Pedro Alba Porre
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/07/2022
Partes del expediente
- Pedro Alba Porre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la primera certificación de cuenta, se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de ocho de los actuales, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por cuanto a los quejosos *********, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden de ideas, respecto a la segunda certificación que antecede, se advierte que los quejosos ****************** no desahogaron dentro del plazo concedido la prevención formulada el ocho de junio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y la actualización de datos que corresponde en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a los quejosos *********** y *************.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo de los diversos anexos que le fueron remitidos, e informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial interpuesto en este asunto, registrándolo con el toca C.C.A 15/2022; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción no aceptó la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 323/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que expone. Ahora bien, del análisis integral de actuaciones se aprecia que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, mismos que son de naturaleza penal, determinando no dividir la continencia de la causa, toda vez que la pretensión de la parte quejosa está estrechamente vinculada con las condiciones en las que aduce encontrarse, es decir, bajo privación de su libertad, por ello las condiciones y medidas de seguridad que al respecto se tomen se vinculan con la maximización de dicho bien jurídico. En ese contexto, los diversos actos reclamados por la parte quejosa, se relacionan con su condición bajo privación de su libertad. Así, la naturaleza de los actos, permite establecer que este asunto es competencia de los Jueces de Amparo Especializados en Materia Penal, lo cual se refuerza atendiendo al bien jurídico tutelado que es proteger o velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de los quejosos. Es decir, las disposiciones reclamadas se encuentran íntimamente relacionadas con la materia penal en tanto que se relacionan con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Lo que pone de manifiesto que la materia de esas disposiciones encuadra en el ámbito de especialización del derecho penal. Posteriormente, la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y mediante proveído de veintiocho de marzo, determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano de control constitucional, bajo el argumento siguiente: . Motivo por el cual no aceptó la competencia planteada por este juzgado. Pues bien, al margen de que este órgano de control constitucional comparta o no la respetable opinión del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se insiste en considerar que carece de competencia legal (por razón de la materia) para conocer de los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales ya han sido enunciados, por los mismos motivos expuestos en el aludido acuerdo de doce de marzo del año en curso. En efecto, como se estableció en el proveído de referencia, si bien los actos referidos se atribuyen a autoridades de carácter administrativo y que derivan de un procedimiento administrativo migratorio, como bien refiere el Juzgado oficiante, lo cierto es que el actuar de la autoridad deriva de que la parte quejosa está privada de su libertad, de ahí que no resulte factible dividir la continencia de la causa, pues el análisis de la demanda debe realizarse como un todo, lo que conlleva a considerar que los actos reclamados sean de naturaleza penal. Lo anterior, ya que dadas las particularidades del asunto, del estudio hermeneútico del escrito de demanda, así como de la tesis jurisprudencial que más adelante se citará, se advierte que la parte promovente del amparo se duele de diversos actos, los cuales comparten entre sí una cuestión particular, esto es la privación de su libertad, acto llevado a cabo dentro de un procedimiento administrativo migratorio del Instituto Nacional de Migración. Al respecto, debe precisarse que la Suprema Corte de la Nación, ha sostenido que la competencia por materia tiene su sustento primordial en la naturaleza del acto, no así el carácter de las autoridades a quienes se les ubica como responsables. Así, se desprende que los quejosos, en calidad de migrantes, reclaman actos que afectan su libertad personal tras los actos llevados a cabo por las autoridades responsables. Circunstancia que a criterio de este Juzgado de Distrito constituye una cuestión de naturaleza penal, resultando ser competente para conocer del asunto en cuestión, el Juzgado oficiante acorde con el artículo 56, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en consideración de la Jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.), del Semanario Judicial de la Federación, publicada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, undécima época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL". En efecto, no podría analizarse el acto reclamado que ahora se combate de manera aislada, es decir, bajo la óptica de un asunto de carácter administrativo, sino que para analizar su constitucionalidad el juzgador del conocimiento requiere necesariamente verificar el cumplimiento de normas de carácter netamente penal. Así, atendiendo a ese bien jurídico tutelado, y a la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto que han sido reclamados, es que respecto de este asunto deben conocer un juez de distrito en materia penal; por lo que se concluye que el estudio del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Asimismo, a criterio de quien esto resuelve se considera que analizar si los actos reclamados provienen o no de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, previo a determinar la competencia de este juzgado para realizarlo, es prejuzgar y hacer uso de una facultad que, en su caso, la ley no confiere. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P.J. 83/98 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, cuyo rubro y contenido son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. . Así las cosas, toda vez que este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia en su favor, con base en los motivos y argumentos precisados en el acuerdo de veintidós de marzo pasado y reiterados en este acuerdo, por tanto, remítanse los presente autos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que se sirva resolver el conflicto de competencia aquí suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a efecto de que, de estimarlo procedente, realice las manifestaciones que considere pertinentes ante la Superioridad que conozca del conflicto competencial de mérito. Fórmese cuaderno de antecedentes, el cual deberá estar conformado por las constancias mínimas indispensables. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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