Pedro Agustín Jimenez Alegre

Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
476/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Pedro Agustín Jimenez Alegre

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1561/2022, promovido por********************, por derecho propio y en su carácter de ********************; (...) Al actualizarse la mencionada causal de improcedencia respecto de los aludidos actos reclamados, resulta procedente sobreseer en el juicio sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 74 , 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO******************** Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando II, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintitrés. Parte quejosa se desiste del juicio de amparo Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Requerimiento a la parte quejosa Ahora bien, a fin de que este juzgado federal se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponde, requiérase al promovente para que comparezca ante las oficinas que ocupa este juzgado federal, ubicadas en calle Tamaulipas, número 2, esquina calle del Sol, Chapultepec, 62450, Cuernavaca, Morelos a las diez horas del veinte de abril de dos mil veintitrés, con identificación oficial vigente, a efecto de que, ante la presencia judicial ratifique su escrito de desistimiento. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en la hora y fecha señalada, se tendrá por no presentado el escrito de que se trata y se continuará con el trámite de este juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 2a./J.119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Agosto de 2006, cuyo rubro dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "QUEJOSO SE DESISTE DEL JUICIO, SE REQUIERE RATIFICACIÓN DE ESCRITO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    RAZÓN. En cumplimiento al acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, y con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), siendo las nueve horas del DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, notifico por lista a la parte quejosa, el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, que establece: Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintitrés. Parte quejosa se desiste del juicio de amparo Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Requerimiento a la parte quejosa Ahora bien, a fin de que este juzgado federal se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponde, requiérase al promovente para que comparezca ante las oficinas que ocupa este juzgado federal, ubicadas en calle Tamaulipas, número 2, esquina calle del Sol, Chapultepec, 62450, Cuernavaca, Morelos a las diez horas del veinte de abril de dos mil veintitrés, con identificación oficial vigente, a efecto de que, ante la presencia judicial ratifique su escrito de desistimiento. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en la hora y fecha señalada, se tendrá por no presentado el escrito de que se trata y se continuará con el trámite de este juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 2a./J.119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Agosto de 2006, cuyo rubro dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "QUEJOSO SE DESISTE DEL JUICIO, SE REQUIERE RATIFICACIÓN DE ESCRITO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Tenencia de la Tierra. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 476/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Tenencia de la Tierra. Precisión del acto reclamado Omisión de dar seguimiento a la denuncia penal formulada por la comisión de los delitos de robo, amenazas, injurias y despojo, la cual se encuentra registrada con el número ***. Desechamiento Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado en el escrito de cuenta, la omisión de dar seguimiento a la denuncia penal formulada por la comisión de los delitos de robo, amenazas, injurias y despojo, la cual se encuentra registrada con el número ***. Causal de improcedencia En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...;" Conforme a lo trascrito, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los de la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. Además, en el artículo citado se contemplan como casos de excepción a la obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Tenencia de la Tierra de la Fiscalía General del Estado de Morelos en dar seguimiento a la denuncia penal formulada por la comisión de los delitos de robo, amenazas, injurias y despojo, la cual se encuentra registrada con el número ***. En ese sentido, se arriba a la conclusión que lo peticionado en el escrito que nos ocupa es relativo a integrar y realizar el ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación ***. Por consiguiente, la causa de improcedencia se surte en razón de que procede el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, los actos que se reclaman tienen reparación a través de un medio de defensa ordinario, ya que las omisiones o negativas combatidas pueden ser subsanadas través del citado recurso, que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo resaltado es propio. Es verdad que de la lectura del artículo transcrito, se desprende que dicho medio de impugnación sólo procederá en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Sin embargo, por ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que diera origen a la jurisprudencia de número de registro 2017641, del siguiente rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Se determinó lo siguiente: "Ahora bien, de la interpretación sistemática (30) de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional (31) y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las negativas u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, al respecto, esta Primera Sala entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. En otra línea argumentativa, debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. Como ha sido señalado en esta resolución, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. Al respecto, esta Primera Sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución (32) pueden encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria. Lo anterior implica, prima facie, las siguientes problemáticas: 1. Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, 2. Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el Juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." Del texto anterior, se desprende que el Alto Tribunal ha resuelto que las omisiones o abstenciones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en el supuesto previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, por lo que la intención del Constituyente al crear la figura del Juez de Control, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, pero también todas aquellas omisiones o determinaciones del Ministerio Público para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados como de las víctimas u ofendidos. Se destacó que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables, por lo que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, de tal manera que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. La finalidad de dicho medio de defensa es recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata. De tal manera que las omisiones o bien el rechazo a recibir una solicitud por parte del Ministerio Público deben ser impugnadas ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, cobra aplicación la tesis: I.7o.P.119 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, página 4632, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, número de registro 2020422, del rubro siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." Lo anterior es así, en virtud de que el promovente señala como acto reclamado la omisión por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Tenencia de la Tierra de la Fiscalía General del Estado de Morelos en dar seguimiento a la denuncia penal formulada por la comisión de los delitos de robo, amenazas, injurias y despojo, la cual se encuentra registrada con el número ***. En ese sentido, al no dar seguimiento a la denuncia penal formulada por el quejoso por la comisión de los delitos de robo, amenazas, injurias y despojo, la cual se encuentra registrada con el número ***, trae como consecuencia una abstención en las funciones del agente del Ministerio Público. Por ende, resulta inconcuso que dicho acto sea recurrible a través del medio de impugnación citado con antelación; puesto que la finalidad del Juez de Control es revisar las decisiones, negativas u omisiones del Ministerio Público (como en el caso en particular). En consecuencia, dado que el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un medio de defensa respecto del cual la impetrante tiene obligación de agotar, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia. Por tanto, al existir jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. Sustenta lo anterior, por las consideraciones expuestas la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017808, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, de rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplias que dicho precepto normativo antes invocado al profesionista que señala en su escrito de cuenta, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "DESECHA DEMANDA PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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