Paz Rafaela Anduro Grijalva

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Paz Rafaela Anduro Grijalva
  • Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes en relación la demanda -autoridades responsables, quejosa y representación social de la adscripción-, así como los informes justificados rendidos por la Junta Directiva y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos, y por último, certifico que no existen escritos pendientes de acuerdo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Además, revisado el estado de autos, dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas y el secretario da cuenta con las siguientes pruebas: Documentales ofertadas por la autoridad mencionada en primer término; Documentales, confesional expresa, presuncional - legal, lógico y humano - e instrumental de actuaciones ofrecidas por la autoridad restante; y, Documentales e inspección judicial anunciadas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1054/2023 A-I; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Por escrito depositado el once de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Paz Rafaela Anduro Grijalva, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades. Admisión, trámite y sentencia. Por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, se radicó y admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede y culmina con la sentencia que se emite al tenor de los siguientes: Considerandos Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la Junta Directiva del ISSSTESON: - La autorización y cuantificación del incremento anual de pensión del año dos mil dieciocho, el cual fue aprobado por dicha Junta Directiva, en el orden siguiente: Año Acta de sesión Número de Acuerdo Fecha sesión Incremento general Incremento magisterio Consultable ******************** 672 J.D.S.O. 672/08 28/02/******************** 3.90% 4.00% http://148.223.78.234/transparencia/Juridico/********************/ACTA%20672.pdf 679 Desahogo de punto 8.XI. 08/08/******************** 0.40% http://148.223.78.234/transparencia/Juridico/********************/ACTA%20679.pdf Del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y subdirector de Finanzas, ambos del aludido instituto, con sede en esta ciudad: - El cálculo y las aplicaciones, respectivamente, de la determinación del incremento pensionario para el año de dos mil dieciocho, sobre cada pago de pensión que se cubre mensualmente en favor de la quejosa mediante el procesamiento mensual de la nómina de los pensionados y jubilados a cargo del ISSSTESON. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados de la Junta Directiva y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos adscritos al ISSSTESON. Lo anterior es así, en atención a que del contenido de las documentales exhibidas por el Jefe de la Unidad Jurídica y subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones responsables, se advierten los acuerdos relativos al incremento de la pensión y jubilación de ********************, de ahí que se corrobore su existencia. Documentales que adquieren valor pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 153, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente, se tiene por cierto el acto reclamado al subdirector de Finanzas señalado como responsable, toda vez que omitió rendir su informe justificado, actualizando así, la presunción de certeza del acto que se le reclama, en términos de lo establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Causas de improcedencia infundadas Las autoridades responsables invocaron las causales de improcedencia que se invocan enseguida: Autoridad responsable Causales de improcedencia invocadas Junta directiva XII y XIV Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones XIII, XIV, XXI, XXII y XXIII De inicio, por lo que refiere a las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII, XXI, XXII y XXIII, del numeral 61 de la ley de la materia, no se abordará el estudio de esas porciones normativas propuestas por las citadas autoridades, en atención a que no señalan en forma concreta los motivos por los cuales consideran que se actualizan dichas causas. Por tanto, sus aseveraciones son insuficientes para que este órgano jurisdiccional verifique si se actualizan las hipótesis contenidas en los citados preceptos legales debido a que no son de obvia y objetiva constatación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala, de texto y rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." (No. de Registro: 194697, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo IX, Enero de 1999, página 13). Luego, la Junta directiva y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del ISSSTESON, afirman que los actos reclamados se encuentran consentidos, toda vez que la parte quejosa no los atacó desde que se otorgó el incremento pensionario anual, de ahí que se actualicen las causas de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo. El referido artículo y fracciones descritas disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Para dar respuesta a las causas de improcedencia mencionadas, en primer término, resulta relevante el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 179/2003-SS. Ese criterio se emitió respecto de la oportunidad de la demanda de amparo intentada por los trabajadores para reclamar la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de su aplicación en la retención efectuada por su patrón. Al respecto, se sostuvo que el acto en virtud del cual un particular en auxilio de la Administración Pública retiene por primera vez un impuesto causado por el o los conceptos que prevé una norma que se tilda de inconstitucional, debe considerarse como el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito. En caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, lo que solo puede acontecer siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Dicho criterio resulta aplicable también al incremento pensionario, pues al igual que la retención al salario, los incrementos fueron autorizados a través de acuerdos generales (actas de sesión) y se ven reflejados en los recibos de pago que mensualmente emite el ISSSTESON. Consecuentemente, para tener por actualizado el consentimiento tácito de los incrementos otorgados en las actas de sesión, no basta con que esté demostrado que en un recibo, talón de pago o nómina se ajustó la pensión, sino que además, es necesario que se demuestre que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los fundamentos y motivos de las actas que autorizaron esos incrementos, ya sea de manera personal o por algún medio de difusión, lo que no se demuestra en este caso. En efecto, de las documentales que obran en el expediente no se advierte que con anterioridad al juicio se hayan expresado puntualmente los fundamentos y motivos que sirvieron a la autoridad para emitir las actas de incremento, ni que se hayan comunicado a los pensionados, de ahí no esté acreditado el conocimiento completo de los actos controvertidos con anterioridad a la presentación de la demanda. En esa óptica, si en la demanda, la parte promovente manifestó conocer de los incrementos el cinco de julio de dos mil veintitrés, y la demanda fue presentada el once de ese mes y año, es patente que se encuentran dentro del plazo de quince días que establece la ley de la materia para promoverla; habida cuenta que tampoco obra elemento de convicción alguno que pruebe el consentimiento expreso de la parte inconforme del segmento normativo que controvierte; por lo que son notoriamente infundadas las causas de improcedencia invocadas por la autoridad responsable. Al margen de lo anterior, conviene precisar que el Máximo Tribunal lo desarrolló en las tesis que se transcriben: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las jubilaciones y pensiones, ha sostenido que es imprescriptible el derecho a reclamar sus incrementos y las diferencias que resulten de éstos; no obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades generadas en un momento determinado y no cobradas cuando fueron exigibles, por lo que la acción para demandar el pago de las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción, contada a partir de que éstas fueron exigibles, en términos de la legislación respectiva." "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTAS RELATIVAS, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A 5 AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN. La imprescriptibilidad del derecho para demandar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inaplicable para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo que se actualiza día con día mientras no se rectifique, en términos del artículo 186 de la ley de aquel organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 -cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 248 de la ley relativa vigente y 61 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. Por tanto, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a 5 años a la fecha en que se solicitó la rectificación." De la transcripción se concluye que la pensionada no podrá reclamar diferencias y montos que hayan vencido en términos de la legislación aplicable. En el caso, el artículo 92 de la Ley de ISSSTESON señala que la prescripción operará para cantidades que no se hubieren reclamado dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hubiesen sido exigibles ante el ISSSTESON. De ahí que, no se puede afirmar de manera general, que se trate de actos consentidos tácitamente, el reclamo del incremento de las pensiones y jubilaciones, así como las diferencias que resulten, ya que solo prescriben las pensiones caídas que no se reclamen al instituto dentro de los tres años siguientes al en que hubieran sido exigibles, las cuales quedarán a favor del instituto. Por ende, las causales de mérito son infundadas. Por otro lado, sin que pase inadvertido a este operador jurídico que las aludidas responsables invocan también las causales de sobreseimiento previstas en la fracción IV y V, ambas del artículo 63 de la ley de la materia, las cuales disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." No obstante, la primera de las fracciones transcritas se ve refutada por lo plasmado en el apartado que precede, ya que se estableció lo concerniente a la existencia de los actos reclamados. Mientras que la porción normativa restante, se ve rebatida con lo expuesto en el presente apartado, pues fueron desvirtuadas las causales invocadas por las partes y este juzgador dilucida que no deviene alguna otra causa de esa naturaleza. En esa intelección, al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes ni advertirse una de oficio, procede estudiar lo señalado por la parte solicitante de la protección constitucional. Estudio de fondo En el escrito de demanda, la reclamante aduce, en esencia, que el incremento de la pensión autorizada para el ejercicio ******************** no se ajustó al quinto transitorio del decreto #211, sino que se hizo con base en el segundo párrafo del artículo 59 y de la Ley 38 del ISSSTESON, por lo que resulta contrario a los principios de legalidad y seguridad social, tutelados en los numerales 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la quejosa refiere que el incremento pensionario autorizado para el año de dos mil dieciocho, se efectuó pasando por alto el hecho de que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) había tenido un aumento de un 6.77%, siendo este el parámetro que había tenido mayor aumento en términos de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto 211, para los pensionados de las "generaciones actuales"; de ahí que, bajo el principio pro persona, la pensión debe ajustarse conforme a ese porcentaje. Son fundados los conceptos de violación sintetizados. Cuestión previa Antes de explicar los razonamientos de la conclusión alcanzada, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que la parte quejosa tiene el carácter de pensionada ante el ISSSTESON desde el veintiséis de junio de dos mil trece y recibe una cuota mensual, la cual se incrementó en ********************, conforme al porcentaje establecido en el apartado de existencia de actos. Al respecto, sobre el tema de incrementos de pensiones, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 200/********************, a través de la cual fijó parámetros contundentes en el sentido de que la Unidad de Medida y Actualización, debe ser la unidad de referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales, así como en cualquier disposición jurídica que de ellas emane, de ahí que sea este paradigma el que predomine en la resolución constitucional. Además, no puede desconocerse que aun cuando en la consabida contradicción de tesis, el Alto Tribunal abordó un tema relacionado con pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el desarrollo argumentativo en cuanto a la UMA es un eje rector para resolver el problema jurídico que se aquí plantea. Ciertamente, los precedentes tienen un efecto persuasivo en casi todo el ordenamiento jurídico nacional; de ahí que frecuentemente en su actividad diaria, los órganos jurisdiccionales acudan a estos criterios orientadores para realizar su labor jurisdiccional. De tal manera, el razonamiento adoptado por el Máximo Tribunal conduce a ceñirse a las consideraciones del contenido de la contradicción de tesis 200/********************, lo que conlleva a adoptar el criterio adoptado en la misma. En dicha resolución, el Máximo Tribunal estipuló: "43. A efecto de analizar el punto de contradicción, es necesario tomar en cuenta tanto el motivo y objetivo establecido por el Constituyente Permanente, así como el texto mismo de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reformaron los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución. Exposición de motivos La exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional, tuvo lugar a partir de tres iniciativas que comparten los elementos siguientes: En México, más de tres cuartas partes de la población obtiene su principal fuente de ingresos del trabajo asalariado. El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, la realidad dista mucho de satisfacer ese mandato constitucional. Muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer salarios con base en criterios de inflación y no de productividad social, ha ocasionado una pérdida de casi el 80 por ciento del poder adquisitivo del salario. La política de contención salarial ha impactado al mercado interno, pues pese a que existe un consenso sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear el esquema de determinación salarial, dicha reforma ha sido aplazada bajo el argumento de que tales cambios impactarían en miles de factores externos vinculados al monto del salario mínimo, como multas, derechos y contribuciones, o el financiamiento a los partidos políticos, porque durante diversas décadas el salario mínimo también ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia para efectos legales. Existe una amplia discusión sobre el rumbo que debe seguir la política salarial y los términos en que el salario mínimo debe ser mejorado. En lo que existe consenso es en que el salario mínimo se debe desvincular de factores ajenos a su naturaleza. El salario mínimo no es un instrumento con un solo objetivo, pues no solo se utiliza como la mínima remuneración que deben percibir los trabajadores, sino también como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos a la vivienda, otorgados por organismos de fomento, supuestos para elevar un acto jurídico a escritura pública, cuotas y topes de aportaciones al sistema de seguridad social, entre otros, por lo que cuando este se incrementa, se ajustan todos los montos que se le vinculan. La vinculación del salario mínimo provoca aumento en costos y pagos para la población, que no necesariamente responden a las mejoras en el poder adquisitivo del trabajador medio. El incremento al salario mínimo no vinculado con la productividad y capacidad de pago de la economía puede perjudicar a los trabajadores con ingresos distintos al salario mínimo, pues sus percepciones no necesariamente se ajustarían al cambio, pero sí el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras erogaciones como prestaciones de seguridad social. Para evitar esas distorsiones, es necesario desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos que lo utilizan como unidad de cuenta en la legislación federal vigente. Sin embargo, para mantener actualizado el valor de los supuestos y montos utilizados en las leyes, y disposiciones vigentes, sin necesidad de llevar a cabo actualizaciones, es necesario seguir contando con una unidad de cuenta. Para tal efecto, se propuso crear la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituya al salario mínimo como índice base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Esta unidad tendría mayor eficacia en su actualización, pues aunque su valor inicial comenzará siendo igual al salario mínimo, se ajustará conforme al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, conforme a la inflación, de modo que su poder adquisitivo se mantendrá constante en el tiempo, sin generar distorsiones vinculadas al salario mínimo. Durante la discusión de la reforma, el Constituyente expuso lo siguiente: (.) De lo anterior se desprende que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo tuvo como fundamental y principal objetivo hacer realidad el mandato del artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, y lograr así que los salarios mínimos fueran suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. El Poder Constituyente advirtió que la realidad dista mucho de satisfacer ese mandato constitucional, en tanto que el salario mínimo no había sido un instrumento con un solo objetivo, pues no sólo se utilizaba como la mínima remuneración que deben percibir los trabajadores, sino también como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen obligaciones diversas como multas, el saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, supuestos para elevar un acto jurídico a escritura pública, cuotas y topes de aportaciones al sistema de seguridad social, entre otros. En tal virtud, cuando el salario mínimo se incrementaba, se ajustaban a la alza todos los montos que se le vinculaban. Esta indexación generó el establecimiento y actualización del salario mínimo con base en criterios de inflación, en lugar de productividad social y económica, lo que ocasionó una pérdida del poder adquisitivo de más del ochenta por ciento. Lo anterior, porque un incremento en el salario mínimo no solo se traducía en un aumento en la remuneración mínima de los trabajadores, sino también en el aumento de las obligaciones a las que el salario mínimo se encontraba vinculado. En consecuencia, para permitir la recuperación del salario mínimo y de su poder adquisitivo el Constituyente Permanente estimó necesario eliminar toda función que el salario mínimo cumpliera como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. Dicho de otra manera, era necesario suprimir cualquier elemento ajeno al concepto del salario mínimo que, como un ancla, funcionara para contener, detener y frenar su recuperación e impidiera su real incremento. Así, desindexando el salario mínimo de sus elementos ajenos y creando una nueva unidad de cuenta, dicho salario podría iniciar sin obstáculos su recuperación. Este es el objetivo que debe guiar la solución al problema que ahora se plantea. Texto constitucional Conforme con la motivación y objetivo arriba descritos, la reforma a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, quedaron redactados, en la parte que interesa, en los términos siguientes: "Artículo 26. [.] B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. (.) El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente." "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) VII. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos." De conformidad con el primero de los citados preceptos constitucionales, corresponde al organismo rector y coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es decir, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Por su parte, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, se estableció expresamente que quedaba prohibido que el salario pudiera ser empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. En este mismo precepto se mantuvo y, por tanto, reiteró la previsión constitucional de que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales deberán considerar, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. El régimen transitorio correspondiente a las citadas disposiciones constitucionales, en la parte que interesa, es el siguiente: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. Quinto. El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.. Noveno. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI." De conformidad con las disposiciones transitorias constitucionales citadas, la reforma en materia de desindexación del salario mínimo entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis. El legislador ordinario quedó vinculado a emitir la legislación reglamentaria de la mencionada unidad de medida dentro de los siguientes ciento veinte días naturales a partir de la publicación del mencionado Decreto. En tanto se promulgara la ley, se determinó que el valor inicial de la UMA sería equivalente al del salario mínimo y su actualización se realizaría con base en la variación interanual correspondiente al Índice de Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año anterior. Además, se determinó que a la fecha de entrada en vigor del Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales y del entonces Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de ellas, se entenderían referidas a la Unidad de Medida y Actualización." De la transcripción anterior, conviene destacar que el Supremo Tribunal concluyó que, a partir de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, la ley fundamental determinó que todas las menciones al salario mínimo como unidad de referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales y en cualquier disposición jurídica que de ella emane, se entendería referida a la Unidad de Medida y actualización. En la exposición de motivos de la reforma, el constituyente puntualizó la necesidad de eliminar al salario mínimo de su función de unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, que son completamente ajenas al ámbito laboral, de ahí que se requería desindexar el salario y tener una nueva unidad de medida que fuese la referencia contable para efectuar los pagos, multas, cobros y demás actividades que los gobiernos realizan. El texto constitucional establece: "Artículo 26. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente." Transitorios del por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. "Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización." A partir de ese momento, las Legislaturas de los Estados tenían la obligación de adecuar su normatividad interna con la reforma constitucional; con independencia de ello, todas las referencias al salario mínimo como unidad de medida para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales, se entenderían alusivas a la UMA. En este contexto, el artículo 59 y quinto transitorio del decreto 211 de la Ley del ISSSTESON establecen: "Artículo 59. El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta Ley se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley. Una vez presentada una solicitud de jubilación o pensión, el área correspondiente del Instituto contará con un plazo de cinco días naturales, para realizar el análisis de los expedientes de los solicitantes, a efecto de verificar que la documentación necesaria para su trámite se encuentre en orden y sin inconsistencia o imprecisión. En caso de encontrarse estas, se dará aviso al interesado para que realice las correcciones necesarias." Transitorios "Artículo quinto. Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." Conforme a dichos numerales, los incrementos de las pensiones se deben ajustar a las negociaciones que el Estado pacte con sus trabajadores (generaciones con derechos adquiridos y generación actual), al índice inflacionario que determine el Banco de México (generación futura), o bien, al salario mínimo general en la zona de Hermosillo; el que sea mayor. Ahora, conforme al artículo tercero transitorio del decreto 211, la generación actual se constituye por las personas que previo a la emisión del decreto 211 (treinta de junio de dos mil cinco) iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado; y la futura, por las que ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del decreto referido. En el caso, la parte promovente pertenece a la generación con derechos adquiridos, lo que se desprende del dictamen de pensión emitido por el Instituto asegurador, de ahí que, en términos del artículo quinto transitorio, el parámetro para el incremento pensionario fuese, en principio, el salario mínimo general vigente en la zona de Hermosillo o las negociaciones que el Estado tenga con sus trabajadores, el más benéfico. Sin embargo, acorde con el marco constitucional, considerada como la ley fundamental del sistema jurídico mexicano, todas las referencias contenidas en las leyes secundarias en cuanto al salario mínimo como unidad de medida para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes estatales, se entenderán alusivas a la UMA. De tal manera que, debe entenderse que el artículo quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON hace referencia a la UMA, toda vez que el constituyente así lo determinó en la reforma constitucional del veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al respecto, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó: "(.) Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. (.)". En concordancia, el Máximo Tribunal afirmó que si bien la pensión jubilatoria constituía un derecho de seguridad social que derivaba de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, correspondía a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria sea una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse conforme a la UMA. El contenido de la jurisprudencia es el siguiente: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo. Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación." Como corolario de lo anterior, el aumento anual de las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora deben cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización, la cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida; asimismo, dicha circunstancia se ve robustecida con la jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2025232, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, Laboral, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo IV, página 3510, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si para efecto de calcular el incremento de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio, o bien, si es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el aumento anual en la cuantía de las pensiones otorgadas en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo. Justificación: Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, así como para dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de quien sea el soporte económico de una familia y en concordancia con la línea argumentativa sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/********************, de la que emanó la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.", se concluye que el aumento anual de la cuantía de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Ello, en atención a que el incremento o actualización de su importe es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Consecuentemente, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, a partir del 28 de enero de 2016, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional; asimismo, con el objeto de salvaguardar el poder adquisitivo del pensionado." Por identidad de razón, el ajuste anual pensionario de la parte quejosa no constituye una prestación de carácter laboral, sino una actualización administrativa que tiene por objeto restablecer el valor nominativo del monto de la retribución económica, de ahí que sea un concepto completamente ajeno al ámbito laboral, y por lo tanto, no pueda cuantificarse con base en el salario mínimo sino conforme a la UMA. Considerar lo contrario equivaldría a desatender el marco constitucional y la intención del constituyente de desindexar el salario mínimo para utilizarlo únicamente en cuestiones laborales y no para el pago de cualquier obligación administrativa. Bajo este contexto, es importante aclarar que la Ley del ISSSTESON establece con precisión cuál es el procedimiento y parámetros que la Junta directiva debe considerar para cumplir con una debida motivación, pues los incrementos pensionarios no pueden ejecutarse a discrecionalidad del órgano de gobierno, ni por voluntad de sus participantes, sino que deben atender a los lineamientos del artículo quinto transitorio de la ley referida para la generación con derecho adquirido. En efecto, para que la actualización pensionaria sea acorde con el marco legal, la autoridad debe comparar el porcentaje en que incrementó la UMA y el aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con este, y aplicar el más benéfico. Ahora, en el caso en estudio, la autoridad responsable omitió ajustarse al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del ISSSTESON para el aumento pensionario, pues únicamente fijó de manera discrecional por opinión de sus integrantes diversos porcentajes sin valorar lo que establece el texto legal. Lo anterior, impactó de forma negativa en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, pues la autoridad responsable debió realizar un ejercicio comparativo, precisando que la parte quejosa pertenece a la generación con derecho adquirido y analizar cuál incremento había sido mayor, como se advierte en la tabla siguiente: Año Porcentaje incremento de UMA Porcentaje derivado de las negociaciones de los trabajadores del Estado Porcentaje anual de incremento en la pensión de la parte quejosa ******************** 6.77% 4.0% 4.40% De lo anterior, queda manifiesto que, no obstante que en el año dos mil dieciocho, le correspondió a la parte quejosa un incremento en su pensión del 6.77%, no obstante, la autoridad únicamente aumentó aquélla en un 3.90%, por lo que refiere al resto de las pensiones y jubilaciones, y en lo que interesa, a favor del magisterio, en 4.4% en el año ********************. De ahí que, se insiste, la omisión de la autoridad de realizar el ejercicio comparativo correspondiente, previsto en el artículo quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del ISSSTESON, lesionó la esfera jurídica de la parte quejosa, al haber recibido menor cantidad de la que le correspondía, por concepto de incremento pensionario. En efecto, para el año ********************, la decisión alcanzada por la autoridad administrativa sí afecta los derechos de la parte quejosa, toda vez que el porcentaje de incremento para el magisterio fue de 4.4%, cuando debió aplicarse, en lo conducente, el 6.77% (incremento UMA). Bajo ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que hace al incremento autorizado en la pensión de la peticionaria de amparo, para el año dos mil dieciocho; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución. Similar criterio al que se adopta en este fallo ?en lo que interesa?, se sustentó en el amparo en revisión administrativo 931/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el uno de marzo de dos mil veintitrés, relacionado con el juicio de amparo indirecto 126/2021 del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora; el cual, se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Decisión y efectos En este orden de consideraciones, en relación con el incremento de ********************, al resultar fundado el concepto de violación, se concede la protección solicitada para efecto de que las autoridades responsables, a través de las áreas correspondientes, en el plazo de tres días siguientes a la fecha en que las autoridades responsables reciban el oficio en el que se les notifique el proveído mediante el cual la presente resolución causó ejecutoria: Emitan un oficio del que se advierta expresamente que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa el acuerdo por el que se autorizó el incremento pensionario relativo al año dos mil dieciocho; Lleven a cabo el procedimiento legal para determinar el incremento correspondiente en el año de referencia, conforme a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para lo cual, deberán de considerar el porcentaje que le otorgue mayor beneficio que corresponde al incremento de la unidad de medida y actualización en dos mil dieciocho; Calculen el monto pensionario de dos mil dieciocho, en función de la nueva determinación adoptada, junto con las prestaciones adicionales y, hecho lo cual, realicen el ajuste que corresponda a los años subsecuentes; Entreguen a la parte quejosa en una sola exhibición las diferencias que resulten a su favor (de ser procedentes); en la inteligencia de que deberán descontar las cantidades prescritas en términos del artículo 92 de la ya citada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en relación con la tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria 2a./J. 23/******************** (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de ********************, Tomo II, página 1274, con número de registro digital 2014016, del rubro siguiente: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN."; Actualicen las diferencias de los montos de los incrementos pensionarios incorrectamente otorgados, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 135/******************** (10a.), también sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, octubre de ********************, Tomo II, página 1932, con número de registro digital ********************857 intitulada: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS"; y, Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Paz Rafaela Anduro Grijalva contra los incrementos de su pensión concedidos en dos mil dieciocho, por las razones expuestas en los apartados V y VI, para los efectos precisados en el considerando VII. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintiséis de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Inspección judicial. Del estado de autos se advierte que se encuentra pendiente proveer respecto de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo; por tanto, por ser el momento procesal oportuno, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de inspección judicial de referencia. Fecha para desahogo Inspección Judicial. Se señalan las doce horas cuatro minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para el desahogo de dicha probanza, la cual deberá practicarse en las oficinas del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. En mérito de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en las oficinas de la referida dependencia, se entreviste con personal adscrito, y lo requiera para que en dicho acto, exhiba todos los documentos o archivos que tenga en su poder, y de los que pueda disponer conforme al marco legal que rige a dicha Institución, exclusivamente referida al aquí quejoso ********************, a fin de que se dé fe de: 1. La fecha de la sesión durante la cual, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, determinó conceder la pensión número ********************; 2. El monto que percibió la parte quejosa por concepto de pensión normal, desde el mes de enero de dos mil dieciocho hasta el mes en el que se desahogue esta probanza; y, 3. El monto que percibió por concepto de aguinaldo, en el año de dos mil dieciocho. Asimismo, y atendiendo lo dispuesto por el último párrafo del citado precepto 119, hágase del conocimiento de las autoridades responsables lo anteriormente determinado, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se haga la notificación correspondiente, amplíen el cuestionario sobre el cual versará la inspección, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por perdido su derecho para tales efectos. Diferimiento de audiencia constitucional. Con la finalidad de integrar el sumario, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Invoca causales. Ahora bien, toda vez que invoca causales de sobreseimiento, por tanto, habrán de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tiene por ofrecida las documentales anexas al oficio que se atiende, así como la presuncional -en su triple aspecto legal, lógico y humano-, la instrumental de actuaciones, y la que denomina como "confesional expresa"; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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