Pedro Alberto Pérez Pérez
Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pedro Alberto Pérez Pérez
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de siete de marzo del año en curso (fojas 55-60), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de constancias. Toda vez que es innecesario permanecer con los tres tomos de pruebas I, II y III, allegados por la jueza Décimo Civil de Partido de esta ciudad, al rendir su informe con justificación con motivo de que la demanda de amparo se intentó en la vía directa (que se tuvieron por recibidos en auto de siete de marzo de la presente anualidad, fojas 55-60), devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública correspondiente al presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general. Tribunal Colegiado de Circuito remite oficio, se agrega para efectos de control y se devuelve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual remite el comunicado suscrito por la jueza Décimo Civil de Partido de esta ciudad. En atención a lo anterior, se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia que se deje en autos devuélvase a la jueza Décimo Civil de Partido de esta ciudad, el oficio por medio del cual rinde su informe con justificación y remite constancia. Lo anterior, en razón de que por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 55-60), se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa y en el presente acuerdo causó estado el aludido proveído, archivándose el presente asunto como concluido.
- Principal
Se reciben constancias y se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el Tribunal de su adscripción, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, por estimar que el acto reclamado consistente en la resolución de *******, dictado por la jueza Décimo Civil de Partido de esta ciudad, en el proceso civil hipotecario ******, en la que se ordenó poner en posesión del bien inmueble adjudicado a favor de *****, autorizándose que el producto del remate sea entregado al actor *****, en razón de que quedó firme la diligencia de remate, acto que no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, puesto que fue dictado después de concluido. En consecuencia, remitió copia certificada del oficio 514, diverso 513 por duplicado, original y siete copias de la demanda de amparo, constancias de emplazamiento, expediente *****, en dos tomos y diversos escritos presentados por ****** y ******, por conducto de su apoderado Israel Álvarez Gutiérrez y un sobre con documentos. Acúsese recibo. Atenta al contenido del oficio relacionado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo PRIMERO, relativo al Décimo Sexto Circuito, y CUARTO, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad. Sirve de apoyo a lo expuesto en el párrafo que precede el criterio sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Jurisprudencial número P./J. 40/97, visible en la página 6, Tomo V Junio de 1997, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." II. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 278/2023-III. III. Quejoso. ********************. IV. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados y autoridades responsables son: Empero, de la certificación que antecede se advierte que el impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo, sustancialmente en los mismos términos que la de cuenta en contra de las autoridades y actos citados, por tanto, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse de plano, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo: a) antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; b) aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, c) si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Ello es así, porque, aun cuando no lo recoge textualmente la fracción X del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo, lo cierto es que de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados, esto es, antes del dictado de sentencia; luego de dictada la sentencia, pero antes de causar ejecutoria; o bien, durante la substanciación del recurso de revisión. A más de lo anterior, cabe decir que de considerar lo contrario, esto es, que la actual fracción X del precepto 61 de la Ley de Amparo, sólo prevé los casos en que aún no se ha dictado resolución, ocasionaría dos efectos perniciosos para la administración de justicia, a saber: Se tendría que retrasar la emisión de sentencia en el o los juicios de amparo presentados en un segundo lugar; y, b) Obligaría al órgano de justicia a emitir sentencias exactamente iguales a la emitida en el juicio promovido en primer lugar. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constituvos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ya que se advierte que ante este mismo Juzgado, se presentó diversa demanda de amparo promovida por ********************, la cual se registró bajo el número 87/2023-II, expediente en el cual mediante auto de dos de febrero del año en curso, se admitió a trámite dicha demanda, asunto en el que aún no se ha dictado sentencia. Contradictorio que se promovió contra actos y autoridades responsables, siguientes: Obténgase copia certificada de la demanda de amparo y del auto dictado el dos de febrero de la presente anualidad, ambos relativos al juicio de amparo indirecto 87/2023-II, de este índice, y glósense al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo el aquí quejoso se duele de los mismos actos reclamados, señalando las mismas autoridades responsables. Siguiendo con la exposición, el requisito de la causal comentada, esto es, que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, también se colma porque de los datos arrojados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se colige que en el juicio 87/2023-II, se advierte que al impetrante le fue admitida su demanda de amparo el dos de febrero de dos mil veintitrés; consecuentemente, se clarifica que dada la fase procedimental que prevalece en el primigenio juicio de amparo, no existe todavía cosa juzgada, porque dicho asunto se admitió a trámite y de su estado procesal de autos se advierte que aún no se ha celebrado la audiencia constitucional ni mucho menos dictado sentencia. Luego, se insiste, de la confrontación de los datos antes mencionados, se advierte que ambos procedimientos de amparo fueron promovidos por ********************, básicamente por los mismos actos; consecuentemente, es dable afirmar que, dichos actos reclamados son materia de estudio en el juicio de amparo 87/2023-II. Circunstancia anterior que impide a esta juzgadora realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, por tratarse de una cuestión que no se ha resuelto en la vía constitucional, pues asumir una posición contraria, implicaría que el aquí quejoso pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de estudio. Téngase como domicilio procesal del quejoso el lugar físico que señala en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Gerardo Guerrero Gómez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con las constancias remitidas por la superioridad y reseñadas con antelación, fórmese tres tomos de pruebas identificados con los números I, II y III, agregándoseles las carátulas correspondientes para su debida identificación respetando sus folios y sellos, para lo cual se inserta la imagen siguiente: Del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso, las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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