Pedro Aguilez Raynado y Otros.

Expediente 136/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
136/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2017

Partes del expediente

  • Pedro Aguilez Raynado y Otros.
  • Pedro Aguilez Raynado

Actuaciones

  1. Principal

    Hágase la devolución de los documentos

  2. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de marzo de dos mil diecisiete, en el que se TUVO POR DESECHADA la demanda de amparo presentada por ********************. Por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, causando estado con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del mismo cuerpo de normas. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en la inteligencia, de que conforme al considerando vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente sí es susceptible de destrucción; asimismo, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta ******************** contra actos del AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 136/2017. Ahora, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se advierte que la demanda de amparo se debe promover dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor de tales actos y; de manera excepcional, en los plazos previstos en las diversas fracciones del artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, el precepto invocado en segundo término, establece tres momentos a partir de los cuales se debe computar el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca la demanda, esto es: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b). A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- DECRETO EXPROPIATORIO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA". Y de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que bajo protesta de decir verdad el quejoso manifestó que tuvo conocimiento de los hechos el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, pues refiere que se presentó en las oficinas de recaudación del XXVII Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, a efecto de pagar el predial, en donde le manifestaron que ya no tendría que pagar el total de los prediales del inmueble con una superficie de 2412.72 metros cuadrados con la ubicación en ********************, de la colonia Comercial de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora; toda vez, que el dicho ayuntamiento había llevado un decreto expropiatorio con la finalidad de adjudicarse 313.41 metros cuadrados del predio en cuestión, sin que a la fecha le hayan notificado lo anterior, ni mucho menos le hubieran hecho un ofrecimiento de indemnización. Manifestación que constituye una confesión expresa, a la que se confiere valor probatorio pleno de conformidad a lo que disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dos de marzo de dos mil diecisiete, según se aprecia de la fecha de registro de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, es claro que transcurrió en exceso el término de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, para promover la acción constitucional contra tal acto, operando en consecuencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, al haber operado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 112 del mismo cuerpo normativo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior sin perjuicio de que el impetrante se ostente como tercero extraño por equiparación, porque aún en ese caso, el plazo para la interposición del juicio constitucional lo es de quince días, que se computan en el particular a partir de que se ostentó sabedor del acto reclamado, como quedó precisado. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en el despacho jurídico en calle Eboli 2267, del fraccionamiento Bilbao, de esta ciudad y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado José Trinidad Gutiérrez Ulloa; y, sólo para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que señala para tal efecto. Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.

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