Pedro Alberto Garibay Sánchez

Expediente 438/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
438/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Pedro Alberto Garibay Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, en el que anexa copia certificada del acuerdo tomado en la sesión de seis de junio de dos mil diecinueve, en el toca de queja 79/2019, en donde resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y las copias certificadas que fueron enviadas para la substanciación del recurso hecho valer; hágase del conocimiento de las partes lo resuelto por la superioridad. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se negó el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito que signa César Alejandro Navarro Villalvazo, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, da contestación a la vista ordenada en proveído de veintiocho de febrero pasado (foja 329) y, al efecto, allega dos planos con el objeto que el experto que designó se encuentre en aptitud de emitir el dictamen pericial que le fue encomendado. En consecuencia, con el contenido de lo anterior, dese vista y requiérase al especialista Francisco Guzmán Alcantar (perito nombrado por la parte quejosa) para que de conformidad con el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, emita su opinión técnica (el cuál deberá de estar ratificado ante la presencia judicial), o en su defecto manifieste la imposibilidad que tiene para realizarla. Lo anterior, es con el apercibimiento que de no hacerlo la prueba pericial instrumentada de oficio, se realizará únicamente con la opinión del diestro oficial, y de los profesionistas designados por las demás partes, sin perjuicio de hacerse responsable de los daños y perjuicios que por su omisión sean ocasionados a la parte que lo designó, de conformidad con el artículo 153 de la Ley Adjetiva Civil. Notifíquese; y, personalmente al perito de la parte quejosa Francisco Guzmán Alcantar.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve (foja 87), se dió vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado a la parte quejosa el veintiuno siguiente (foja 91), sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 49 a 52), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: "Atienda de inmediato la solicitud que fue presentada por la parte quejosa el treinta de agosto de dos mil dieciocho; lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción; de manera congruente, completa, fundada y motivada; asimismo, deberá notificar la respuesta a la parte quejosa, de manera fehaciente." Por acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve (folios 56 y 57), causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Luego, en proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve (foja 87), se dió vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Director de Ordenamiento del Territorio del Municipio de Zapopan, Jalisco, al cual adjuntó los comunicados DOT/JCO/2019/2-008 de once de enero y DOT/JCO/2019/2-0033 de once de febrero, ambos de mil diecinueve, de cuyo contenido se desprende que dió respuesta los escritos presentados por el quejoso el nueve y diecinueve de abril, así como de treinta de agosto, todos de dos mil dieciocho. De conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tales constancias tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente juicio constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la autoridad responsable dió contestación a la solicitud que fue presentada por la parte quejosa el treinta de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual solicitó se emitiera respuesta a los diversos escritos de nueve y diecinueve de abril del año pasado, cumpliendo así con la sentencia de amparo. Archívese el expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio firmado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Tómese nota de que el medio de impugnación quedo registrado con el número de revisión 94/2019. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/carlo

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