Pedro Alcalá Hinojosa

Expediente 260/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
260/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Pedro Alcalá Hinojosa

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el promovente ***, no impugnó el acuerdo de diecisiete de abril del año en curso (fojas 25 a 31), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Cumple prevención. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, con el cual desahoga el requerimiento que se le realizó en proveído de once del mes y año en curso (fojas 15 a 18). Toda vez que el quejoso menor de edad, fue omiso en designar persona que lo represente en el presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional designa como tal a ***, madre del menor, lo anterior con fundamento en el artículo 8 de la ley de la materia. II. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Pedro Alcalá Hinojosa, hace consistir el acto reclamado en la resolución de trece de marzo del año en curso, pronunciada por la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila, representada por su presidente Juan de Dios Fragoso Hernández, mediante la cual se le negó su ingreso para participar como miembro del club, y como jugador activo del club denominado "Venados", en la temporada 2018. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente, la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". III. Se desecha demanda de amparo indirecto. El precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, se emitió la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196923, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo; misma que a la letra estipula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, respectivamente, disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los preceptos transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido, que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, y que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En primer término, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo únicamente es posible impugnar actos que provengan de autoridad o de un particular que actúe con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Además cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, fue sostenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011; con número de registro 161133, visible en la página mil ochenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Dicho criterio orienta para determinar en términos del arábigo 5, fracción II, párrafo segundo, cuales actos de particulares pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de Gobierno del Estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. En el caso concreto, la persona moral denominada Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila, señalada como autoridad responsable por el quejoso, no cumple con las exigencias necesarias para que el juicio de amparo resulte procedente en su contra, incluso bajo el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente se advierte que puntualizó como exigencias para que un particular pueda considerarse como autoridad responsable en un juicio de amparo los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. La determinación reclamada al club deportivo en la emisión del acto reclamado no se sustenta en una norma general que le confiriera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad; porque el rechazo a afiliar al ahora quejoso como socio del mismo fue emitido con base en los estatutos de la asociación civil, por tanto es inconcuso que tenga el carácter de autoridad. En ese sentido, atendiendo lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral 5 de la ley de la materia en su fracción II, no es suficiente que un particular afecte los derechos humanos de otro para la procedencia del juicio de amparo, sino que el legislador estableció como requisito que éste realice funciones determinadas por una norma general lo que en caso no acontece. Pues bien, la asociación señalada como responsable al emitir el acto reclamado no se sustentó en una norma general que le confiriera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, sino que el rechazo a afiliar al ahora quejoso como participante de la misma fue emitido con base en su reglamento, pues específicamente señaló lo siguiente: ".Cabe recordar que es hijo de familia que en su momento causo violaciones al reglamento y amenazas de nuestra liga y por lo cual fueron expulsados de manera definitiva de participar en la liga AFAINC.". Lo que se desprende del anexo que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, consistente en copia certificada de la asamblea número 1027, de trece de marzo de dos mil dieciocho, correspondiente a la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila. Documental que merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el numeral 2º de esta última legislación, ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En el caso, a diferencia de lo que ocurre con las federaciones deportivas o asociaciones civiles expresamente contempladas como coadyuvantes del Estado (como el Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil o el Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil) el acto reclamado a la Asociación que el quejoso señala como responsable, se vincula al ámbito meramente privado de sus relaciones con los también particulares, respecto de un servicio deportivo y de esparcimiento, conforme a su régimen estatutario, por lo que dicha asociación actuó aplicando sus estatutos y no por delegación normativa. Se invoca la jurisprudencia PC.I.A. J/74 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 2012001, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, que a la letra dice: "FEDERACIONES DEPORTIVAS MEXICANAS. SON PARTICULARES EQUIPARADOS A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO EJERCEN, POR DELEGACIÓN, FUNCIONES PÚBLICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, ACTUANDO COMO AGENTES COLABORADORES DEL GOBIERNO FEDERAL Y COMO CONSECUENCIA DE MANEJAR RECURSOS PÚBLICOS. Dichas federaciones son personas morales constituidas bajo el amparo de normas de carácter civil, reguladas en los artículos 2670 a 2687 del Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), pero su objeto social guarda relación con el deporte, reglamentado por la Ley General de Cultura Física y Deporte, que tiene su base en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula el derecho de toda persona a la cultura física y práctica del deporte, que tiene una estructura compleja, al integrarse por distintas relaciones jurídicas y diversos sujetos, obligaciones y derechos, en las cuales, el Estado no es el único responsable de su efectividad, sino que para lograr su cumplimiento efectivo se requiere de la intervención tanto de éste, como de los particulares. En términos de dicha legislación, las Federaciones Deportivas Mexicanas tienen el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que a diferencia de otras asociaciones civiles, su estructura interna y funcionamiento se encuentran regulados por sus estatutos sociales y por esa ley y su reglamento. De igual forma, deben observar en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas y, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, actuación que se considera de utilidad pública y realizan las actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas. Por tales motivos, están determinadas en una norma general que les confiere atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio tiene un margen de discrecionalidad, en tanto pueden decidir si las ejercen o no y en qué sentido, aunado a que sus decisiones se encuentran revestidas de un grado de imperatividad, por lo que pueden dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitir actuar en determinado sentido, lo que se traduce en que, con independencia de que formalmente puedan estar constituidas como una asociación de carácter civil, puede realizar actos equivalentes a los de autoridad en los que afecten derechos. Además, al manejar recursos públicos, las Federaciones Deportivas Mexicanas cuentan con distintas obligaciones previstas constitucional y legalmente y son sujetos de fiscalización y, como tal, de escrutinio en cuanto a que el manejo de esos recursos se destine a los propósitos que fijen las leyes correspondientes, y que todos los actos encaminados a la custodia y cuidado de los recursos públicos se cumplan cabalmente. Así, paralelamente a lo anterior, la obligación de esas asociaciones de observar, entre otros, los principios de transparencia y rendición de cuentas, abre otra posibilidad para que las Federaciones Deportivas Mexicanas puedan considerarse particular equiparado a una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tal deber implica que cualquier persona que cuente con interés legítimo para ello, pueda exigirles el conocer los términos en que fueron aplicados los recursos que, aunque en principio sean públicos, forman una unidad con los obtenidos de otras fuentes. De modo que dichas federaciones tienen múltiples obligaciones y pueden realizar diversos actos, algunos que realizan por sí, otros en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y otros como integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), los cuales pueden dividirse enunciativamente en los siguientes grupos: 1) Aquellos en los que ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, que pueden considerarse como "actos de autoridad", porque al llevarlos a cabo u omitir hacerlo se conducen alejadas de su ámbito privado o particular convencional; 2) Otros actos u omisiones relacionados con el derecho a la información que reconoce el artículo 6o. constitucional, en relación con los principios de transparencia y rendición de cuentas, por manejar recursos públicos y tener una actividad encomendada por la ley que las rige, en relación al derecho a la práctica del deporte y la cultura física y, que al realizarlos u omitir hacerlo, también se encuentran alejadas de su ámbito privado o particular convencional y pueden considerarse "actos de autoridad"; 3) Otros actos que, aunque estén obligadas a realizar, no tienen ese carácter de autoridad, sino que actúan como auxiliares de la administración pública, realizando actos que no corresponden a los de autoridad, pues no se llevan a cabo de manera unilateral y obligatoria, sino que se realizan en cumplimiento de lo que prevén las disposiciones que le ordenan la realización precisamente de esos actos, en donde actúa en un plano de coordinación o de sometimiento a la autoridad; y, 4) Otros actos que, son emitidos en el ámbito meramente privado de sus relaciones con los también particulares, a los que presta un servicio deportivo, de acuerdo a su régimen estatutario y normativo. De modo que sólo al realizar alguno de los actos del primer o segundo rubros u omitir hacerlo, puede considerarse que dichas federaciones actúan como particulares equiparados a una autoridad para efectos del juicio de amparo, los cuales en cada caso concreto corresponderá al Tribunal Colegiado de Circuito determinar". Además, para pertenecer a una asociación es menester la satisfacción de diversos requisitos conforme a sus estatutos y en esos casos, el Estado está impedido para determinar quienes pueden o no ser afiliados al mismo, y por ende, obligar al particular a cambiar sus estatutos a satisfacción de quien pretende asociarse al mismo, pues ello es propio de los estándares y necesidades de cada una, por lo que las decisiones que adopte, como la negativa reclamada por el aquí quejoso, no tienen la fuerza legal para obligarlo a admitirlo a él, en tanto carece de los medios legales que el Estado otorga a las autoridades para hacer cumplir sus determinaciones. Finalmente, si bien por regla general el auto inicial de trámite de la demanda no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo o no, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan. Empero, existe un caso de excepción a dicha regla consistente en que cuando por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se defina que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CUANDO YA SE ENCUENTRA DEFINIDO EXPRESAMENTE POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO TIENE TAL CARÁCTER PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN ALGÚN ACTO DETERMINADO, SÍ ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE ESTE ASPECTO EN LA CITADA ACTUACIÓN, SIN QUE SEA DABLE LA APLICACIÓN DE LA ANALOGÍA EN ESE MOMENTO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. Del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Empero, no debe considerarse como excepción la aplicación analógica de la hipótesis prevista en una jurisprudencia, pues ello implica que no sea manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, puesto que para ello necesariamente se tendría que hacer un análisis exhaustivo para encuadrar el caso concreto al previsto en el criterio jurisprudencial que no lo contempla expresamente, lo que jurídicamente no debe llevarse a cabo en el auto inicial del juicio de amparo, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia". No es óbice para lo anterior, los conceptos de violación que aduce el quejoso, en el sentido de que conforme a los artículos y tratados internacionales que invoca, tiene derecho a no ser discriminado, al descanso y esparcimiento, a la participación, asociación y reunión, a la seguridad jurídica, entre otras, pues al margen de lo muy respetable de las posturas doctrinarias en cita, lo cierto es que tanto la Ley de Amparo, como su interpretación por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigen que para la procedencia del juicio de amparo contra actos de un particular, necesariamente haya actuado con sustento en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad; extremos que no se satisfacen. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al resolver el recurso de queja 294/2017, relativo al juicio de amparo indirecto 1289/2017, índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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