las autoridades responsables en proveído de quince de marzo del presente año, para que remitan las constancias de las que se adviertan las prestaciones y emolumentos a que tenía derecho la parte quejosa. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia incidental fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio suscrito por el Delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal y Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, con el que informa las gestiones tendentes para acatar el fallo protector y solicita prórroga para dar cumplimiento; glósese a los autos y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En ese contexto, tomando en consideración los motivos que expone, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 193 de la ley de la materia SE CONCEDE UNA PRÓRROGA de diez días a la citada autoridad, para que dé cumplimiento puntual de la ejecutoria de amparo y remita constancia fehaciente de ello, esto es, A través de la dependencia correspondiente, paguen a la solicitante del amparo la indemnización y aquellos conceptos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento. Cobra exacta aplicación la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: En el entendido de que subsiste el apercibimiento realizado en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 412).
- Principal
Conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que el tercero interesado Oscar Leonardo García Rodríguez, NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 07/marzo/2019; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, que dice: Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 3226/2018, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE SU INFORME PREVIO, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de garantías. Se le apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le informa a que sólo se le notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia: En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la Ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. Con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a********************. En atención a la certificación de cuenta, en el particular no se emite la orden de compulsa y certificación correspondiente; toda vez que la parte quejosa omitió adjuntar copias de los documentos anexos a fin de emitir la orden respectiva. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar, es menester determinar el acto reclamado cuya suspensión se solicita. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La sentencia interlocutoria emitida el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho en autos del expediente **. Cabe precisar, que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, determinó ineficaz el incidente de nulidad interpuesto por la parte quejosa contra las notificaciones acaecidas el seis de febrero y veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, relativa a la apertura del incidente de ejecución. En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: "Las cosas se mantengan en el estado que guardan". Es decir, solicita la medida suspensional para el efecto de que lo actuado en la etapa ejecutiva del juicio laboral de origen, no tenga efectos y consecuencias en su esfera jurídica; esto es, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan, dado que alega se le podrían causar daños y perjuicios de difícil reparación. Consecuentemente, se analizará la procedencia de la suspensión provisional respecto de las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182529, de título: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En esa tesitura, tomando en consideración que las consecuencias de lo reprochado constituyen actos a realizar en el futuro, y por ende, susceptibles de paralizarse, es procedente analizar el contenido del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo; para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la ley de la materia, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: 1) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación). 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3) El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. 4) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En las relatadas circunstancias, es dable establecer que el primer requisito se cumple en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón a lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir a la parte quejosa el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de la garantía. Precisamente para evitar lo anterior, es que se contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. En ese tenor, se NIEGA a ********************, la suspensión provisional solicitada, por lo que ve a la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral de origen, en la parte de la condena que ponga en peligro la subsistencia del trabajador actor, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario; toda vez, que no pueden dejar de observarse los requisitos de procedencia de la medida cautelar, conforme a los cuales es improcedente conceder la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público. Esto es así, porque si se atiende a que dicha fracción limita el otorgamiento de la suspensión en aquellos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo y en el presente asunto, debe negarse la suspensión por lo que ve a la ejecución del laudo, en la parte de la condena que ponga en peligro la subsistencia del trabajador, de conformidad al artículo 152 de la Ley de Amparo, ya que la sociedad se encuentra interesada en que se garantice la subsistencia del trabajador, por lo que no se satisface al respecto el requisito que para la concesión de la medida cautelar establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En dicho sentido se pronunció la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencia 4a./J. 13/90, con número de registro 207951, del rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO". Resultando trascendente resaltar que la cantidad que debe considerarse por la autoridad responsable como necesaria para la subsistencia del trabajador, no puede ser menor a seis meses de su salario, tomando en cuenta la naturaleza biinstancial del juicio de amparo indirecto, así como que existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, y debe celebrarse una audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que evidentemente motiva que el cálculo probable de su duración no puede ser menor al de ese lapso. Cobra aplicación la tesis VIII.1o.52 L, con número de registro 174837, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES". Por otro lado, sin paralizar el juicio laboral, en razón de que el mismo es de orden público, y por estar reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, lo solicita la parte agraviada y que con su concesión no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social ya que no se suspende el juicio; se CONCEDE a ********************, la suspensión provisional solicitada, únicamente por lo que ve a las cantidades que exceden de seis meses del salario del trabajador, para asegurar su subsistencia, para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de llevar a cabo actos tendentes a la ejecución del laudo definitivo dictado en el juicio laboral de origen, hasta en tanto se resuelva sobres la suspensión definitiva. Dicha medida cautelar se otorga con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que los actos reclamados sean ejecutados de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses de la parte impetrante de garantías, en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, evitando que el mismo quede sin materia y previniendo daños y perjuicios de difícil reparación que pudieran irrogársele con el dictado de la resolución definitiva en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis: La medida suspensional surte sus efectos desde luego, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión, siempre y cuando los actos reclamados provengan de las autoridades aquí señaladas como responsables, y no se hayan consumado de manera irreparable para efectos suspensionales; pero dejará de hacerlo, si no exhibe ante este Juzgado de Distrito garantía por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley. Garantía que deberá ser exhibida dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído de conformidad con el numeral 136 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a algún tercero -bien sea una persona diversa a las partes contendientes en el sumario constitucional o el tercero interesado- con la presente concesión, la cual se determina con las facultades discrecionales que otorga a este Juzgado Federal el artículo 132 de la ley de la materia. Procurando que la misma se constituya ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), conforme lo establecido por el artículo 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el acuerdo asumido en sesión ordinaria de once de julio de dos mil siete, por el Comité del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, a que se refiere la circular 11/2007, que expidió la Secretaría Técnica de dicho Comité. Asimismo, se deberá señalar de manera expresa que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo, para solicitar y recibir, de la Institución Financiera la información que permita el control de dichos depósitos de conformidad con los artículos 28 y 32 del citado Acuerdo General. Lo anterior, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia: Por lo anteriormente considerado, notifíquese personalmente al tercero interesado; ello con fundamento en la jurisprudencia número P./J. 143/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190667, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por así haberlo solicitado el promovente y en razón de que sí cuentan con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.
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