Pedro Adolfo Aguilar Polo
Expediente 567/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Pedro Adolfo Aguilar Polo
- Pedro Adolfo Aguilar Polo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el oficio signado por el Fiscal General del Estado y en atención a su contenido se le tiene desahogando la vista que le fue dada en proveído de once de mayo del año en curso (fojas 20 a 24), informando al respecto que el veintitrés de mayo del presente año, se instruyó al licenciado... en su carácter de Vice Fiscal de Investigación de Delitos de la Fiscalía General del Estado, para que inicie una investigación y determine la existencia, origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal aducida por los aquí quejosos, lo que acredita con el acuse de recibido de la comunicación... dirigida a dicha autoridad. (V)
- Principal
Se notifica por lista a los quejosos, proveído de veinticinco de mayo dos mil dieciocho...se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraban detenidos los directos quejosos, para que se les requiriera a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca de los directos quejosos con el objeto de notificarle el proveído de diez de mayo del dos mil dieciocho (fojas 8 a 10), quienes ratificaron la demanda presentada en su nombre. d) En proveído de once del mencionado mes y año, se admitió la demanda de amparo (fojas 20 a 24), se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. e) Del informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad responsable Fiscal General del Estado, se advierte que los aquí quejosos Pedro Adolfo Aguilar Polo, Fany Janeth Romero Gutiérrez e Irma Yolanda Saldaña Galván, fueron puestos en libertad a las 01:00 horas del doce de mayo de dos mil dieciocho. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se desprende que por lo que hace a la detención de Pedro Adolfo Aguilar Polo, Fany Janeth Romero Gutiérrez e Irma Yolanda Saldaña Galván, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte de las constancias que en copia autentificada acompaña la autoridad responsable Fiscal General del Estado, por acuerdo emitido por la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Combate al Robo a Casa Habitación y Comercio, el doce de mayo de dos mil dieciocho se decretó la libertad inmediata de los imputados detenidos y en la propia fecha, a las 01:00 horas, se les dejó en libertad. Dicho documento tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público, expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil dieciocho.(V)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal General del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -Pruebas- Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña a su informe la autoridad responsable de referencia, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en su momento procesal oportuno. -Delegados y domicilio- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la referida autoridad, a los profesionistas que designa y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2°, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto. Por otro lado, atendiendo estado que guardan los presentes autos y el contenido del informe justificado de cuenta, se aprecia que: a) El diez de mayo de dos mil dieciocho se recibió la demanda de amparo promovida por Jorge Iván García López, a favor de Pedro Adolfo Aguilar Polo, Fany Janeth Romero Gutiérrez e Irma Yolanda Saldaña Galván, contra actos del Fiscal General del Estado y de otras autoridades. Los actos reclamados se hicieron consistir en: -Detención; e - Incomunicación. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 567/2018-V, y se concedió la suspensión de plano a los directos quejosos, para que las responsables suspendieran de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. Asimismo, se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraban detenidos los directos quejosos, para que se les requiriera a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca de los directos quejosos con el objeto de notificarle el proveído de diez de mayo del dos mil dieciocho (fojas 8 a 10), quienes ratificaron la demanda presentada en su nombre. d) En proveído de once del mencionado mes y año, se admitió la demanda de amparo (fojas 20 a 24), se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. e) Del informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad responsable Fiscal General del Estado, se advierte que los aquí quejosos Pedro Adolfo Aguilar Polo, Fany Janeth Romero Gutiérrez e Irma Yolanda Saldaña Galván, fueron puestos en libertad a las 01:00 horas del doce de mayo de dos mil dieciocho. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se desprende que por lo que hace a la detención de Pedro Adolfo Aguilar Polo, Fany Janeth Romero Gutiérrez e Irma Yolanda Saldaña Galván, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte de las constancias que en copia autentificada acompaña la autoridad responsable Fiscal General del Estado, por acuerdo emitido por la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Combate al Robo a Casa Habitación y Comercio, el doce de mayo de dos mil dieciocho se decretó la libertad inmediata de los imputados detenidos y en la propia fecha, a las 01:00 horas, se les dejó en libertad. Dicho documento tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público, expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil dieciocho. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, con la tortura y malos tratos que refirieron los quejosos, en atención a que ya se proveyó al respecto mediante auto de once de mayo del año en curso (fojas 20 a 24) (v)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa.(V)
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