Pedro Alberto López Rincón

Expediente 1888/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1888/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Pedro Alberto López Rincón

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 10.-se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Pedro Alberto López Rincón, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1888/2022-10. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco en el Juicio mercantil 515/2020, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso Pedro Alberto López Rincón, en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que se declararon desiertas las probanzas ofrecidas por las partes. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese sentido, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." [.] Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [.] Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y en su caso exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia o resultado favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. De lo anterior expuesto, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste: la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco en el Juicio mercantil 515/2020, el que se declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso Pedro Alberto López Rincón en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que se declararon desiertas las probanzas ofrecidas por las partes, lo cual tiene efectos meramente formales, de ahí que no genere una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, resulta aplicable por la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Núm. 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia: Común, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción V, de la misma legislación, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, de Mayo de 1998, página 890, con número de registro 196196, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Armando Magaña Alejandro, Marco Tulio Torres Rincón, Juan Felipe Ruiz Garza, Jazmín Cisneros Rincón, Axel Alberto López Ramos y Sonia del Carmen Avalos Barrios en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Jucidiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 326/2010 de su índice, del que se desprende que acordó en la forma siguiente: a) Tuvo por recibido el escrito signado por los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, en el que informan que se encuentran realizando las acciones pertinentes para dar cumplimiento al pago total que se adeuda a los quejosos NELLY DEL SOCORRO ABREU DÍAZ y otros, y exhibe el oficio DSPM/330/2022 signado por el Director de Programación de dicha dependencia, quien informa que la cantidad disponible y presupuestada hasta la presente fecha para pagos de laudos y sentencias jurisdiccionales que fue contemplada en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 es de $3,706,208.84 (tres millones setecientos seis mil doscientos ocho pesos 84/100 moneda nacional), poniendo dicha suma a consideración de los aquí quejosos. b) Señaló las trece horas del uno de diciembre de dos mil veintidós, a fin de que se lleve a cabo la plática conciliatoria entre las partes. De lo que se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En consecuencia, atendiendo las manifestaciones de la autoridad ocursante, con apoyo en lo dispuesto por los ordinales 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del desahogo de la diligencia señalada en el auto que se recepcionó en la presente determinación, remita copia certificada de la misma. De igual forma comunique la suma que actualmente se adeuda a cada uno de los aquí quejosos pendientes de liquidar de la condena a la que fue sentenciado el Ayuntamiento demandado. En el entendido que las últimas sumas de las que se tenían conocimiento fueron las siguientes: NO. ORDEN QUEJOSO CANTIDAD 1 NELLY DEL SOCORRO ABREU DÍAZ $900,727.12 2 ARTURO KURI PEREZ $745,175.04 3 BELEN CASTAÑÓN FÉLIX $433,423.66 4 CARLOS ENRIQUE BAÑOS CAMARA $454,237.32 5 CARLOS JIMENEZ PEREZ $544,942.56 6 CARMITA BAÑOS VIDAL $595,086.52 7 CARMITA ESTEBAN RUIZ $595,086.52 8 ELENA LOPEZ GUERRA $260,493.60 9 LUIS MANUEL BOLIVAR ALVAREZ $686,269.04 10 FREDI DE LA CRUZ HERNANDEZ $776,901.72 11 GARDENIA CHAN SUÁREZ $559,516.44 12 HUMBERTO MENDOZA DÍAZ $402,495.38 13 JAIME ALBERTO MARTINEZ GUIDO $489,494.32 14 LAURA HIDALGO CHAN $620,159.00 15 LEYDY MACARIO RODRIGUEZ $549,633.12 16 MARIA DE LA CRUZ GUZMAN MENDOZA $304,160.48 17 MARIA DEL ROCIO POSADA PRIETO $310,358.72 18 MARTHA AMERICA JIMENEZ TORRES $562,364.64 19 NANCY JOCABET GUTIERREZ CRUZ $772,378.88 20 ROSA ELENA MORENO QUE $754,565.92 21 SANDY LARIZA FARIAS FUENTES $600,559.20 22 SANTA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ $323,481.12 23 ULDA VALENZUELA LANDERO $754,565.92 24 WENCESLAO COOP RUIZ $368,544.00 25 JOSEFINA DEL CARMEN ALAMILLA TAJ $595,086.48 26 MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES $606,757.44 27 JOSEFINA CRUZ GARCIA $223,583.36 28 SAMUEL GUERRA MISS $763,891.20 Asimismo, con apoyo en los numerales referidos con antelación, en relación con el ordinal 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, como órgano colegiado integrado por sus síndicos, regidores y personal administrativo, resultando ser los siguientes servidores públicos: Presidente Municipal Luisa del Carmen Cámara Cabrales Síndico de Hacienda y Segundo Regidor Nel Roberto Pozo Cano. Tercer Regidor Rosa Maria Vela Pliego. Cuarto Regidor Anthony de Jesús Que Sanchez. Quinto Regidor Teresita de Jesús López de Llergo de Juárez. Director de Administración Clarck Ducker Morales. Contralor Municipal Margarita Olivé González. Director de Finanzas Jhony Eduardo Morales González Director de Programación José Manuel Pérez Méndez. Para que dentro del término de tres días hábiles, remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten las gestiones para expedir los títulos de crédito en favor de los quejosos que considere puede liquidar la suma que les adeuda, tomando en cuenta que informaron al Tribunal laboral que cuentan actualmente con un presupuesto para pago de laudos por la cantidad de $3,706,208.84 (tres millones setecientos seis mil doscientos ocho pesos 84/100 moneda nacional). Asimismo, las sumas que queden pendientes de liquidar previo al desahogo de la diligencia de conciliación que la autoridad laboral señaló para las trece horas del uno de diciembre de dos mi veintidós, deberán contemplarlas en su totalidad en el presupuesto que le sea asignado para el Ejercicio Fiscal 2023. De igual manera deberá gestionar lo conducente ante las autoridades vinculadas al fallo Congreso del Estado de Tabasco, Secretaría de Finanzas y Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno, del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 36/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 359, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.

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